Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (APELACIÓN DEL AUTO QUE NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto Unificación

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2020-10-02
Radicado
25000232600020090013101
Número interno
42003
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA. GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA
Demandado
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto Unificación

Lo que dijo la Sala

Considero que el primer aspecto que debió estudiar la Sala –y que no hizo– fue determinar si con la aceptación de la oferta –suscrita por la entidad demandada– se perfeccionó o no el contrato estatal y, por lo tanto, si la pretensión de nulidad absoluta del mismo estaba correctamente formulada. En mi criterio con dicho acto –sea administrativo o civil, para este efecto no importa la naturaleza– se perfeccionó el contrato estatal, regido primordialmente por el derecho privado, porque, como lo explica extensamente la providencia, esta actuación administrativa de la entidad demandada se regía por el derecho privado, de manera que en ese sistema jurídico –no así en la Ley 80 de 1993– la “oferta” del elegido y la “aceptación” de la entidad hicieron surgir, ipso iure, el contrato, el mismo día en el que se aceptó la oferta, porque ese día se unieron las voluntades, en un acto bilateral.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Con la aceptación de la oferta –suscrita por la entidad demandada– se perfeccionó o no el contrato estatal y, por lo tanto, si la pretensión de nulidad absoluta del mismo estaba correctamente formulada?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿La aceptación de una oferta no es un acto administrativo?
  • ¿La sentencia erró al advertir que la entidad demandada no actuó con buena fe exenta de culpa durante la invitación a presentar propuestas…
  • ¿La posición adoptada por la Sala en realidad desconoce, en relación con la contratación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y sus actos precontractuales…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A)
Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.
Consejo de Estado 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B)
Debido a que el Municipio es una entidad estatal y no se observa ninguna causa, se trata de un contrato sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Consejo de Estado 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B)
La Sala confirmará la decisión adoptada en primera instancia
Consejo de Estado 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A)
Es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y carece de objeto cualquier análisis de los argumentos de apelación dirigidos a desvirtuar la aplicación de esta figura.
Consejo de Estado 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C)
Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales
Consejo de Estado 2022-10-21 Sección Tercera (Subsección A)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Titulación de la relatoría 8.673 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO DE VOTO / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / ACEPTACIÓN DE LA OFERTA / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Con la aceptación de la oferta –suscrita por la entidad demandada– se perfeccionó o no el contrato estatal y, por lo tanto, si la pretensión de nulidad absoluta del mismo estaba correctamente formulada? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onsidero que el primer aspecto que debió estudiar la Sala –y que no hizo– fue determinar si con la aceptación de la oferta –suscrita por la entidad demandada– se perfeccionó o no el contrato estatal y, por lo tanto, si la pretensión de nulidad absoluta del mismo estaba correctamente formulada. En mi criterio con dicho acto –sea administrativo o civil, para este efecto no importa la naturaleza– se perfeccionó el contrato estatal, regido primordialmente por el derecho privado, porque, como lo explica extensamente la providencia, esta actuación administrativa de la entidad demandada se regía por el derecho privado, de manera que en ese sistema jurídico –no así en la Ley 80 de 1993– la “oferta” del elegido y la “aceptación” de la entidad hicieron surgir, ipso iure, el contrato, el mismo día en el que se aceptó la oferta, porque ese día se unieron las voluntades, en un acto bilateral. Así, el medio de control empleado por el demandante fue el adecuado: controversias contractuales. Y si se observa la demanda, el demandante no ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho –aunque una de las pretensiones fue la nulidad del acto de aceptación de la oferta–, como puede observarse en el proceso. […] [D]ado que en el presente caso efectivamente hubo una decisión que, en línea con lo señalado en la sentencia de la cual me aparto, correspondió a un acto precontractual y, además fue demandado el contrato resultante de la adjudicación, considero que la acción procedente sí era la contractual ejercida por el demandante, y no la de reparación directa. SALVAMENTO DE VOTO / ACEPTACIÓN DE LA OFERTA / ACTO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿La aceptación de una oferta no es un acto administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si [D]ebo enfrentar toda la lógica del análisis que finalmente asumió la Sala, que se resume en considerar que la aceptación de una oferta no es un acto administrativo. En este sentido, independientemente del contenido de las decisiones tomadas por las entidades estatales -aparte, obviamente, de las legislativas y las jurisdiccionales-, considero que mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa éstas se pronuncian a través de actos administrativos, puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los órganos del Estado. […] De acuerdo con lo anterior, algunas entidades descentralizadas, bien pueden llevar a cabo actividades industriales o comerciales y de gestión económica, pero ello no significa que no ejerzan también función administrativa. En este sentido, y dejando a salvo el argumento expresado en el primer numeral de esta escrito, la Sala se equivoca, profundamente, al indicar que si una entidad pública se rige por el derecho privado, en alguna de sus actuaciones administrativas, entonces sus actos son privados –civiles o mercantiles–. Esta ecuación es incorrecta, porque una cosa es el régimen jurídico-sustantivo aplicable a un tema, materia o actuación administrativa, y otra, la naturaleza de los actos en los que se materializa la decisión que adopta la Administración. […] Adicionalmente, la circunstancia de que las decisiones de ciertas entidades estatales se sometan, materialmente, a normas de derecho privado, no se traduce en la desaparición de su naturaleza de organismos integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público, que, como tal, ejerce principalmente una función administrativa -de ejecución de la Constitución y la ley- en la toma de todas sus decisiones, las cuales deben guardar la forma de acto administrativo, instrumento de gestión administrativa por excelencia, que garantiza la posibilidad de ejercer un correcto control de la legalidad de sus actuaciones. SALVAMENTO DE VOTO / OFERTA / OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Problema jurídico: ¿La sentencia erró al advertir que la entidad demandada no actuó con buena fe exenta de culpa durante la invitación a presentar propuestas, y que la aceptación de la oferta que resultó seleccionada vulneró los principios de la función administrativa de igualdad, imparcialidad y transparencia pues no tomó ninguna decisión relacionada con dicha actuación ni con la legalidad del contrato porque no se demostró la afectación del interés negativo del demandante? Respuesta al problema jurídico: Si La sentencia de la cual me aparto, a pesar de advertir que la entidad demandada no actuó con buena fe exenta de culpa durante la invitación a presentar propuestas, y que la aceptación de la oferta que resultó seleccionada vulneró los principios de la función administrativa de igualdad, imparcialidad y transparencia, no tomó ninguna decisión relacionada con dicha actuación ni con la legalidad del contrato porque no se demostró la afectación del interés negativo del demandante […]. Es decir que, a pesar de advertirse una actuación ilegal de la administración, por considerarse en la sentencia que la decisión de adjudicación no constituyó un acto administrativo, dicha ilegalidad no tuvo consecuencia alguna, porque no se probaron los perjuicios por parte del demandante. Es lamentable llegar a esa conclusión –que la decisión fue irregular– y que no se haya protegido al demandante, y adicionalmente al ordenamiento jurídico, para corregir la conducta de la Administración. SALVAMENTO DE VOTO / ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRINCIPIO DE EFICACIA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA / PRINCIPIO DE CELERIDAD Problema jurídico: ¿La posición adoptada por la Sala en realidad desconoce, en relación con la contratación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y sus actos precontractuales, principios de la función administrativa como los de eficacia, economía y celeridad, al admitir que los afectados en procesos de contratación adelantados por dichas entidades excluidas de la Ley 80 de 1993, tienen dos años para demandar, cuando pretendan reclamar por decisiones que se hayan tomado en el ámbito de los procesos de selección de contratistas que adelantan esas entidades? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onsidero que la posición adoptada por la Sala en realidad desconoce, en relación con la contratación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y sus actos precontractuales, principios de la función administrativa como los de eficacia, economía y celeridad, al admitir que los afectados en procesos de contratación adelantados por dichas entidades excluidas de la Ley 80 de 1993, tienen dos años para demandar, cuando pretendan reclamar por decisiones que se hayan tomado en el ámbito de los procesos de selección de contratistas que adelantan esas entidades. Mientras que las entidades sometidas a la Ley 80, que adjudican, sin lugar a dudas, a través de actos administrativos, gozan de la seguridad jurídica que les brinda el término de 4 meses, para que tales actos sean demandados por quienes resulten inconformes con la decisión. Si lo que se busca al excluir a esas entidades de la aplicación de la Ley 80 es brindarles más competitividad en el mercado, más agilidad en sus actuaciones, no se ve en qué las afecta afirmar que sus decisiones se toman a través de actos administrativos, si, finalmente, en la medida en que provoquen inconformidad y controversia, serán demandadas –como lo hacen los particulares entre sí-, caso en el cual resulta más preciso el cuestionamiento de sus actuaciones, si se enmarcan dentro de la teoría del acto administrativo, como debe ser, en tanto quien actúa y decide en tales casos, finalmente, es la Administración Pública, el Estado, a través de uno de sus órganos administrativos, por más que este último esté ejerciendo una actividad industrial o comercial.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200900131011100103