Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: puede el Juez de segunda instancia pronunciarse sobre asuntos que no son objeto del recurso de apelación
Lo que dijo la Sala
[Se pone de presente] lo anti- técnico que resulta que, en una sentencia cuya ratio decidendi consiste en que la pretensión de anular un contrato que ya está terminado carece de objeto, se dedique un acápite de la providencia a estudiar la validez del contrato de concesión… para concluir que está acreditada la ilicitud de su objeto… la Sentencia [estudia] el argumento del Tribunal según el cual la nulidad procede porque no se dispuso la entrega del bien y se efectúen algunas consideraciones sobre los efectos de la renuncia a los contratos de concesión minera, pese a que estos dos puntos no hicieron parte del recurso de apelación interpuesto por la ANM.
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Problema jurídico
¿Puede el Juez de segunda instancia pronunciarse sobre asuntos que no son objeto del recurso de apelación?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿La renuncia aceptada y la anulación de un contrato de tracto sucesivo producen los mismos efectos jurídicos?
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Titulación de la relatoría 4.794 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / FUNCIONES DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PROHIBICIÓN AL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CONTENIDO DE LA SENTENCIA / REVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / DEMOSTRACIÓN DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA INCONGRUENTE
Problema jurídico:
¿Puede el Juez de segunda instancia pronunciarse sobre asuntos que no son objeto del recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[Se pone de presente] lo anti- técnico que resulta que, en una sentencia cuya ratio decidendi consiste en que “la pretensión de anular un contrato que ya está terminado carece de objeto”, se dedique un acápite de la providencia a estudiar la validez del contrato de concesión (...) para concluir que “está acreditada la ilicitud de su objeto (…) la Sentencia [estudia] el argumento del Tribunal según el cual “la nulidad procede porque no se dispuso la entrega del bien” y se efectúen algunas consideraciones sobre los efectos de la renuncia a los contratos de concesión minera, pese a que estos dos puntos no hicieron parte del recurso de apelación interpuesto por la ANM. El artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) –aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)– establece claramente que el juez de segunda instancia únicamente puede pronunciarse “sobre los argumentos expuestos por el apelante”. En todo caso, inclusive si se obviara la incongruencia puesta de presente, estimo que, si en la demanda se hubiera pretendido “la entrega del bien”, no habría tenido que demandarse el acto administrativo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
SALVAMENTO DE VOTO / EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / NULIDAD DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La renuncia aceptada y la anulación de un contrato de tracto sucesivo producen los mismos efectos jurídicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a providencia objeto de salvamento de voto parte de una premisa que me impedía acompañar la decisión adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala: considerar que el único efecto de la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico es el extintivo de las obligaciones en él contenidas a que hace referencia el numeral 8 del artículo 1625 del Código Civil. Al respecto, y sin desconocer que “la declaración de nulidad” es un modo de extinción de las obligaciones, basta con señalar que, tanto este efecto, como su función de ser un reproche a la vulneración del ordenamiento jurídico, derivan de su esencia –pasada por alto en la Sentencia de 26 de enero de 2022–: la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico es, antes que cualquier otra cosa, su expulsión del ordenamiento jurídico, su aniquilamiento retroactivo, como “si no hubiese existido el acto o contrato nulo”. (…) Esta equiparación entre los efectos de “la renuncia aceptada” y los de “la anulación de un contrato de tracto sucesivo” pierde de vista una diferencia no menor, y es que los derechos y obligaciones surgidos antes de la aceptación de la renuncia al contrato no desaparecen, lo que sí ocurriría con ocasión de su declaratoria de nulidad. Por último y en el mismo sentido, estimo desacertada la afirmación contenida en (…) la providencia objeto de salvamento de voto. Contrario a lo allí sostenido, considero –retomando las palabras de la mayoría de los integrantes de la Sala– que “de todos modos es necesario anular” los contratos terminados por la aceptación de su renuncia, al igual que los actos administrativos de carácter general posteriormente derogados, “porque es posible que haya[n] producido efectos mientras estuv[ieron] vigente[s]” –declaratoria de nulidad que, valga decirlo, se extiende a los actos producidos en vigencia de los contratos, incluidos aquellos que aceptan la renuncia a ellos.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625 NUMERAL 8
Texto extraído del PDF oficial 8.020 caracteres
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Martín Bermúdez Muñoz
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01794-01 (56.414)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR)
Demandada: Agencia Nacional de Minería (ANM)
Referencia: controversias contractuales
Salvamento de voto de Alberto Montaña Plata
Enseguida, presento las razones por las que salvo mi voto en la Sentencia de
26 de enero de 2022, mediante la cual la Sala revocó la decisión de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
resolvió declararse inhibida “de pronunciarse”, con fundamento en que “el
concesionario renunció al contrato y la renuncia fue aceptada por un acto
administrativo expedido por la entidad concedente”:
1. Antes que nada, no puedo dejar de llamar la atención sobre lo anti -
técnico que resulta que, en una sentencia cuya ratio decidendi consiste en
que “la pretensión de anular un contrato que ya está terminado carece de
objeto”1, se dedique un acápite de la providencia a estudiar la validez del
contrato de concesión No. IK9-16053 para concluir que “está acreditada la
ilicitud de su objeto” 2 –conclusión que, por lo demás, compar to
plenamente–.
