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Consejo de Estado
Providencia
No se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual
Sentencia — Sentencia
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 76001233100020110129701
ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:
¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?
¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?
¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
Consejo de Estado
Concepto
No es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia".
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2022-08-26
Sala Consulta y Servicio Civil
EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ
Rad. 11001030600020220006600
CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia"? No
La entidad estatal que celebra negocios fiduciarios bajo el numeral 5º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se sujeta a las reglas de los encargos fiduciarios y de la fiducia pública, únicamente procedentes para objetos y plazos precisamente determinados. Los encargos fiduciarios tienen por objeto la administración o el manejo de recursos vinculados a contratos estatales, la fiducia pública no transfiere el dominio sobre bienes o recursos estatales y aplican las normas del Código de Comercio compatibles con la Ley 80 de 1993. Asimismo, las entidades señaladas en el numeral 1 del artículo 2 de dicha ley no pueden usar estos instrumentos para realizar actos que no pueda celebrar directamente el fideicomitente ni suscribir contratos de fiducia mercantil, salvo mandato legal expreso como el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011. De otro lado, los conceptos del numeral 7º del artículo 112 del CPACA, precisados por la Ley 2080 de 2021, no son obligatorios, pero facilitan precaver litigios o terminar los existentes mediante transacción, conciliación o arreglo.síntesis automática
También resuelve:
¿Los patrimonios autónomos derivados de los contratos de fiducia mercantil celebrados por FONVIVIENDA pueden asimilarse a una entidad estatal del orden nacional de las establecidas en el artículo 2…
¿Puede ser ampliado el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" vía decreto reglamentario pese a lo dispuesto en el artículo…
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Coldeportes
2016_11001-03-06-000-2015-00166-00_2271
2016-05-10
El contratista debe pagar la estampilla pro universidad nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia cuando celebra contratos interadministrativos de gerencia integral de proyectos con entidades del orden nacional, mientras que la entidad contratante no está obligada a pagar este tributo en contratos interadministrativos celebrados exclusivamente con entidades territoriales para cofinanciar proyectos de infraestructura deportiva. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en respuesta a una consulta presentada por COLDEPORTES, determinó que la suscripción de contratos interadministrativos de gerencia integral de proyectos entre COLDEPORTES, FONADE y entidades territoriales genera el pago de la estampilla, que debe ser abonada por FONADE en su calidad de contratista y retenida por COLDEPORTES como entidad contratante del orden nacional. Esta decisión matiza la interpretación previa de la naturaleza jurídica de estos contratos y sus implicaciones fiscales, estableciendo que la celebración de contratos interadministrativos para cofinanciar proyectos de infraestructura deportiva entre COLDEPORTES y entidades territoriales no genera el pago de la estampilla, mientras que la suscripción de contratos de gerencia integral de proyectos sí lo hace.síntesis automática
También resuelve:
Estampilla pro universidad nacional: naturaleza jurídica
Estampilla pro universidad nacional y demás universidades estatales de colombia: negocios jurídicos cuya celebración la causa
Coldeportes: naturaleza jurídica, función
Consejo de Estado
Providencia
No puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente
Sentencia — Sentencia
2026-10-05
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020230041301
Controversias contractuales
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición? No
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal?
¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública…
¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley
Sentencia — Sentencia
2024-11-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 15001233100020120006801
ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley? Sí
El término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales depende de si el contrato debe liquidarse y de cómo se liquida. Según el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el conteo inicia desde la firma del acta de liquidación bilateral, desde la ejecutoria del acto que aprueba la liquidación unilateral o, si ninguna se realizó, desde el vencimiento del plazo para liquidar. Los plazos supletorios de la Ley 80 de 1993 son de cuatro meses para la liquidación bilateral y de dos meses para la unilateral. Si la liquidación bilateral se firma dentro de los dos años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo inicia desde el día siguiente a la firma del acta. En el caso concreto la acción se ejerció dentro del término bienal y la decisión de primera instancia fue revocada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula sobre los plazos de liquidación y no sobre la fecha de terminación de la obra.síntesis automática
También resuelve:
¿El hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato, constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato?
¿Los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial, se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia…
¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por la contratista; y que, por causa de esto…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado
Sentencia — Sentencia
2026-10-05
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 25000233600020220001501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente…
¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión…
¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: en las sentencias de 2021 en cuestión no se discutió sobre la naturaleza o tipología del contrato
Salvamento voto — Salvamento de voto
2026-10-05
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020230041301
Controversias contractuales
¿La naturaleza mixta del contrato VE-001-2019, integrado por prestaciones propias de obra pública y actividades ajenas a esa tipología contractual, configura el incumplimiento de la ANI por aplicar retenciones tributarias sobre la totalidad de las prestaciones pactadas? Sí
Para la mayoría de la Sala, en el presente caso “la ANI no desatendió ni desconoció sus obligaciones contractuales por el hecho de haber efectuado las retenciones de los tributos del orden nacional (Leyes 1106 de 2006 y 1697 de 2013) y territorial (Ley 14 de 1983) en los términos previstos en las normas impositivas y lo estipulado en el contrato; por el contrario, su comportamiento se ajustó, precisamente, a las disposiciones legales y a los documentos contractuales, por manera que no está acreditado o demostrado el incumplimiento alegado en la demanda”.
También resuelve:
¿La determinación del daño resarcible reclamado por el contratista exigía examinar los costos derivados de las obligaciones tributarias incluidos en su oferta y el tratamiento fiscal aplicado a las…
¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para resolver las pretensiones relacionadas con las retenciones tributarias efectuadas por la ANI durante la ejecución del…