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Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: en las sentencias de 2021 en cuestión no se discutió sobre la naturaleza o tipología del contrato

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Fecha
2026-10-05
Radicado
25000233600020230041301
Número interno
74617
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
Controversias contractuales
Actor
CONSORCIO IBINES
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO (HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: en las sentencias de 2021 en cuestión no se discutió sobre la naturaleza o tipología del contrato

Lo que dijo la Sala

Para la mayoría de la Sala, en el presente caso “la ANI no desatendió ni desconoció sus obligaciones contractuales por el hecho de haber efectuado las retenciones de los tributos del orden nacional (Leyes 1106 de 2006 y 1697 de 2013) y territorial (Ley 14 de 1983) en los términos previstos en las normas impositivas y lo estipulado en el contrato; por el contrario, su comportamiento se ajustó, precisamente, a las disposiciones legales y a los documentos contractuales, por manera que no está acreditado o demostrado el incumplimiento alegado en la demanda”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿La naturaleza mixta del contrato VE-001-2019, integrado por prestaciones propias de obra pública y actividades ajenas a esa tipología contractual, configura el incumplimiento de la ANI por aplicar retenciones tributarias sobre la totalidad de las prestaciones pactadas?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿La determinación del daño resarcible reclamado por el contratista exigía examinar los costos derivados de las obligaciones tributarias incluidos en su oferta y el tratamiento fiscal aplicado a las…
  • ¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para resolver las pretensiones relacionadas con las retenciones tributarias efectuadas por la ANI durante la ejecución del…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Consejo de Estado 2025-09-03 Sección Tercera (Subsección A)
Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato.
Consejo de Estado 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C)
A esta jurisdicción está adscrito este debate en sede judicial
Consejo de Estado 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A)
La entidad pública demandada estaba habilitada para liquidar de manera unilateral el contrato
Consejo de Estado 2022-04-22 Sección Tercera (Subsección A)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2023-03-24 Sección Tercera (Subsección C)
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A)
La entidad pública demandada respetó el debido proceso
Titulación de la relatoría 10.701 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO DE VOTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO ESTATAL / OBRA PÚBLICA / RETENCIÓN DEL TRIBUTO / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / IMPROCEDENCIA DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / ACTIVIDAD DE VIGILANCIA Y CELADURÍA / SEÑALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA / TRÁFICO VEHICULAR / TIPOLOGÍA DE CONTRATO Problema jurídico: ¿La naturaleza mixta del contrato VE-001-2019, integrado por prestaciones propias de obra pública y actividades ajenas a esa tipología contractual, configura el incumplimiento de la ANI por aplicar retenciones tributarias sobre la totalidad de las prestaciones pactadas? Respuesta al problema jurídico: Si Para la mayoría de la Sala, en el presente caso “la ANI no desatendió ni desconoció sus obligaciones contractuales por el hecho de haber efectuado las retenciones de los tributos del orden nacional (Leyes 1106 de 2006 y 1697 de 2013) y territorial (Ley 14 de 1983) en los términos previstos en las normas impositivas y lo estipulado en el contrato; por el contrario, su comportamiento se ajustó, precisamente, a las disposiciones legales y a los documentos contractuales, por manera que no está acreditado o demostrado el incumplimiento alegado en la demanda”. En apoyo de esta aseveración, adujo que “a idéntica conclusión llegó esta misma Subsección en sentencias del 8 de septiembre de 2021, oportunidades en las cuales se concluyó, mutatis mutandis, que el IDU efectuó de manera adecuada la retención por concepto de estampilla pro-Universidad Distrital Francisco José de Caldas…”. (...) Sobre este particular, se impone subrayar que los elementos del tributo solo pueden tener fuente legal –primer inciso del artículo 338 de la Constitución Política– y que los acuerdos contractuales sobre impuestos no son oponibles a la administración tributaria –artículo 553 del Estatuto Tributario–, puesto que las partes no pueden disponer si se causan o no. En el anterior orden de ideas, en el presente caso resultaba inexorable analizar y tomar posición respecto de la naturaleza jurídica del contrato celebrado –si se trataba de un contrato de obra, sin más o si en realidad la pactada por las partes fue una modalidad negocial, típica o atípica, diversa– para analizar la existencia, o no, del hecho generador de los tributos en cuestión, de acuerdo con lo establecido en las normas legales que los regulan –artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, respecto de la contribución especial de obra pública y artículo 5 de la Ley 1697 de 2013, en relación