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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 16 de agosto de 2022
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00092-01 (67250)
Demandante: Departamento de Guainía
Demandada: Unión Temporal Guainía
Referencia: Controversias contractuales
Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – autorización requerida por los gobernadores para
celebrar contratos.
Síntesis del caso: un departamento celebró un contrato estatal y una vez terminado este, el
contratista presentó una reclamación en la que solicitó el restablecimiento de su equilibrio
económico. Luego, las partes celebraron una transacción en la que reconocieron una deuda
a favor del particular. El departamento pidió que se declarara la nulidad de ese contrato.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 23 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca, en la cual se negaron las pretensiones de la
demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3.
Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 28 de marzo de 2008, el departamento de Guainía presentó una
demanda2, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra
de la Unión Temporal Guainía, con el objeto de que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas (se trascribe):
1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA).
2 F. 7-20 del cuaderno principal 1.
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00092-01 (67250)
Demandante: Departamento de Guainía
Demandada: Unión Temporal Guainía
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia apelada
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“1. Que se declare nula el Acta del Comité de Conciliación y Defensa Judicial
N° 013 de la Gobernación del Guainía de Diciembre 13 de 2007, por las falsedades
inmersas en ese documento público, que a la vez se constituyó en fuente del
Contrato de Transacción 388 de 2007.
2. Que se declare Nulo el Contrato de Transacción 388 de Diciembre 17 de 2007
celebrado entre el Departamento del Guainía y la Unión Temporal Guainía.
3. Que como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta que las partes no
han recibido ni entregado cosa alguna con ocasión del Contrato de Transacción
388 de 2007, ordene la extinción de los derechos y obligaciones a que dio origen
el mencionado contrato, produciendo los efectos de cosa juzgada entre las
partes; e igualmente se ordene la liquidación del contrato sin adeudarse suma
alguna entre las partes.
4. Que se condene a la Unión Temporal Guainía al pago de los gastos y costas del
proceso, en que haya tenido que incurrir el Departamento del Guainía o su
Representante judicial, para adelantar la presente gestión”.
2. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes:
3. 1) El 2 de junio de 2007, el departamento de Guainía y la Unión Temporal
Guainía suscribieron el acta de liquidación del contrato de obra 35 de 2005,
cuyo objeto fue “el mejoramiento del pavimento rígido de las vías de las calles
33 a 26 entre carreras 6ª y 7ª del municipio de Inírida”.
4. 2) Luego, el 29 de junio de 2007, la Unión Temporal solicitó al departamento
el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por una presunta
mayor permanencia en la obra.
5. 3) El 4 de octubre de 2007, las partes ce lebraron una nueva acta de
liquidación, en la que dejaron constancia de la reclamación presentada por
la contratista.
6. 4) Con ocasión de la referida reclamación, el Comité de Conciliación y
Defensa Judicial del departamento de Guainía suscribió el acta 13 de 13 de
diciembre de 2007, con base en la cual las partes celebraron el contrato de
transacción 288 de 17 de diciembre de 2007, en el que el departamento
reconoció una deuda de $ 567.148.823 a favor de la Unión Temporal.
7. A juicio de la actora, el contrato de transacción era nulo por haber sido
suscrito por una persona absolutamente incapaz, ya que el gobernador no
contaba con la autorización de la Asamblea Departamental para celebrarlo,
de acuerdo con el artículo 300 superior, numeral 9 , que dispone que
corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas
“autorizar al gobernador del Departamento para celebrar contratos”.
Además, dicho contrato había sido suscrito sin el certificado de disponibilidad
presupuestal.
8. El departamento también manifestó que el acta 13 del Comité de
Conciliación y Defensa Judicial estaba viciada de nulidad, pues en la reunión
del Comité que dio lugar al acta no participó el funcionario de Control Interno,
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00092-01 (67250)
Demandante: Departamento de Guainía
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Decisión: confirma la Sentencia apelada
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por lo que se contrarió el Reglamento del Comité. Por otra parte, el concepto
técnico en el que el Comité sustentó su decisión no fue rendido por un
funcionario público. Así pues, el contrato de transacción debería declararse
nulo con ocasión de la declaratoria de nulidad del acto administrativo en el
que se fundamentó.
1.2. Posición de la parte demandada
9. El 17 de octubre de 2017, la Unión Temporal Guainía contestó la demanda3
y formuló las excepciones de “caducidad de la acción”; “no interrupción de
la caducidad”; “improcedencia del ejercicio de nulidad del acta de Comité
de Conciliación y Defensa Judicia l”; “imposibilidad de ejercer control
jurisdiccional sobre la cosa juzgada” e “indebido agotamiento del requisito de
procedibilidad”.
1.3. Sentencia recurrida
10. El 23 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Arauca profirió la
Sentencia de primera instancia4, en la que decidió (se trascribe):
“PRIMERO.- DECLÁRENSE no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO.- NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
[...]”5.
11. En primer lugar, el Tribunal consideró que el contrato de transacción no era
nulo por haber sido suscrito por una persona incapaz. En relación con la
interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, el Tribunal
citó el concepto de 18 de mayo de 2016 (exp. 2284) de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, según el cual (se trascribe):
“La Ley 80 de 1993 constituye la autorización general que los gobernadores
necesitan para contratar y que, en consecuencia, la autorización a que alude el
artículo 300-9 de la Constitución solamente puede tener carácter excepcional y
para los casos en que la ley lo exija expresamente.
[…]
Tampoco en el nivel departamental es constitucionalmente admisible una
interpretación de la atribución de las asambleas de ‘autorizar al gobernador del
3 F. 3-15 del cuaderno del Consejo de Estado.
4 Documento 7. Samai.
5 “TERCERO.- ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.
CUARTO.- ORDENAR que por Secretaria del Tribunal Administrativo del Meta, se liquiden los gastos del proceso y si lo
hubiere, devolver al demandante el saldo respectivo.
QUINTO.- ORDENAR que previas las anotaciones de rigor, por Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca: (i) Se
remita copia de esta providencia por correo Electrónico si aparece registrado o postal- a las partes y al Ministerio
Público con carácter de mera información. (i) Se devuelva el expediente al Tribunal Administrativo del Meta, para
que prosigan los trámites procesales que correspondan, incluido el de notificación de la sentencia”.
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00092-01 (67250)
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Referencia: controversias contractuales
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Departamento para celebrar contratos’ que supedite totalmente la actividad
contractual del Departamento a nuevas autorizaciones generales o particulares
de la asamblea departamental o que anule o de sin efecto las competencias que
en esa materia se le confieren a los gobernadores”.
12. Con fundamento en el concepto citado, el Tribunal concluyó (se
trascribe):
“El gobernador de la época en ese caso en específico, no requería autorización
previa de la Asamblea Departamental para suscribir el contrato de transacción
No. 388 de 2007, en tanto que no se trató de un negocio jurídico que se ajustara a
la excepción dentro de la regla general en materia de contratación asignada al
representante legal del ente territorial.
Además no debe pasarse por alto, que el contrato de transacción fue suscrito
para transigir reclamaciones previstas dentro del contrato de obra No. 035 de
2005, es decir, que si el gobernador de la época tenía facultad para celebrar el
negocio jurídico principal también lo tendría para el accesorio”.
13. En segundo lugar, el juez de primera instancia consideró que el contrato
de transacción no era nulo porque carecía del certificado de disponibilidad
presupuestal. Ello, pues esta no era una condición de existencia o
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