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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no es procedente la medida cautelar de suspensión provisional contra el acto administrativo

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Fecha
2023-05-23
Radicado
13001233300020210069701
Número interno
69177
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MOLA LAWYERS GROUP S.A.S.
Demandado
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - ELECTRICARIBE., SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS REGIONAL NORTE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no es procedente la medida cautelar de suspensión provisional contra el acto administrativo

Lo que dijo la Sala

La primera medida cautelar decretada en el auto impugnado consistió en la suspensión del acto administrativo en el que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de Electricaribe; y en la parte resolutiva de su providencia, el Tribunal de primer grado señaló que dicha decisión provisoria se sustentaba en la necesidad de asegurar que a la masa en liquidación fueran incorporados los derechos litigiosos provenientes de los procesos ejecutivos incoados por Electricaribe ante distintos juzgados de la Costa Atlántica, a fin de entregar a la Nación recursos suficientes para asumir adecuadamente el pasivo pensional de la empresa suprimida, asignado en virtud del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.… Es palmario que la… medida de suspensión provisional infringe la regla establecida en el artículo 230 del CPACA…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La medida cautelar de suspensión provisional de un acto administrativo debe guardar relación necesaria y directa con las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 230 del CPACA, y no es procedente cuando persigue un objetivo ajeno a ellas. La regla se apoya en que la medida debe asegurar la eficacia de la sentencia respecto de lo pedido, de modo que no puede perseguir fines distintos del objeto de la controversia. Por ello, la suspensión no puede justificarse en la incorporación de derechos a una masa patrimonial que no se discute en el proceso. En el asunto, la medida suspendió el acto de liquidación de una entidad con fundamento en la necesidad de asegurar recursos para el pasivo pensional, lo que no guardaba relación directa con las pretensiones, y el Tribunal la revocó. En la práctica, la suspensión provisional de un acto de liquidación exige que la medida se vincule con lo que la demanda pide y no con fines ajenos a ella.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es procedente la medida cautelar de suspensión provisional contra el acto administrativo que ordena la liquidación de Electricaribe?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto Ley 663 de 1993, arts. 293 y 295
  • Ley 142 de 1994, art. 121
  • Ley 1437 de 2011, arts. 230 y 231

También resuelve

  • ¿En el proceso son aplicables las normas procesales contenidas en la Ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 2012 y Ley 2080 de 2021?
  • ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación contra el auto que decide medida cautelar y es dictado por los Tribunales Administrativos?
  • ¿El objetivo de las medidas cautelares es proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, sin que ello implique prejuzgamiento?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

APELACIÓN DEL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AUTO QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AUTO QUE REVOCA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO NEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PROCESO DE LIQUIDACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA PROCESO LIQUIDATORIO ELECTRICARIBE TOMA DE POSESIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS AUTO QUE DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR CARÁCTER DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL AUTO QUE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL VIGENCIA DE LA NORMA PROCESAL TRÁNSITO DE LA NORMA PROCESAL REMISIÓN NORMATIVA AL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO APLICACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011 COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL COMPETENCIA FUNCIONAL ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR CLASES DE MEDIDA CAUTELAR CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR CONSECUENCIAS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL PROPORCIONALIDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA DERECHO DE DEFENSA DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR MEDIDA CAUTELAR EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACREEDORES EN PROCESO LIQUIDATORIO PROCESO LIQUIDATORIO POR INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA CARACTERÍSTICAS DEL AMPARO DE POBREZA TRÁMITE DEL AMPARO DE POBREZA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN PAGO DE LA CAUCIÓN AMPARO DE POBREZA BENEFICIARIO DEL AMPARO DE POBREZA OBJETO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS

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La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo debe ser negada
Titulación de la relatoría 19.572 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