con la estampilla pro universidades públicas–. (...) La postura asumida en la sentencia de la que disiento, en el sentido de que debía aplicarse la retención a la que da lugar cada una de las obligaciones tributarias en cuestión sobre el valor total del contrato, con base en que así se estipuló en él y en que al negocio se le dio la denominación de contrato de obra, implica dejar de lado que la naturaleza jurídica del vínculo depende de sus elementos esenciales, los cuales predominan respecto de la calificación que le hayan atribuido las partes (...) En el anterior orden de ideas, si se tiene en cuenta que los elementos esenciales del contrato estatal de obra pública se describen en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (...) salta a la vista que varias de las prestaciones pactadas por las partes como objeto del contrato en el cual se origina la presente controversia –como las actividades de administración, vigilancia o control de tráfico– no encajan ni en la descripción legal de la tipología negocial en comento ni, por consiguiente, en la configuración de los hechos gravables prevista en las citadas normas legales que regulan las obligaciones impositivas que se viene de referir, según se desprende de la simple lectura de la cláusula primera del contrato (...) De este modo y sin que la interpretación que en específico para el presente caso se realiza en cuanto a la calificación de la naturaleza jurídica del contrato deba erigirse en parámetro hermenéutico aplicable de manera general, en mi criterio la entidad demandada sí incumplió la obligación tanto contractual como legal de realizar los pagos a los cuales el Consorcio contratista tenía derecho, efectuando las retenciones tributarias a las que había lugar solamente en los montos que debieron ser calculados en una recta interpretación de las disposiciones legales reguladoras de las obligaciones impositivas aplicables al contrato. Lo anterior en consideración a que analizada la verdadera naturaleza jurídica del contrato no. VE-001-2019, debe concluirse que no se trata de un típico contrato de obra pública, habida cuenta de que parte de las prestaciones en él pactadas no encuadra en los elementos esenciales del contrato de obra y no era susceptible de ser gravada con la contribución especial ni con la estampilla pro universidades públicas a las cuales se viene haciendo alusión. (...) Súmese a lo anterior que no resulta apropiada ni pertinente la invocación que la sentencia de la que aquí me separo realiza de lo analizado y decidido en dos sentencias proferidas por esta Sala de Subsección en el año 2021. Ello por cuanto los supuestos fácticos de los casos resueltos en estas sentencias no son análogos a los del asunto en esta oportunidad examinado, en tanto que en aquellos unas aseguradoras pidieron la nulidad de los actos administrativos que declararon el siniestro de indebida destinación del anticipo. (...) En efecto, mientras que en los litigios dirimidos mediante las dos sentencias aludidas se discutía si los tributos podían descontarse, o no, al girar el anticipo y si esas sumas formaban parte del riesgo asegurado, en el presente caso, en cambio, la discusión gira en torno a si parte de las actividades contractualmente pactadas –como las de administración, vigilancia, señalización o control de tráfico– configuran el hecho generador de la contribución especial y de la estampilla pro universidades públicas. En las sentencias de 2021 en cuestión no se discutió sobre la naturaleza o tipología del contrato –si era o no de obra–, mientras que en el asunto ahora sub judice, según se explicó, se debió analizar, precisamente, cuál es la naturaleza del contrato y, como consecuencia de ella, la existencia del hecho generador de las obligaciones tributarias respectivas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la integración del contrato por diferentes tipologías, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de mayo de 2013, exp. 25000-23-26-000-2000-00634-01(24221), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de marzo de 2016, exp. 25000-23-26-000-2003-00277-01(39223), C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2026, exp. 18001-23-40-000-2016-00187-01(70029), C.P. Diego Enrique Franco Victoria. Sobre los elementos de la esencia del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 14390, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 338, DECRETO LEY 624 DE 1989 - ARTÍCULO 553, LEY 1106 DE 2006, LEY 1106 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 1473 DE 1983, LEY 1697 DE 2013, LEY 1697 DE 2013 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 SALVAMENTO DE VOTO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / CONTRATISTA / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / PROPUESTA DEL PROPONENTE / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / DECLARACIÓN DE RENTA Problema jurídico: ¿La determinación del daño resarcible reclamado por el contratista exigía examinar los costos derivados de las obligaciones tributarias incluidos en su oferta y el tratamiento fiscal aplicado a las retenciones practicadas por la ANI? Respuesta al problema jurídico: Si De otro lado, en línea con cuanto se viene exponiendo en este voto disidente, la decisión de la que discrepo pasó por alto estudiar extremos que resultaban relevantes para desatar la controversia y