Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: incluye una disposición particular en relación con los contratos estatales
Lo que dijo la Sala
En relación con las consideraciones relativas a que "el principio de la buena fe contractual" impone al contratista la carga de dejar constancias o salvedades en los actos contractuales (prorrogas, modificaciones etc) distintos a la liquidación bilateral, considero que las mismas no son correctas porque no tienen en cuenta las disposiciones legales aplicables. Sin que exista texto legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones. La ley solo establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral que se suscribe luego de que el contrato ha terminado.
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Problema jurídico
¿Se puede exigir al contratista dejar salvedades en las modificaciones contractuales como un presupuesto para la prosperidad de sus pretensiones, en aplicación del principio de la buena fe contractual?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿La pretensión de liquidación judicial puede resultar desfavorable a los intereses de quien la solicitó en la demanda?
- ¿Está prohibido que el contratista renuncie al ejercicio de las acciones dirigidas a las reclamaciones derivadas de las modificaciones y suspensiones contractuales?
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Titulación de la relatoría 5.988 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACLARACIÓN DE VOTO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Se puede exigir al contratista dejar salvedades en las modificaciones contractuales como un presupuesto para la prosperidad de sus pretensiones, en aplicación del principio de la buena fe contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con las consideraciones relativas a que "el principio de la buena fe contractual" impone al contratista la carga de dejar constancias o salvedades en los actos contractuales (prorrogas, modificaciones etc) distintos a la liquidación bilateral, considero que las mismas no son correctas porque no tienen en cuenta las disposiciones legales aplicables. Sin que exista texto legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones. La ley solo establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral que se suscribe luego de que el contrato ha terminado. Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 dispone que al contratista no se le puede imponer "la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste". En consecuencia, entender que el silencio equivale a una renuncia, implica desconocer esta disposición. Esta norma también protege el acceso a la administración de justicia, la cual se ve restringida cuando se presume que la parte en un contrato renuncia a realizar una reclamación judicialmente, porque no hace una salvedad. También incluye una disposición particular en relación con los contratos estatales, con el objeto de proteger los derechos del contratista y el interés público vinculado con la realización del contrato. Considero que no se puede permitir que una entidad le cierre el paso a la reclamación del contratista. No puede considerarse que esta renuncia a una reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que el contratista pudo haber sufrido con la modificación o suspensión del contrato. Este es precisamente el alcance del numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Esta orientación no se justifica solo en posibilidad de salvar el contrato; también está justificada en el hecho de que una de las partes contractuales, la entidad, posee facultades excepcionales que le corresponde controlar al juez del contrato. La ley precisamente pretende limitar los privilegios provenientes de la lógica propia de estos contratos. Lo que se está haciendo con la afirmación contenida en las consideraciones es desconocer las disposiciones legales a las que están sujetos los contratistas mediante la aplicación de un "principio", en este caso el "principio de buena fe". En virtud de ese principio, el juez decide – en la sentencia – que el contratista debía dejar salvedades en las prórrogas y por no hacerlo ahora tiene como sanción que no puede reclamar. Las partes están sujetas a la ley no a los "principios" mediante los cuales los jueces ex – post, terminan creando reglas que ellas no conocían y suprimiendo su derecho a reclamar.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3
ACLARACIÓN DE VOTO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La pretensión de liquidación judicial puede resultar desfavorable a los intereses de quien la solicitó en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
De otra parte, en lo relacionado con la liquidación judicial del contrato de obra No. 66, no comparto la consideración expuesta para revocar la condena impuesta en la sentencia de primera instancia. Para justificar esta decisión se indicó, entre otros razonamientos, que el demandante no pretendió expresamente el reconocimiento de la diferencia entre el valor ejecutado y el valor efectivamente pagado por la entidad demandada. En este punto es preciso resaltar que en sentencia del 26 de julio de 20211 con ponencia de este despacho, esta Subsección señaló que la pretensión de liquidación judicial de un contrato estatal podría tener un resultado adverso a la misma parte que la solicitó. El juez debe realizar el cruce de cuentas final del contrato y, si las pruebas demuestran la existencia de un saldo a favor del demandado, debe proceder a su reconocimiento, independientemente de que ello resulte adverso a los intereses de la parte que solicitó la liquidación judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 26 de julio de 2021. CP Martín Bermúdez Muñoz. Radicación número: 68001-23-31-000-1999-02305-01(48508).