APELACIÓN DEL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / AUTO QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / AUTO QUE REVOCA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / PROCESO DE LIQUIDACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA / PROCESO LIQUIDATORIO / ELECTRICARIBE / TOMA DE POSESIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / AUTO QUE DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR / CARÁCTER DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / AUTO QUE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Problema jurídico: ¿Es procedente la medida cautelar de suspensión provisional contra el acto administrativo que ordena la liquidación de Electricaribe? Respuesta al problema jurídico: No [L]a primera medida cautelar decretada en el auto impugnado consistió en la suspensión del acto administrativo en el que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de Electricaribe; y en la parte resolutiva de su providencia, el Tribunal de primer grado señaló que dicha decisión provisoria se sustentaba en la necesidad de asegurar que a la masa en liquidación fueran incorporados los derechos litigiosos provenientes de los procesos ejecutivos incoados por Electricaribe ante distintos juzgados de la Costa Atlántica, a fin de entregar a la Nación recursos suficientes para asumir adecuadamente el pasivo pensional de la empresa suprimida, asignado en virtud del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. […] [E]s palmario que la […] medida de suspensión provisional infringe la regla establecida en el artículo 230 del CPACA, relativa a la necesaria y directa relación que debe guardar aquella con las pretensiones de la demanda, cuestión que no se cumple en el caso aquí analizado, como lo señalaron Electricaribe y la apelante llamada en garantía, en tanto ninguna de las solicitudes formuladas en el libelo se encaminó a la declaratoria de nulidad del acto administrativo objeto de suspensión, sino a que se estableciera el incumplimiento del negocio jurídico materia de controversia y se hicieran unos reconocimientos económicos derivados de éste, a título de indemnización de perjuicios. Asimismo, el petitum de la demanda no persiguió el beneficio patrimonial de la Nación ni de Electricaribe en liquidación -lo que a favor de la suspensión provisional se pregonó en la solicitud de la actora y en el auto apelado-, sino la imposición de condenas patrimoniales a dicha empresa y a favor de Mola Lawyers Group S.A.S., derivadas de un contrato; lo que ciertamente no guarda relación alguna con las motivaciones esbozadas por el Tribunal a quo para decretar la suspensión provisional del acto administrativo que ordenó la liquidación de Electricaribe, y cuya legalidad, se reitera, no fue cuestionada en sede de juicio. En punto de ello, se tiene que el artículo 231 del mismo Código señala con claridad que la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo procede, precisamente, “cuando se pretenda la nulidad” del mismo, presupuesto que a todas luces fue desconocido en la providencia impugnada, al disponerse en ella la suspensión de los efectos de la Resolución SSPD 20211000011445 del 24 de marzo de 2021 sin haber sido demandada dicha decisión en la presente causa y sin repararse en que, además, el acto fue expedido por una entidad que no fue parte en el contrato que dio base al medio de control de controversias contractuales, incoado. Tales inobservancias de la normativa aplicable son suficientes para revocar la medida cautelar de suspensión provisional anotada, al infringir palmariamente los específicos requisitos para su decreto. […] [E]n lo atinente a la toma de posesión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, el artículo 121 de la Ley 142 de 1994 establece que, si después del plazo allí previsto no se superan los problemas que dieron lugar a la intervención de la entidad (por razones imputables a sus administradores o accionistas), será procedente ordenar que la misma sea liquidada, bajo un procedimiento al que le son aplicables las normas relativas a la liquidación de entidades financieras. Pues bien, el artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala que el proceso de liquidación de esa clase de entidades es concursal y universal, y tiene como fin esencial la “pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo” de la empresa, “preservando la igualdad entre los acreedores” sin perjuicio de los órdenes de prelación establecidos en la ley para las distintas clases de créditos. A su vez, el artículo 295 del mismo estatuto precisa que los actos del liquidador entrañan ejercicio de “funciones públicas administrativas transitorias”, sin perjuicio de que se apliquen las reglas de derecho privado que operen en sus actos de gestión. Según la norma, aquellos gozan de presunción de legalidad y son pasibles de impugnación ante esta jurisdicción, sin que esto último suspenda, “en ningún caso”, el proceso liquidatorio. […] [L]as normas relativas a las medidas cautelares deben interpretarse de tal manera que con ellas no se atente contra el restante ordenamiento ni se quebrante el principio de legalidad, pues si bien podría apreciarse amplio y flexible el marco otorgado por el legislador para autorizar el decreto y aplicación de tales medidas, ello no puede entenderse, de ninguna manera, como si las mismas permitieran obviar las reglas que la ley establece para los actos, litigios y procedimientos afectados con dichas órdenes cautelares. Es esta una razón esencial por la que el artículo 231 del CPACA exige, como primer requisito para la procedencia de ese mecanismo especial, que la demanda respectiva esté “razonablemente fundada en derecho”, es decir, en concordancia con el ordenamiento jurídico aplicable. