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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-08-16
Radicado
50001233100020080009201
Número interno
67250
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
Demandado
UNIÓN TEMPORAL GUAINÍA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental

Lo que dijo la Sala

En línea con una consolidada jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, la Sala confirmará la decisión de primera instancia. Lo anterior, pese a que llaman la atención varias actuaciones de las partes, como el hecho de que se haya liquidado el contrato en dos oportunidades.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El gobernador no requiere autorización previa de la Asamblea Departamental para celebrar un contrato de transacción, en línea con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, que establece que dicha autorización es excepcional y solo se requiere cuando el legislador lo disponga expresamente. La Sala confirma que la ausencia de una ordenanza que autorice al gobernador a celebrar la transacción no comporta la nulidad del contrato, ya que no existe una norma especial que lo exija. Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado respalda que los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos sin necesidad de una autorización particular de las asambleas departamentales, siempre y cuando no haya una disposición legal que establezca lo contrario. Esta regla reitera y confirma la interpretación del artículo 300, numeral 9, y tiene implicaciones importantes para la autonomía de los gobernadores en la celebración de contratos estatales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental para que el gobernador pueda celebrar un contrato de transacción?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿De conformidad con la legislación, los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos, sin previa autorización de la Asamblea Departamental?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Titulación de la relatoría 5.048 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ASAMBLEA DEPARTAMENTAL / FACULTAD DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PREVIA PARA ACTUAR / AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA DEL GOBERNADOR / ACTUACIONES QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / VALIDEZ DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / CONTRATO PRINCIPAL / CONTRATO ACCESORIO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD Problema jurídico: ¿Es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental para que el gobernador pueda celebrar un contrato de transacción? Respuesta al problema jurídico: No En línea con una consolidada jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, la Sala confirmará la decisión de primera instancia. Lo anterior, pese a que llaman la atención varias actuaciones de las partes, como el hecho de que se haya liquidado el contrato en dos oportunidades. Sin embargo, esta Corporación no puede estudiar este punto, ya que no fue objeto de las pretensiones de la demanda. […] Así pues, la aplicación de la referida interpretación jurisprudencial del artículo 300, numeral 9, constitucional al caso concreto implica concluir que al no existir una norma especial que exigiera una autorización previa de la Asamblea Departamental dirigida al gobernador para efectos de la celebración del contrato de transacción, suscrito entre el departamento de Guainía y la Unión Temporal Guainía, dicha autorización no constituía un requisito para la celebración del acuerdo de transacción. Por lo tanto, no hay lugar a declarar su nulidad. La ausencia de una ordenanza en la que se autorizara al gobernador a celebrar la transacción no comportaba la nulidad del contrato. En ese sentido, aclara la Sala que no comparte el argumento del Tribunal según el cual si el gobernador de la época tenía facultad para suscribir el negocio jurídico principal también la tendría para celebrar el contrato accesorio de transacción. Precisamente, el gobernador no requería de una autorización para suscribir la transacción. Tampoco es causal de nulidad del contrato que la transacción se hubiera celebrado luego de que el contrato de obra hubiera terminado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la interpretación del artículo 300 numeral 9 de la Constitución Política, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 22 de marzo de 1998, rad. 1077, C. P. Javier Henao Hidron; concepto de 5 de junio de 2008, rad. 1889, C. P. William Zambrano Cetina; concepto de 18 de mayo de 2016, rad. 2284, C. P. Álvaro Namén Vargas; Sección Primera, sentencia de 30 de enero de 2020, rad. 50001-23-33-000-2017-00266-01, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 300 NUMERAL 9 COMPETENCIA DEL GOBERNADOR / LÍMITES A LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DEL GOBERNADOR / ACTO DE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONTRATO ESTATAL / ASAMBLEA DEPARTAMENTAL / FACULTADES DEL GOBERNADOR / ACTUACIONES QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / LICITACIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿De conformidad con la legislación, los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos, sin previa