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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contratación estatal: 11001 03 15 000 2020 01006 00_CA_A
11001-03-15-000-2020-01006-00_CA_A
2020-04-15
Sala Plena
CONTRATACION ESTATAL,TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Estado de emergencia,Contratación directa,Procedibilidad – Mes: abril – Año: 2020…
Consejo de Estado
Providencia
Los impedimentos son una manifestación del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150102401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los impedimentos son una manifestación del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso, y materializan la tutela judicial efectiva de los individuos? Sí
El Consejero de Estado declara fundado el impedimento invocado por un magistrado que se encuentra en segundo grado de consanguinidad con un familiar que ocupa un cargo directivo en la entidad demandada, lo que configura una relación de interés directo y conflictivo que compromete la imparcialidad del juez. Esta decisión reitera la jurisprudencia según la cual los impedimentos son una manifestación del derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso, materializando la tutela judicial efectiva de los individuos. La Sala establece que la aceptación del impedimento se debe a la necesidad de garantizar la seguridad de las partes en el proceso, independientemente de que el juez pueda actuar con imparcialidad, y separa al magistrado del conocimiento del asunto.síntesis automática
También resuelve:
¿Las causales de impedimento y de recusación están llamadas a prosperar porque prima la garantía que deben tener las partes comprometidas en un conflicto?
¿Se declara fundado el impedimento invocado por el magistrado y se le separará del conocimiento del asunto?
FUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
Se deja sin efectos el auto proferido y se declara que esta jurisdicción es competente para resolver la controversia.
Auto interlocutorio — Auto que deja sin efecto providencia
2022-06-15
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000232600020050278501
ACCION CONTRACTUAL
¿Se deja sin efectos el auto proferido y se declara que esta jurisdicción es competente para resolver la controversia? Sí
El despacho declara la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales cuando un tribunal arbitral ha declarado la extinción definitiva de los efectos del pacto arbitral, lo que implica la terminación del vínculo jurídico entre las partes y la imposibilidad de que el acuerdo arbitral continúe produciendo efectos. En este caso, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de La Dorada–Caldas declaró extinguidos definitivamente los efectos del pacto arbitral el 1 de junio de 2007, lo que llevó a la anulación de la providencia que declaraba la falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta decisión garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, asegurando su acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, y prevalece sobre cualquier disposición procesal que pudiera desconocer el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:
¿La decisión proferida garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante?
¿El pacto arbitral obliga a las partes a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral?
Consejo de Estado
Providencia
No procede la renuncia tácita a las cláusulas compromisorias pactadas antes de la Ley 1563 de 2012, en caso de no existir un desistimiento expreso del pacto arbitral esta jurisdicción carece de facultades para dirimir el conflicto y, por lo tanto, estará obligada a remitir las actuaciones a la respectiva instancia arbitral.
Sentencia — Sentencia
2022-04-20
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 20001233100020120026001
ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a inaplicar los cambios de jurisprudencia a los procesos en curso, cuando estos implican el cercenamiento del acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela efectiva de las partes del conflicto? Sí
El contratista puede evitar la aplicación de cambios jurisprudenciales en procesos en curso si estos implican un cercenamiento del acceso a la administración de justicia y del derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala ha establecido que, cuando la demanda fue presentada antes de la unificación jurisprudencial que exige renuncia expresa a las cláusulas compromisorias, se considera que operó una renuncia tácita al pacto arbitral, permitiendo así la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Además, la Sala recuerda que el cómputo del término de caducidad de la acción en controversias contractuales distingue entre liquidación bilateral o unilateral y ausencia de liquidación, basándose en la garantía constitucional de acceso a la justicia y en la legislación vigente. Esta regla implica que los cambios jurisprudenciales no siempre son aplicables a procesos en curso, protegiendo así los derechos de las partes en litigio.síntesis automática
También resuelve:
¿El incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son supuestos completamente diferenciables?
¿Es el Departamento del Cesar responsable por incumplimiento del contrato núm. 200 del 2006, al haber suspendido el contrato sin reconocer los sobrecostos que dijo haber asumido el contratista…
Consejo de Estado
Providencia
Requisito al que se le ha atado la carga de claridad y de concreción y la necesidad de identificar los motivos concretos de la inconformidad, cuya ausencia “impide el examen judicial”.
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 50001233100020080019201
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe el juez abordar aquel petitum que no fue objeto de discrepancia expresa por el contratista en el acto de liquidación bilateral del contrato? No
El contratista no puede controvertir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo aquellos aspectos del contrato que no fueron objeto de discrepancia expresa en el acta de liquidación bilateral, en virtud del principio de buena fe y la prohibición de venir en contra de los propios actos, lo que implica que las salvedades en la liquidación deben ser claras y concretas para permitir el examen judicial posterior. Esta exigencia, inicialmente aplicable a la liquidación bilateral, se ha extendido a otras actuaciones contractuales como modificaciones y adiciones, y no puede instrumentalizarse como un obstáculo al derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala reitera esta posición, matizando que la administración no puede revocar unilateralmente acuerdos bilaterales previamente establecidos, y que el contratista debe dejar constancia expresa de sus inconformidades durante la ejecución del contrato para evitar sorpresas y defraudar la confianza de la entidad contratante.síntesis automática
También resuelve:
¿La actuación del contratista fue violatoria de la buena fe contractual y con ella sorprendió y defraudó a la entidad contratante…
¿Resulta procedente el reconocimiento de los sobrecostos en los que incurrió el contratista por la mayor permanencia en obra, resultado de la conducta de la entidad contratante?
