---
clave: "consejo_estado:providencia:76001233100020020129001-55868-sentencia"
titulo: "Convenio interadministrativo: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-05-20"
radicado: "76001233100020020129001"
numero: "55868"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020020129001-55868-sentencia"
---

# Convenio interadministrativo: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-05-20
- **Radicado:** 76001233100020020129001
- **Número interno:** 55868
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020020129001-55868-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233100020020129001/8325F9208DF1D1399047E080702EC39C774A8DD6A23F7A1216C7983D907B08CB/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200201290011100103

## Problema jurídico

¿ Cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato puede solicitar su liquidación judicial?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Puntos clave

- ¿En los convenios interadministrativos de tracto sucesivo, cuando las partes no logren un acuerdo sobre el cruce final de cuentas…
- ¿En el grado jurisdiccional de consulta, el juez está habilitado para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena?
- ¿El objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es de naturaleza eminentemente contradictorio?

## Extracto

La Sala concluye que, como al momento de la presentación de la demanda el INVIAS tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato y en consideración a que no podía despojarse de ella, dado que, como se analizó, las prerrogativas públicas en tanto obligaciones y responsabilidad de las entidades públicas son irrenunciables, no era procedente acceder a la solicitud de liquidar judicialmente el negocio jurídico, pues ello supondría desconocer, no solo el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo –en tanto en estos casos su…

## Síntesis temática

El contratista no puede solicitar la liquidación judicial del contrato cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidarlo unilateralmente, ya que esta prerrogativa es irrenunciable y su ejercicio corresponde exclusivamente a la administración pública. La Sala establece que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede usurpar las funciones que la ley ha asignado a la administración, limitándose a controlar la legalidad de los actos administrativos en caso de controversia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la obligación de la administración de ejercer sus competencias conforme a la ley, evitando la renuncia o delegación de sus funciones.

## Descriptores temáticos

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO, CUANTÍA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA, GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA, OBJETO DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA, ALCANCE DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA, PROCEDENCIA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA, REQUISITOS DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONFLICTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FINALIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ACCIÓN DE NULIDAD, FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LÍMITES DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ, USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, CONTRATO ESTATAL, FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA, PÉRDIDA DE COMPETENCIA, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA

## Guías prácticas relacionadas

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.
- [Contratos y convenios interadministrativos](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/convenios-interadministrativos.md): Cómo distinguir el contrato del convenio entre entidades y qué reglas sigue cada uno.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Debe recordarse que “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233100020110050601-60434-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: corresponde determinar si la entidad contratante está facultada](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233300020170128001-70546-sentencia.md)
- [Tribunal Administrativo de Cundinamarca — Se liquidará judicialmente el referido convenio de establecer que el Fondo Rotatorio de la Policía debe reintegrar a la Secretaría Distrital de Seguridad, correspondiente a los rendimientos financieros causados sobre el capital inicialmente girado.](https://adjudicalo.com.co/documento/tribunal_administrativo:providencia:11001334306620190008801-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, negará la pretensión única formulada en la demanda](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190075801-67395-sentencia.md)

