CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Radicación: 76001-23-31-000-2005-04122-05 (65259)
Demandante: Dana Wine & Spirits Importers Inc.
Demandado: Industria de Licores del Valle E.I.C.E.
Referencia: Controversias contractuales (Decreto 01 de 1984)
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones
por las que aclaro el voto, a pesar de que comparto la decisión de que se vulneró el
debido proceso de la demandante con el proferimiento de la Resolución n.° 0964
del 3 de s eptiembre de 2004, por la cual se declar ó la caducidad del contrato de
“compraventa exclusiva” suscrito con la Industria de Licores del Valle.
Si bien comparto la conclusión según la cual procedía la anulación del referido acto
administrativo, presento algunos puntos de aclaración frente a la argumentación que
la sustenta, en cuanto considera determinante que, en las comunicaciones remitidas
por la entidad convocada al distribuidor, para advertirle sobre sus incumplimientos,
no se hubiera hecho referencia alguna a una eventual declaratoria de caducidad del
contrato.
De una parte, no cabe duda de que, incluso con antelación a los artículos 17 de l a
ley 1150 de 2007 1 y 86 de la ley 1474 de 2011 2, la declaración de incumplimiento
realizada por una entidad pública debía observar el principio del debido proceso,
por fuerza del precepto 29 de la Constitución Política3; directriz que guarda armonía
con el canon 3° del Decreto 1 de 1984 4 -vigente para la fecha de los hechos que
interesan-, a cuyo contenido se puede acudir con ocasión de las remisiones
efectuadas por los artículos 235 y 776 de la ley 80 de 1993.
1 Consagra de forma expresa que el “ debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las
actuaciones contractuales”.
2 Establece el procedimiento que debe agotarse para que las entidades públicas puedan “ declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato,
y hacer efectiva la cláusula penal”.
3 “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.
4 “Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera… // En
virtud del principio de contradicción, los interesad os tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas
decisiones por los medios legales”.
5 “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios
de transparencia, economía y responsabilidad y d e conformidad con los postulados que rigen la función
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores
públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derech o y los particulares
del derecho administrativo”.
6 “En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los
procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A
falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. // Los actos administrativos que se
produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y
del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo”.
Radicación: 76001-23-31-000-2005-04122-05 (65259)
Demandante: Dana Wine & Spirits Importers Inc.
Demandado: Industria de Licores del Valle E.I.C.E.
Referencia: Controversias contractuales (Decreto 01 de 1984)
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Para concretar este postulado, la Corporación decantó que, antes de la declaratoria
de caducidad, debía darse cabida a los derechos de defensa y contradicción del
contratista7. En concreto, la administración debía informar sobre los incumplimientos
endilgados, revelar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su
exacción, y permitir la formulación de descargos, la solicitud y aportación de pruebas,
así como la contradicción de las existentes8. No se impuso a la entidad pública, en
el marco de estas exigencias, que dentro del requerimiento previniera al contratista
sobre la eventual caducidad resultante del incumplimiento imputado.
Remárquese, la imposición de la medida a que se viene haciendo referencia, estaba
condicionada a que no se usara de forma sorpresiva, para lo cual era menester que
se hiciera un requerimiento previo al contratista. A partir de lo anterior, debía
permitirse el ejercicio del derecho de defensa, para lo cual era menester que se le
otorgara un tiempo para pronunciarse y oponerse, “así como pedir la práctica de
pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra”9. En suma, “la entidad debe
efectuar requerimientos y agotar un procedimiento que garantice el debido proceso
y el derecho de defensa del contratista”10.
Así las cosas, la exigencia impuesta en la providencia aprobada, en el sentido de
que en el requerimiento efectuado por Industria de Licores del Valle E.I.C.E. a Dana
Wine & Spirits Importers Inc., se incluyera una leyenda expresa con la advertencia
sobre la posible caducidad del contrato, considero que va más allá de las exigencias
jurisprudenciales y, en ver dad, desca nsa sobre la premisa implícita de que el
contratista desconoce las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento, lo
que resulta incompatible con el principio general conforme al cual la ignorancia de
la ley no excusa su inobservancia.
De otra parte , considero que la comunicación del 17 de agosto de 2004 fue
suficientemente clara al identificar el incumplimiento imputado al contratista -falta de
renovación de la garantía de cumplimiento -, así como al advertir las eventuales
consecuencias de esa conducta -la terminación anticipada y unilateral del contrato-.
En esas condiciones, no era procedente exigir un mayor grado de precisión o detalle.
Además, entre la remisión de dicha comunicación y la expedición de la Resolución
n.° 0964 del mismo año medió un término razonable, durante el cual el contratista
pudo ejercer plenamente su derecho de defensa mediante la formulación de
descargos, el aporte de pruebas o la corrección del incumplimiento reprochado.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 24.559, C.P.
Hernán Andrade Rincón.
8 “[E]l criterio jurisprudencial preponderante era el que indicaba que, para la protección de esta garantía de
raigambre constitucional, cuando la Administración pretendiera adoptar una decisión que afectara los derechos
e intereses del contratista —como en el caso de cualquier otro sujeto— sus actuaciones debían garantizar que
el afectado pudiera intervenir en la etapa previa a la expedición del respectivo acto administrativo con el objeto
de que pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicción, para lo cual debía conocer el inicio de la
actuación, las razones en las cuales se fundara, tener oportunidad de aportar y discutir la s pruebas que en su
contra se adujeran y, en general, presentar los descargos que considerara pertinentes ” (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021,
exp. 53.479, C.P. José Roberto Sáchica Méndez).
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de
2010, exp. 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22
de noviembre de 2021, rad. 45121, C.P. María Adriana Marín.
Radicación: 76001-23-31-000-2005-04122-05 (65259)
Demandante: Dana Wine & Spirits Importers Inc.
Demandado: Industria de Licores del Valle E.I.C.E.
Referencia: Controversias contractuales (Decreto 01 de 1984)
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Sin embargo, lo anterior no basta para concluir que las garantías del debido proceso
de la demandante fueron plenamente salvaguardadas. Si bien se le informó sobre
el incumplimiento que se le atribuía, nunca se le puso de presente la entidad o
gravedad que la administración le asignaba a esa conducta. Esta omisión le impidió
controvertir de forma efectiva un aspecto medular de la imputación.
Se incurrió, entonces, en una deficiente delimitación de los supuestos fácticos y
jurídicos que sustentaban el reproche formulado, lo que incidió de manera directa
en el ejercicio del derecho de defensa, al privar a la contratista de la posibilidad de
estructurar una contradicci ón específica, informada y completa frente a los
elementos verdaderamente determinantes de la actuación administrativa.
Y es que, aun cuando constituía un hecho incontrovertido que la garantía de
cumplimiento no había sido renovada ni sustituida, ello no eximía a la Industria de
Licores del Valle E.I.C.E. de precisar la relevancia que atribuía a dicha situación. En
particular, debía definir si la consideraba un incumplimiento leve o si, por el contrario,
la estimaba una infracción de tal gravedad que just ificara la adopción de medidas
de mayor entidad en desmedro de los intereses del contratista.
Esa precisión era indispensable para que éste pudiera fijar su posición no solo frente
al incumplimiento materialmente considerado, sino también frente a la
trascendencia jurídica que la administración le otorgaba y a sus supuestos efectos
sobre la continuidad y correcta ejecución del contrato.
Por esta razón es que considero que el acto administrativo cuestionado es inválido,
sentido en el dejo sentada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FL
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