autorización de la Asamblea Departamental? Respuesta al problema jurídico: Si A fin de determinar el alcance del artículo 300, numeral 9, superior, corresponde, necesariamente, realizar una interpretación armónica de varias disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico relativas a la autorización de gobernadores para suscribir contratos. En primer lugar, la ya referida autorización general contenida en el Estatuto General de Contratación Pública permite a los gobernadores dirigir licitaciones y celebrar contratos. Además, el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto dispone que el jefe de cada órgano tiene la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hace parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección; lo cual es aplicable a las entidades territoriales y, por tanto, a los gobernadores. Por último, el artículo 25, numeral 11, de la Ley 80 de 1993 señala expresamente que “las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación”. De conformidad con las normas citadas, en principio y por regla general, los gobernadores no requieren de una autorización particular por parte de las asambleas departamentales para poder celebrar cada uno de los contratos que vinculen a la administración departamental. El artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política exige una autorización excepcional, restringida a los contratos que el legislador someta expresamente a dicho requisito. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 300 NUMERAL 9, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 11
Texto extraído del PDF oficial 19.538 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 16 de agosto de 2022 Radicación: 50001-23-31-000-2008-00092-01 (67250) Demandante: Departamento de Guainía Demandada: Unión Temporal Guainía Referencia: Controversias contractuales Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – autorización requerida por los gobernadores para celebrar contratos. Síntesis del caso: un departamento celebró un contrato estatal y una vez terminado este, el contratista presentó una reclamación en la que solicitó el restablecimiento de su equilibrio económico. Luego, las partes celebraron una transacción en la que reconocieron una deuda a favor del particular. El departamento pidió que se declarara la nulidad de ese contrato. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia de 23 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda1. Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación 1.1. Posición de la parte demandante 1. El 28 de marzo de 2008, el departamento de Guainía presentó una demanda2, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra de la Unión Temporal Guainía, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe): 1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA). 2 F. 7-20 del cuaderno principal 1. Radicación: 50001-23-31-000-2008-00092-01 (67250) Demandante: Departamento de Guainía Demandada: Unión Temporal Guainía Referencia: controversias contractuales Decisión: confirma la Sentencia apelada __________________________________________________________________________ 2 de 7 “1. Que se declare nula el Acta del Comité de Conciliación y Defensa Judicial N° 013 de la Gobernación del Guainía de Diciembre 13 de 2007, por las falsedades inmersas en ese documento público, que a la vez se constituyó en fuente del Contrato de Transacción 388 de 2007. 2. Que se declare Nulo el Contrato de Transacción 388 de Diciembre 17 de 2007 celebrado entre el Departamento del Guainía y la Unión Temporal Guainía. 3. Que como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta que las partes no han recibido ni entregado cosa alguna con ocasión del Contrato de Transacción 388 de 2007, ordene la extinción de los derechos y obligaciones a que dio origen el mencionado contrato, produciendo los efectos de cosa juzgada entre las partes; e igualmente se ordene la liquidación del contrato sin adeudarse suma alguna entre las partes. 4. Que se condene a la Unión Temporal Guainía al pago de los gastos y costas del proceso, en que haya tenido que incurrir el Departamento del Guainía o su Representante judicial, para adelantar la presente gestión”. 2. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes: 3. 1) El 2 de junio de 2007, el departamento de Guainía y la Unión Temporal Guainía suscribieron el acta de liquidación del contrato de obra 35 de 2005, cuyo objeto fue “el mejoramiento del pavimento rígido de las vías de las calles 33 a 26 entre carreras 6ª y 7ª del municipio de Inírida”. 4. 2) Luego, el 29 de junio de 2007, la Unión Temporal solicitó al departamento el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por una presunta mayor permanencia en la obra. 5. 3) El 4 de octubre de 2007, las partes ce lebraron una nueva acta de liquidación, en la que dejaron constancia de la reclamación presentada por la contratista. 6. 4) Con ocasión de la referida reclamación, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del departamento de Guainía suscribió el acta 13 de 13 de diciembre de 2007, con base en la cual las partes celebraron el contrato de transacción 288 de 17 de diciembre de 2007, en el que el departamento reconoció una deuda de $ 567.148.823 a favor de la Unión Temporal. 