establecer si existía, o no, un daño resarcible en favor del contratista como (i) si en la estructuración del ofrecimiento que presentó en el procedimiento de selección del contratista adelantado por la ANI, dentro de los costos de la propuesta, el ahora demandante calculó los derivados de obligaciones impositivas sobre el valor total del contrato o sólo sobre el importe de las prestaciones que en estricto sentido son de obra, o (ii) si el valor de las retenciones que practicó la ANI fue descontado por el contratista de su declaración de renta o de otras declaraciones tributarias SALVAMENTO DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RETENCIÓN DEL TRIBUTO / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para resolver las pretensiones relacionadas con las retenciones tributarias efectuadas por la ANI durante la ejecución del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Finalmente, no comparto las aseveraciones incluidas en la sentencia aprobada por la mayoría de la Sala, que dan a entender que el medio de control de controversias contractuales no fue adecuadamente escogido por el Consorcio demandante en el presente asunto y que debió haber acudido a uno diferente, pues como se deriva de haber estudiado de fondo las pretensiones de la demanda en este caso y como en este punto sí lo hizo la Sala en las dos sentencias de 2021 traídas a colación en la providencia de la cual disiento, el litigio que se planteó a la Jurisdicción en el proceso sub lite es de incuestionable naturaleza contractual y en modo alguno se desborda, al examinarlo y dirimirlo de fondo, el objeto o el alcance del cauce procesal que atinadamente escogió el Consorcio accionante en esta oportunidad. Si la conclusión de dicho análisis hubiere sido, como en mi criterio debió ser, que la ANI incumplió el contrato al efectuar retenciones tributarias por encima de las legalmente previstas y dicha Entidad trasladó las correspondientes sumas de dinero a la Administración tributaria, tendría a su alcance repetir contra ésta por lo transferido en exceso, sin necesidad de que las autoridades administrativas tributarias hubieran sido convocadas a un litigio de naturaleza contractual en el que ni fueron ni debieron ser parte.
Texto extraído del PDF oficial 27.121 caracteres
Radicado: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72865) Demandante: Consorcio IE-JV 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Medio de control: Controversias contractuales Radicación: 25000-23-36-000-2023-00413-01 (74.617) Demandante: Consorcio Ibines Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI Salvamento de voto del Magistrado Diego Enrique Franco Victoria1 1. Con el acostumbrado respeto que profeso por las decisiones de la Sala, en esta oportunidad no comparto el análisis y la conclusión de la mayoría en cuanto al proceder de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI– respecto de las retenciones que efectuó en los pagos que hizo al Consorcio demandante, por concepto de contribución especial de obra pública y de estampilla pro-Universidad Nacional y otras universidades públicas. Tampoco encuentro acertadas las afirmaciones que se incluyeron en la sentencia de la cual discrepo, respecto de la idoneidad y alcance del medio de control de controversias contractuales de cara a que, a través suyo, se planteen y estudien de fondo controversias como la sub judice, en relación con el cumplimiento, por parte de las entidades estatales, de la obligación de efectuar las retenciones a las que desde el punto de vista tributario hay lugar en ejecución del contrato, de la forma como lo establezca la normatividad vigente. 2. En el presente caso el Consorcio Ibines –en adelante, el Consorcio– demandó a la ANI, a través del medio de control de controversias contractuales, con el fin de que se declarara el incumplimiento del contrato que las partes denominaron de obra pública, a raíz de que la ANI efectuó la retención por concepto de la contribución especial consagrada en la Ley 1106 de 2006 y de la estampilla pro-Universidad Nacional y otras universidades públicas prevista en la Ley 1697 de 2013, respecto de la totalidad del valor del negocio jurídico, sin tener en cuenta que entre las prestaciones convenidas en su contenido, coexistían actividades de obra pública propiamente dichas con otras de naturaleza distinta que no se encontrarían comprendidas en los hechos previstos como gravables por las normas reguladoras de las obligaciones tributarias en mención . El tribunal de primera instancia había accedido parcialmente a las súplicas de la demanda precisamente con base en la distinción, en el objeto contractual, entre las actividades de obra efectivamente gravadas, de un lado y las de naturaleza distinta, de otra, no sujetas a los gravámenes respectivos . La sentencia de la que me aparto revocó estas determinaciones adoptadas por el a quo , por considerar que la ANI no incurrió en incumplimiento alguno, en la medida en que, para la mayoría de la Sala, la Entidad accionada se habría limitado a aplicar las estipulaciones contractuales en la materia , 1 Incumplimiento contractual por indebida aplicación de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias a las que se somete el contrato – Idoneidad del medio de control de controversias contractuales para ventilar tal clase de litigios. Radicado: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72865) Demandante: Consorcio IE-JV 2 incluidas en los parágrafos segundo y tercero de la cláusula séptima del contrato no. VE- 001-20192. 