2. Lo mismo debo decir del hecho de que en los párrafos 21 y siguientes de
la Sentencia de 26 de enero de 2022 se estudie el argumento del Tribunal
según el cual “la nulidad procede porque no se dispuso la entrega del bien”
y se efectúen algunas consideraciones sobre los efectos de la renuncia a los
contratos de concesión minera, pese a que e stos dos puntos no hicieron
parte del recurso de apelación interpuesto por la ANM. El artículo 328 del
Código General del Proceso (CGP) –aplicable por remisión del artículo 3063
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) – establece claramente que el juez de segunda
instancia únicamente puede pronunciarse “sobre los argumentos expuestos
por el apelante”. En todo caso, inclusive si se obviara la incongruencia
puesta de presente, estimo que, si en la demanda se hubiera pretendido “la
entrega del bien”, no habría tenido que demandarse el acto administrativo
1 En la sentencia se afirma textualmente (se trascribe): “para la Sala no es posible pronunciarse sobre la validez del
contrato de concesión”.
2 En otros apartes de la providencia se afirma (se trascribe): “es claro que el contrato estaba afectado de nulidad
absoluta” y “el contrato adolece parcialmente de nulidad por objeto ilícito en los términos de los artículos 1519 y
17412 del Código Civil”.
3 Artículo 306: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo”.
Radicación: 25000-23-36-000-2013-01794-01 (56.414)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Demandado: Agencia Nacional de Minería (ANM)
Referencia: controversias contractuales
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mediante el cual la ANM aceptó la renuncia al contrato de concesión, pues
su validez nada tiene que ver con la restitución del área entregada en
concesión.
3. De otra parte, y ya en relación con la inhibición, debo manifestar que la
providencia objeto de salvamento de voto parte de una premisa que me
impedía acompañar la decisión adoptada por la mayoría de los integrantes
de la Sala: considerar que el único efecto de la declaratoria de nulidad de
un negocio jurídico es el extintivo de las obligaciones en él contenidas a que
hace referencia el numeral 8 del artículo 1625 del Código Civil.
4. Al respecto, y sin desconocer que “la declaración de nulidad” es un modo
de extinción de las obligaciones, basta con señalar que, tanto este efecto,
como su función de ser un reproche a la vulneración del ordenamiento
jurídico, derivan de su esencia –pasada por alto en la Sentencia de 26 de
enero de 2022–: la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico es, ante s
que cualquier otra cosa , su expulsión del ordenamiento jurídico , su
aniquilamiento retroactivo, como “si no hubiese existido el acto o contrato
nulo”.
5. Según se lee en la Sentencia de 26 de enero de 2022 , comoquiera que
“la consecuencia legal de (…) la anulación de un contrato de tracto
sucesivo”4 es “similar a la que se genera cuando el contrato finaliza (…) por
el común acuerdo de las partes” 5, y que en contratos de tracto sucesivo –
como el que ocupó la atención de la Sala– no es posible restituir a las partes
“al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato
nulo” y los efectos de la declaratoria de nulidad se proyect an hacia futuro
(se trascribe): “carece de objeto que la Sala se pronuncie sobre la nulidad
de un contrato que está terminado: la extinción de l as obligaciones ya
operó por otra causal de terminación del vínculo jurídico y ella fue regulada
por un acto administrativo en firme”. Esta equiparación entre los efectos de
“la renuncia aceptada” y los de “la anulación de un contrato de tracto
sucesivo” pierde de vista una diferencia no menor, y es que los derechos y
obligaciones surgidos antes de la aceptación de la renuncia al contrato no
desaparecen, lo que sí ocurriría con ocasión de su declaratoria de nulidad6.
6. Por último y en el mismo sentido, estimo desacertada la afirmación
contenida en el párrafo 20 de la providencia objeto de salvamento de
voto7. Contrario a lo allí sostenido, considero –retomando las palabras de la
4 “[E]l efecto de la anulación de un contrato de tracto sucesivo es darlo por terminado”.
5 “El efecto de la renuncia aceptada del contrato es darlo por finalizado”.
6 Un ejemplo de esto es que cualquiera de las partes de un contrato terminado por la aceptación de su renuncia
puede solicitar que se declare el incumplimiento contractual –por situaciones anteriores a ello, claro está –. En
cambio, las partes de un contrato anulado no pueden pretender lo mismo, puesto que la existencia de un contrato
válido es presupuesto del incumplimiento contractual.
7 “20.- La necesidad de pronunciarse sobre la anulación de un contrato no puede tratarse de la misma manera
como la jurisprudencia trata la anulación de un acto administrativo de carácter general que ya ha sido derogado.
En estos casos, se ha señalado que de todos modos es necesario anularlo porque es posible que haya producido
efectos mientras estuvo vigente. La ley regula especialmente lo relativo a los efectos producidos por el contrato
que se anula, razón por la cual son sus disposiciones las que deben aplicarse en tal caso. Cuando el juez se
pronuncia sobre un contrato particular y concreto, si está probado que dejó de producir efectos legales porque
se aceptó la renuncia, no es procedente hacer ningún pronunciamiento sobre sus efectos”.
Radicación: 25000-23-36-000-2013-01794-01 (56.414)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Demandado: Agencia Nacional de Minería (ANM)
Referencia: controversias contractuales
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mayoría de los integrantes de la Sala – que “de todos modos es necesario
anular” los contratos terminados por la aceptación de su renuncia, al igual
que los actos administrativos de ca rácter general posteriormente
derogados, “porque es posible que haya [n] producido efectos mientras
estuv[ieron] vigente[s]” –declaratoria de nulidad que, valga decirlo, se
extiende a los actos producidos en vigencia de los contratos, incluidos
aquellos que aceptan la renuncia a ellos–.
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado