Titulación de la relatoría 17.221 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / RECURSO DE REPOSICIÓN / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / LAUDO ARBITRAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA COMPROMISORIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / OTROSÍ AL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Tribunal de Arbitramento para conocer sobre la legalidad de las Resoluciones 1956 del 20 de diciembre de 2019 y 20217070000535 de 14 del enero de 2021, en cuanto existe clausula compromisoria, por lo cual, cobija toda diferencia suscitada con ocasión del contrato primigenio?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]obre la falta de competencia del Tribunal Arbitral. Advierte la Sala que, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, la invocación de la causal de anulación del numeral 2 ibídem exige el agotamiento de un requisito de procedibilidad, consistente en la interposición del recurso de reposición en contra del auto de asunción de competencia por parte del Tribunal Arbitral. Además, aquel solo se satisface si dicho recurso es congruente con la causal alegada, es decir, debe guardar relación con el supuesto que consagra la norma y el cargo formulado en sede de anulación. Efectivamente, en este caso, la ANI interpuso recurso de reposición contra la decisión del Tribunal de Arbitraje contenida en el auto núm. 20 del 12 de diciembre de 2022, a través de la cual declaró su competencia para pronunciarse sobre todas las pretensiones formuladas por COVIANDES en su demanda reformada y por la ANI en su demanda de reconvención reformada. En ese recurso, la ANI presentó esencialmente los argumentos que utiliza en el recurso extraordinario de anulación; razón por la cual el requisito de procedibilidad para el estudio de la causal se encuentra satisfecho. (…) Ahora bien, entrando al análisis de la invocada falta de competencia, de acuerdo con la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación, ella comprende los ventos en los que el laudo recae sobre asuntos que, si bien pueden ser disponibles o estar autorizados por la ley, no fueron considerados por las partes como susceptibles de ser resueltos por el tribunal arbitral. (…) En ese sentido, en orden a establecer si el Tribunal Arbitral tenía competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las Resoluciones 1956 del 20 de diciembre de 2019 y 20217070000535 de 14 del enero de 2021, es imprescindible considerar las cláusulas del contrato de concesión 444 de 1994, de la transacción de 2018 y de los acuerdos modificatorios de ambos, específicamente, en lo que concierne a los concretos asuntos que se someterían al conocimiento de los árbitros para la resolución de las controversias respectivas. (…) En este punto, es importante distinguir la habilitación de los árbitros para solucionar las controversias determinadas por las partes del contrato y que tiene origen en el pacto arbitral, de la renuncia a reclamar judicialmente específicos asuntos y que esas mismas partes hayan vertido en un acuerdo transaccional, en la medida en que solo lo primero incide en el análisis de la competencia de los árbitros. Lo segundo puede desplegar sus efectos en la resolución de fondo del caso al enervar la(s) pretensión(es) sobre un asunto transado entre las partes. (…) La Sala considera que la transacción de 2018 y su Otrosí Nº 1 de 2021 se encuentran sometidos a los efectos de la misma cláusula compromisoria, sin que el hecho de que las estipulaciones convenidas, tanto en la transacción para la reconstrucción del “Viaducto Atirantado Chirajara”, como en el otrosí para la construcción del “Viaducto Chirajara en Voladizos Sucesivos” y que modificaron obligaciones de aquel contrato, hubieran impactado el alcance del pacto arbitral. (…) Así, se trata de una cláusula compromisoria que cobijó toda diferencia suscitada con ocasión del contrato primigenio, de forma que -como se expone a continuación- sus efectos conducían a que las controversias que se presentaran entre la ANI y COVIANDES estuvieran sometidas al conocimiento de la justicia arbitral, con independencia de que las obligaciones contractuales convenidas en 1994 hubieran sido objeto de variaciones sustanciales a través de las concesiones recíprocas contenidas en la transacción de 2018, modificada -a su turno- con el Otrosí Nº 1 de 2021. (…) Este planteamiento se deduce del propio contenido de la mencionada transacción y del referido otrosí. (…) De ahí que, en relación con la transacción de 2018, la cláusula compromisoria del contrato de concesión de 1994 no contrariaba ninguna de las estipulaciones de aquella, puesto que, además de que su objeto, según lo indicó la cláusula primera, fue el de “precaver un conflicto con ocasión de algunos de los perjuicios que la Agencia considera causados, derivados por la no entrega oportuna de las obras correspondientes al ‘Viaducto atirantado Chirajara’”. De manera que las concesiones recíprocas y otros acuerdos convenidos para la reconstrucción del viaducto no alteraron en forma