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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: se vulnera el derecho al debido proceso del contratista

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Fecha
2026-10-09
Radicado
76001233100020050412205
Número interno
65259
Ponente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
DANA WINE & SPIRITS IMPORTERS INC.
Demandado
INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE YADIRA HUERTAS MORENO

Síntesis de la providencia

Aclaración de voto: se vulnera el derecho al debido proceso del contratista

Regla de decisión

La entidad pública vulnera el debido proceso del contratista al declarar la caducidad contractual sin precisar previamente la gravedad del incumplimiento y su incidencia.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Toda entidad estatal que impone la caducidad de un contrato administrativo debe precisar con rigor la gravedad de la conducta reprochada y su afectación directa a la ejecución contractual para garantizar el debido proceso del contratista. En esta aclaración de voto, el consejero respalda la anulación de la Resolución n.° 0964 proferida por la Industria de Licores del Valle al declarar la caducidad del contrato de compraventa exclusiva, enfatizando que el respeto a las garantías procesales y al artículo 23 de la Ley 80 de 1993 exige una motivación clara sobre la magnitud del incumplimiento y sus consecuencias jurídicas previas a la sanción.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se vulnera el derecho al debido proceso del contratista cuando la entidad pública declara la caducidad del contrato sin haber precisado previamente la gravedad del incumplimiento imputado y su incidencia en la ejecución contractual, pese a que le informó sobre la conducta reprochada y sus posibles consecuencias?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones por las que aclaro el voto, a pesar de que comparto la decisión de que se vulneró el debido proceso de la demandante con el proferimiento de la Resolución n.° 0964 del 3 de septiembre de 2004, por la cual se declaró la caducidad del contrato de “compraventa exclusiva” suscrito con la Industria de Licores del Valle. Si bien comparto la conclusión según la cual procedía la anulación del referido acto administrativo, presento algunos puntos de aclaración frente a la argumentación que la sustenta, en cuanto considera determinante que, en las comunicaciones remitidas por la entidad convocada al distribuidor, para advertirle sobre sus incumplimientos, no se hubiera hecho referencia alguna a una eventual declaratoria de caducidad del contrato.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