ACLARACIÓN DE VOTO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Está prohibido que el contratista renuncie al ejercicio de las acciones dirigidas a las reclamaciones derivadas de las modificaciones y suspensiones contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo que respecta al análisis de la mayor permanencia en la obra, no comparto la consideración consistente en que para negar esta reclamación se hubiera tenido en cuenta, entre otros, que el contratista renunció expresamente a las reclamaciones económicas derivadas de la suspensión del Contrato. Ello, porque el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 prohíbe que el contratista renuncie al ejercicio de las acciones dirigidas a reclamar por las consecuencias que le generen las modificaciones y suspensiones del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3
Texto extraído del PDF oficial 9.186 caracteres
1
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Alberto montaña Plata
Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
Referencia: Controversias contractuales
Tema: No se puede exigir al contratista dejar salvedades en las
modificaciones contractuales como un presupuesto para la
prosperidad de sus pretensiones, en aplicación del principio de la
<<buena fe contractual>>. La pretensión de liquidación judicial
puede resultar desfavorable a los intereses de quien la solicitó.
Está prohibida la renuncia a las reclamaciones derivadas de las
modificaciones y suspensiones contractuales.
Aclaración de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz
Aunque comparto la decisión de modificar la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la demanda, aclaro mi voto porque no comparto
varias de las consideraciones expuestas en la parte motiva de la sentencia
proferida el 4 de mayo de 2022.
1.- En relación con las consideraciones relativas a que <<el principio de la buena
fe contractual>> impone al contratista la carga de dejar constancias o salvedades
en los actos contractuales (prorrogas, modificaciones etc) distintos a la
liquidación bilateral, considero que las mismas no son correctas porque no tienen
en cuenta las disposiciones legales aplicables. Sin que exista texto legal que lo
sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el
desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales,
así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios
modificatorios o suspensiones. La ley solo establece este requisit o respecto del
acta de liquidación bilateral que se suscribe luego de que el contrato ha
terminado.
2
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
1.1.- Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley
80 de 1993 dispone que al contratista no se le puede imponer <<la renuncia,
desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones
por parte de éste >>. En consecuencia, entender que el silencio equivale a una
renuncia, implica desconocer esta disposición.
1.2.- Esta norma también protege el acceso a la administración de justicia, la cual
se ve restringida cuando se presume que la parte en un contrato renuncia a
realizar una reclamación judicialmente, porque no hace una salvedad. También
incluye una disposición particular en relación con los contratos estatales , con el
objeto de proteger los derechos del contratista y el interés público vinculado con
la realización del contrato.
1.3.- Considero que no se puede permitir que una entidad le cierre el paso a la
reclamación del contratista. No puede considerarse que esta renuncia a una
reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que
el contratista pudo haber sufrido con la modificación o suspensión del contrato.
Este es precisamente el alcance d el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de
1993.
1.4.- Esta orientación no se justifica solo en posibilidad de salvar el contrato ;
también está justificada en el hecho de que una de las partes contractuales, la
entidad, posee facultades excepcionales que le corresponde controlar al juez del
contrato. La ley precisamente pretende limitar l os privilegios provenientes de la
lógica propia de estos contratos.
1.5.- Lo que se está haciendo con la afirmación contenida en las consideraciones
es desconocer las disposiciones legales a las que están sujetos los contratistas
mediante la aplicación de un <<principio>>, en este caso el <<principio de buena
fe>>. En virtud d e ese principio, el juez decide – en la sentencia – que el
contratista debía dejar salvedades en las prórrogas y por no hacerlo ahora tiene
como sanción que no puede reclamar. Las partes están sujetas a la ley no a los
<<principios>> mediante los cuales los jueces ex – post, terminan creando reglas
que ellas no conocían y suprimiendo su derecho a reclamar.
