Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se sustentó en debida forma el recurso de apelación

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-05-20
Radicado
68001233300020180039201
Número interno
68143
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
WILLIAM OSORIO GARZÓN, JONATHAN CARREÑO APARICIO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se sustentó en debida forma el recurso de apelación

Lo que dijo la Sala

Toda vez que la entidad demandante no planteó ningún argumento tendiente a rebatir la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que negó las súplicas de la demanda, por considerar que el escaso material probatorio allegado al proceso no daba cuenta de la calidad de agentes de la Policía Nacional de los demandados, en tanto que, como quedó visto, ni siquiera manifestó las razones por las cuales consideraba que las sentencias de reparación directa y el acta del comité de conciliación resultaban idóneas para acreditar esa condición…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El apelante debe confrontar los argumentos del juez de primera instancia con sus propias reflexiones para cuestionar la decisión impugnada, de lo contrario, la sentencia apelada será confirmada. En este caso, la entidad demandante no presentó argumentos específicos para rebatir la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, limitándose a solicitar pruebas de oficio sin fundamentar adecuadamente su posición. La Sala, siguiendo su jurisprudencia, concluye que la apelación no se sustentó debidamente y, por tanto, confirma la providencia impugnada. Además, la corporación reitera que la facultad de decretar pruebas de oficio es del juez, no de las partes, y que en procesos de repetición no procede la condena en costas debido a que se persigue un interés público.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se sustentó en debida forma el recurso de apelación?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿La facultad de decretar pruebas de oficio se ejerce a iniciativa del juez?
  • ¿La sustentación deficiente del recurso de apelación conlleva la confirmación del proveído apelado?
  • ¿Procede la condena en costas en los procesos de repetición?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
Consejo de Estado 2025-07-17 Sección Tercera (Subsección B)
Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado emitir fallo anticipado en un proceso de repetición
Consejo de Estado 2023-05-08 Sección Tercera (Subsección A)
No se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del patrullero de policía
Consejo de Estado 2024-03-18 Sección Tercera (Subsección A)
El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia
Consejo de Estado 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A)
El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia por razón de su cuantía
Consejo de Estado 2022-04-22 Sección Tercera (Subsección A)
El estándar de conducta con el cual se debe evaluar el actuar del señor.
Titulación de la relatoría 5.561 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AGENTE DEL ESTADO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CALIDAD DE LA PRUEBA / AGENTE DE POLICÍA Problema jurídico: ¿Se sustentó en debida forma el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si [T]oda vez que la entidad demandante no planteó ningún argumento tendiente a rebatir la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que negó las súplicas de la demanda, por considerar que el escaso material probatorio allegado al proceso no daba cuenta de la calidad de agentes de la Policía Nacional de los demandados, en tanto que, como quedó visto, ni siquiera manifestó las razones por las cuales consideraba que las sentencias de reparación directa y el acta del comité de conciliación resultaban idóneas para acreditar esa condición; además de que utilizó la impugnación con el propósito de que se decretaran pruebas de oficio en segunda instancia, para la Sala se impone concluir que la apelación no se sustentó, por lo que, siguiendo la postura de esta Subsección, se abstendrá de pronunciarse sobre el fondo del asunto y confirmará la providencia impugnada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la carga de sustentar el recurso de apelación y expresar las razones de inconformidad con los fundamentados de la decisión apelada, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2021, rad. 65962, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. PRUEBA DE OFICIO / PRÁCTICA DE PRUEBA DE OFICIO / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La facultad de decretar pruebas de oficio se ejerce a iniciativa del juez? Respuesta al problema jurídico: Si [D]icha facultad [decretar pruebas de oficio] no surge de la petición de las partes -de manera que induzcan al juez para que realice determinada actuación-, sino de la iniciativa del juez, quien como director del proceso cuenta con la autonomía y la independencia para determinar si hace uso de ella y solo en aquellos casos en los que se torna necesario esclarecer los hechos objeto de la controversia, no para suplir la carga probatoria de las partes [...]. DERECHO A LA IMPUGNACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La sustentación deficiente del recurso de apelación conlleva la confirmación del proveído apelado? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Subsección, de manera reiterada, ha sostenido que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial -en este caso la que contiene una sentencia-, por lo que le corresponde al apelante confrontar los argumentos que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión, con sus propias reflexiones, para efectos de solicitarle al juez ad quem que decida sobre los puntos o aspectos que se debaten en la segunda instancia. [...] En ese orden ideas, la Sala reitera lo señalado por esta Subsección en oportunidad anterior, en el sentido de que cuando se advierta la ausencia de una sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sean simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al superior jerárquico no le queda una opción diferente que la de confirmar el proveído apelado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la obligación que tiene el apelante de confrontar los argumentos que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión con sus propias reflexiones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2011, rad. 20955, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de febrero de 2021, rad. 51371, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2021, rad. 64163, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2021, rad. 65962, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de septiembre de 2020, rad. 44707, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en los procesos de repetición? Respuesta al problema jurídico: No Esta Subsección, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional, ha considerado que el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues se busca la protección del patrimonio público. [...] Así las cosas, dado que en el proceso de la referencia se persigue un interés público y que la Sala no advierte que la demanda se haya interpuesto con manifiesta carencia de fundamento legal, se abstendrá de condenar en costas a la Policía Nacional. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la improcedencia de condena en costas en procesos de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de agosto de 2019, rad. 63519, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de abril de 2019, rad. 59139, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2020, rad. 51.949, C. P. María Adriana Marín, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de mayo de 2021, rad. 58503, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Texto extraído del PDF oficial 36.342 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación: 68001-23-33-000-2018-00392-01 (68.143) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: WILLIAM OSORIO GARZÓN Y OTRO Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Temas: RECURSO DE APELACIÓN - alcance – deber de sustentación del recurso de apelación – la sentencia de primera de instancia se recurrió formalmente, pero no se sustentó. La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 15 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO Se demandó en repetición a los señores William Osorio Garzón y Jonathan Carreño Aparicio, porque, en su condición de agentes de la Policía Nacional, lesionaron «intencionalmente» al señor Juan Carlos Durán Monsalve durante un procedimiento de policía que se llevó a cabo para impedir que siguiera maltratando a su esposa en el barrio La Esperanza de Bucaramanga. II. ANTECEDENTES 1. La demanda En escrito presentado el 27 de abril de 20181, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de apoderado judicial, interpuso demanda de repetición en contra de los señores William Osorio Garzón y Jonathan Carreño Aparicio, con el fin de que se les declarara patrimonia lmente responsables por la condena 1 Folio 127 del cuaderno de primera instancia. Radicación: 68001-23-33-000-2018-00392 01 (68.143) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición 2 impuesta a dicha entidad en el proceso de reparación directa con radicado n.° 2011- 00051, promovido por el señor Juan Carlos Durán Monsalve, quien resultó lesionado durante un procedimiento de policía que se llevó a cabo los días 2 y 3 de noviembre de 2008 en Bucaramanga. En concreto, solicitó lo siguiente (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): Que los señores William Osorio Garzón, con cédula de ciudadanía (…) y Jonathan Carreño Aparicio, con c édula de ciudadanía (…), son responsables por dolo en su actuar el 2 y 3 de noviembre de 2008, en el municipio de Bucaramanga – Santander, frente a los hechos que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía N acional, proferida por el honorable Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a los señores William Osorio Garzón, con cédula de ciudadanía (…) y J onathan Carreño Aparicio, con cédula de ciudadanía (…) al pago total que la Nación – Policía Nacional fue condenada a pagar a los beneficiarios, pago que deberá realizar a favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en la tesorería de la institución o en la cuenta que ella determine- La sentencia que ponga fin a este proceso sea de aquella que reúna los requisitos exigidos en los artículos 192, 195 de la Ley 1437 de 2011 y 488 del CPC, es decir, que en ella conste una obligación clara, expresa y exigible, a fin de que preste mérito ejecutivo. 2. Hechos Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente: El 3 de noviembre de 2008, los patrulleros William Osorio Garzón y Jonathan Carreño Aparicio lesionaron al señor Juan Carlos Durán Monsalve en el abdomen, «causándole una peritonitis que le ocasionó serias heridas en su humanidad y quebrantos de salud». Por lo anterior, el señor Durán Monsalve y sus familiares demandaron a la Policía Nacional. El proceso fue asignado con el radicado n.