## Texto del documento

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿ Cuando la entidad estatal aún tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato puede solicitar su liquidación judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala concluye que, como al momento de la presentación de la demanda el INVIAS tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato y en consideración a que no podía despojarse de ella, dado que, como se analizó, las prerrogativas públicas en tanto obligaciones y responsabilidad de las entidades públicas son irrenunciables, no era procedente acceder a la solicitud de liquidar judicialmente el negocio jurídico, pues ello supondría desconocer, no solo el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo –en tanto en estos casos su 
función se debería limitar a controlar, a petición de parte, la controversia o litigio que pudiera surgir en relación con la legalidad de los actos administrativos expedidos por ella–, sino usurpar las funciones que la ley ha asignado a la administración pública, patrocinando, en el menor de los casos, la renuncia al ejercicio de las competencias que a ella corresponden.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿En los convenios interadministrativos de tracto sucesivo, cuando las partes no logren un acuerdo sobre el cruce final de cuentas, la entidad pública que ocupe la posición de contratante debe realizar la liquidación de manera unilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el marco de los contratos interadministrativos de tracto sucesivo, en caso de que las partes no logren un acuerdo sobre el cruce final de cuentas, la entidad pública que ocupe la posición de contratante está en la obligación de realizar la liquidación de manera unilateral, no solo porque no se trata de aquellas potestades a las que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 –cuya incorporación en los contratos interadministrativos no se encuentra autorizada en los términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993–, sino porque frente a la regla legal que manda que los contratos de tracto sucesivo deben liquidarse, no puede oponerse ninguna excepción.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de octubre de 2019, rad. 60304, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14
CUANTÍA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / OBJETO DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / ALCANCE DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / PROCEDENCIA DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA / REQUISITOS DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
Problema jurídico:
¿En el grado jurisdiccional de consulta, el juez está habilitado para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
El grado jurisdiccional de consulta ha sido instituido por el legislador como un mecanismo de protección y garantía de diferentes fines e intereses de rango superior asociados a principios y derechos fundamentales de carácter constitucional. En el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tales fines gravitan, de una parte, alrededor de la protección de los intereses de sujetos procesales que han estado en una posición desventajosa desde la perspectiva de sus derechos procesales, en tanto, aun cuando estuvieron representados por un 
curador ad litem, no acudieron directamente al proceso para defender sus intereses y, de otra, giran en torno a la protección del interés público y se asocia, para los propósitos de la consulta, con el cumplimiento de la ley y, de la mano con ello, con la defensa de los derechos y del patrimonio de las entidades públicas. [...] En ese sentido, el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo (en adelante, CCA) disponía que el grado jurisdiccional de consulta procedía en aquellos casos en los cuales, a través de sentencia de primera instancia, se impusiera una 
condena en concreto que superara los 300 SMLM en contra de una entidad pública o en contra de quien hubiere estado representado por curador ad litem. Adicionalmente, la norma preveía que la consulta se entendía interpuesta a favor de la entidad pública condenada o del representado por curador ad litem. En virtud de tales propósitos, el mecanismo no se activa por petición que formule cualquiera de las partes del proceso para que se revise la legalidad del fallo condenatorio de primera instancia, sino que, precisamente, surge de manera oficiosa 
ante la falta absoluta de reparos contra esa decisión. De manera que, a diferencia de lo que ocurre en el marco de una apelación en el que la competencia del ad quem se delimita en función de los reparos de la parte impugnante, en la consulta el juez está habilitado para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena, desde los procesales hasta los de mérito, 
en aras de corregir la providencia en los defectos jurídicos de los que adolezca, o de confirmarla si está libre de ellos, en tanto no está limitado por una formulación de cargos de parte.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza del grado jurisdiccional de consulta, cita: Corte Constitucional, sentencia C-153 del 5 de abril de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell. Sobre la facultad que tiene el juez del grado jurisdiccional de consulta para revisar oficiosamente todos los aspectos que puedan llegar a comprometer la legalidad de la condena, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 6 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 184
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONFLICTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FINALIDAD DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE NULIDAD
Problema jurídico:
¿El objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es de naturaleza eminentemente contradictorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l objeto de esta jurisdicción [Jurisdicción Contencioso Administrativa] es de naturaleza eminentemente contradictorio, en tanto se dirige a juzgar las “controversias y litigios” que puedan surgir en torno a la actividad de las entidades públicas, los cuales se trasladan al juez como tercero neutral para que, surtido el proceso judicial respectivo en el que las partes tendrán oportunidad de esgrimir sus ataques y defensas, se pronuncie sobre aquellos y los resuelva. Cabe precisar en este punto que no todo proceso que se surte ante esta jurisdicción supone propiamente un litigio entendido como el enfrentamiento o la pugna entre diversos intereses subjetivos opuestos, aunque, también se advierte, no por ello los procesos que no participan de esta condición dejan de ser contenciosos –por oposición a los procesos de jurisdicción voluntaria–, pues, en todo caso, existen posiciones opuestas o controversiales, aunque sea a nivel meramente objetivo o legal, que se revelan en las condiciones de demandante y demandado y a través suyo siempre se busca una declaración que vincule a la parte demandada. En este sentido, la doctrina autorizada señala que en las acciones de nulidad que se surten ante esta jurisdicción hay ausencia de litigio en cuanto no se pretende la reparación de un derecho conculcado ni el reconocimiento de perjuicios sufridos, sino solamente la declaración de nulidad de un acto administrativo (proceso declarativo “puro”); mientras que cuando ese tipo de pretensiones se formulan hay un verdadero litigio con la administración (procesos de “condena o de prestación”), pero, advierte “en ambos casos el proceso es contencioso”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de mayo de 2018, rad. 48301, C. P. María Adriana Marín.