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Titulación de la relatoría 7.498 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACLARACIÓN DE VOTO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTRATO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPUTACIÓN / CRITERIOS DE LA IMPUTACIÓN / GARANTÍAS PROCESALES / AFECTACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DEFENSA TÉCNICA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se vulnera el derecho al debido proceso del contratista cuando la entidad pública declara la caducidad del contrato sin haber precisado previamente la gravedad del incumplimiento imputado y su incidencia en la ejecución contractual, pese a que le informó sobre la conducta reprochada y sus posibles consecuencias? Respuesta al problema jurídico: Si Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones por las que aclaro el voto, a pesar de que comparto la decisión de que se vulneró el debido proceso de la demandante con el proferimiento de la Resolución n.° 0964 del 3 de septiembre de 2004, por la cual se declaró la caducidad del contrato de “compraventa exclusiva” suscrito con la Industria de Licores del Valle. Si bien comparto la conclusión según la cual procedía la anulación del referido acto administrativo, presento algunos puntos de aclaración frente a la argumentación que la sustenta, en cuanto considera determinante que, en las comunicaciones remitidas por la entidad convocada al distribuidor, para advertirle sobre sus incumplimientos, no se hubiera hecho referencia alguna a una eventual declaratoria de caducidad del contrato. De una parte, no cabe duda de que, incluso con antelación a los artículos 17 de la ley 1150 de 2007 y 86 de la ley 1474 de 2011, la declaración de incumplimiento realizada por una entidad pública debía observar el principio del debido proceso, por fuerza del precepto 29 de la Constitución Política; directriz que guarda armonía con el canon 3° del Decreto 1 de 1984 -vigente para la fecha de los hechos que interesan-, a cuyo contenido se puede acudir con ocasión de las remisiones efectuadas por los artículos 23 y 77 de la ley 80 de 1993. Para concretar este postulado, la Corporación decantó que, antes de la declaratoria de caducidad, debía darse cabida a los derechos de defensa y contradicción del contratista. En concreto, la administración debía informar sobre los incumplimientos endilgados, revelar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su exacción, y permitir la formulación de descargos, la solicitud y aportación de pruebas, así como la contradicción de las existentes. No se impuso a la entidad pública, en el marco de estas exigencias, que dentro del requerimiento previniera al contratista sobre la eventual caducidad resultante del incumplimiento imputado. Remárquese, la imposición de la medida a que se viene haciendo referencia, estaba condicionada a que no se usara de forma sorpresiva, para lo cual era menester que se hiciera un requerimiento previo al contratista. A partir de lo anterior, debía permitirse el ejercicio del derecho de defensa, para lo cual era menester que se le otorgara un tiempo para pronunciarse y oponerse, “así como pedir la práctica de pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra”. En suma, “la entidad debe efectuar requerimientos y agotar un procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista”. Así las cosas, la exigencia impuesta en la providencia aprobada, en el sentido de que en el requerimiento efectuado por Industria de Licores del Valle E.I.C.E. a Dana Wine & Spirits Importers Inc., se incluyera una leyenda expresa con la advertencia sobre la posible caducidad del contrato, considero que va más allá de las exigencias jurisprudenciales y, en verdad, descansa sobre la premisa implícita de que el contratista desconoce las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento, lo que resulta incompatible con el principio general conforme al cual la ignorancia de la ley no excusa su inobservancia. De otra parte, considero que la comunicación del 17 de agosto de 2004 fue suficientemente clara al identificar el incumplimiento imputado al contratista -falta de renovación de la garantía de cumplimiento-, así como al advertir las eventuales consecuencias de esa conducta -la terminación anticipada y unilateral del contrato-. En esas condiciones, no era procedente exigir un mayor grado de precisión o detalle. Además, entre la remisión de dicha comunicación y la expedición de la Resolución n.° 0964 del mismo año medió un término razonable, durante el cual el contratista pudo ejercer plenamente su derecho de defensa mediante la formulación de descargos, el aporte de pruebas o la corrección del incumplimiento reprochado. Sin embargo, lo anterior no basta para concluir que las garantías del debido proceso de la demandante fueron plenamente salvaguardadas. Si bien se le informó sobre el incumplimiento que se le atribuía, nunca se le puso de presente la entidad o gravedad que la administración le asignaba a esa conducta. Esta omisión le impidió controvertir de forma efectiva un aspecto medular de la imputación. Se incurrió, entonces, en una deficiente delimitación de los supuestos fácticos y jurídicos que sustentaban el reproche formulado, lo que incidió de manera directa en el ejercicio del derecho de defensa, al privar a la contratista de la posibilidad de estructurar una contradicción específica, informada y completa frente a los elementos verdaderamente determinantes de la actuación administrativa. Y es que, aun cuando constituía un hecho incontrovertido que la garantía de cumplimiento no había sido renovada ni sustituida, ello no eximía a la Industria de Licores del Valle E.I.C.E. de precisar la relevancia que atribuía a dicha situación. En particular, debía definir si la consideraba un incumplimiento leve o si, por el contrario, la estimaba una infracción de tal gravedad que justificara la adopción de medidas de mayor entidad en desmedro de los intereses del contratista. Esa precisión era indispensable para que éste pudiera fijar su posición no solo frente al incumplimiento materialmente considerado, sino también frente a la trascendencia jurídica que la administración le otorgaba y a sus supuestos efectos sobre la continuidad y correcta ejecución del contrato. Por esta razón es que considero que el acto administrativo cuestionado es inválido, sentido en el dejo sentada mi aclaración de voto. NOTA DE RELATORÍA: Referente a los derechos de defensa y contradicción del contratista, revisar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de junio de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1996-14924-01 (24559), C.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de marzo de 2010, Exp. 05001-23-26-000-1992-00117-01 (18394), C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22 de noviembre de 2021, Exp. 25000-23-26-000-2009-00200-01 (45121), C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1 DE 1984 - ARTÍCULO 3, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
