Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (DEBER DEL ESTADO DE GARANTIZAR PROTECCIÓN DE LA FAMILIA) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: incluye una disposición particular en relación con los contratos estatales

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-05-04
Radicado
25000233600020150268701
Número interno
60779
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Y OTRO
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU., ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -UDU-

Síntesis de la providencia

Aclaración de voto: incluye una disposición particular en relación con los contratos estatales

Lo que dijo la Sala

En relación con las consideraciones relativas a que "el principio de la buena fe contractual" impone al contratista la carga de dejar constancias o salvedades en los actos contractuales (prorrogas, modificaciones etc) distintos a la liquidación bilateral, considero que las mismas no son correctas porque no tienen en cuenta las disposiciones legales aplicables. Sin que exista texto legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones. La ley solo establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral que se suscribe luego de que el contrato ha terminado.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Se puede exigir al contratista dejar salvedades en las modificaciones contractuales como un presupuesto para la prosperidad de sus pretensiones, en aplicación del principio de la buena fe contractual?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿La pretensión de liquidación judicial puede resultar desfavorable a los intereses de quien la solicitó en la demanda?
  • ¿Está prohibido que el contratista renuncie al ejercicio de las acciones dirigidas a las reclamaciones derivadas de las modificaciones y suspensiones contractuales?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C)
No hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra
Consejo de Estado 2023-07-27 Sección Tercera (Subsección C)
Acción de controversias contractuales: Sentencia Unificación
Consejo de Estado 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C)
A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial
Consejo de Estado 2022-05-20 Sección Tercera (Subsección A)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Consejo de Estado 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B)
El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes
Consejo de Estado 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A)
El cargo de la apelación resulta infundado
Titulación de la relatoría 5.988 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACLARACIÓN DE VOTO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Se puede exigir al contratista dejar salvedades en las modificaciones contractuales como un presupuesto para la prosperidad de sus pretensiones, en aplicación del principio de la buena fe contractual? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con las consideraciones relativas a que "el principio de la buena fe contractual" impone al contratista la carga de dejar constancias o salvedades en los actos contractuales (prorrogas, modificaciones etc) distintos a la liquidación bilateral, considero que las mismas no son correctas porque no tienen en cuenta las disposiciones legales aplicables. Sin que exista texto legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones. La ley solo establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral que se suscribe luego de que el contrato ha terminado. Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 dispone que al contratista no se le puede imponer "la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste". En consecuencia, entender que el silencio equivale a una renuncia, implica desconocer esta disposición. Esta norma también protege el acceso a la administración de justicia, la cual se ve restringida cuando se presume que la parte en un contrato renuncia a realizar una reclamación judicialmente, porque no hace una salvedad. También incluye una disposición particular en relación con los contratos estatales, con el objeto de proteger los derechos del contratista y el interés público vinculado con la realización del contrato. Considero que no se puede permitir que una entidad le cierre el paso a la reclamación del contratista. No puede considerarse que esta renuncia a una reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que el contratista pudo haber sufrido con la modificación o suspensión del contrato. Este es precisamente el alcance del numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Esta orientación no se justifica solo en posibilidad de salvar el contrato; también está justificada en el hecho de que una de las partes contractuales, la entidad, posee facultades excepcionales que le corresponde controlar al juez del contrato. La ley precisamente pretende limitar los privilegios provenientes de la lógica propia de estos contratos. Lo que se está haciendo con la afirmación contenida en las consideraciones es desconocer las disposiciones legales a las que están sujetos los contratistas mediante la aplicación de un "principio", en este caso el "principio de buena fe". En virtud de ese principio, el juez decide – en la sentencia – que el contratista debía dejar salvedades en las prórrogas y por no hacerlo ahora tiene como sanción que no puede reclamar. Las partes están sujetas a la ley no a los "principios" mediante los cuales los jueces ex – post, terminan creando reglas que ellas no conocían y suprimiendo su derecho a reclamar. