Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: se aclara el voto atendiendo el alcance de la interventoría frente al deber de información
Regla de decisión
El interventor mantiene el deber de informar por escrito los incumplimientos y sugerir apremios al contratante.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista que ejerce funciones de interventoría conserva el deber legal de informar por escrito sobre posibles incumplimientos contractuales y de sugerir el uso de medidas de apremio a la entidad. En el ámbito de los contratos estatales, la interventoría tiene el deber de información sobre posibles incumplimientos y de sugerir por escrito el ejercicio de facultades de apremio para el efectivo cumplimiento, deber del cual no se exime por la existencia de supervisión ni por el deber general de vigilancia de la entidad contratante.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Problema jurídico
¿Dentro del alcance legal del contrato de interventoría subsiste el deber de informar por escrito sobre posibles incumplimientos y de sugerir el uso de medidas de apremio, aun cuando exista supervisión o el deber general de vigilancia de la entidad contratante?
Respuesta: Si
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Lo que dijo la Sala
Si bien acompaño el sentido de la sentencia del 7 de febrero de 2025, se debe destacar que dentro del alcance legal de los contratos de interventoría existe el deber de información sobre posibles incumplimientos y de sugerir por escrito el ejercicio de las facultades de apremio para el efectivo cumplimiento del contrato, deber del que no se exime por la existencia de una supervisión ni por el deber general de vigilancia que ostenta la entidad contratante. Por esta razón, se aclara el voto atendiendo el alcance de la interventoría frente al deber de información.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Titulación de la relatoría 8.268 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / APREMIO / ENTIDAD PÚBLICA / DEBER DE VIGILANCIA DEL ESTADO / ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ACLARACIÓN DE VOTO
Problema jurídico:
¿Dentro del alcance legal del contrato de interventoría subsiste el deber de informar por escrito sobre posibles incumplimientos y de sugerir el uso de medidas de apremio, aun cuando exista supervisión o el deber general de vigilancia de la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [S]i bien acompaño el sentido de la sentencia del 7 de febrero de 2025, se debe destacar que dentro del alcance legal de los contratos de interventoría existe el deber de información sobre posibles incumplimientos y de sugerir por escrito el ejercicio de las facultades de apremio para el efectivo cumplimiento del contrato, deber del que no se exime por la existencia de una supervisión ni por el deber general de vigilancia que ostenta la entidad contratante. Por esta razón, se aclara el voto atendiendo el alcance de la interventoría frente al deber de información.
DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿El deber de información del interventor sobre hechos que configuren un posible incumplimiento contractual y sobre la sugerencia de imponer sanciones debe cumplirse por escrito, con claridad y precisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [E]l deber de información asociado a hechos que conllevan un incumplimiento y las sugerencias de interposición de sanciones mediante un procedimiento sancionatorio deben ser por escrito y requieren de precisión, la que se exige a una vigilancia y seguimiento especializado. Por tanto, aunque los comités técnicos y requerimientos al contratista constituyen manifestaciones del cumplimiento de la obligación de seguimiento y vigilancia contractual no suplen ni reemplazan el deber de informar de manera clara y precisa a la entidad estatal de la existencia de hechos que conlleven un posible incumplimiento del contrato y de realizar por escrito cualquier recomendación orientada a la imposición de las medidas de conminación o sanción previstas en el ordenamiento jurídico. (…) El deber de información implica claridad y precisión sobre las obligaciones supuestamente incumplidas que permita alertar a la entidad y que esta pueda adoptar las decisiones del caso, dado que no es lo mismo el incumplimiento de una obligación meramente documental que de la omisión de las obras derivadas del seguimiento contractual. En esta línea, las sugerencias sobre apertura a procesos sancionatorios también deben ser expresas ya que es precisamente a partir del seguimiento que realiza y conocimiento de la ejecución del contrato vigilado que puede determinar y prever el alcance del incumplimiento, demora o retraso, los riesgos y perjuicios que se derivan para la entidad contratante, o, por el contrario, evidenciar si no es necesario porque las órdenes o instrucciones dadas por la interventoría están siendo cumplidas y no se afecta el cumplimiento del contrato.
