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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022
Radicación número: 05001-23-33-000-2020-03333-01 (66.732)
Demandante: La Equidad Seguros Generales O.C. (La Equidad)
Demandada: E.S.E. Hospital La María (E.S.E.)
Referencia: controversias contractuales
Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – apelación del auto que resuelve la solicitud de
suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo – requisitos de la medida
cautelar de suspensión provisional.
Síntesis del caso: una compañía de seguros solicita la suspensión provisional de los efectos
de los actos administrativos mediante los cuales una empresa social del Estado declaró la
caducidad de un contrato.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra del Auto proferido el 22 de enero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante el cual se negó el decreto de la
medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos demandados1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
1. El 18 de septiembre de 2020, La Equidad Seguros Generales O.C. presentó
demanda2, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales,
en contra de la E.S.E. Hospital La María (E.S.E.), en cuyas pretensiones solicitó
–entre otros puntos– que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 605
de 20 de diciembre de 2019 –mediante la cual la E.S.E. declaró la caducidad
del contrato No. 113 de 20193 afianzado por La Equidad – y 31 de 6 de
febrero de 2020 –mediante la cual la E.S.E. resolvió el recurso de reposición
interpuesto por La Equidad en contra de la anterior–.
1 El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, de conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El numeral 5 del artículo 243 del CPACA –según la
modificación introducida por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021– dispone que es apelable el auto que “decrete,
deniegue o modifique una medida cautelar”; de igual forma, en virtud del literal h) del numeral 2 del artículo 125
del mismo Código –según la modificación introducida por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021–, corresponde a
la Subsección proferir la providencia “que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una
medida cautelar”.
2 Archivo PDF denominado “3ED_01DEMANDA” del expediente digital (índice 2 Samai).
3 Según se afirmó en la demanda, el contrato tenía por objeto (se trascribe): “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN,
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LA TORRE DE PARQUEADEROS Y OFICINAS DE LA E.S.E.
HOSPITAL LA MARÍA, A TRAVÉS DEL CUAL EL CONCESIONARIO POR SU CUENTA Y RIESGO LLEVE A CABO LA
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA TORRE DE PARQUEADEROS Y OFICINAS
DE LA E.S.E. HOSPITAL LA MARÍA”.
Radicación número: 05001-23-33-000-2020-03333-01 (66.732)
Demandante: La Equidad
Demandada: E.S.E. Hospital La María (E.S.E.)
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la decisión de primera instancia
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2. La Equidad acompañó a la demanda un escrito en el cual solicitó la
suspensión provisional de los efectos d e los actos administrativos
demandados. Como fundamento de la solicitud sostuvo, entre otras
razones, que las Resoluciones No. 605 de 2019 y 31 de 2020 fueron expedidas
sin competencia para ello, en la medida en que en el contrato No. 113 de
2019 no se previó que la E.S.E. podía declarar la caducidad del contrato.
3. El 22 de enero de 2021, mediante Auto de la misma fecha, el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó la solicitud descrita en el numeral anterior4.
El Tribunal consideró, en síntesis: (1) que “la violación alegada no se verifica
con la mera confrontación de l [os] acto[s] acusado[s] y las normas
presuntamente vulneradas, así como tampoco con las pruebas aportadas
con la solicitud de suspensión provisional pues, sin duda, es necesario realizar
un verdadero juicio de valor sobre los antecedentes administrativos de los
actos para, de esta manera, establecer si los supuestos de quebrantamiento
normativo invocados [se] encuentran probados o no, es decir, si en efecto
fueron falsamente motivados, desconociendo con ello las disposiciones de
rango constitucional y legal que son alegadas”5 y; (2) que no está probada
la existencia de perjuicios y que, por el contrario, La Equidad indicó en la
subsanación de la demanda que ”a la fecha no ha pagado la multa que le
fue impuesta”.
