Síntesis de la providencia
Medio de control de repetición: Sentencia
Lo que dijo la Sala
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.
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Síntesis síntesis automática
El contratista debe aplicar la Ley 678 de 2001 para analizar la responsabilidad por dolo o culpa grave en casos ocurridos después de su entrada en vigor, mientras que para hechos anteriores se rige por la normativa anterior, siempre que no se contradigan con los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos. La entidad estatal debe probar que los demandados eran servidores públicos en el momento de los hechos, lo cual se acredita con documentos que demuestran su vinculación al Ejército Nacional y su participación en operaciones militares. El interventor debe demostrar el pago efectivo de la condena judicial mediante cualquier medio legalmente válido, lo que incluye registros de erogaciones realizadas en cumplimiento de resoluciones judiciales. La administración debe demostrar la existencia de una conducta gravemente culposa por parte de los demandados, lo que requiere pruebas que demuestren un exceso de fuerza y falta de proporcionalidad en el cumplimiento de sus funciones. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la prueba del pago y la condición de servidor público son elementos esenciales para la responsabilidad estatal en casos de repetición.
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Problema jurídico
¿Cuál es la normatividad aplicable en el presente asunto?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 678 de 2001, art. 2
- Constitución Política
También resuelve
- ¿Está probada la condición de servidores o ex servidores públicos de los demandados?
- ¿Se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena judicial con los documentos provenientes de la entidad demandante que fueron traídos a este contencioso de repetición?
- ¿Obraron con culpa grave los [demandados] en el transcurso de la operación militar que derivó en el fallecimiento de [la víctima]?
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Titulación de la relatoría 10.743 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Cuál es la normatividad aplicable en el presente asunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normatividad anterior, pero, si acaecieron con posterioridad, será la citada ley la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado “sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquella y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / CATEGORÍAS DE SERVIDORES PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿Está probada la condición de servidores o ex servidores públicos de los demandados?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma establecida por la Constitución, por la ley y por el reglamento. (…) En el expediente obra: (i) constancia suscrita, el veinticuatro (24) de mayo de dos mil siete (2007), por el jefe del área de Atención al Usuario, en la que informó que el [demandado], para ese momento, prestaba sus servicios en el Ejército Nacional, específicamente en el Batallón de Infantería número 8 “Batalla de Pichincha”, y que llevaba vinculado a la institución diecisiete (17) años y dieciocho (18) días; (ii) copia del acta de posesión del [demandado] en el cargo de subteniente, llevada a cabo el primero (1) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994); (iii) oficio enviado por el segundo comandante del Batallón de Infantería número 35 “Héroes de Guepi”, mayor al Juzgado Sesenta y Ocho de Instrucción Penal Militar, en el que, en respuesta a una solicitud de información, puso en conocimiento que el soldado profesional (…) estuvo presente en la Operación Mercenario, realizada en el mes de mayo de dos mil tres (2003) en el municipio Paujil; y (iv) declaración rendida (…) ante el Juzgado Sesenta y Ocho de Instrucción Penal Militar, en la que expresó que, al momento de su testimonio, prestaba sus servicios como soldado profesional en la Compañía Condor del Batallón de Infantería número “Héroes de Guepi”. (…) A partir de los referidos medios de prueba, la Sala encuentra acreditado que los [demandados] estaban vinculados al Ejército Nacional en la época en la que sucedieron los hechos motivo de condena, de ahí que la respuesta al interrogante planteado se revele positiva.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / LIBERTAD PROBATORIA / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena judicial con los documentos provenientes de la entidad demandante que fueron traídos a este contencioso de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo del deudor, que consiste en la ejecución de la prestación que se debe. Es así una conducta positiva o de abstención – dar, hacer o no hacer –, según el caso, que tiene la capacidad extintiva del vínculo obligacional contraído por voluntad propia, por la causación de un daño o por el apremio de la ley. (…) Nuestra codificación civil no establece un modo o una tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues dispuso la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a efectos de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue acogida y adoptada por el Código de Procedimiento de Procedimiento Civil y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. (…) Los anteriores documentos, en cuanto registran la erogación que la parte demandante hizo en obedecimiento a la Resolución 2760 del nueve (9) de junio de dos mil once (2011), conforme al monto allí ordenado por concepto de capital más intereses, en favor de Alianza Fiduciaria S.A., persona jurídica a la que le fueron cedidos los derechos económicos reconocidos en el proveído que puso fin al proceso de reparación directa con radicado número 18001-23-31-001-2005-00144-00, encuentra debidamente acreditado el pago de la obligación, pago cuya repetición se pretende por la parte demandante.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / PRUEBA DE LA CULPA / INEXISTENCIA DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE
Problema jurídico:
¿Obraron con culpa grave los [demandados] en el transcurso de la operación militar que derivó en el fallecimiento de [la víctima]?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente asunto, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional pretende la declaración de responsabilidad de los [demandados], a título de culpa grave, por los perjuicios causados a la entidad como consecuencia de la condena impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Caquetá. Específicamente, edificó sus súplicas en la presunción dispuesta en el numeral primero del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, ya que, en su criterio, los miembros de la institución incurrieron en exceso de fuerza y en una falta de proporcionalidad. Esta cualificación de la conducta de los ex servidores públicos demandados, la hace sirviéndose en su totalidad de las consideraciones expuestas en el proceso de reparación directa. (…) a Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional se limitó: (i) a asegurar que [los demandados] violaron el decálogo de seguridad de las armas “por exceso de fuerza y falta de proporcionalidad entre el supuesto ataque y la respuesta dada”; (ii) a transcribir las consideraciones a las que arribó el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia al juzgar la responsabilidad del Estado, sin que en algún punto hiciere mención a alguno de los miembros de la Fuerza Pública que participaron en los hechos que dieron lugar a la sentencia condenatoria; y (iii) a citar disposiciones constitucionales y legales relativas al medio de control de repetición y jurisprudencia sobre la misma materia. (…) Las antedichas falencias impiden no solo un adecuado ejercicio del derecho de defensa, sino que imposibilitan que el juez pueda aproximarse a las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos objeto de discusión, y esta última circunstancia supondría que el fallador sea quien construya oficiosamente la conducta de los demandados, proceder que no le compete. (…) La valoración de las pruebas allegadas a este contencioso no permite llegar a una conclusión diferente a que no hay elementos que demuestren la conducta gravemente culposa de los [demandados]. Todos los medios de convicción que obran en el expediente están destinados a probar la responsabilidad institucional, es decir, de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, mas no la responsabilidad personal de los agentes. Lo único que puede extraerse del acervo probatorio es que, en efecto, los aquí demandados formaron parte de la operación militar acaecida el treinta (30) de mayo de dos mil tres (2003), día en que falleció [la víctima], pero más allá de eso nada puede colegirse. Y, pese a que el soldado [demandado] reconoció en el testimonio que rindió ante el Juzgado Sesenta y Ocho de Instrucción Penal Militar que disparó su arma de dotación en el lugar en el que sucedieron los hechos, no está comprobado que aquel impactara a quien resultó fallecido y menos aún las circunstancias en que esa actuación se llevó a efecto, de modo que no puede esta Sala concluir, sin recurso a otros medios de prueba, que aquel haya sido un comportamiento desproporcionado.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ibidem, aplicables por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. (…) Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a la parte demandante dado que sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. El Tribunal Administrativo de Caquetá deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación. No se fijarán agencias en derecho, pues en esta instancia no hubo actuación por parte de los [demandados].
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1