CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00144-01 (63086)
Demandantes: Sociedad Inare Ltda. y otros
Demandado: Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A.
Referencia: Controversias contractuales
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las providencias de la Sala, presento las razones
que me conducen a salvar de forma parcial el voto frente a la sentencia adoptada
en el asunto de la referencia.
La Subsección asumió como punto de partida que, en los eventos en que se reclama
la indemnización de los perjuicios ocasionados por la nulidad del acto de
adjudicación y del contrato celebrado, respecto del oferente que debió ser
seleccionado como adjudicatario, la falta de acreditación del monto de la utilidad
frustrada conduce a que esta se determine en equidad, calculándola en un 5 % del
valor total de la propuesta p or él presentada , en comparación con el presupuesto
oficial1.
Esta conclusión fue construida -en el caso concreto - sobre estas premisas: (i) el
dictamen pericial aportado no está fundado en soportes contables, financieros o
empresariales; (ii) la fijación de la utilidad -realizada por el perito- no es un elemento
objetivo que emane de la propuesta presentada en el marco de la licitación; y ( iii)
cuando no existe demostración suficiente de la utilidad esperada se puede acudir a
las reglas de la experiencia para determinar su monto razonable.
Me aparto de la anterior argumentación pues descansa sobre un razonamiento
implícito que no comparto de cara a importantes principios del derecho proce sal.
Esta inferencia consiste en que, cuando la parte promotora fracasa en la
demostración de los supuestos fácticos de su reclamación, particularmente , en la
cuantificación de los perjuicios pretendida, corresponde al juez suplir esa deficiencia
mediante el sentido común. Considero que esa postura, además de implicar
eventualmente el relevar a la demandante del cumplimiento de su carga de la
prueba, también podría comprometer las garantías de defensa y contradicción del
convocado al litigio , al imponer una cuantificación que no fue objeto de debate
suasorio en las oportunidades dispuestas para esto.
1 “El valor de la propuesta fue $19.648’762.996, mientras que el presupuesto oficial se fijó en $26.680’000.000.
Es decir, el primero monto era menor y, por consiguiente, la actora asumió una utilidad en igual proporción, tal
como lo ha definido la Sala a tra vés de una regla de tres. Por consiguiente, el 3.7% de la propuesta
($19.648’762.996) equivale a $727’004.231. Esta cifra se actualizará…”.
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00144-01 (63086)
Demandante: Sociedad Inare Ltda. y otros
Demandado: Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A.
Referencia: Controversias contractuales
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Recuérdese que, según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil 2 -norma
en vigor para el momento en que se promovió la demanda-, corresponde a las partes
demostrar los supuestos fácticos de los preceptos normativos que consagran el
efecto que persiguen3. En desarrollo de este mandato corresponde a quien reclama
de una indemnización comprobar, tanto los elementos de la responsabilidad
atribuida, como la cuantía de su reparación.
Ahora bien, si a pesar de demostrar los supuestos del débito indemnizatorio no logró
probarse el quantum de la reparación, el legislador estableció como remedio proferir
una condena en abstracto 4, con el fin de que , en trámite incidental, se establezca
su monto preciso, siguiendo las bases señaladas en la sentencia de condena5.
En aplicación de esta directriz en el presente caso, y ante el fracaso de la actividad
probatoria destinada a demostrar la utilidad cuyo resarcimiento fue reclamado,
hecho expresamente reconocido en la providencia aprobada, la solución adecuada
consistía en condenar de forma ge nérica y definir su concreción para el trámite
ulterior. Ello habría permitido mantener en cabeza de la demandante la carga de
acreditar la cuantía de su menoscabo, a la vez que se habría asegurado que todas
las partes intervinieran en el debate probatorio con pleno respeto de sus derechos
de defensa, contradicción y debido proceso.
En lugar de lo anterior, la sentencia de la Subsección acudió a una regla de
experiencia, a pesar de que, en mi criterio, la demandante contaba con los medios
probatorios idóneos para demostrar el aspecto cuya acreditación se echó de menos.
Así se desprende del hecho de que hubiera aportado un dictamen pericial al proceso,
lo que revela la disponibilidad de la información necesaria para reconstrui r su
modelo financiero y establecer, entre otros componentes, la utilidad proyectada de
acuerdo con su propuesta económica.
Luego, la demandante no cumplió, en mi sentir, con su carga probatoria , al no
allegar los soportes financieros que permitieran iden tificar y discriminar, dentro del
rubro de “ Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU)”, el último de los
componentes; y por anexar un estudio técnico que carecía de la solidez técnica
2 Aplicable a los asuntos contenciosos administrativos por el canon 168 del Código Contencioso Administrativo:
“En l os procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten
compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad
de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración” (énfasis no original).
3 Refiriéndose a la carga de la prueba, la doctrina explica que “ es una regla para el juzgador o regla de juicio,
porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su
decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria
por falta de prueba, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos” (DEVIS ECHANDÍA,
Hernando. Compendio de la Prueba Judicial, Tomo I, Rubinzal-Culzoni Editores, p. 196 y 197).
4 Artículo 193 del CCA: “ Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes,
impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma
genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos
en este Código y en el Código de Procedimiento Civil…”.
5 La Subsección tiene dicho que, cuando “se encuentra demostrado el daño material y la imputación a la entidad
demandada”, pero “no existen elementos técnicos suficientes que permitan fijar el monto del perjuicio” y “con el
fin de evitar una reparación desproporcionada ”, procede emitir “una condena en abstracto respecto del daño
emergente, la cual deberá ser liquidada en incidente posterior de conformidad con el artículo 193 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2025, rad. 71541).
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00144-01 (63086)
Demandante: Sociedad Inare Ltda. y otros
Demandado: Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A.
Referencia: Controversias contractuales
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necesaria, pues fue elaborado por un experto sin formación contable o financiera,
circunstancia que impedía conferir certeza y fuerza demostrativa a sus conclusiones.
Es cierto que la equidad constituye un criterio al que puede acudirse para garantizar
la reparación integral6. Sin embargo, su aplicación se vincula a aquellos eventos en
los que la parte, pese a haber desplegado todas las gestiones razonablemente
exigibles, se enfrenta a una imposibilidad objetiva e insuperable para acreditar el
perjuicio o cuantificarlo7. Tal situación, en mi criterio, no se presenta en este caso,
por las razones ya expuestas, que conviene sintetizar para mayor claridad: (i) la
demandante aportó con la demanda un dictamen pericial, circunstancia que permite
inferir que contaba con la información necesaria para realizar un estudio sobre las
utilidades esperadas; (ii) en su condición de autora de la propuesta, era razonable
esperar que conservara bajo su custodia los documentos que contenían las
proyecciones financieras correspondientes; y (iii) las deficiencias probatorias del
dictamen pericial le son plenamente atribuibles.
Fecha ut supra,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: este salvamento parcial fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
6 Artículo 16 de la ley 446 de 1998: “ Valoración de daños . Dentro de cualquier proceso que se surta ante la
Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios
de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
7 “El art. 16 de la Ley 446 de 1998 establece que ‘[d]entro de cualquier pro ceso que se surta ante la
Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios
de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. En ese mismo sentido, el inciso
final del art. 283 del CGP señala que “[e]n todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los
principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales’. Estas normas no
r
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.