7. A juicio de la actora, el contrato de transacción era nulo por haber sido suscrito por una persona absolutamente incapaz, ya que el gobernador no contaba con la autorización de la Asamblea Departamental para celebrarlo, de acuerdo con el artículo 300 superior, numeral 9 , que dispone que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas “autorizar al gobernador del Departamento para celebrar contratos”. Además, dicho contrato había sido suscrito sin el certificado de disponibilidad presupuestal. 8. El departamento también manifestó que el acta 13 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial estaba viciada de nulidad, pues en la reunión del Comité que dio lugar al acta no participó el funcionario de Control Interno, Radicación: 50001-23-31-000-2008-00092-01 (67250) Demandante: Departamento de Guainía Demandada: Unión Temporal Guainía Referencia: controversias contractuales Decisión: confirma la Sentencia apelada __________________________________________________________________________ 3 de 7 por lo que se contrarió el Reglamento del Comité. Por otra parte, el concepto técnico en el que el Comité sustentó su decisión no fue rendido por un funcionario público. Así pues, el contrato de transacción debería declararse nulo con ocasión de la declaratoria de nulidad del acto administrativo en el que se fundamentó. 1.2. Posición de la parte demandada 9. El 17 de octubre de 2017, la Unión Temporal Guainía contestó la demanda3 y formuló las excepciones de “caducidad de la acción”; “no interrupción de la caducidad”; “improcedencia del ejercicio de nulidad del acta de Comité de Conciliación y Defensa Judicia l”; “imposibilidad de ejercer control jurisdiccional sobre la cosa juzgada” e “indebido agotamiento del requisito de procedibilidad”. 1.3. Sentencia recurrida 10. El 23 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Arauca profirió la Sentencia de primera instancia4, en la que decidió (se trascribe): “PRIMERO.- DECLÁRENSE no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO.- NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. [...]”5. 11. En primer lugar, el Tribunal consideró que el contrato de transacción no era nulo por haber sido suscrito por una persona incapaz. En relación con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, el Tribunal citó el concepto de 18 de mayo de 2016 (exp. 2284) de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, según el cual (se trascribe): “La Ley 80 de 1993 constituye la autorización general que los gobernadores necesitan para contratar y que, en consecuencia, la autorización a que alude el artículo 300-9 de la Constitución solamente puede tener carácter excepcional y para los casos en que la ley lo exija expresamente. […] Tampoco en el nivel departamental es constitucionalmente admisible una interpretación de la atribución de las asambleas de ‘autorizar al gobernador del 3 F. 3-15 del cuaderno del Consejo de Estado. 4 Documento 7. Samai. 5 “TERCERO.- ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia. CUARTO.- ORDENAR que por Secretaria del Tribunal Administrativo del Meta, se liquiden los gastos del proceso y si lo hubiere, devolver al demandante el saldo respectivo. QUINTO.- ORDENAR que previas las anotaciones de rigor, por Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca: (i) Se remita copia de esta providencia por correo Electrónico si aparece registrado o postal- a las partes y al Ministerio Público con carácter de mera información. (i) Se devuelva el expediente al Tribunal Administrativo del Meta, para que prosigan los trámites procesales que correspondan, incluido el de notificación de la sentencia”. Radicación: 50001-23-31-000-2008-00092-01 (67250) Demandante: Departamento de Guainía Demandada: Unión Temporal Guainía Referencia: controversias contractuales Decisión: confirma la Sentencia apelada __________________________________________________________________________ 4 de 7 Departamento para celebrar contratos’ que supedite totalmente la actividad contractual del Departamento a nuevas autorizaciones generales o particulares de la asamblea departamental o que anule o de sin efecto las competencias que en esa materia se le confieren a los gobernadores”. 12. Con fundamento en el concepto citado, el Tribunal concluyó (se trascribe): “El gobernador de la época en ese caso en específico, no requería autorización previa de la Asamblea Departamental para suscribir el contrato de transacción No. 388 de 2007, en tanto que no se trató de un negocio jurídico que se ajustara a la excepción dentro de la regla general en materia de contratación asignada al representante legal del ente territorial. Además no debe pasarse por alto, que el contrato de transacción fue suscrito para transigir reclamaciones previstas dentro del contrato de obra No. 035 de 2005, es decir, que si el gobernador de la época tenía facultad para celebrar el negocio jurídico principal también lo tendría para el accesorio”. 13. En segundo lugar, el juez de primera instancia consideró que el contrato de transacción no era nulo porque carecía del certificado de disponibilidad presupuestal. Ello, pues esta no era una condición de existencia o

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012331000200800092011100103