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LÍMITES DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS
Problema jurídico:
¿El juez contencioso administrativo puede remplazar a la administración en el ejercicio de sus funciones?
Respuesta al problema jurídico: No
[A] partir del objeto de la jurisdicción contencioso administrativa, se puede derivar con toda contundencia que la labor del juez no consiste, en manera alguna, en reemplazar a la administración en el ejercicio de las funciones que por ley le han sido atribuidas, ni sustituirla a ella o a los sujetos con los que interactúa en el cumplimiento de los deberes que surjan en cabeza de cada uno de ellos a raíz de tal relacionamiento; por lo mismo, no es su función, en el marco de las “controversias” asociadas a contratos estatales, reemplazar a las partes en el cumplimiento de sus deberes negociales, ni a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones legales, mientras tal competencia subsista, como ocurriría, por ejemplo, en la liquidación.
CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Los contratos estatales se rigen por las normas del derecho común?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala pone de relieve que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se rigen por las 
disposiciones del derecho común; por tanto, están inspirados en la autonomía de la voluntad de los sujetos contratantes que al concertarse da lugar al surgimiento de una determinada relación negocial; no obstante, según esa misma norma, el régimen jurídico que los gobierna también está integrado por disposiciones especiales de derecho público que se erigen como garantía del cumplimiento de los fines del 
Estado y que, por ello, buscan la conservación y prevalencia del interés general y la satisfacción de las necesidades de la comunidad como fines innatos de la contratación estatal. En ese sentido, el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 señala que con la celebración de los contratos estatales se busca el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los administrados que colaboran en la consecución de tales propósitos. En aras de lograr tales cometidos de connotación suprema, esa misma ley asigna a las entidades estatales la función de dirección, vigilancia y control y, para ello, las dota de una serie de potestades o prerrogativas públicas – califíquense o no como excepcionales o exorbitantes– que, lejos de constituir un privilegio o una facultad discrecional, se imponen como deberes que la administración debe ejecutar en aras de cumplir el cometido que animó la celebración de un determinado contrato –asociado, como ya se dijo, a la satisfacción del interés general–; claro está, si las circunstancias definidas en la ley como presupuesto de su ejercicio así lo imponen, como manifestación palmaria del principio de legalidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿La liquidación unilateral del contrato es una prerrogativa pública que se inspira en la necesidad de proteger de manera efectiva el patrimonio público?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso de la facultad de liquidación unilateral del contrato, cabe mencionar que, si bien se ha discutido acerca de su equiparación a una verdadera potestad excepcional en tanto, propiamente, su objeto no radica en asegurar que el servicio público objeto del contrato se cumpla de manera continua e ininterrumpida o en evitar su paralización o su grave afectación, sino en establecer con carácter definitivo y vinculante para el contratista las cuentas de la relación negocial, lo cierto es que no hay discusión alguna en cuanto a que se trata de una prerrogativa pública que se inspira en la necesidad de proteger de manera efectiva el patrimonio público y, por lo mismo, el interés general. Así, las razones que subyacen a la existencia y consagración de tales potestades públicas son las mismas que explican porqué la administración no puede 
abstraerse de su ejercicio, en tanto se trata de una responsabilidad a la que está sujeta en desarrollo de las funciones que le ha asignado la ley.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la irrenunciabilidad a las prerrogativas de la administración en la contratación estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de julio del 2002, rad. 21217, C. P. Alier Hernández Enríquez.
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / PÉRDIDA DE COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¡La administración pierde la competencia para efectuar la liquidación unilateral del contrato una vez notificado el auto admisorio de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]mbas partes del contrato pueden pretender judicialmente su liquidación, siempre que exista una controversia o litigio al respecto que no hubiere sido posible resolver de manera concertada entre ellas o unilateralmente por la administración por carecer de competencia para ello. En el caso del contratista, siempre que la entidad contratante hubiere incumplido su obligación legal de proceder a la liquidación de forma unilateral, aun cuando posteriormente a ello conserve competencia para hacerlo, la cual perderá una vez notificado el auto admisorio de la demanda, pues en este evento la resolución del conflicto se origina, justamente, en el incumplimiento del deber legal de la administración de liquidar unilateralmente el contrato, su resolución, por tanto, compete al juez.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la pérdida de competencia para efectuar la liquidación unilateral del contrato una vez notificado el auto admisorio de la demanda, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, rad. 15239, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-05-20. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 76001233100020020129001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020020129001-55868-sentencia).