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 663 DE 1993 - ARTÍCULO 293, 295, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 121, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230, 231 APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / VIGENCIA DE LA NORMA PROCESAL / TRÁNSITO DE LA NORMA PROCESAL / REMISIÓN NORMATIVA AL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / APLICACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011 Problema jurídico: ¿En el proceso son aplicables las normas procesales contenidas en la Ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 2012 y Ley 2080 de 2021? Respuesta al problema jurídico: Si Al presente asunto le resultan aplicables las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-modificado por la Ley 2080 de 2021- y las disposiciones del Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de dichos estatutos. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la aplicación del Código General del Proceso en el proceso contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012, LEY 2080 DE 2021 COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DE LA APELACIÓN DEL AUTO / AUTO QUE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / COMPETENCIA FUNCIONAL Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación contra el auto que decide medida cautelar y es dictado por los Tribunales Administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si En atención a lo previsto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoce, entre otros, de los recursos de apelación interpuestos en contra de los autos dictados por los tribunales administrativos. Ahora bien, a la Sala le asiste competencia funcional para resolver la mencionada impugnación en el presente caso, bajo la regla contenida en el artículo 125, numeral 2, literal h) del mismo CPACA, igualmente modificado por la Ley 2080 de 2021 (artículo 20) […]. [L]os recursos de apelación fueron interpuestos en tiempo y, en general, sustentados por las interesadas, por lo que en principio resulta procedente resolver en forma definitiva dichos medios de impugnación. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 2 LITERAL H, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 20 ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR / CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / CLASES DE MEDIDA CAUTELAR / CARÁCTER DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR / CONSECUENCIAS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / PROPORCIONALIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL Problema jurídico: ¿El objetivo de las medidas cautelares es proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, sin que ello implique prejuzgamiento? Respuesta al problema jurídico: Si Las medidas cautelares han sido instituidas en los procesos judiciales con el propósito de evitar que resulte nugatoria la sentencia que ponga fin a los mismos, amén de los cambios que puedan presentarse durante la actuación procesal, respecto de la situación que inicialmente dio lugar a la demanda. Es por ello que se las ha concebido como “precauciones inequívocamente diseñadas para garantizar que la solución que se adopte como resultado del proceso judicial podrá ser materializada”. Así, de acuerdo con el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el propósito de tales medidas es “proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”, sin que ello implique prejuzgamiento puesto que, en todo caso, la decisión definitiva y de fondo sobre la existencia del derecho reclamado o la legalidad del acto acusado corresponde a la etapa de la sentencia, una vez superadas las demás fases del proceso y respetados los derechos de defensa y contradicción de las partes. En tal virtud, el examen que tiene cabida en sede de la medida cautelar es limitado, supeditado al principio de legalidad y sujeto a estrictos criterios de proporcionalidad y ponderación de intereses. El artículo 230 del CPACA establece las distintas categorías de medidas cautelares de acuerdo a su finalidad (preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión) […]. [E]n lo referente a la suspensión del procedimiento o actuación administrativa, prevista como medida cautelar en el numeral 2 de la norma en cita, el legislador estableció como condición indispensable la inexistencia de “otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción”, y señaló que, en cuanto ello fuere posible, “el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida”. Tal regulación se aprecia indispensable para salvaguardar, en efecto, los principios y derechos que eventualmente resulten comprometidos con la adopción de la medida; bienes jurídicos cuya afectación debe ser plenamente justificada a la luz de las normas que los consagran y del régimen que gobierne el asunto en litigio. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 27 de febrero de 2013, rad. 45316, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; auto de 17 de junio de 2014, rad. 48184, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Segunda, providencia de 17 de marzo de 2015, rad. 2014-03799, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229, 231, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230 NUMERAL 2 AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR / CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / MEDIDA CAUTELAR EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ACREEDORES EN PROCESO LIQUIDATORIO / PROCESO LIQUIDATORIO / PROCESO LIQUIDATORIO POR INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA / ELECTRICARIBE Problema jurídico: ¿La medida cautelar que ordena la cesación de pago a los acreedores dentro del proceso de liquidación de Electricaribe y la conformación de una reserva para cubrir la cuantía de las pretensiones de la demanda es procedente? Respuesta al problema jurídico: No En el presente caso, las órdenes de suspensión del procedimiento