CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00392-01 (68.143)
Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Demandado: WILLIAM OSORIO GARZÓN Y OTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Temas: RECURSO DE APELACIÓN - alcance – deber de sustentación del recurso de
apelación – la sentencia de primera de instancia se recurrió formalmente, pero no se
sustentó.
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 15 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las súplicas de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se demandó en repetición a los señores William Osorio Garzón y Jonathan Carreño
Aparicio, porque, en su condición de agentes de la Policía Nacional, lesionaron
«intencionalmente» al señor Juan Carlos Durán Monsalve durante un
procedimiento de policía que se llevó a cabo para impedir que siguiera maltratando
a su esposa en el barrio La Esperanza de Bucaramanga.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 27 de abril de 20181, la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, a través de apoderado judicial, interpuso demanda de repetición
en contra de los señores William Osorio Garzón y Jonathan Carreño Aparicio, con
el fin de que se les declarara patrimonia lmente responsables por la condena
1 Folio 127 del cuaderno de primera instancia.
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00392 01 (68.143)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional
Demandado: William Osorio Garzón y otro
Referencia: Medio de control de repetición
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impuesta a dicha entidad en el proceso de reparación directa con radicado n.° 2011-
00051, promovido por el señor Juan Carlos Durán Monsalve, quien resultó
lesionado durante un procedimiento de policía que se llevó a cabo los días 2 y 3 de
noviembre de 2008 en Bucaramanga. En concreto, solicitó lo siguiente (se
transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
Que los señores William Osorio Garzón, con cédula de ciudadanía (…) y
Jonathan Carreño Aparicio, con c édula de ciudadanía (…), son responsables
por dolo en su actuar el 2 y 3 de noviembre de 2008, en el municipio de
Bucaramanga – Santander, frente a los hechos que dieron lugar a la sentencia
condenatoria contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía N acional,
proferida por el honorable Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado
Décimo Administrativo de Bucaramanga.
Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a los señores
William Osorio Garzón, con cédula de ciudadanía (…) y J onathan Carreño
Aparicio, con cédula de ciudadanía (…) al pago total que la Nación – Policía
Nacional fue condenada a pagar a los beneficiarios, pago que deberá realizar
a favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en la tesorería
de la institución o en la cuenta que ella determine-
La sentencia que ponga fin a este proceso sea de aquella que reúna los
requisitos exigidos en los artículos 192, 195 de la Ley 1437 de 2011 y 488 del
CPC, es decir, que en ella conste una obligación clara, expresa y exigible, a fin
de que preste mérito ejecutivo.
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:
El 3 de noviembre de 2008, los patrulleros William Osorio Garzón y Jonathan
Carreño Aparicio lesionaron al señor Juan Carlos Durán Monsalve en el abdomen,
«causándole una peritonitis que le ocasionó serias heridas en su humanidad y
quebrantos de salud».
Por lo anterior, el señor Durán Monsalve y sus familiares demandaron a la Policía
Nacional. El proceso fue asignado con el radicado n.° 2011 -00051 y su
conocimiento le correspondió en primera instancia al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Bucara manga, autoridad judicial que declaró la
responsabilidad de la entidad demandada a título de falla del servicio y la condenó
a pagar la respectiva indemnización, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Santander2.
El 22 de junio d e 2017, la Policía Nacional pagó la suma de $543’688.917 al
apoderado judicial de los demandantes del proceso de reparación directa.
2 Se deja constancia de que en los hechos de la demanda no se indicaron las fechas en que se
dictaron las sentencias de primera y de segunda instancia en el proceso de reparación directa.
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00392 01 (68.143)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional
Demandado: William Osorio Garzón y otro
Referencia: Medio de control de repetición
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De acuerdo con la parte actora, los señores Osorio Garzón y Carreño Aparicio
debían ser declarados responsables, a título de dolo, porque su comportamiento
resultó «desproporcionado y arbitrario », prueba de ello eran las sentencias del
proceso de reparación directa, en las que «más allá de toda duda razonable» se
concluyó que los demandados lesionaron intencionalmente al seño r Durán
Monsalve, de ahí que el fundamento para condenar a la Policía Nacional hubiese
sido el de falla del servicio3.