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERVENTORÍA / VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / DEFECTO FÁCTICO / ACTO ADMINISTRATIVO / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿El cumplimiento del deber de información a cargo de la interventoría debe valorarse de manera autónoma e independiente del deber de vigilancia y supervisión que le asiste a la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
En varios apartados del fallo se hace referencia a la existencia de una supervisión de la obra y se indica que la entidad no se desliga del deber de vigilancia y control de los contratos que suscriba aun cuando contrate una interventoría integral; sin embargo, se destaca que el objeto de litigio versa sobre la carga probatoria de desvirtuar el presunto incumplimiento de la interventoría previsto en los actos administrativos demandados, específicamente, frente al deber de información atendiendo al alegado defecto fáctico y probatorio que se endilga al fallo de primera instancia. Por tanto, el cumplimiento de la interventoría se debe materializar con independencia del actuar de la administración, por lo cual no se comparten los argumentos asociados a valorar la vigilancia que realiza la entidad pública, máxime que su conducta frente al contrato no es el objeto de juzgamiento y, en todo caso, la contratación de una interventoría integral y supervisión evidencia el ejercicio de una vigilancia realizada por la entidad pública. (…) La valoración del cumplimiento de la interventoría es independiente de los deberes de vigilancia de la entidad pública. (…) En esta línea, se considera que las comunicaciones y oficios cruzados entre la interventoría y el contratista del contrato, en los que, inclusive, anunció que solicitará la imposición de multas, si bien materializan un seguimiento y vigilancia contractual, no constituyen en sí mismos una manifestación del deber de información para con la entidad pública.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83
DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / CONTRATANTE / INFORME DEL INTERVENTOR / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿El interventor está obligado a cumplir con el deber de información dirigido a la entidad pública, sobre hechos constitutivos de posibles incumplimientos contractuales, independientemente de la existencia de supervisión y de la ausencia de tarifa legal probatoria en el procedimiento sancionatorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
El deber de información materializado por escrito que realice la interventoría debe tener como destinataria a la entidad pública. El hecho de que el procedimiento de la Ley 1474 de 2011 no establezca una tarifa legal probatoria, que haga ineludible al informe de interventoría para iniciar el procedimiento sancionatorio contractual, no implica que la interventoría no tenga la obligación de informar por escrito en forma oportuna, clara y precisa los hechos de los posibles incumplimientos con la sugerencia de acudir a las facultades conminatorias. Apelar a la existencia de una supervisión dentro del contrato para acreditar que no se afectó el deber de información que corresponde al interventor es un argumento que desnaturaliza la figura de la interventoría como un seguimiento especializado y tiene dos riesgos: equiparar dos figuras no equiparables la supervisión con la interventoría (…); y, el riesgo de vaciar el contenido y responsabilidad de este tipo contractual hacia la entidad contratante.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011
DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / GESTIÓN DEL DOCUMENTO / FALSA MOTIVACIÓN / FALLO JUDICIAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La solicitud expresa de apertura del procedimiento sancionatorio constituye la manifestación válida del deber de información frente al incumplimiento contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
En este sentido, se considera que se materializó el deber de información y solicitud de apertura del proceso sancionatorio frente a las fallas en las losas, a partir del 5 de agosto de 2015, fecha en la que solicitó en forma expresa la apertura del procedimiento por el no arreglo de las fisuras y falta de reposición de las losas afectadas, dado que los requerimientos del 16 de abril de 2013 y 19 de noviembre de 2014 hacían referencia al incumplimiento de una obligación de gestión documental y, aun cuando tengan relación con la actividad de reparar las losas, cada obligación es independiente. Por tanto, es con fundamento en el requerimiento de agosto del 2015 que se considera acreditado el vicio de falsa motivación que sustenta el sentido del fallo adoptado por la Sala.