Radicado: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72865)
Demandante: Consorcio IE-JV
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Controversias contractuales
Radicación: 25000-23-36-000-2023-00413-01 (74.617)
Demandante: Consorcio Ibines
Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Salvamento de voto del Magistrado Diego Enrique Franco Victoria1
1. Con el acostumbrado respeto que profeso por las decisiones de la Sala, en esta
oportunidad no comparto el análisis y la conclusión de la mayoría en cuanto al proceder
de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI– respecto de las retenciones que efectuó
en los pagos que hizo al Consorcio demandante, por concepto de contribución especial
de obra pública y de estampilla pro-Universidad Nacional y otras universidades públicas.
Tampoco encuentro acertadas las afirmaciones que se incluyeron en la sentencia de la
cual discrepo, respecto de la idoneidad y alcance del medio de control de controversias
contractuales de cara a que, a través suyo, se planteen y estudien de fondo controversias
como la sub judice, en relación con el cumplimiento, por parte de las entidades estatales,
de la obligación de efectuar las retenciones a las que desde el punto de vista tributario
hay lugar en ejecución del contrato, de la forma como lo establezca la normatividad
vigente.
2. En el presente caso el Consorcio Ibines –en adelante, el Consorcio– demandó a la ANI,
a través del medio de control de controversias contractuales, con el fin de que se
declarara el incumplimiento del contrato que las partes denominaron de obra pública, a
raíz de que la ANI efectuó la retención por concepto de la contribución especial
consagrada en la Ley 1106 de 2006 y de la estampilla pro-Universidad Nacional y otras
universidades públicas prevista en la Ley 1697 de 2013, respecto de la totalidad del valor
del negocio jurídico, sin tener en cuenta que entre las prestaciones convenidas en su
contenido, coexistían actividades de obra pública propiamente dichas con otras de
naturaleza distinta que no se encontrarían comprendidas en los hechos previstos como
gravables por las normas reguladoras de las obligaciones tributarias en mención . El
tribunal de primera instancia había accedido parcialmente a las súplicas de la demanda
precisamente con base en la distinción, en el objeto contractual, entre las actividades de
obra efectivamente gravadas, de un lado y las de naturaleza distinta, de otra, no sujetas
a los gravámenes respectivos . La sentencia de la que me aparto revocó estas
determinaciones adoptadas por el a quo , por considerar que la ANI no incurrió en
incumplimiento alguno, en la medida en que, para la mayoría de la Sala, la Entidad
accionada se habría limitado a aplicar las estipulaciones contractuales en la materia ,
1 Incumplimiento contractual por indebida aplicación de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias a las
que se somete el contrato – Idoneidad del medio de control de controversias contractuales para ventilar tal clase de
litigios.
Radicado: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72865)
Demandante: Consorcio IE-JV
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incluidas en los parágrafos segundo y tercero de la cláusula séptima del contrato no. VE-
001-20192.
3. Para la mayoría de la Sala, en el presente caso “la ANI no desatendió ni desconoció
sus obligaciones contractuales por el hecho de haber efectuado las retenciones de los
tributos del orden nacional (Leyes 1106 de 2006 y 1697 de 2013) y territorial (Ley 14 de
1983) en los términos previstos en las normas impositivas y lo estipulado en el contrato;
por el contrario, su comportamiento se ajustó, precisamente, a las disposiciones legales
y a los documentos contractuales, por manera que no está acreditado o demo strado el
incumplimiento alegado en la demanda”. En apoyo de esta aseveración, adujo que “a
idéntica conclusión llegó esta misma Subsección en sentencias del 8 de septiembre de
2021, oportunidades en las cuales se concluyó, mutatis mutandis, que el IDU efectuó de
manera adecuada la retención por concepto de estampilla pro -Universidad Distrital
Francisco José de Caldas…3”.
4. Sobre este particular, se impone subrayar que los elementos del tributo solo pueden
tener fuente legal –primer inciso del artículo 338 de la Constitución Política4– y que los
acuerdos contractuales sobre impuestos no son oponibles a la administración tributaria –
artículo 553 del Estatuto Tributario5–, puesto que las partes no pueden disponer si se
causan o no. En el anterior orden de ideas, en el presente caso resultaba inexorable
analizar y tomar posición respecto de la naturaleza jurídica del contrato celebrado –si se
trataba de un contrato de obra, sin más o si en realidad la pactada por las partes fue una
modalidad negocial, típica o atípica, diversa– para analizar la existencia, o no, del hecho
2 Estipulaciones contractuales del siguiente tenor, según se transcribió en la sentencia a la que se refiere el presente
voto individual: “SÉPTIMA — VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato a suscribir es por la suma de NOVENTA
Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS
PESOS M/CTE ($96.118.496.306), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, de acuerdo con la propuesta
económica presentada por el CONTRATISTA a través de la plataforma SECOP II.
(…)
PARÁGRAFO SEGUNDO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. EL CONTRATISTA debe pagar todos los
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y
las actividades que de él se deriven . Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.
PARAGRAFO TERCERO: El presente contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010 y a la
Contribución Parafiscal Estampilla Pro- Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia.
(…)
El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones
relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato , el cronograma de pagos, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se
ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención , copiado, manejo y
almacenamiento de documentos, transporte, disponibilidad de instalaciones y elementos de oficina, gastos
administrativos, características de los equipos requeridos para la ejecución de sus labores, el régimen tributario a
que estará sometido el Contratista, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la
propuesta del contratista” (negrillas añadidas).
3 Nota original de la sentencia a la cual se refiere este salvamento de voto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 8 de septiembre de 2021, exp . 61.365 y 58.593, MP
Martín Bermúdez Muñoz.
4 Dispone lo siguiente el precepto superior en cita: “ En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley,
las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables,
y las tarifas de los impuestos”.
5 Norma que se transcribe a continuación: “Articulo 553. Los convenios entre particulares sobre impuestos no son
oponibles al fisco. Los convenios entre particulares sobre impuestos, no son oponibles al fisco”.
Radicado: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72865)
Demandante: Consorcio IE-JV
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generador de los tributos en cuestión, de acuerdo con lo establecido en l as normas
legales que los regulan –artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 6, respecto de la contribución
especial de obra pública y artículo 5 de la Ley 1697 de 20137, en relación con la estampilla
pro universidades públicas–.
5. La postura asumida en la sentencia de la que disiento , en el sentido de que debía
aplicarse la retención a la que da lugar cada una de las obligaciones tributarias en
cuestión sobre el valor total del contrato, con base en que así se estipuló en él y en que
al negocio se le dio la denominación de contrato de obra, implica dejar de lado que la
naturaleza jurídica del vínculo depende de sus elementos esenciales, los cuales
predominan respecto de la calificación que le hayan atribuido las partes, como lo explicó
la Sala en reciente pronunciamiento:
34. En relación con la anterior conclusión, la Sala destaca que la calificación o
tipificación contractual corresponde a una fase dentro del proceso de interpretación
contractual8, en la cual es el juez el que confronta el contenido real del contrato
(hechos, manifestaciones y conductas de las partes) con los modelos normativos
previstos por el ordenamiento jurídico, a fin de determinar a qué tipo contractual
corresponde el negocio jurídico celebrado por las partes. En esa operación el juez no
se limita a la denominación otorgada por los contratantes, es decir, la calificación no
se agota en un mero ejercicio nomina l9, sino que atiende a la naturaleza jurídica
efectiva del vínculo, permitiendo identificar si se trata de
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