3. Trámite de primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante
auto del 6 de agosto de 2018 4, providencia debidamente notificada a los
demandados5 y al Ministerio Público6.
La apoderada judicial de los señores William Osorio Garzón y Jonathan Carreño
Aparicio contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones:
Indicó que, si bien el señor Juan Carlos Durán Monsalve resultó lesionado durante
el procedimiento de policía llevado a cabo por los patrulleros Osorio Garzón y
Carreño Aparicio, la conducta de los demandados no podía catalogarse como
injusta o desproporcionada, dado que su intención no fue causar daño, sino
detener el comportamiento violento del señor Duran Monsalve, quien en estado de
alicoramiento maltrataba a su esposa en el barrio La Esperanza de Bucaramanga.
Aseguró que por esos hechos los demandados fueron investig ados
disciplinariamente, pero resultaron absueltos, por cuanto de las pruebas que se
practicaron en esa investigación se desprendía que su actuar obedeció al estricto
cumplimiento de un deber legal y ante la imperiosa necesidad de proteger la vida
de la señora Elizabeth Arias Pinzón, víctima de violencia intrafamiliar.
Advirtió que la sentencia en la que se declaró la responsabilidad de la Policía
Nacional resultaba insuficiente para condenar a los demandados, toda vez que la
jurisprudencia del Consejo de Estado era clara en señalar que la entidad tenía el
deber de acreditar la gravedad de su conducta en el proceso de repetición.
3 Folios 6 a 10 del cuaderno de primera instancia.
4 Folios 134 y 135 del cuaderno de primera instancia.
5 Folios 195 y 195 del cuaderno de primera instancia.
6 Folio 113 del cuaderno de primera instancia.
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00392 01 (68.143)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional
Demandado: William Osorio Garzón y otro
Referencia: Medio de control de repetición
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A su vez, propuso la excepción de caducidad, por cuanto la demanda se notificó
después de dos años de haber realizado el pago7.
En auto del 9 de julio de 2020, el Tribunal a quo adecuó el procedimiento a lo
dispuesto en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020 8 y resolvió de manera
desfavorable la excepción de caducidad propuesta por la apoderada de los
demandados9. En contra de dicha decisión no se interpuso ningún recurso.
El 10 de febrero de 2021 se realizó la audiencia inicial, diligencia en la cual la
magistrada ponente procedió a fijar el litigio en los siguientes términos (se
transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
La parte demandante afirma que la conducta de los uniformados fue
desproporcionada, arbitraria y dolosa en el procedimiento realizado en el
norte de Bucaramanga, circunstancia que dio origen a la condena de la
referencia. La parte demandada por medio de apoderada se opone a la
calificación de dolo o culpa de los policiales durante los hechos ocurridos el 3
de noviembre de 2008. Por el contrario, dice, el uso de la fuerza en la actividad
policial fue legítima, no reprochable y necesaria para someter en situación de
flagrancia al violento y alicorado Juan Carlos Durán Monsalve quien agredía
a golpes a su compañera -violencia intrafamiliar - y puso resistencia al
sometimiento de la intervención policial, alegando así culpa e xclusiva de la
víctima.
Lo anterior fue puesto a consideración de las partes y del Ministerio Público,
quienes manifestaron su aceptación. Posteriormente se decretaron como pruebas
las documentales aportadas con la demanda y la pedida por los demandados10.
En auto del 15 de junio de 2021 11, el Tribunal a quo decretó el cierre de la etapa
probatoria y ordenó la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y del
concepto del Ministerio Público.
La parte actora señaló que las pruebas aportadas al proceso daban cuenta del
actuar «imprudente y negligente de los demandados », por lo que solicitó declarar
su responsabilidad a título de culpa grave y no de dolo12.
7 Folios 149 a 155 del cuaderno de primera instancia.
8 Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las
excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en
el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte
demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en
las excepciones previas.
Las excepciones pr
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