1.6.- Eduardo D’ Acosta hace los siguientes comentarios doctrinales que aplican
a este tipo de decisiones:
<<Aplicar un principio legal es conocer e l punto de partida, pero nunca el
punto final. Es un camino aleatorio hacia un destino incierto. De hecho, la
teoría de los principios presenta al Poder Judicial un “cheque en blanco”:
dadas las innumerables alternativas para determinar el alcance de un
determinado principio, el juez tiene el megapoder de elegir cuál aplicar.
3
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
<<Es evidente que el juez no aplica adecuadamente el principio jurídico,
sino una de sus “posibilidades deontológicas de determinación”. De todos
modos, el juez aplica una norma legal, que él mismo crea y elige
unilateralmente como “lo más oportuno y conveniente” para el caso
concreto. En este sentido, el juez retoma atribuciones inconstitucionales y
se desvincula de la ley promulgada por los legisladores elegidos
democráticamente. Todo ello demuestra que la principología constituye
una de las mayores amenazas a la democracia, ya que la omnilateralidad
objetiva democrática del derecho es reemplazada por la unilateralidad
subjetivo aristocrática del juez.
<< Con esto, la autonomí a de la ley se corrompe por completo. Como
efecto colateral no deseado, se sumerge en un mar turbulento de profunda
inseguridad doctrinal-jurisprudencial (invocación de principios implícitos de
dudosa validez, metodologías heterodoxas ad hoc, ponderación de juicios
intransitables al control objetivo -racional, argumentos non sequitur,
retórica exagerada basada en consignas, controversias jurisprudenciales
invencibles, fluidez conceptual, babelismo doctrinal, confusión entre
modelos lege lata y modelos lege f erenda , decisionismo judicial,
usurpación sistémica de funciones ajenas por parte del poder judicial,
derrotabilidad judicial de las leyes, moralismo sentimental, politización
judicial, ideologización de jueces, etc.).
<<En un intento por controlar este indeterminismo insoportable, en vano
se ha hecho una apuesta complementaria: el precedencia . Esta es la
llamada “teoría de los precedentes obligatorios” Independientemente de
cualquier disposición constitucional, están tratando de fundar en Brasil un
"estado de jurisdicción judicial" en lugar de un estado legislativo
parlamentario.. Después de todo, si la ley es un sistema de principios y si
los principios se aplican mediante elecciones, es necesario que las "cortes
supremas" arbitren las "mejores" opcion es e impongan coercitivamente a
la observancia de todos. Todo sucede como si la textualidad jurídico -
normativa fuera un producto semielaborado que sólo puede concluirse
mediante jurisprudencia vinculante>>
2.- De otra parte, en lo relacionado con la liquidación judicial del contrato de obra
No. 66, no comparto la consideración expuesta para revocar la condena impuesta
en la sentencia de primera instancia. Para justificar esta decisión se indicó, entre
otros razonamientos, que el demandante no pretendió expresamente el
reconocimiento de la diferencia entre el valor ejecutado y el valor efectivamente
pagado por la entidad demandada.
4
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
2.1.- En este punto es preciso resaltar que en sentencia del 26 de julio de 2021 1
con ponencia de este despacho, esta Subsección señaló que la pretensión de
liquidación judicial de un contrato estatal podría tener un resultado adverso a la
misma parte que la solicitó. El juez debe realizar el cruce de cuentas final del
contrato y , si las pruebas demuestran la existencia de un saldo a favor del
demandado, debe proceder a su reconocimiento , independientemente de que
ello resulte adverso a los intereses de la parte que solicitó la liquidación judicial.
3.- En lo que respecta al análisis de la mayor permanencia en la obra, no
comparto la consideración consistente en que para negar esta reclamación se
hubiera tenido en cuenta, entre otros, que el contratista renunció expresamente
a las reclamaciones económicas derivadas de la suspensión del Contrato.
3.1.- Ello, porque el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 prohíbe que el
contratista renuncie al ejercicio de las acciones dirigidas a reclamar por las
consecuencias que le generen las modificaciones y suspensiones del contrato.
Fecha ut supra,
Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia
del 26 de julio de 2021. CP Martín Bermúdez Muñoz. Radicación número: 68001-23-31-000-1999-02305-
01 (48508).