Consejo de Estado
Providencia
Por regla general, las controversias contractuales en las que se encuentra involucrada una entidad de naturaleza pública se resuelven en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; sin embargo las partes del contrato pueden someter los conflictos que se derivan de este, por medio de una cláusula compromisoria.
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión
2024-05-24
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 13001233300020150034301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los procesos iniciados en vigencia de la Ley 1563 de 2012, procede la renuncia tácita al pacto arbitral, la cual se hace efectiva cuando no se alega la existencia de la cláusula compromisoria como excepción en el proceso que se adelante ante la jurisdicción que por regla general es competente, como en este caso, la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Sí
Por regla general, las controversias contractuales en las que se encuentra involucrada una entidad de naturaleza pública se resuelven en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; sin embargo, las partes del contrato pueden someter los conflictos que se derivan de este, a un tribunal de arbitramento, por medio de una cláusula compromisoria. Sobre este aspecto, de tiempo atrás la Sección Tercera del Consejo de Estado, aceptó la posibilidad de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la aplicación de la cláusula compromisoria, cuando quiera que, a pesar de haber acordado llevar las diferencias al conocimiento de la justicia arbitral, una de tales partes decidía formular su demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la otra parte no proponía la excepción de falta de jurisdicción.
También resuelve:
¿Puede aplicarse el Decreto 2279 de 1989 y la Ley 23 de 1991 al caso concreto, ya que las partes procesales así lo estipularon en la cláusula compromisoria?
¿Resulta improcedente proferir fallo inhibitorio, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas del contrato de arrendamiento que…
¿La excepción de falta de jurisdicción por la existencia de cláusula compromisoria puede decidirse en sentencia y declararse de oficio?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Reiteración de la jurisprudencia: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión
2022-08-29
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020040078001
ACCION CONTRACTUAL
¿Emplear un nuevo criterio jurisprudencial en las demandas interpuestas con anterioridad a la expedición de dicho fallo, puede causar una afectación al derecho de acceso a la justicia, al imponer una carga desproporcionada al demandante, por lo cual, en el presente caso, debe darse aplicación a la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, esto es, la que permite la renuncia tácita de los efectos de la cláusula compromisoria, siendo la jurisdicción contencioso administrativa competente para conocer de este asunto? Sí
El contratista no está obligado a adaptarse a un nuevo criterio jurisprudencial en demandas interpuestas antes de su expedición, ya que esto podría afectar su derecho de acceso a la justicia, imponiéndole una carga desproporcionada. La entidad estatal debe aplicar la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, que permite la renuncia tácita de los efectos de la cláusula compromisoria, garantizando así la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer del asunto. Esta regla reitera la importancia de considerar las consecuencias de los cambios jurisprudenciales y de proteger los derechos fundamentales de las partes, evitando defraudar expectativas legítimas y asegurando la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.síntesis automática
También resuelve:
¿La decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso por falta de jurisdicción y competencia no puede ser adoptada por medio de una sentencia, como ocurrió en este caso…
¿En aquellos casos en los que se apele la sentencia, el superior debe verificar si existen demandas de reconvención o procesos acumulados, y en caso de no haberse resuelto sobre todos…
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico
Sentencia — Sentencia
2025-05-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020190046401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
La pretensión de nulidad absoluta de un contrato estatal caduca a los dos años contados desde el día siguiente al perfeccionamiento del negocio jurídico, conforme al literal j) del artículo 164 del CPACA, salvo que se interponga mientras el negocio se encuentre vigente. La regla se apoya en que el término se cuenta desde el perfeccionamiento y no desde la ejecución, y en que la demanda cabe mientras el negocio se encuentre vigente. Por ello, la fecha de perfeccionamiento es determinante para establecer la oportunidad. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó más de tres años después del perfeccionamiento y cuando el contrato ya no estaba vigente, por lo que se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta. Como consecuencia práctica, la pretensión de nulidad absoluta debe formularse dentro de los dos años o mientras el contrato se mantenga vigente, so pena de caducidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La formulación de las pretensiones adolece de una notable imprecisión y falta de claridad en tanto no se identificó cuáles de ellas eran principales, subsidiarias y consecuenciales?
¿Las correcciones y ajustes debían ser considerados en la programación del contratista y no lo exoneraban de cumplir con la entrega de los estudios y diseños…
¿La interventoría recomendó iniciar proceso sancionatorio, con fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy demandante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: debe admitirse como prueba un documento aportado con el recurso de apelación
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-12-10
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 05001233300020130152601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe admitirse como prueba un documento aportado con el recurso de apelación cuando este hacía parte del expediente administrativo y la entidad demandada incumplió el deber legal de aportarlo con la contestación de la demanda? Sí
Si bien la carga de la prueba -prima facie- recae en el demandante, no es menos cierto, que el referido oficio hacía parte integral del expediente administrativo (lo cual nunca fue desconocido ni negado por la entidad demandada), sin embargo, no fue aportado junto con la contestación de la demanda siendo un deber legal previsto en el parágrafo 1 del artículo 175 del CPACA.… Cuando el apelante aporta (junto con el escrito de la alzada) el oficio en comento, el despacho sustanciador negó su incorporación aduciendo que no reunía los requerimientos previstos en el artículo 212 del CPACA, sin hacer un estudio ponderado de su viabilidad, teniendo en cuenta que dicho documento permitía dilucidar con prístina claridad ejes axiales contenidos en la fijación del litigio, así como -se reitera- la existencia del deber legal del demandado de haberlo aportado con el expediente administrativo.
También resuelve:
¿Debe el juez decretar oficiosamente una prueba documental cuando su práctica resulta necesaria si la entidad demandada incumplió su deber de aportarla?
SIN DECISION