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3 ACLARACIÓN DE VOTO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La pretensión de liquidación judicial puede resultar desfavorable a los intereses de quien la solicitó en la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si De otra parte, en lo relacionado con la liquidación judicial del contrato de obra No. 66, no comparto la consideración expuesta para revocar la condena impuesta en la sentencia de primera instancia. Para justificar esta decisión se indicó, entre otros razonamientos, que el demandante no pretendió expresamente el reconocimiento de la diferencia entre el valor ejecutado y el valor efectivamente pagado por la entidad demandada. En este punto es preciso resaltar que en sentencia del 26 de julio de 20211 con ponencia de este despacho, esta Subsección señaló que la pretensión de liquidación judicial de un contrato estatal podría tener un resultado adverso a la misma parte que la solicitó. El juez debe realizar el cruce de cuentas final del contrato y, si las pruebas demuestran la existencia de un saldo a favor del demandado, debe proceder a su reconocimiento, independientemente de que ello resulte adverso a los intereses de la parte que solicitó la liquidación judicial. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 26 de julio de 2021. CP Martín Bermúdez Muñoz. Radicación número: 68001-23-31-000-1999-02305-01(48508). ACLARACIÓN DE VOTO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Está prohibido que el contratista renuncie al ejercicio de las acciones dirigidas a las reclamaciones derivadas de las modificaciones y suspensiones contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si En lo que respecta al análisis de la mayor permanencia en la obra, no comparto la consideración consistente en que para negar esta reclamación se hubiera tenido en cuenta, entre otros, que el contratista renunció expresamente a las reclamaciones económicas derivadas de la suspensión del Contrato. Ello, porque el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 prohíbe que el contratista renuncie al ejercicio de las acciones dirigidas a reclamar por las consecuencias que le generen las modificaciones y suspensiones del contrato. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3
Texto extraído del PDF oficial 9.186 caracteres
1 Radicado: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779) Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Consejero Ponente: Alberto montaña Plata Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779) Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU Referencia: Controversias contractuales Tema: No se puede exigir al contratista dejar salvedades en las modificaciones contractuales como un presupuesto para la prosperidad de sus pretensiones, en aplicación del principio de la <<buena fe contractual>>. La pretensión de liquidación judicial puede resultar desfavorable a los intereses de quien la solicitó. Está prohibida la renuncia a las reclamaciones derivadas de las modificaciones y suspensiones contractuales. Aclaración de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz Aunque comparto la decisión de modificar la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, aclaro mi voto porque no comparto varias de las consideraciones expuestas en la parte motiva de la sentencia proferida el 4 de mayo de 2022. 1.- En relación con las consideraciones relativas a que <<el principio de la buena fe contractual>> impone al contratista la carga de dejar constancias o salvedades en los actos contractuales (prorrogas, modificaciones etc) distintos a la liquidación bilateral, considero que las mismas no son correctas porque no tienen en cuenta las disposiciones legales aplicables. Sin que exista texto legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones. La ley solo establece este requisit o respecto del acta de liquidación bilateral que se suscribe luego de que el contrato ha terminado. 2 Radicado: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779) Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes 1.1.- Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 dispone que al contratista no se le puede imponer <<la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste >>. En consecuencia, entender que el silencio equivale a una renuncia, implica desconocer esta disposición. 1.2.- Esta norma también protege el acceso a la administración de justicia, la cual se ve restringida cuando se presume que la parte en un contrato renuncia a realizar una reclamación judicialmente, porque no hace una salvedad. También incluye una disposición particular en relación con los contratos estatales , con el objeto de proteger los derechos del contratista y el interés público vinculado con la realización del contrato. 1.3.- Considero que no se puede permitir que una entidad le cierre el paso a la reclamación del contratista. No puede considerarse que esta renuncia a una reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que el contratista pudo haber sufrido con la modificación o suspensión del contrato. Este es precisamente el alcance d el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 1.4.- Esta orientación no se justifica solo en posibilidad de salvar el contrato ; también está justificada en el hecho de que una de las partes contractuales, la entidad, posee facultades excepcionales que le corresponde controlar al juez del contrato. La ley precisamente pretende limitar l os privilegios provenientes de la lógica propia de estos contratos. 