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clave: "consejo_estado:providencia:76001233100020050412205-65259-aclaracion-voto"
titulo: "Aclaración de voto: se vulnera el derecho al debido proceso del contratista"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-10-09"
radicado: "76001233100020050412205"
numero: "65259"
ponente: "ZORANNY CASTILLO OTÁLORA"
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# Aclaración de voto: se vulnera el derecho al debido proceso del contratista

- **Título oficial / radicado:** Aclaración voto — Aclaración de voto
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-10-09
- **Radicado:** 76001233100020050412205
- **Número interno:** 65259
- **Ponente:** ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** DANA WINE & SPIRITS IMPORTERS INC.
- **Demandado:** INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE YADIRA HUERTAS MORENO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020050412205-65259-aclaracion-voto
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233100020050412205/459A3E1556726DDA51839DC6BBA961238B405A006116A8B955965F3B41AE10F0/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200504122051100103

## Regla de decisión

La entidad pública vulnera el debido proceso del contratista al declarar la caducidad contractual sin precisar previamente la gravedad del incumplimiento y su incidencia.

## Problema jurídico

¿Se vulnera el derecho al debido proceso del contratista cuando la entidad pública declara la caducidad del contrato sin haber precisado previamente la gravedad del incumplimiento imputado y su incidencia en la ejecución contractual, pese a que le informó sobre la conducta reprochada y sus posibles consecuencias?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Extracto

Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones por las que aclaro el voto, a pesar de que comparto la decisión de que se vulneró el debido proceso de la demandante con el proferimiento de la Resolución n.° 0964 del 3 de septiembre de 2004, por la cual se declaró la caducidad del contrato de “compraventa exclusiva” suscrito con la Industria de Licores del Valle. Si bien comparto la conclusión según la cual procedía la anulación del referido acto administrativo, presento algunos puntos de aclaración frente a la argumentación que la sustenta, en cuanto considera determinante que, en las comunicaciones remitidas por la entidad convocada al distribuidor, para advertirle sobre sus incumplimientos, no se hubiera hecho referencia alguna a una eventual declaratoria de caducidad del contrato.

## Síntesis temática

Toda entidad estatal que impone la caducidad de un contrato administrativo debe precisar con rigor la gravedad de la conducta reprochada y su afectación directa a la ejecución contractual para garantizar el debido proceso del contratista. En esta aclaración de voto, el consejero respalda la anulación de la Resolución n.° 0964 proferida por la Industria de Licores del Valle al declarar la caducidad del contrato de compraventa exclusiva, enfatizando que el respeto a las garantías procesales y al artículo 23 de la Ley 80 de 1993 exige una motivación clara sobre la magnitud del incumplimiento y sus consecuencias jurídicas previas a la sanción.

## Descriptores temáticos

ACLARACIÓN DE VOTO, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN, DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO, AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONTRATO ADMINISTRATIVO, DERECHO DE DEFENSA, DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTO ADMINISTRATIVO, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, IMPUTACIÓN, CRITERIOS DE LA IMPUTACIÓN, GARANTÍAS PROCESALES, AFECTACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, DEFENSA TÉCNICA, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

## Guías prácticas relacionadas

- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.

## Decisiones relacionadas

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## Texto del documento

ACLARACIÓN DE VOTO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTRATO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPUTACIÓN / CRITERIOS DE LA IMPUTACIÓN / GARANTÍAS PROCESALES / AFECTACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DEFENSA TÉCNICA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Se vulnera el derecho al debido proceso del contratista cuando la entidad pública declara la caducidad del contrato sin haber precisado previamente la gravedad del incumplimiento imputado y su incidencia en la ejecución contractual, pese a que le informó sobre la conducta reprochada y sus posibles consecuencias?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones por las que aclaro el voto, a pesar de que comparto la decisión de que se vulneró el debido proceso de la demandante con el proferimiento de la Resolución n.° 0964 del 3 de septiembre de 2004, por la cual se declaró la caducidad del contrato de “compraventa exclusiva” suscrito con la Industria de Licores del Valle. Si bien comparto la conclusión según la cual procedía la anulación del referido acto administrativo, presento algunos puntos de aclaración frente a la argumentación que la sustenta, en cuanto considera determinante que, en las comunicaciones remitidas por la entidad convocada al distribuidor, para advertirle sobre sus incumplimientos, no se hubiera hecho referencia alguna a una eventual declaratoria de caducidad del contrato. De una parte, no cabe duda de que, incluso con antelación a los artículos 17 de la ley 1150 de 2007 y 86 de la ley 1474 de 2011, la declaración de incumplimiento realizada por una entidad pública debía observar el principio del debido proceso, por fuerza del precepto 29 de la Constitución Política; directriz que guarda armonía con el canon 3° del Decreto 1 de 1984 -vigente para la fecha de los hechos que interesan-, a cuyo contenido se puede acudir con ocasión de las remisiones efectuadas por los artículos 23 y 77 de la ley 80 de 1993. Para concretar este postulado, la Corporación decantó que, antes de la declaratoria de caducidad, debía darse cabida a los derechos de defensa y contradicción del contratista. En concreto, la administración debía informar sobre los incumplimientos endilgados, revelar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su exacción, y permitir la formulación de descargos, la solicitud y aportación de pruebas, así como la contradicción de las existentes. No se impuso a la entidad pública, en el marco de estas exigencias, que dentro del requerimiento previniera al contratista sobre la eventual caducidad resultante del incumplimiento imputado. Remárquese, la imposición de la medida a que se viene haciendo referencia, estaba condicionada a que no se usara de forma sorpresiva, para lo cual era menester que se hiciera un requerimiento previo al contratista. A partir de lo anterior, debía permitirse el ejercicio del derecho de defensa, para lo cual era menester que se le otorgara un tiempo para pronunciarse y oponerse, “así como pedir la práctica de pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra”. En suma, “la entidad debe efectuar requerimientos y agotar un procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista”. Así las cosas, la exigencia impuesta en la providencia aprobada, en el sentido de que en el requerimiento efectuado por Industria de Licores del Valle E.I.C.E. a Dana Wine & Spirits Importers Inc., se incluyera una leyenda expresa con la advertencia sobre la posible caducidad del contrato, considero que va más allá de las exigencias jurisprudenciales y, en verdad, descansa sobre la premisa implícita de que el contratista desconoce las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento, lo que resulta incompatible con el principio general conforme al cual la ignorancia de la ley no excusa su inobservancia. De otra parte, considero que la comunicación del 17 de agosto de 2004 fue suficientemente clara al identificar el incumplimiento imputado al contratista -falta de renovación de la garantía de cumplimiento-, así como al advertir las eventuales consecuencias de esa conducta -la terminación anticipada y unilateral del contrato-. En esas condiciones, no era procedente exigir un mayor grado de precisión o detalle. Además, entre la remisión de dicha comunicación y la expedición de la Resolución n.° 0964 del mismo año medió un término razonable, durante el cual el contratista pudo ejercer plenamente su derecho de defensa mediante la formulación de descargos, el aporte de pruebas o la corrección del incumplimiento reprochado. Sin embargo, lo anterior no basta para concluir que las garantías del debido proceso de la demandante fueron plenamente salvaguardadas. Si bien se le informó sobre el incumplimiento que se le atribuía, nunca se le puso de presente la entidad o gravedad que la administración le asignaba a esa conducta. Esta omisión le impidió controvertir de forma efectiva un aspecto medular de la imputación. Se incurrió, entonces, en una deficiente delimitación de los supuestos fácticos y jurídicos que sustentaban el reproche formulado, lo que incidió de manera directa en el ejercicio del derecho de defensa, al privar a la contratista de la posibilidad de estructurar una contradicción específica, informada y completa frente a los elementos verdaderamente determinantes de la actuación administrativa. Y es que, aun cuando constituía un hecho incontrovertido que la garantía de cumplimiento no había sido renovada ni sustituida, ello no eximía a la Industria de Licores del Valle E.I.C.E. de precisar la relevancia que atribuía a dicha situación. En particular, debía definir si la consideraba un incumplimiento leve o si, por el contrario, la estimaba una infracción de tal gravedad que justificara la adopción de medidas de mayor entidad en desmedro de los intereses del contratista. Esa precisión era indispensable para que éste pudiera fijar su posición no solo frente al incumplimiento materialmente considerado, sino también frente a la trascendencia jurídica que la administración le otorgaba y a sus supuestos efectos sobre la continuidad y correcta ejecución del contrato. Por esta razón es que considero que el acto administrativo cuestionado es inválido, sentido en el dejo sentada mi aclaración de voto.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los derechos de defensa y contradicción del contratista, revisar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de junio de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1996-14924-01 (24559), C.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de marzo de 2010, Exp. 05001-23-26-000-1992-00117-01 (18394), C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22 de noviembre de 2021, Exp. 25000-23-26-000-2009-00200-01 (45121), C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 1 DE 1984 - ARTÍCULO 3, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Aclaración voto — Aclaración de voto. 2026-10-09. C.P. ZORANNY CASTILLO OTÁLORA. Rad. 76001233100020050412205. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020050412205-65259-aclaracion-voto).