Texto extraído del PDF oficial 10.441 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Radicación: 76001-23-31-000-2005-04122-05 (65259) Demandante: Dana Wine & Spirits Importers Inc. Demandado: Industria de Licores del Valle E.I.C.E. Referencia: Controversias contractuales (Decreto 01 de 1984) ACLARACIÓN DE VOTO Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones por las que aclaro el voto, a pesar de que comparto la decisión de que se vulneró el debido proceso de la demandante con el proferimiento de la Resolución n.° 0964 del 3 de s eptiembre de 2004, por la cual se declar ó la caducidad del contrato de “compraventa exclusiva” suscrito con la Industria de Licores del Valle. Si bien comparto la conclusión según la cual procedía la anulación del referido acto administrativo, presento algunos puntos de aclaración frente a la argumentación que la sustenta, en cuanto considera determinante que, en las comunicaciones remitidas por la entidad convocada al distribuidor, para advertirle sobre sus incumplimientos, no se hubiera hecho referencia alguna a una eventual declaratoria de caducidad del contrato. De una parte, no cabe duda de que, incluso con antelación a los artículos 17 de l a ley 1150 de 2007 1 y 86 de la ley 1474 de 2011 2, la declaración de incumplimiento realizada por una entidad pública debía observar el principio del debido proceso, por fuerza del precepto 29 de la Constitución Política3; directriz que guarda armonía con el canon 3° del Decreto 1 de 1984 4 -vigente para la fecha de los hechos que interesan-, a cuyo contenido se puede acudir con ocasión de las remisiones efectuadas por los artículos 235 y 776 de la ley 80 de 1993. 1 Consagra de forma expresa que el “ debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales”. 2 Establece el procedimiento que debe agotarse para que las entidades públicas puedan “ declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal”. 3 “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. 4 “Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera… // En virtud del principio de contradicción, los interesad os tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales”. 5 “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y d e conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derech o y los particulares del derecho administrativo”. 6 “En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. // Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo”. Radicación: 76001-23-31-000-2005-04122-05 (65259) Demandante: Dana Wine & Spirits Importers Inc. Demandado: Industria de Licores del Valle E.I.C.E. Referencia: Controversias contractuales (Decreto 01 de 1984) 2 Para concretar este postulado, la Corporación decantó que, antes de la declaratoria de caducidad, debía darse cabida a los derechos de defensa y contradicción del contratista7. En concreto, la administración debía informar sobre los incumplimientos endilgados, revelar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su exacción, y permitir la formulación de descargos, la solicitud y aportación de pruebas, así como la contradicción de las existentes8. No se impuso a la entidad pública, en el marco de estas exigencias, que dentro del requerimiento previniera al contratista sobre la eventual caducidad resultante del incumplimiento imputado. Remárquese, la imposición de la medida a que se viene haciendo referencia, estaba condicionada a que no se usara de forma sorpresiva, para lo cual era menester que se hiciera un requerimiento previo al contratista. A partir de lo anterior, debía permitirse el ejercicio del derecho de defensa, para lo cual era menester que se le otorgara un tiempo para pronunciarse y oponerse, “así como pedir la práctica de pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra”9. En suma, “la entidad debe efectuar requerimientos y agotar un procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista”10. Así las cosas, la exigencia impuesta en la providencia aprobada, en el sentido de que en el requerimiento efectuado por Industria de Licores del Valle E.I.C.E. a Dana Wine & Spirits Importers Inc., se incluyera una leyenda expresa con la advertencia sobre la posible caducidad del contrato, considero que va más allá de las exigencias jurisprudenciales y, en ver dad, desca nsa sobre la premisa implícita de que el contratista desconoce las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento, lo que resulta incompatible con el principio general conforme al cual la ignorancia de la ley no excusa su inobservancia. De otra parte , considero que la comunicación del 17 de agosto de 2004 fue suficientemente clara al identificar el incumplimiento imputado al contratista -falta de renovación de la garantía de cumplimiento -, así como al advertir las eventuales consecuencias de esa conducta -la terminación anticipada y unilateral del contrato-. En esas condiciones, no era procedente exigir un mayor grado de precisión o detalle. Además, entre la remisión de dicha comunicación y la expedición de la Resolución n.° 0964 del mismo año medió un término razonable, durante el cual el contratista pudo ejercer plenamente su derecho de defensa mediante la formulación de descargos, el aporte de pruebas o la corrección del incumplimiento reprochado. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 24.559, C.P. Hernán Andrade Rincón. 8 “[E]l criterio jurisprudencial preponderante era el que indicaba que, para la protección de esta garantía de raigambre constitucional, cuando la Administración pretendiera adoptar una decisión que afectara los derechos e intereses del contratista —como en el caso de cualquier otro sujeto— sus actuaciones debían garantizar que el afectado pudiera intervenir en la etapa previa a la expedición del respectivo acto administrativo con el objeto de que pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicción, para lo cual debía conocer el inicio de la actuación, las razones en las cuales se fundara, tener oportunidad de aportar y discutir la s pruebas que en su contra se adujeran y, en general, presentar los descargos que considerara pertinentes ” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 53.479, C.P. José Roberto Sáchica Méndez). 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, exp. 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, rad. 45121, C.P. María Adriana Marín. Radicación: 76001-23-31-000-2005-04122-05 (65259) Demandante: Dana Wine & Spirits Importers Inc. Demandado: Industria de Licores del Valle E.I.C.E. Referencia: Controversias contractuales (Decreto 01 de 1984) 3 Sin embargo, lo anterior no basta para concluir que las garantías del debido proceso de la demandante fueron plenamente salvaguardadas. Si bien se le informó sobre el incumplimiento que se le atribuía, nunca se le puso de presente la entidad o gravedad que la administración le asignaba a esa conducta. Esta omisión le impidió controvertir de forma efectiva un aspecto medular de la imputación. Se incurrió, entonces, en una deficiente delimitación de los supuestos fácticos y jurídicos que sustentaban el reproche formulado, lo que incidió de manera directa en el ejercicio del derecho de defensa, al privar a la contratista de la posibilidad de estructurar una contradicci ón específica, informada y completa frente a los elementos verdaderamente determinantes de la actuación administrativa. Y es que, aun cuando constituía un hecho incontrovertido que la garantía de cumplimiento no había sido renovada ni sustituida, ello no eximía a la Industria de Licores del Valle E.I.C.E. de precisar la relevancia que atribuía a dicha situación. En particular, debía definir si la consideraba un incumplimiento leve o si, por el contrario, la estimaba una infracción de tal gravedad que just ificara la adopción de medidas de mayor entidad en desmedro de los intereses del contratista. Esa precisión era indispensable para que éste pudiera fijar su posición no solo frente al incumplimiento materialmente considerado, sino también frente a la trascendencia jurídica que la administración le otorgaba y a sus supuestos efectos sobre la continuidad y correcta ejecución del contrato. Por esta razón es que considero que el acto administrativo cuestionado es inválido, sentido en el dejo sentada mi aclaración de voto. Fecha ut supra, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FERNANDO ALEXEI PARDO FL

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200504122051100103