° 2011 -00051 y su conocimiento le correspondió en primera instancia al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucara manga, autoridad judicial que declaró la responsabilidad de la entidad demandada a título de falla del servicio y la condenó a pagar la respectiva indemnización, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander2. El 22 de junio d e 2017, la Policía Nacional pagó la suma de $543’688.917 al apoderado judicial de los demandantes del proceso de reparación directa. 2 Se deja constancia de que en los hechos de la demanda no se indicaron las fechas en que se dictaron las sentencias de primera y de segunda instancia en el proceso de reparación directa. Radicación: 68001-23-33-000-2018-00392 01 (68.143) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición 3 De acuerdo con la parte actora, los señores Osorio Garzón y Carreño Aparicio debían ser declarados responsables, a título de dolo, porque su comportamiento resultó «desproporcionado y arbitrario », prueba de ello eran las sentencias del proceso de reparación directa, en las que «más allá de toda duda razonable» se concluyó que los demandados lesionaron intencionalmente al seño r Durán Monsalve, de ahí que el fundamento para condenar a la Policía Nacional hubiese sido el de falla del servicio3. 3. Trámite de primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 6 de agosto de 2018 4, providencia debidamente notificada a los demandados5 y al Ministerio Público6. La apoderada judicial de los señores William Osorio Garzón y Jonathan Carreño Aparicio contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones: Indicó que, si bien el señor Juan Carlos Durán Monsalve resultó lesionado durante el procedimiento de policía llevado a cabo por los patrulleros Osorio Garzón y Carreño Aparicio, la conducta de los demandados no podía catalogarse como injusta o desproporcionada, dado que su intención no fue causar daño, sino detener el comportamiento violento del señor Duran Monsalve, quien en estado de alicoramiento maltrataba a su esposa en el barrio La Esperanza de Bucaramanga. Aseguró que por esos hechos los demandados fueron investig ados disciplinariamente, pero resultaron absueltos, por cuanto de las pruebas que se practicaron en esa investigación se desprendía que su actuar obedeció al estricto cumplimiento de un deber legal y ante la imperiosa necesidad de proteger la vida de la señora Elizabeth Arias Pinzón, víctima de violencia intrafamiliar. Advirtió que la sentencia en la que se declaró la responsabilidad de la Policía Nacional resultaba insuficiente para condenar a los demandados, toda vez que la jurisprudencia del Consejo de Estado era clara en señalar que la entidad tenía el deber de acreditar la gravedad de su conducta en el proceso de repetición. 3 Folios 6 a 10 del cuaderno de primera instancia. 4 Folios 134 y 135 del cuaderno de primera instancia. 5 Folios 195 y 195 del cuaderno de primera instancia. 6 Folio 113 del cuaderno de primera instancia. Radicación: 68001-23-33-000-2018-00392 01 (68.143) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición 4 A su vez, propuso la excepción de caducidad, por cuanto la demanda se notificó después de dos años de haber realizado el pago7. En auto del 9 de julio de 2020, el Tribunal a quo adecuó el procedimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020 8 y resolvió de manera desfavorable la excepción de caducidad propuesta por la apoderada de los demandados9. En contra de dicha decisión no se interpuso ningún recurso. El 10 de febrero de 2021 se realizó la audiencia inicial, diligencia en la cual la magistrada ponente procedió a fijar el litigio en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): La parte demandante afirma que la conducta de los uniformados fue desproporcionada, arbitraria y dolosa en el procedimiento realizado en el norte de Bucaramanga, circunstancia que dio origen a la condena de la referencia. La parte demandada por medio de apoderada se opone a la calificación de dolo o culpa de los policiales durante los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2008. Por el contrario, dice, el uso de la fuerza en la actividad policial fue legítima, no reprochable y necesaria para someter en situación de flagrancia al violento y alicorado Juan Carlos Durán Monsalve quien agredía a golpes a su compañera -violencia intrafamiliar - y puso resistencia al sometimiento de la intervención policial, alegando así culpa e xclusiva de la víctima. Lo anterior fue puesto a consideración de las partes y del Ministerio Público, quienes manifestaron su aceptación. Posteriormente se decretaron como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la pedida por los demandados10. En auto del 15 de junio de 2021 11, el Tribunal a quo decretó el cierre de la etapa probatoria y ordenó la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público. La parte actora señaló que las pruebas aportadas al proceso daban cuenta del actuar «imprudente y negligente de los demandados », por lo que solicitó declarar su responsabilidad a título de culpa grave y no de dolo12. 7 Folios 149 a 155 del cuaderno de primera instancia. 8 Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas. Las excepciones pr

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201800392011100103