3. Para la mayoría de la Sala, en el presente caso “la ANI no desatendió ni desconoció sus obligaciones contractuales por el hecho de haber efectuado las retenciones de los tributos del orden nacional (Leyes 1106 de 2006 y 1697 de 2013) y territorial (Ley 14 de 1983) en los términos previstos en las normas impositivas y lo estipulado en el contrato; por el contrario, su comportamiento se ajustó, precisamente, a las disposiciones legales y a los documentos contractuales, por manera que no está acreditado o demo strado el incumplimiento alegado en la demanda”. En apoyo de esta aseveración, adujo que “a idéntica conclusión llegó esta misma Subsección en sentencias del 8 de septiembre de 2021, oportunidades en las cuales se concluyó, mutatis mutandis, que el IDU efectuó de manera adecuada la retención por concepto de estampilla pro -Universidad Distrital Francisco José de Caldas…3”. 4. Sobre este particular, se impone subrayar que los elementos del tributo solo pueden tener fuente legal –primer inciso del artículo 338 de la Constitución Política4– y que los acuerdos contractuales sobre impuestos no son oponibles a la administración tributaria – artículo 553 del Estatuto Tributario5–, puesto que las partes no pueden disponer si se causan o no. En el anterior orden de ideas, en el presente caso resultaba inexorable analizar y tomar posición respecto de la naturaleza jurídica del contrato celebrado –si se trataba de un contrato de obra, sin más o si en realidad la pactada por las partes fue una modalidad negocial, típica o atípica, diversa– para analizar la existencia, o no, del hecho 2 Estipulaciones contractuales del siguiente tenor, según se transcribió en la sentencia a la que se refiere el presente voto individual: “SÉPTIMA — VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato a suscribir es por la suma de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($96.118.496.306), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, de acuerdo con la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA a través de la plataforma SECOP II. (…) PARÁGRAFO SEGUNDO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven . Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. PARAGRAFO TERCERO: El presente contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010 y a la Contribución Parafiscal Estampilla Pro- Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia. (…) El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato , el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención , copiado, manejo y almacenamiento de documentos, transporte, disponibilidad de instalaciones y elementos de oficina, gastos administrativos, características de los equipos requeridos para la ejecución de sus labores, el régimen tributario a que estará sometido el Contratista, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la propuesta del contratista” (negrillas añadidas). 3 Nota original de la sentencia a la cual se refiere este salvamento de voto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 8 de septiembre de 2021, exp . 61.365 y 58.593, MP Martín Bermúdez Muñoz. 4 Dispone lo siguiente el precepto superior en cita: “ En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”. 5 Norma que se transcribe a continuación: “Articulo 553. Los convenios entre particulares sobre impuestos no son oponibles al fisco. Los convenios entre particulares sobre impuestos, no son oponibles al fisco”. Radicado: 68001-23-31-000-2011-00073-01 (72865) Demandante: Consorcio IE-JV 3 generador de los tributos en cuestión, de acuerdo con lo establecido en l as normas legales que los regulan –artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 6, respecto de la contribución especial de obra pública y artículo 5 de la Ley 1697 de 20137, en relación con la estampilla pro universidades públicas–. 5. La postura asumida en la sentencia de la que disiento , en el sentido de que debía aplicarse la retención a la que da lugar cada una de las obligaciones tributarias en cuestión sobre el valor total del contrato, con base en que así se estipuló en él y en que al negocio se le dio la denominación de contrato de obra, implica dejar de lado que la naturaleza jurídica del vínculo depende de sus elementos esenciales, los cuales predominan respecto de la calificación que le hayan atribuido las partes, como lo explicó la Sala en reciente pronunciamiento: 34. En relación con la anterior conclusión, la Sala destaca que la calificación o tipificación contractual corresponde a una fase dentro del proceso de interpretación contractual8, en la cual es el juez el que confronta el contenido real del contrato (hechos, manifestaciones y conductas de las partes) con los modelos normativos previstos por el ordenamiento jurídico, a fin de determinar a qué tipo contractual corresponde el negocio jurídico celebrado por las partes. En esa operación el juez no se limita a la denominación otorgada por los contratantes, es decir, la calificación no se agota en un mero ejercicio nomina l9, sino que atiende a la naturaleza jurídica efectiva del vínculo, permitiendo identificar si se trata de

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202300413011100103