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Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

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Fecha
2020-09-16
Radicado
25000232600020090013101
Número interno
42003
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA. GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA
Demandado
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

Lo que dijo la Sala

Estimo que la posición asumida por la sentencia de unificación conduce a una contradicción evidente en la decisión del caso concreto y que, a mi modo de ver, constituye el error más grave de la decisión adoptada: si la responsabilidad precontractual de una empresa en la adjudicación del contrato se juzga con las normas del derecho privado (procedimentales y sustanciales), la decisión es opuesta a la que debe tomarse si se juzga a la luz de las normas de derecho público.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿La posición asumida por la sentencia de unificación conduce a una contradicción evidente en la decisión del caso concreto pues si la responsabilidad precontractual de una empresa en la adjudicación del contrato se juzga con las normas del derecho privado (procedimentales y sustanciales), la decisión es opuesta a la que debe tomarse si se juzga a la luz de las normas de derecho público?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿La sentencia debió referirse a la obligación de adjudicar o declarar desierta la licitación luego de abrirla y de tomar esta decisión conforme con el pliego y respetando el principio de selección…
  • ¿La acción de reparación directa no es la adecuada para impetrar la reparación de perjuicios causados por las entidades que provengan de cualquier causa?
  • ¿El acto de adjudicación de un contrato es un “acto administrativo” que debía ser juzgado conforme con las reglas previstas en el C.C.A.…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

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Titulación de la relatoría 11.742 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO DE VOTO / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ETAPA PRECONTRACTUAL / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Problema jurídico: ¿La posición asumida por la sentencia de unificación conduce a una contradicción evidente en la decisión del caso concreto pues si la responsabilidad precontractual de una empresa en la adjudicación del contrato se juzga con las normas del derecho privado (procedimentales y sustanciales), la decisión es opuesta a la que debe tomarse si se juzga a la luz de las normas de derecho público? Respuesta al problema jurídico: Si [E]stimo que la posición asumida por la sentencia de unificación conduce a una contradicción evidente en la decisión del caso concreto y que, a mi modo de ver, constituye el error más grave de la decisión adoptada: si la responsabilidad precontractual de una empresa en la adjudicación del contrato se juzga con las normas del derecho privado (procedimentales y sustanciales), la decisión es opuesta a la que debe tomarse si se juzga a la luz de las normas de derecho público. A la luz del derecho privado, la empresa tiene la libertad de contratar que es propia de estas empresas: puede iniciar procesos de selección formulando invitaciones a ofertar, que no necesariamente deben ser completas, sino que pueden entenderse simplemente como una invitación a "emprender negociaciones"; puede, luego de iniciado el proceso de selección, decidir que no celebra el contrato; y puede contratar con cualquiera de los oferentes teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la invitación a formular oferta. Aplicando estas normas al caso concreto, la empresa realizó una "solicitud de oferta" y no expidió un acto jurídico asimilable a la "adjudicación" en el que indicara por qué razón escogió a un proponente y excluyó a otro; lo que hizo fue comunicarle la aceptación de la oferta a uno de los proponentes. Al examinar la conducta de la empresa –según las normas del derecho privado– se considera que la EAAB podía formular una "solicitud de oferta" fundándose en su manual de contratación que indica que ellas "no constituyen oferta comercial y no lo obligan a celebrar el contrato correspondiente, quedando en libertad de declarar fallida o desistir unilateralmente del proceso de contratación"; y como en este caso no se presentó una revocatoria de oferta (que es lo que en el derecho privado puede generar la obligación de pagar perjuicios), "ello excluye la posibilidad de que se hubieran ocasionado perjuicios indemnizables por este supuesto de responsabilidad precontractual". Si, por el contrario, juzgamos la controversia a la luz de los principios de la función administrativa (que en realidad es a la luz del derecho público), que es lo que se hace en la segunda parte de las consideraciones de la sentencia justificando el ingreso a este análisis, equivocadamente, en la obligación de obrar de "buena fe en la etapa precontractual", la solución es totalmente distinta. Digo que es equivocado entrar a este examen con base en la citada norma, porque la obligación de obrar de buena fe lo único que implica en derecho privado es no desistir de las negociaciones sin ningún tipo de justificación y a sabiendas de que le causa daño a la otra parte. No implica, de ninguna manera, considerar –como aquí se hace– que al formular una invitación a presentar oferta el particular deba establecer reglas completas que lo obliguen a examinar las propuestas conforme con ellas, y a celebrar el contrato con quien las cumpla y objetivamente le presente la mejor oferta. SALVAMENTO DE VOTO / ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Problema jurídico: ¿La sentencia debió referirse a la obligación de adjudicar o declarar desierta la licitación luego de abrirla y de tomar esta decisión conforme con el pliego y respetando el principio de selección objetiva ya que solo se enfocó en estudiar con base en normas de derecho privado, requisitos que corresponden a un proceso de selección sometido a las normas del derecho público? Respuesta al problema jurídico: Si En la sentencia se hace un esfuerzo por estudiar, con base en normas de derecho privado, requisitos que corresponden a un proceso de selección sometido a las normas del derecho público. En vez de referirse a la obligación de adjudicar o declarar desierta la licitación luego de abrirla y de tomar esta decisión conforme con el pliego y respetando el principio de selección objetiva, alude a la "violación del deber de lealtad y de buena fe precontractual. Establecer un "marco de referencia" en esas condiciones, no me parece claro, ni seguro. Implica someter a las empresas y a quienes contratan con ellas a los lineamientos que vaya fijando la jurisprudencia para conjugar los principios de la función administrativa con las reglas del Código de Comercio. SALVAMENTO DE VOTO / ACEPTACIÓN DE LA OFERTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Problema jurídico: ¿La acción de reparación directa no es la adecuada para impetrar la reparación de perjuicios causados por las entidades que provengan de cualquier causa? Respuesta al problema jurídico: Si Un proponente vencido en un proceso de selección adelantado por una ESP sometida a la jurisdicción contencioso-administrativa por la conformación de su capital, reclama la reparación de los perjuicios sufridos porque la empresa celebró el contrato con otro proponente desconociendo las estipulaciones del pliego de condiciones y violando el manual de contratación (adoptado mediante una resolución). Alega que la empresa violó el preámbulo de la C.P. y sus artículos 29 y 209; y que “el acto demandado” desconoció las normas en las que debía fundarse, fue expedido en forma irregular porque no siguió las reglas de la invitación, y con desviación de poder, pues lo que verdaderamente motivó el rechazo de su oferta fue una demanda previa que el proponente había formulado contra la empresa. En las pretensiones de su demanda, que se adaptó siguiendo las órdenes del tribunal de primera instancia, el demandante solicitó la anulación del “acto administrativo de aceptación de la oferta”, la anulación del contrato y el pago de los perjuicios consistentes en la utilidad dejada de percibir por la no celebración del contrato. El proceso se tramitó de acuerdo con las normas del CCA para la acción de nulidad y restablecimiento; se constató la oportunidad de presentación de la demanda teniendo en cuenta “la fecha de ejecutoria del acto administrativo demandado”, se verificó si ya se había celebrado el contrato, y se vinculó al contratista. La Sección Tercera decide ahora que esa no es la acción adecuada y que para adelantar estas reclamaciones debe interponerse la “acción de reparación directa” porque mediante ella es posible obtener la reparación de perjuicios derivados de las acciones u omisiones de los agentes estatales y aquellos que se generen por cualquier causa. Estima entonces que esta acción tiene un carácter “integrador” y concluye que –al igual que los procesos ordinarios del Código de Procedimiento Civil- se trata de una vía procesal a través de la cual pueden tramitarse todas las controversias que no tengan previsto un trámite especial. Y deriva esta conclusión de la expresión “por cualquier otra causa” que está contenida en el artículo 86 del CCA y en el artículo 140 del CPACA. […] No creo que de las normas anteriores pueda deducirse que la acción de reparación directa es la adecuada para impetrar la reparación de perjuicios causados por las entidades que provengan de cualquier causa. Estimo que la norma se refiere, o a ocupación de inmuebles por cualquier causa o a daños causados por hechos u omisiones distintos de decisiones o contratos de la administración. La jurisdicción contencioso-administrativa juzga la actividad de la Administración y tiene lo que el CPACA denomina medios de control específicos para hacerlo: juzga las decisiones frente a las normas a las que están sujetas; los contratos, conforme con sus estipulaciones y con la ley; y los hechos u omisiones, estableciendo directamente si estos causaron un daño. Y dentro de la noción del debido proceso o de la acción adecuada desarrollada en la ley y en la jurisprudencia se encuentra precisamente el derecho a ser juzgado conforme con las normas previstas por la ley procesal; esas normas están establecidas para resolver conflictos conforme con su naturaleza, por lo que establecen trámites particulares y distintos, dirigidos a que las partes puedan hacer valer adecuadamente sus derechos: no son normas integradoras. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140 SALVAMENTO DE VOTO / ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD DEL CONTRATO / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El acto de adjudicación de un contrato es un “acto administrativo” que debía ser juzgado conforme con las reglas previstas en el C.C.A., según las cuales era necesario demostrar la nulidad del “acto de adjudicación” y demandar la nulidad del contrato, si para el momento de la demanda este ya había sido celebrado? Respuesta al problema jurídico: Si El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio aplicación a lo que consideró era la jurisprudencia vigente según la cual, aunque los actos y los contratos de estas empresas están sometidos al derecho privado en virtud de que, también por disposición de la ley, sus actuaciones están sometidas a lo dispuesto en los artículos 209 y 267 de la C.P., y su conocimiento fue adjudicado a esta jurisdicción, el acto de adjudicación de un contrato es un “acto administrativo” que debía ser juzgado conforme con las reglas previstas en el C.C.A., según las cuales era necesario demostrar la nulidad del “acto de adjudicación” y demandar la nulidad del contrato, si para el momento de la demanda este ya había sido celebrado. La anterior orientación jurisprudencial, que fue la aplicada en la sentencia de primera instancia, transmitía varios mensajes: a.- A las ESP sometidas al juzgamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa les señalaba que (i) debían establecer (de modo general o particular) términos de referencia que garanticen la igualdad en el tratamiento de los proponentes y la selección objetiva del contratista; y (ii) debían adoptar de manera expresa y fundamentada la decisión de adjudicar el contrato sujetándose a las reglas establecidas con tal objeto. […] b.- A los proponentes les indicaba que, toda vez que la jurisdicción competente para atender su reclamación por la adjudicación indebida del contrato era la jurisdicción contencioso-administrativa, y que lo que debía determinarse era la legalidad de una decisión, debían instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los cuatro meses contados desde la comunicación de la decisión de adjudicación, en la cual tenían la posibilidad de solicitar la suspensión provisional de los efectos del acto. Esa acción les permitía a los proponentes vencidos obtener a anulación de la y solicitar la reparación de los perjuicios (utilidades que aspiraban conseguir) […].

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200900131011100103