alguna dicha cláusula compromisoria, de ahí que, se reitera, esta no podía considerarse contraria a ninguna cláusula de la transacción. A su turno, el Otrosí Nº 1 de 2021, que modificó algunos de los acuerdos a los que las partes habían llegado en la transacción, delimitó específicas controversias que dichos sujetos se reservaron dadas las nuevas obligaciones convenidas en aquel, cuyo conocimiento expresamente se atribuyó -asimismo- a la justicia arbitral. (…) Entre esos asuntos concretos sobre los que debía conocer el arbitraje, se incluyó la reserva que hizo la ANI de: “Continuar con el proceso administrativo sancionatorio en curso e iniciado mediante citación con radicado 20181010116891”, razón por la cual, resulta para la Sala diáfano que el conocimiento de cualquier controversia relacionada con esa actuación –entre las que, por supuesto, se incorpora la legalidad de las decisiones adoptadas en ella–se atribuyó a la justicia arbitral. (…) La circunstancia de que esa situación particular constituyera una de las reservas que efectuó la ANI, en la cláusula sexta del Otrosí No 1 de 2021, en manera alguna limitó la competencia del Tribunal Arbitral para conocer de la validez de las resoluciones que la culminaron y cuya ilegalidad fue demandada por COVIANDES, puesto que el parágrafo de esa cláusula le atribuyó tal materia, sin condicionamientos distintos a que las controversias versaran sobre el objeto de tales reservas y sin que se restringiera la parte de quien emanara el conflicto o quien podría ventilarlo ante la justicia arbitral. (…) Así las cosas, si el objeto de la referida reserva estaba vinculado al procedimiento administrativo, la legalidad de las resoluciones que lo concluyeron que hizo precisamente parte de lo demandado por la COVIANDES en el proceso arbitral– se circunscribió en las controversias que podían suscitarse con ocasión de aquel; cuyo conocimiento, se itera, por voluntad propia de las partes, le correspondía conocer a al arbitraje. (…) De manera que el parágrafo de la cláusula sexta del Otrosí Nº 1 de 2021 a la transacción de 2018 sometió al conocimiento de la jurisdicción arbitral las controversias sobre las reservas de la ANI y COVIANDES que esa misma estipulación incorporó, sin que por ello pueda entenderse como una modificación o derogación de la cláusula compromisoria contenida en el parágrafo de la cláusula 42 del contrato de concesión 444 de 1994. (…) En virtud de lo expuesto, el cargo sobre la falta de competencia del Tribunal Arbitral no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 14 de marzo de 2024, exp. 11001-03-26-000-2022-00173-00 (68994)]. CP. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 INCISO 2, LEY 1563 DE 2012 NUMERAL 2
LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA / INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA / CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN CONCIENCIA / FALLO EN EQUIDAD / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ÁRBITRO / FUNCIONES DEL ÁRBITRO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / FALLO EN DERECHO / CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN DERECHO / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FALSA MOTIVACIÓN / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCESO ARBITRAL / TRANSACCIÓN / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / OTROSÍ AL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / NORMA JURÍDICA / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN
Problema jurídico:
¿La decisión del laudo arbitral que cuestiono la recurrente constituye un fallo en conciencia o equidad?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación ha reiterado, con relación a la naturaleza del fallo en conciencia, por una parte, que este se presenta cuando el juez decide la controversia de acuerdo con su leal saber y entender, dejando de lado el derecho positivo aplicable en la solución de la controversia y/o cuando omite las pruebas que sustentan una decisión; y, por otro lado, que se identifica con el brocardo “ex equo et bono”, cuando el panel arbitral, al margen de un parámetro normativo o legal, aplica criterios axiológicos, como los de “lo correcto o lo bueno”. Por su parte, el laudo en equidad se presenta cuando “el árbitro inaplica la ley al caso concreto, porque la considera inicua o conduce a una iniquidad, o cuando busca por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido. (…) En ese contexto, la decisión del laudo que la recurrente cuestiona por supuestamente constituir un fallo en conciencia o equidad está referida únicamente a la anulación de las Resoluciones 1956 de 20 de diciembre de 2019 y 20217070000535 de 14 de enero de 2021, por lo que resulta necesario establecer si dicho laudo, en lo que respecta a esa específica decisión, no estuvo fundamentado en las normas jurídicas que resultaban aplicables a la solución de la controversia y/o si omitió pruebas que sustentaran la legalidad de las resoluciones demandadas. (…) [E]stima la Sala que, al margen de que pueda o no compartirse la interpretación realizada por el Tribunal de Arbitraje en la resolución de la controversia en cuestión lo que en todo caso es indiferente para la resolución del recurso extraordinario de anulación del laudo–, la decisión de declarar la nulidad de las Resoluciones 1956 del 20 de diciembre de 2019 y 20217070000535 del 14 de enero de 2021, con base en la causal de falsa motivación, estuvo fundamentada en derecho, con una valoración jurídica de los medios probatorios que, obrando en el expediente del proceso arbitral, eran pertinentes para la resolución de la pretensión de nulidad, en particular la transacción de 2018, el otrosí Nº 1 de 2021 y el propio contenido considerativo y resolutivo de los actos que fueron demandados ante dicho Tribunal. (…) En el mismo sentido, la interpretación del Tribunal estuvo soportada en reglas del Código Civil, en las cláusulas de los acuerdos vinculantes que suscribieron las partes del contrato de concesión 444 de 1994 y en jurisprudencia relacionada con el asunto; lo cual, al hacer parte del fondo de la controversia, impide al juez de anulación pronunciarse sobre ella, calificándola o modificando los criterios motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas en el laudo recurrido. (…) En virtud de lo expuesto, el cargo sobre el laudo en conciencia o equidad no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 14 de marzo de 2024, exp. 11001-03-26-000-2022-00173-00 (68994). CP. María Adriana Marín y Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C, Sentencia del 31 de octubre de 2016, exp. 11001-03-26-000-2016-00073-00(56949). CP. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1551, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1553
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / ÁRBITRO / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿Prospera el cargo alegado por la recurrente consistente en la existencia de disposiciones contradictorias en el laudo arbitral?
Respuesta al problema jurídico: No
Tercer cargo: sobre disposiciones contradictorias en el laudo. (…) De acuerdo con el numeral 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, la invocación de los supuestos contenidos en ella, entre lo que se incluye que el laudo contenga disposiciones contradictorias comprendidas en la parte resolutiva o que influyan en ella, exige el agotamiento de un requisito de procedibilidad, consistente en que el supuesto que se invoca en el recurso extraordinario de anulación haya sido alegado ante el tribunal arbitral dentro de la oportunidad legal para solicitar su aclaración y/o corrección. (…) La Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación ha reconocido que ese requisito, para el caso del supuesto de las referidas contradicciones, tiene como propósito permitir que los árbitros tengan oportunidad de integrar la unidad lógico jurídica del laudo, de manera que, efectuada la correspondiente solicitud, la resuelven y, en caso de que se haga de manera negativa, el juez del recurso de anulación quede habilitado para examinar su ocurrencia. (…) En el presente caso, si bien la ANI solicitó la aclaración y complementación del laudo, no argumentó la existencia de contradicciones en la parte resolutiva del laudo o que influyeran en esta, razón por la cual el requisito de procedibilidad para el estudio del cargo y del supuesto invocado en el recurso extraordinario de anulación no se satisfizo. En virtud de lo anterior, el cargo sobre disposiciones contradictorias del laudo no puede prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 16 de septiembre de 2021 [Exp. 11001-03-26-000-2020-00076-00(66091)A, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 8
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, en cuanto se declaró infundado el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral?
Respuesta al problema jurídico: Si
Teniendo en cuenta que se debe declarar infundado el recurso extraordinario de anulación, hay lugar a aplicar el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, según el cual, si ninguna de las causales prospera, se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público. (…) En ese sentido, se condenará a la recurrente. Para lo cual, en punto de las agencias en derecho, conforme al Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se reconoce que estas se tasan según la complejidad y la duración de la actuación que se adelantó. En lo que tiene que ver con los recursos extraordinarios, las agencias en derecho deben fijarse entre 1 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuso el artículo 5.9 del referido Acuerdo. (…) Así, en este asunto, se entienden causadas por la actuación que tuvo que desplegar COVIANDES, como opositora, en tanto intervino de manera activa, en forma detallada y sobre todos los tópicos que se suscitaron el recurso. De manera que se reconocerá el equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de ella, suma que se deberá pagar la ANI, parte recurrente.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5.9, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43