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La Unión Temporal… no tenía capacidad para comparecer por sí misma al proceso porque, de acuerdo con la ley, las uniones temporales y los consorcios no conforman una persona jurídica distinta de sus integrantes.… El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece la capacidad contractual de los consorcios y las uniones temporales, sin que determine que la misma se extiende a la posibilidad de ser parte dentro de un proceso judicial. Esta última capacidad ha sido creada por la jurisprudencia en la sentencia unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2013… La determinación de otorgar capacidad para ser parte y para comparecer a un proceso es una materia reservada al legislador, por lo cual no es posible concederla por vía jurisprudencial.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Problema jurídico
¿Las uniones temporales y los consorcios tienen capacidad para comparecer por sí misma al proceso, considerando que no conforman una persona jurídica distinta de sus integrantes?
Respuesta: No
También resuelve
¿Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales…
¿El rompimiento del equilibrio económico es incompatible con el incumplimiento contractual?
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / CAPACIDAD PARA SER PARTE / CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL / CAPACIDAD PARA SER PARTE DEL CONSORCIO / AUSENCIA DE CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL / FALTA DE CAPACIDAD PARA SER PARTE
Problema jurídico:
¿Las uniones temporales y los consorcios tienen capacidad para comparecer por sí misma al proceso, considerando que no conforman una persona jurídica distinta de sus integrantes?
Respuesta al problema jurídico: No
La Unión Temporal (...) no tenía capacidad para comparecer por sí misma al proceso porque, de acuerdo con la ley, las uniones temporales y los consorcios no conforman una persona jurídica distinta de sus integrantes. (...) El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece la capacidad contractual de los consorcios y las uniones temporales, sin que determine que la misma se extiende a la posibilidad de ser parte dentro de un proceso judicial. Esta última capacidad ha sido creada por la jurisprudencia en la sentencia unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2013 (...) La determinación de otorgar capacidad para ser parte y para comparecer a un proceso es una materia reservada al legislador, por lo cual no es posible concederla por vía jurisprudencial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la capacidad para ser parte de las uniones temporales y consorcios, consultar providencia de el 25 de septiembre de 2013, Exp. 19933, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7
ACLARACIÓN DE VOTO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / GARANTÍAS DEL CONTRATISTA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROTECCIÓN JURÍDICA DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / COSA JUZGADA / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA
Problema jurídico:
¿Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones, pues al considerarse que la renuncia a una reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que pudo haber sufrido el contratista, se iría en contra de los mandatos legales y se restringiría el derecho de acceso a la administración de justicia?
Respuesta al problema jurídico: No
No comparto el argumento planteado en la sentencia, según el cual el contratista debió dejar salvedades en las suspensiones al contrato para reclamar las consecuencias patrimoniales de las modificaciones contractuales. Considero que estas pretensiones debieron negarse únicamente porque el contratista no probó los perjuicios que habría padecido, como se señaló en la sentencia. (...) Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones. La ley solo establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral. (...) Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece que al contratista no se le puede imponer "la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste". En consecuencia, entender que el silencio equivale a una renuncia, implica desconocer la norma. (...) Esta norma también protege el acceso a la administración de justicia, que es lo que se restringe cuando la parte en un contrato renuncia a realizar judicialmente una reclamación. Es una disposición particular para los contratos estatales, con el objeto de proteger los derechos del contratista y el interés público vinculado a la ejecución de la obra objeto del contrato. (...) Considero que no se puede permitir que una entidad le cierre el paso a la
reclamación del contratista. No puede considerarse que la renuncia a una
reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que
el contratista pudo haber sufrido con la modificación o suspensión del contrato.
Este es precisamente el alcance del numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de
1993. (...) Finalmente, esta orientación no se justifica solo en posibilidad de salvar el
contrato; también está justificada en el hecho de que una de las partes
contractuales, la entidad, posee facultades excepcionales que le corresponde
controlar al juez del contrato. La ley precisamente pretende limitar los privilegios
provenientes de la lógica propia de estos contratos.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3
ACLARACIÓN DE VOTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El rompimiento del equilibrio económico es incompatible con el incumplimiento contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
No comparto las afirmaciones de la sentencia acerca de que el rompimiento del equilibrio económico es incompatible con el incumplimiento contractual. (...) Según el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, los contratistas tienen derecho, "previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato". (...) Si la entidad demandante incumple el deber que le impone esta norma de restablecer el equilibrio económico del contrato cuando se configuran los presupuestos para ello, incurre en un incumplimiento contractual.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
Texto extraído del PDF oficial 5.952 caracteres
Radicado: 23001-23-31-000-2008-00193-02 (59439)
Demandante: Unión Temporal Aya de Sahagún
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 23001-23-31-000-2008-00193-02 (59439)
Demandante: Unión Temporal Aya de Sahagún
Demandado: Municipio de Sahagún
Acción: Controversias contractuales
Tema: Los consorcios y las uniones temporales no tienen capacidad para
ser parte y comparecer al proceso, pues la misma no se encuentra
prevista en la ley. No se puede exigir al contratista dejar
salvedades en las modificaciones contractuales como un
presupuesto para la prosperidad de sus pretensiones.
