Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Lo que dijo la Sala
Considero que la decisión no debió fundamentarse en que la Administración no permitió dejar las salvedades y reclamaciones en los actos contractuales, sino que debió establecerse que dichas salvedades no son requisito para resolverlas judicialmente, y que por casos como el presente es que el legislador prohíbe la renuncia del contratista a hacer valer judicialmente sus pretensiones contractuales.… En relación con las reclamaciones, no es posible, ni adecuado a la ley, exigirle contratista que desde la suscripción de la suspensión, modificación o prórroga del contrato plantee los costos que estas podrían generarle, porque en ese momento no conoce cuáles serían esos costos, ni su monto.… Ni la Ley 80 de 1993, ni las normas procesales aplicables en materia de lo contencioso administrativo, han establecido la reclamación previa como requisito de procedibilidad para demandar los costos causados por la suspensión del contrato…
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Problema jurídico
¿Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que desde la suscripción de la suspensión, modificación o prórroga del contrato plantee los costos que estas podrían generarle, porque en ese momento no conoce cuáles serían esos costos, ni su monto; siendo en consecuencia contrario a la buena fe, reclamar por algo que aún no se sabe si realmente será llevado ante el juez del contrato?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿Las entidades estatales están en una posición dominante durante la ejecución del contrato, pues tienen las facultades para negarse a modificarlo, adicionarlo o prorrogarlo, y gozan, además, de
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Titulación de la relatoría 5.051 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / COSTOS / BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE
Problema jurídico:
¿Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que desde la suscripción de la suspensión, modificación o prórroga del contrato plantee los costos que estas podrían generarle, porque en ese momento no conoce cuáles serían esos costos, ni su monto; siendo en consecuencia contrario a la buena fe, reclamar por algo que aún no se sabe si realmente será llevado ante el juez del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onsidero que la decisión no debió fundamentarse en que la Administración no permitió dejar las salvedades y reclamaciones en los actos contractuales, sino que debió establecerse que dichas salvedades no son requisito para resolverlas judicialmente, y que por casos como el presente es que el legislador prohíbe la renuncia del contratista a hacer valer judicialmente sus pretensiones contractuales. (...) En relación con las reclamaciones, no es posible, ni adecuado a la ley, exigirle contratista que desde la suscripción de la suspensión, modificación o prórroga del contrato plantee los costos que estas podrían generarle, porque en ese momento no conoce cuáles serían esos costos, ni su monto. (...) Ni la Ley 80 de 1993, ni las normas procesales aplicables en materia de lo contencioso administrativo, han establecido la reclamación previa como requisito de procedibilidad para demandar los costos causados por la suspensión del contrato, por lo que no es dable al juez crear este tipo de requerimientos que, por tener efectos de carácter procesal, son de competencia exclusiva del legislador. (...) No puede obligarse al contratista a reclamar perjuicios que aún no conoce, ya que solo al momento en que se ejecuta el acuerdo contractual se puede realizar un balance del efecto de este en la economía del contrato, así como de los costos reales se asumieron en virtud del mismo. Por ese motivo, cualquier reclamación previa carecería de sustento. Exigir que se anticipe una reclamación que aún no tiene fundamento sí resulta contrario a la buena fe, pues implicaría reclamar por algo que aún no se sabe si realmente será llevado ante el juez del contrato.
CONTRATACIÓN ESTATAL / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / CONTRATANTE / ABUSO DEL DERECHO POR POSICIÓN DOMINANTE / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE / ENTIDAD ESTATAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIONES CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / LÍMITE LEGAL DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / DECISIÓN DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Las entidades estatales están en una posición dominante durante la ejecución del contrato, pues tienen las facultades para negarse a modificarlo, adicionarlo o prorrogarlo, y gozan, además, de
potestades excepcionales para imponerse sobre el contratista, por lo que la Ley establece una prohibición a que el contratista renuncie a sus reclamaciones, garantía que por contera implica que el juez no puede exigir las mismas para pronunciarse de fondo so pretexto de la buena fe contractua?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]l estudiar la manera como la entidad impidió al contratista dejar sus reclamaciones, la sentencia reconoce que las entidades están en una posición dominante durante la ejecución del contrato, pues tienen las facultades para negarse a modificarlo, adicionarlo o prorrogarlo, y gozan, además, de potestades excepcionales para imponerse sobre el contratista. Por estas circunstancias el legislador, en el numeral 3 artículo 5 de la Ley 80 de 1993, dispone: "Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste". La norma transcrita establece una prohibición a que el contratista renuncie a sus reclamaciones, lo que por contera implica que el juez no puede exigir las mismas para pronunciarse de fondo so pretexto de la buena fe contractual.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3
Texto extraído del PDF oficial 3.755 caracteres
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: Controversias contractuales
Tema: La presentación de reclamaciones y salvedades no
constituyen requisito para demandar. El que la
Administración no permita dejar salvedades y
reclamaciones demuestra que se encuentra en una
posición dominante , que fundamenta la prohibición de
renunciar expresa o tácitamente a presentar sus
reclamaciones ante el juez del contrato.
Aclaración de voto magistrado del Martín Bermúdez Muñoz
Si bien comparto las consideraciones de la sentencia relativas a que debe
conocerse de fondo las pretensiones , considero que la decisión no debió
fundamentarse en que la Administración no permitió dejar las salvedades y
reclamaciones en los actos contractuales, sino que debió establecerse que
dichas salved ades no son requisito para resolver las judicialmente, y que por
casos como el presente es que el legislador prohibe la renuncia del contratista a
hacer valer judicialmente sus pretensiones contractuales.
1.- En relación con las reclamaciones, no es posible, ni adecuado a la ley, exigirle
contratista que desde la suscripción de la suspensión , modificación o prórroga
del contrato plantee los costos que esta s podrían generarle, porque en ese
momento no conoce cuáles serían esos costos, ni su monto.
1.1.- Ni la Ley 80 de 1993, ni las normas procesales aplicables en materia de lo
contencioso administrativo, han establecido la reclamación previa como requisito
de procedibilidad para demandar los costos causados por la suspensión del
contrato, por lo que no es dable al juez crear este tipo de requerimientos que, por
tener efectos de carácter procesal, son de competencia exclusiva del legislador.
1.2.- No puede obligarse al contratista a reclamar perjuicios que aún no conoce,
ya que solo al momento en que se ejecuta el acuerdo contractual se puede
realizar un balance del efecto de est e en la economía del contrato, así como de
2
los costos reales se asumieron en virtud del mismo. Por ese motivo, cualquier
reclamación previa carecería de sustento. Exigir que se anticipe una reclamación
que aún no tiene fundamento sí resulta contrario a la buena fe, pues implica ría
reclamar por algo que aún no se sabe si realmente será llevado ante el juez del
contrato.
2.- De otra parte, al estudiar la manera como la entidad impidió al contratista dejar
sus reclamaciones, la sentencia reconoce que las entidades están en una
posición dominante durante la ejecución del contrato, pues tiene n las facultades
para negarse a modificarlo, adicionarlo o prorrogarlo, y gozan, además, de
potestades excepcionales para imponerse sobre el contratista . Por estas
circunstancias el legislador , en el numeral 3 artículo 5 de la Ley 80 de 1993 ,
dispone: << Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones
ni la adjudicación, adici ón o modificación de contratos, como tampoco la
cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento
o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de
éste>>. La norma transcrita establece una prohibición a que el contratista
renuncie a sus reclamaciones, lo que por contera implica que el juez no puede
exigir las mismas para pronunciarse de fondo so pretexto de la buena fe
contractual.
Fecha ut supra,
Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado