Titulación de la relatoría 19.481 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ASUNTOS DE NATURALEZA MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / AUTORIDAD AMBIENTAL / ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL / ZONA DE RESERVA NATURAL / RECURSOS NATURALES / DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO
Problema jurídico:
¿La declaración del Río Subachoque y Pantano de Arce como un DMI, a través del Acuerdo 17 de 1997 dictado por la CAR, es suficiente para impedir el desarrollo de actividad minera en la zona, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 34 del Código de Minas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los DMI se constituyen así, a priori, como zonas excluibles de minería; exclusión que, sin embargo, puede exceptuarse , en las zonas de producción y recuperación así establecidas por la autoridad ambiental competente en el Plan de Manejo Integral, de acuerdo con el inciso final del artículo 34 del Código de Minas, el cual prevé que la autoridad minera puede autorizar que en tales zonas se adelanten actividades de esa naturaleza, con excepción de los parques nacionales naturales, “sólo por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de exclusión mineras”. De acuerdo con el derrotero normativo y jurisprudencial expuesto, se concluye que el DMI Río Subachoque y Pantano de Arce, cuya declaración como tal se realizó mediante Acuerdo 17 de 1997, se constituye como una zona “de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente” y, en consecuencia, se encuentra excluida de minería, en los términos del artículo 34 del Código de Minas, sin que —se itera— se exija para la aplicación de tal prohibición la existencia del Plan de Manejo Integrado o la declaración expresa de constituirla como zona excluible de tal actividad.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 34
RECURSOS NATURALES RENOVABLES / PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES / ÁREA PROTEGIDA / DELIMITACIÓN DE ÁREA PROTEGIDA / ÁREA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE / ÁREA DE PROTECCIÓN AL AGUA / ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE AGUA / NEGOCIO JURÍDICO / NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN / EXPLOTACIÓN DE LA MINA DE CARBÓN / YACIMIENTO DE CARBÓN / SUPERPOSICIÓN DE ÁREAS / DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO / INFRACCIÓN AMBIENTAL / NORMA AMBIENTAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La superposición existente, al momento de suscribir el contrato de concesión minera GC8-09F de 2006, entre una porción del área entregada y el DMI Río Subachoque y Pantano de Arce trae como consecuencia la nulidad absoluta del negocio jurídico referido por objeto ilícito, respecto del área concesionada que efectivamente se traslapa con la zona excluida de actividad minera?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sub examine se encuentra acreditada la existencia de una superposición del 0,552% entre el área concesionada al señor (…) para la exploración y explotación de un yacimiento de carbón ubicado en los municipios de Subachoque y San Francisco, mediante el titulo minero (…), y el Río Subachoque y Pantano de Arce, declarada como DMI mediante Acuerdo 17 de 1997. Así las cosas, forzoso resulta concluir que el contrato de concesión minera (…) adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, de conformidad con los artículos 6, 1519 y 1741 del CC, dado que, para la fecha de su celebración e inscripción, el Río Subachoque y Pantano de Arce ya había sido declarado como DMI, clasificación que (…), hace que esta sea considerada como una zona excluida de minería. Lo anterior, sin perjuicio de que el artículo 36 del Código de Minas disponga que “en los contratos de concesión se entenderán excluidas de pleno derecho, las zonas, terrenos y trayectos en los cuales está prohibida la actividad minera”. Exclusión que no requiere la declaración de autoridad alguna, “ni de mención expresa en los actos y contratos, ni de renuncia del proponente o concesionario a la mencionadas zonas y terrenos”. Esto por cuanto, a consideración de la Sala, la ineficacia de pleno derecho sobre la que trata la normativa en cita, solo podrá aplicarse en los eventos en que las estipulaciones contenidas en el contrato de concesión minera se vean afectadas por disposiciones imperativas dictadas con posterioridad al perfeccionamiento de dicho negocio jurídico, pues en caso contrario, se está en el estadio de la causal de nulidad por objeto ilícito, que se estructura desde la celebración del negocio jurídico, por la inobservancia de la normativa ambiental vigente para ese momento, circunstancia que descarta la imprevisión connatural de un hecho sobreviniente. (…) En atención a lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró “la nulidad absoluta por objeto ilícito de la cláusula 2ª del Contrato de concesión GC8-09F” [que especifica el área otorgada en concesión], parcialmente, respecto del área de la concesión que se superpone con el DMI Río Subachoque y Pantano de Arce”. Lo anterior, al considerar —de acuerdo con lo expuesto por el a quo y compartido por la Sala— que la nulidad absoluta declarada únicamente puede predicarse respecto del área concesionada que efectivamente se traslapa con la zona excluida de actividad minera, circunstancia que, a la postre, permite que se preserven los efectos del contrato, en cumplimiento del principio de conservación del negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema de la ineficacia de pleno derecho sobre las estipulaciones de las áreas comprendidas en un contrato de concesión minera consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 1º de junio de 2022, rad. 56007, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 36, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 6
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / ÁREA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE / REDELIMITACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL / DECLARACIÓN DE RESERVA FORESTAL / ZONA DE RESERVA FORESTAL / INDERENA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / FALTA DE PRUEBA / LICENCIA DE EXPLOTACIÓN MINERA / CUENCAS HÍDRICAS
Problema jurídico:
¿La parte demandada acreditó en el presente proceso que se hubiera expedido una licencia previa para adelantar las actividades de minería o que la autoridad minera hubiera dado su aval para ello en la zona de reserva forestal protectora productora Cuenca Alta del Río Bogotá?
Respuesta al problema jurídico: No
Descendiendo al caso concreto, se entrevé que aun cuando el MADS realinderó la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá mediante la Resolución 0138 de 2014, lo cierto es que la declaración de esta zona como Reserva Forestal y su consecuente alinderación fue realizada por el INDERENA, mediante el Acuerdo 030 de 1976. Por lo tanto, no cabe duda que para el momento en que se celebró y se inscribió el contrato de concesión minera GC8-09F, las consecuencias que de esa clasificación se desprendían ya le eran plenamente aplicables, entre ellas, la prohibición de realizar actividades mineras, de conformidad con el artículo 34 del Código de Minas. En suma, la parte demandada tampoco acreditó en el presente proceso que se hubiera expedido una licencia previa para adelantar estas actividades o que la autoridad minera hubiera dado su aval para ello.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 34
NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / SUPERPOSICIÓN DE ÁREAS / ÁREA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE / REDELIMITACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / EXPLOTACIÓN DE LA MINA DE CARBÓN / YACIMIENTO DE CARBÓN / TÍTULO MINERO / INDERENA / CUENCAS HÍDRICAS / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA
Problema jurídico:
¿Es procedente declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la cláusula 2ª del Contrato de concesión GC8-09F, parcialmente, respecto del área de la concesión que se superpone con la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sub examine se encuentra acreditada la existencia de una superposición del 1,246% entre el área concesionada al señor (…) para la exploración y explotación de un yacimiento de carbón ubicado en los municipios de Subachoque y San Francisco, mediante el titulo minero GC8-09F de 2006, y la Cuenca Alta del Río Bogotá, declarada como RFPP con el Acuerdo 030 de 1976 del INDERENA y realinderada a través de la Resolución 0138 de 2014 del MADS. Aparte, como se mencionó en precedencia, con la realinderación que tuvo lugar con esta última resolución, fue reducida el área de la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá, con respecto a la concebida inicialmente en el Acuerdo 030 de 1976. Es pues claro que, en el momento en el que fue suscritor el contrato de concesión minera GC8-09F de 26 de enero de 2006, una parte del área concesionada, que podría ser incluso mayor al 1,246%, estaba comprendida dentro de la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá. En consecuencia, el INGEOMINAS, con desconocimiento del Acuerdo 030 de 1976 del INDERENA suscribió el contrato de concesión minera GC8-09F; circunstancia por la cual dicho negocio jurídico adolece de nulidad por objeto ilícito, de conformidad con los artículos 6, 1519 y 1741 del CC, dado que, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, la prohibición de que en dicha zona se desarrollaran actividades mineras no se originó con posterioridad a la celebración de dicho negocio jurídico sino con antelación, y esta es una prohibición prevista en la normativa ambiental que, como tal, forma parte del derecho público patrio. En este sentido, resulta procedente confirmar la decisión de primera instancia que “declaró la nulidad absoluta por objeto ilícito de la cláusula 2ª del Contrato de concesión GC8-09F, parcialmente, respecto del área de la concesión que se superpone con la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá”. Lo anterior, bajo el argumento —expresado por el Tribunal a quo y compartido por este juzgador— de que el traslape acreditado no es total sino parcial, por lo cual la nulidad solo ha de decretarse respecto de las zonas concesionadas que se superponen con la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá, en aplicación del principio de conservación del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 6
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL BIEN DE USO PÚBLICO / PROPIEDAD DEL ESTADO / SUBSUELO / RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES / YACIMIENTO DE CARBÓN / MINA DE CARBÓN / EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN
Problema jurídico:
¿Es inoperante la figura de la caducidad del medio de control de controversias contractuales que involucra recursos naturales no renovables de exclusiva propiedad del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al tratarse de un asunto en el que se controvierte la validez de un contrato de concesión minera, cuyo objeto es la exploración y explotación de carbón mineral — catalogado como un recurso natural no renovable—, la Subsección resolverá el problema atinente al fondo de la litis, habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo preceptuado por los artículos 150 del CPACA y 293 del Código de Minas, y a la inoperancia de la figura de caducidad del medio de control de controversias contractuales en los casos como el presente, de conformidad con lo prescrito por el artículo 6 ejusdem y el parágrafo 1 del artículo 136 del CCA , disposición aplicable a esta controversia, en virtud de la jurisprudencia reiterada de la Corporación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad del medio de control de controversias contractuales en los que se involucran recursos naturales no renovables, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de enero 2016, rad. 28210, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 7 de noviembre de 2019, rad. 60686, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 3 de agosto de 2020, rad. 58710, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia del 20 de abril de 2022, rad. 58707, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 1º de junio de 2022, rad. 56007, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 PARÁGRAFO 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 293, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 6