4. El 28 de enero de 2021, La Equidad interpuso recurso de apelación6 en
contra del Auto de 22 de enero de 2021. En el escrito de apelación, solicitó
revocar la decisión del Tribunal y, en su lugar, decretar la suspensión
provisional de los efectos de las Resoluciones No. 605 de 2019 y 31 de 2020;
lo anterior, con fundamento en:
5. 1) “[L]a evidente violación a la disposición normativa contenida en el
numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993” : en este punto, hizo
referencia al régimen de contratación de las empresas sociales del Estado,
y adujo que el ordenamiento jurídico (se trascribe): “habilita la aplicación
de las cláusulas excepcionales o exorbitantes previstas en el estatuto de la
contratación pública de manera discrecional, lo anterior quiere decir si y
solo si las partes lo convienen en principio de la autonomía de la voluntad
negando cualquier posibilidad de inclusión tácita o entendida de las
mismas, ello implica que la definición del clausulado contractual y la
definición [de] las atribuciones de la Empresa Social del Estado debe[n]
determinarse en atención a las disposiciones pactadas en el contrato
celebrado”. Acto seguido, y luego de poner de presente el clausulado del
4 Archivo PDF denominado “23ED_10AUTONIEGAMEDIDACAUTELAR” del expediente digital (índice 2 Samai).
5 En ese mismo sentido, el Tribunal indicó (se trascribe): “[D]eterminar la violación al ordenamiento jurídico por
desconocimiento e inobservancia de las disposiciones citadas por el demandante, no es una circunstancia que
se pueda establecer con la simple confrontación del acto o las pruebas aportadas en este momento procesal,
máxime que se trata de un tema de interpretación. Es necesario, entonces realizar todo un estudio de los
antecedentes de los actos demandados y de esta manera verificar si los supuestos de quebrantamiento
normativo invocados por la parte actora se encuentran probados o no (…) [D]el pronunciamiento efectuado por
la entidad, se desprende que el asunto debatido está relacionado con la interpretación de las normas que
regulan el contrato celebrado entre las partes y las consecuencias adoptadas, en razón del incumplimiento del
objeto pactado”.
6 Archivos PDF denominados “25ED_11RECURSOAPELACIONAUTONIEGAMEDIDADEMANDANTE” y
“27ED_12RECURSOAPELACIONAUTOMEDIDADEMANDANTE2” del expediente digital (índice 2 Samai).
Radicación número: 05001-23-33-000-2020-03333-01 (66.732)
Demandante: La Equidad
Demandada: E.S.E. Hospital La María (E.S.E.)
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la decisión de primera instancia
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contrato No. 113 de 2019 y el manual de contratación de la E.S.E., insistió en
que en el contrato No. 113 de 2019 no se previó que la E.S.E. podía declarar
la caducidad del contrato y en que esto (se trascribe): “no es una situación
que no pueda determinarse con la mera confrontación de los actos
administrativos de los cuales se pretende la nulidad y de las pruebas
aportadas oportunamente por [La Equidad], ni es un tema que requiera de
interpretaciones más allá de acudir a la literalidad de las disposiciones
transcritas y tampoco requiere la verificación de los antecedentes de los
actos demandados ni realizar un estudio de ellos”7.
6. 2) “[L]a existencia de un perjuicio irremediable en contra de” La Equidad:
al respecto, argumentó que el valor por el cual se hizo efectiva la garantía
de cumplimiento expedida por la compañía es susceptible de ser ejecutado
“a través de procedimientos de cobro coactivo de los que la E.S.E. (…)
puede hacer uso y que representan [una] situación gravosa a los intereses
de La Equidad”. Adicionalmente, sostuvo que el hecho de tener que
“constituir reservas de dinero de carácter técnico con el objeto de efectuar
el pago de siniestros pendientes y en curso” constituye un perjuicio, debido
a que, desde el momento en que se hizo efectiva la garantía de
cumplimiento expedida por La Equidad, la compañía “debió privarse del
uso y constituir la reserva de una suma de dinero suficiente para satisfacer el
pago del siniestro ilegalmente declarado”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo – 2.2. Sobre la condena en costas
2.1. Análisis sustantivo
7. La Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, decretará
la medida cautelar solicitada, por las razones que pasan a exponerse a
continuación:
8. 1) Para La Equidad, que el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993
establezca que las empresas sociales del Estado pueden,
discrecionalmente, utilizar “las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública” (EGCAP), quiere
decir que ello únicamente es posible si las partes del contrato, en ejercicio
de la autonomía privada, deciden pactar es e tipo de cláusulas;
adici
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