Aclaración de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz
Aunque comparto la decisión de negar las pretensiones de la demanda, me
aparto de las consideraciones de la sentencia en los siguientes puntos:
1.- La Unión Temporal Aya de Sahagún no tenía capacidad para comparecer por
sí misma al proceso porque, de acuerdo con la ley, las uniones temporales y los
consorcios no conforman una persona jurídica distinta de sus integrantes.
1.1.- El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece la capacidad contractual de los
consorcios y las uniones temporales, sin que determine que la misma se extiende
a la posibilidad de ser parte dentro de un proceso judicial. Esta última capacidad
ha sido creada por la jurisprudenc ia en la sentencia unificación proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 20131.
1.2.- La determinación de otorgar capacidad para ser parte y para comparecer a
un proceso es una materia reservada al legislador, por lo cual no es posible
concederla por vía jurisprudencial.
2.- No comparto el argumento planteado en la sentencia , según el cual el
contratista debió dejar salvedades en las suspensiones al contrato para reclamar
las consecuencias patrimoniales de las modificaciones contractuales. Considero
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera . Sentencia del 25 de
septiembre de 2013, Exp. 19933, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
Radicado: 23001-23-31-000-2008-00193-02 (59439)
Demandante: Unión Temporal Aya de Sahagún
2
que estas pretensiones debieron negarse únicamente porque el contratista no
probó los perjuicios que habría padecido, como se señaló en la sentencia.
2.1.- Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista
que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para
formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes
de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones . La ley solo
establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral.
2.2.- Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley
80 de 1993 establece que al contratista no se le p uede imponer <<la renuncia,
desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones
por parte de éste >>. En consecuencia, entender que el silencio equivale a una
renuncia, implica desconocer la norma.
2.3.- Esta norma también protege el acceso a la administración de justicia , que
es lo que se restringe cuando la parte en un contrato renuncia a realizar
judicialmente una reclamación. Es una disposición particular para los contratos
estatales, con el objeto de proteger los derechos del contratista y el interés
público vinculado a la ejecución de la obra objeto del contrato.
2.4.- La sentencia fundamenta la negativa de las pretensiones en el principio de
la buena fe, según el cual el contratista no podía <<sorprender>> a la contratante
con reclamaciones que no planteó al suscribir las suspensiones al contrato.
Considero que lo anterior es equivocado porque, para el momento de acordar las
suspensiones, el contratista no había sufrido los perjuicios que le podrían causar
las modificaciones al contrato.
2.5.- Considero que no se puede permitir que una entidad le cierre el paso a la
reclamación del contratista. No puede considerarse que la renuncia a una
reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que
el contratista pudo haber sufrido con la modificación o suspensión del contrato.
Este es precisamente el alc ance del numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de
1993.
2.6.- Finalmente, esta orientación no se justifica solo en posibilidad de salvar el
contrato; también está justificada en el hecho de que una de las partes
contractuales, la entidad, posee facultade s excepcionales que le corresponde
controlar al juez del contrato. La ley precisamente pretende limitar los privilegios
provenientes de la lógica propia de estos contratos.
3.- No comparto las afirmaciones de la sentencia acerca de que el rompimiento
del equilibrio económico es incompatible con el incumplimiento contractual.
Radicado: 23001-23-31-000-2008-00193-02 (59439)
Demandante: Unión Temporal Aya de Sahagún
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3.1.- Según el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, los contratistas
tienen derecho, << previa solicitud, a que la administración les restablezca el
equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la
ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas.
Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante,
tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del
contrato>>.
3.2.- Si la entidad demandante incumple el deber que le impone esta norma de
restablecer el equilibrio económico del contrat o cuando se configuran los
presupuestos para ello, incurre en un incumplimiento contractual.
Fecha ut supra,
Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
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