liquidatorio de Electricaribe y de conformación de una reserva por el valor de las pretensiones de la demanda incoada en el sub-lite no sólo infringieron normas de rango legal aplicables al proceso concursal, sino que desconocieron directamente los propios requisitos establecidos en el CPACA para el decreto de tales medidas. Así, en primer lugar es claro que, a la luz del artículo 295-2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, si la sociedad Mola Lawyers Group S.A.S. consideraba que Electricaribe le adeudaba los honorarios causados con ocasión del Contrato N° 005 de 2016, debió impugnar por la vía prevista en la ley el rechazo de su crédito, dispuesto por la agente liquidadora, pues constituía un acto administrativo con presunción de legalidad, pasible de un recurso cuya omisión dotaba de ejecutoriedad la decisión, por lo que ésta ya no podía ser desconocida por sus destinatarios, ni aún por la vía de solicitar ante la jurisdicción contenciosa la suspensión de todo el proceso en que dicho acto fue expedido, a efectos de ganar tiempo para integrar la prueba del crédito rechazado. […] El carácter “irremediable” del perjuicio que, en los términos del artículo 231-numeral 4 del CPACA, debe demostrarse al solicitar la medida cautelar, ha de provenir de circunstancias ajenas al margen de acción y a la responsabilidad de la parte interesada, cuestión elemental que, por lo demás, también deriva del principio de que nadie puede obtener provecho para sí, de su propia culpa. De ahí que, al declarar la agente liquidadora que la reclamación presentada por la hoy demandante carecía de requisitos legales, tal conclusión se presume veraz por no haberse desvirtuado bajo los mecanismos procedentes, por lo que no podía la actora convalidar las irregularidades de su solicitud administrativa con las medidas cautelares censuradas, estando vigente un acto administrativo que negó el reconocimiento del derecho que ahora pretende proteger. Se advierte igualmente que, en particular, la medida de suspensión del proceso liquidatorio fue adoptada sin exponerse adecuadamente la situación de hecho que, en los términos de la normativa aplicable, daba lugar a la misma, pese a que el artículo 230-2 del CPACA la prevé como una herramienta de carácter excepcional y residual, al condicionar su procedencia únicamente a que “no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción”, y requerir que en la providencia respectiva se indiquen las pautas que debe observar la entidad demandada para reanudar el procedimiento suspendido. Tales elementos se echan de menos en el auto impugnado, en el que sólo se justificó esa medida cautelar con el supuesto propósito de asegurar el aprovisionamiento de los recursos provenientes de los procesos ejecutivos ya mencionados -lo que no es de recibo, por no existir relación alguna entre ese objetivo y las pretensiones de la demanda correspondiente al presente asunto- e impedir que se agotara la masa de liquidación sin que quedara dinero disponible para cubrir el valor reclamado judicialmente por Mola Lawyers Group S.A.S., lo que se opone a derecho […]. [L]as órdenes contenidas en el auto censurado se impartieron como “medidas cautelares de urgencia”, sin esbozarse ningún argumento que evidenciara la procedencia de tal mecanismo especial o la connotación apremiante de las medidas en los términos establecidos por el artículo 234 del CPACA, a cuyo tenor, una vez verificados los requisitos de procedencia de la orden cautelar, sólo puede impartirse la misma sin previa notificación a la otra parte cuando “se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior”, esto es, el traslado de la solicitud al extremo demandado, por los plazos establecidos en la norma. En ese orden de ideas, dado que las medidas cautelares decretadas en el auto apelado no se avienen a los presupuestos, requisitos y condiciones establecidos en los artículos 230, 231 y 233 del CPACA, al tiempo que se oponen a normas sustantivas de rango legal aplicables al caso concreto, se revocará la indicada providencia y, en su lugar, se dispondrá la negación de las medidas solicitadas por la parte demandante. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 NUMERAL 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 233, 234 CARACTERÍSTICAS DEL AMPARO DE POBREZA / TRÁMITE DEL AMPARO DE POBREZA / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / PAGO DE LA CAUCIÓN / AMPARO DE POBREZA / BENEFICIARIO DEL AMPARO DE POBREZA / OBJETO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN Problema jurídico: ¿Procede el recurso de apelación contra la decisión que decide sobre la procedencia del amparo de pobreza? Respuesta al problema jurídico: No [N]o es atendible el argumento esgrimido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el recurso de apelación, referente a la improcedencia del amparo de pobreza que le fue otorgado a la actora y sobre cuya base se le eximió del pago de la caución, pues el otorgamiento de ese beneficio sólo puede cuestionarse mediante recurso de reposición interpuesto contra el auto que lo reconoce -y que en el presente caso fue el mismo en que se dispuso la admisión de la demanda, decisiones que no son pasibles del recurso de apelación- de suerte que dicha materia no puede ser examinada por esta Sala en la presente instancia. CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas ante la prosperidad de los recursos de apelación? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 -, la condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. En el presente caso, dado que prosperan los tres recursos interpuestos en la causa, es claro que no se cumple el presupuesto de la indicada norma para ordenar el pago de costas, por lo que ninguna condena se dispondrá en el sub judice por ese concepto. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000202100697011100103