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE TERCERO PROCESAL
Problema jurídico:
¿La CAR, la Agencia Nacional de Minería y la persona natural, se encuentran legitimadas para actuar en el presente proceso judicial de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tanto la CAR como la ANM están legitimados en la causa por activa y pasiva, respectivamente. La primera por acreditar un interés directo, en los términos de los artículos 289 del Código de Minas y 141 del CPACA, pues, como autoridad ambiental, tiene el deber constitucional de preservar el ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción. La segunda dado que, si bien el contrato de concesión objeto de la pretensión de nulidad fue suscrito por el INGEOMINAS, en la actualidad la ANM es la autoridad competente para asumir el presente proceso judicial, en virtud de las atribuciones establecidas en el Decreto 4134 de 2011. Finalmente, se encuentra demostrado que (…) actúa en calidad de tercero interesado, pues es el titular del contrato de concesión minera objeto de controversia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los deberes de la autoridad ambiental, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de septiembre de 2021, rad. 55979, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 3 de agosto de 2020, rad. 58710, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 20 de abril de 2022, rad. 58707, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 4134 DE 2011, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 289
EXPLORACIÓN MINERA / EXPLOTACIÓN DE LA MINA / RECURSOS MINEROS / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / RECURSOS NATURALES / ZONA DE RESERVA NATURAL / PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES / PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES / PARQUE NACIONAL NATURAL / PARQUE REGIONAL NATURAL / PARQUE NATURAL / ZONA DE RESERVA FORESTAL / AUTORIDAD AMBIENTAL / DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO
Problema jurídico:
¿Ante la ausencia de un Plan de Manejo Integral que determine la compatibilidad del área del Distrito de Manejo Integrado (DMI) con la actividad minera, se entiende que la minería se excluye de la totalidad del área que el DMI comprenda, en razón a la función de protección del ambiente que le está atribuida?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la exploración y la explotación de los recursos mineros en áreas protegidas, el artículo 34 del Código de Minas enunció las zonas excluibles de esta actividad (…). La anterior disposición legal permite establecer, grosso modo, la existencia de una prohibición de ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, tales como el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales, siempre que excluyan la actividad minera en forma expresa. De igual manera, la norma prevé que la autoridad minera tiene la facultad, previo cumplimiento de unos requisitos, de autorizar que, en las zonas referidas, con excepción de los parques, puedan adelantarse actividades mineras controladas. (…) [E]s claro que las categorías contempladas en el inciso 2 del artículo 34 del Código de Minas son enunciativas, no taxativas, razón por la cual la exclusión de la minería depende de las limitaciones que la autoridad ambiental imponga al área, de acuerdo con la ley. En los DMI, la exclusión de minería se determina según la categoría conferida por la autoridad ambiental al área del distrito, siendo inviable la minería cuando se trate de DMI de preservación, viable cuando existan antes de su declaración —bajo ciertas condiciones— en DMI de protección, y viable en los DMI de producción o recuperación. Sin embargo, como lo precisó la Sección Primera de esta Corporación y lo ha reiterado esta Subsección, ante la ausencia de un Plan de Manejo Integral que determine la compatibilidad del área del DMI con la actividad minera, se entiende que la minería se excluye de la totalidad del área que el DMI comprenda, en razón a la función de protección del ambiente que le está atribuida. (…) En esta línea, la Sección Tercera, en oportunidades anteriores, estableció que los DMI, en efecto, forman parte de las zonas declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de recursos naturales renovables, por lo que en los términos del artículo 34 del Código de Minas se constituyen como zonas excluibles de minería.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la constitucionalidad del artículo 34 de la ley 685 de 2001, ver: Corte Constitucional, sentencia C-339 de 7 de mayo de 2002. Con relación a la ausencia de un Plan de Manejo Integral que determine la compatibilidad del área de DMI con la actividad minera, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, rad. 2012-00044-00 (AP), C. P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 1 de junio de 2022, rad. 56007, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Subsección B, sentencia de 3 de agosto de 2020, rad. 58710, C. P. Alberto Montaña Plata; Subsección B, sentencia de 26 de julio de 2021, rad. 56001, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, rad. 58825, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 34
CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE / INTERÉS PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en eventos que se discute la protección del medio ambiente, que constituye un interés público?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte vencida, toda vez que en el presente proceso la CAR pretendía la protección del medio ambiente, que constituye un interés público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en costas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 9 de julio de 2021, rad. 57228, C. P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188