1.5.- Lo que se está haciendo con la afirmación contenida en las consideraciones es desconocer las disposiciones legales a las que están sujetos los contratistas mediante la aplicación de un <<principio>>, en este caso el <<principio de buena fe>>. En virtud d e ese principio, el juez decide – en la sentencia – que el contratista debía dejar salvedades en las prórrogas y por no hacerlo ahora tiene como sanción que no puede reclamar. Las partes están sujetas a la ley no a los <<principios>> mediante los cuales los jueces ex – post, terminan creando reglas que ellas no conocían y suprimiendo su derecho a reclamar. 1.6.- Eduardo D’ Acosta hace los siguientes comentarios doctrinales que aplican a este tipo de decisiones: <<Aplicar un principio legal es conocer e l punto de partida, pero nunca el punto final. Es un camino aleatorio hacia un destino incierto. De hecho, la teoría de los principios presenta al Poder Judicial un “cheque en blanco”: dadas las innumerables alternativas para determinar el alcance de un determinado principio, el juez tiene el megapoder de elegir cuál aplicar. 3 Radicado: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779) Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes <<Es evidente que el juez no aplica adecuadamente el principio jurídico, sino una de sus “posibilidades deontológicas de determinación”. De todos modos, el juez aplica una norma legal, que él mismo crea y elige unilateralmente como “lo más oportuno y conveniente” para el caso concreto. En este sentido, el juez retoma atribuciones inconstitucionales y se desvincula de la ley promulgada por los legisladores elegidos democráticamente. Todo ello demuestra que la principología constituye una de las mayores amenazas a la democracia, ya que la omnilateralidad objetiva democrática del derecho es reemplazada por la unilateralidad subjetivo aristocrática del juez. << Con esto, la autonomí a de la ley se corrompe por completo. Como efecto colateral no deseado, se sumerge en un mar turbulento de profunda inseguridad doctrinal-jurisprudencial (invocación de principios implícitos de dudosa validez, metodologías heterodoxas ad hoc, ponderación de juicios intransitables al control objetivo -racional, argumentos non sequitur, retórica exagerada basada en consignas, controversias jurisprudenciales invencibles, fluidez conceptual, babelismo doctrinal, confusión entre modelos lege lata y modelos lege f erenda , decisionismo judicial, usurpación sistémica de funciones ajenas por parte del poder judicial, derrotabilidad judicial de las leyes, moralismo sentimental, politización judicial, ideologización de jueces, etc.). <<En un intento por controlar este indeterminismo insoportable, en vano se ha hecho una apuesta complementaria: el precedencia . Esta es la llamada “teoría de los precedentes obligatorios” Independientemente de cualquier disposición constitucional, están tratando de fundar en Brasil un "estado de jurisdicción judicial" en lugar de un estado legislativo parlamentario.. Después de todo, si la ley es un sistema de principios y si los principios se aplican mediante elecciones, es necesario que las "cortes supremas" arbitren las "mejores" opcion es e impongan coercitivamente a la observancia de todos. Todo sucede como si la textualidad jurídico - normativa fuera un producto semielaborado que sólo puede concluirse mediante jurisprudencia vinculante>> 2.- De otra parte, en lo relacionado con la liquidación judicial del contrato de obra No. 66, no comparto la consideración expuesta para revocar la condena impuesta en la sentencia de primera instancia. Para justificar esta decisión se indicó, entre otros razonamientos, que el demandante no pretendió expresamente el reconocimiento de la diferencia entre el valor ejecutado y el valor efectivamente pagado por la entidad demandada. 4 Radicado: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779) Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes 2.1.- En este punto es preciso resaltar que en sentencia del 26 de julio de 2021 1 con ponencia de este despacho, esta Subsección señaló que la pretensión de liquidación judicial de un contrato estatal podría tener un resultado adverso a la misma parte que la solicitó. El juez debe realizar el cruce de cuentas final del contrato y , si las pruebas demuestran la existencia de un saldo a favor del demandado, debe proceder a su reconocimiento , independientemente de que ello resulte adverso a los intereses de la parte que solicitó la liquidación judicial. 3.- En lo que respecta al análisis de la mayor permanencia en la obra, no comparto la consideración consistente en que para negar esta reclamación se hubiera tenido en cuenta, entre otros, que el contratista renunció expresamente a las reclamaciones económicas derivadas de la suspensión del Contrato. 3.1.- Ello, porque el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 prohíbe que el contratista renuncie al ejercicio de las acciones dirigidas a reclamar por las consecuencias que le generen las modificaciones y suspensiones del contrato. Fecha ut supra, Firmado electrónicamente MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Magistrado 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 26 de julio de 2021. CP Martín Bermúdez Muñoz. Radicación número: 68001-23-31-000-1999-02305- 01 (48508).

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502687011100103