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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios

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Fecha
2023-08-02
Radicado
11001032600020230002300
Número interno
69475
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
Actor
UNIÓN TEMPORAL DADLE VOSOTROS DE COMER
Demandado
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios

Lo que dijo la Sala

Le corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el artículo 104 numeral 7º de la Ley 1437 de 2011. En este caso se observa que se está en presencia de un laudo arbitral proferido por un Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir controversias suscitadas con ocasión del Convenio de Asociación No. 0133 de 2016 celebrado entre la Unión Temporal Dadle Vosotros de Comer y el municipio de San José de Cúcuta , ente territorial que intervino en el proceso.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El recurrente interpone recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral dictado en un convenio de asociación celebrado entre entidad pública y contratista, debiendo la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia conforme al artículo 104, numeral 7, de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, aplicando rigurosamente el principio dispositivo y el carácter restrictivo de las causales legales para la protección del debido proceso sin calificar la valoración probatoria ni revisar los razonamientos de los árbitros sobre la aplicación de la ley sustancial, los errores in iudicando o los vicios de carácter procesal dentro de la actuación arbitral y la solución alternativa de conflictos con entidades estatales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios de anulación contra el laudo arbitral?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 104 núm. 7
  • Ley 1563 de 2012, art. 46 inc. 3

También resuelve

  • ¿La justicia arbitral se caracteriza por ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, regirse por el principio de voluntariedad, ser temporal y excepcional?
  • ¿El recurso extraordinario de anulación no es una instancia para debatir el fondo del litigio, protege el debido proceso de las partes por lo que debe tratarse de errores in procedendo…
  • ¿Para que se configure la causal de anulación de laudo arbitral, sobre la indebida integración del tribunal, debe tratarse de las condiciones personales del árbitro o del procedimiento para su…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

INFUNDADO

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL ARBITRAJE TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ARBITRAL CONCEPTO DE ARBITRAJE MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PRINCIPIO DE HABILITACIÓN COMPETENCIA TEMPORAL RECURSO JUDICIAL EXTRAORDINARIO RECURSO DE ANULACIÓN NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL DEBIDO PROCESO DEBIDO PROCESO ARBITRAL PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ERROR IN PROCEDENDO CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PRINCIPIO DISPOSITIVO CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO INDEBIDA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO ÁRBITRO DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS EN EL LAUDO ARBITRAL LAUDO ARBITRAL CORRECCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL ERROR ERROR ARITMÉTICO ERROR ARITMÉTICO EN EL LAUDO ERROR EN EL LAUDO ARBITRAL ERROR MECANOGRÁFICO OMISIÓN DEL TRIBUNAL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FALLO CITRA PETITA FALLO ULTRA PETITA FALLO EXTRA PETITA EXCEPCIONES PROCESALES PRESUPUESTO PROCESAL ORDEN PÚBLICO NULIDAD DEL CONTRATO RESTITUCIONES MUTUAS INEXISTENCIA DEL ERROR ARITMÉTICO EN EL LAUDO NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL DESCUENTO TRIBUTARIO ERROR IN IUDICANDO FALTA DE COMPETENCIA FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO COMPETENCIA TRIBUTO RETENCIÓN DEL TRIBUTO COSTAS PROCESALES DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL ARREGLO DIRECTO ETAPA DE ARREGLO DIRECTO TRÁMITE DE ARREGLO DIRECTO FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONSTITUCIÓN INDEBIDA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO VALIDEZ DEL LAUDO ARBITRAL PAGO DE HONORARIOS TÉRMINO DEL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN HONORARIOS FALTA DE PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO HONORARIOS DEL ÁRBITRO CHEQUE DE GERENCIA PAGO DEL CHEQUE ENDOSO DEL TÍTULO VALOR INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL TACHA DE TESTIGO PERITO TESTIGO PERITO VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO TESTIMONIO SOSPECHOSO CONFLICTO DE INTERESES VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL RECHAZO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INFUNDADO CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FUNCIÓN DE RETRIBUCIÓN JUSTA

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Titulación de la relatoría 66.067 caracteres

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COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios de anulación contra el laudo arbitral? Respuesta al problema jurídico: Si Le corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el artículo 104 numeral 7º de la Ley 1437 de 2011. En este caso se observa que se está en presencia de un laudo arbitral proferido por un Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir controversias suscitadas con ocasión del Convenio de Asociación No. 0133 de 2016 celebrado entre la Unión Temporal Dadle Vosotros de Comer y el municipio de San José de Cúcuta , ente territorial que intervino en el proceso. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la Sección Tercera de esta Corporación es competente en única instancia para conocer de los recursos extraordinarios de anulación interpuestos por la Unión Temporal Dadle Vosotros de Comer y el municipio de San José de Cúcuta en contra del laudo arbitral proferido contra el laudo arbitral (sic) del 14 de octubre de 2022, aclarado de oficio mediante providencias el 19 y 21 de octubre de 2022. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 46 INCISO 3 ARBITRAJE / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE / CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ARBITRAL / CONCEPTO DE ARBITRAJE / MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS / PRINCIPIO DE HABILITACIÓN / COMPETENCIA TEMPORAL Problema jurídico: ¿La justicia arbitral se caracteriza por ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, regirse por el principio de voluntariedad, ser temporal y excepcional? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a justicia arbitral se caracteriza por: (i) ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual las partes confieren a los particulares la función de la administrar justicia; (ii) regirse por el principio de voluntariedad o libre habilitación , en tanto que la competencia de los árbitros para impartir justicia surge en virtud de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las partes, en el sentido de sustraer la resolución de su controversia del sistema ordinario de administración de justicia; (iii) ser de carácter temporal, porque su existencia es transitoria, limitada en el tiempo y sujeta a la resolución del conflicto específico sometido a consideración de los árbitros; y (iv) ser excepcional, dado que se encuentra sujeta a claras limitaciones materiales, de suerte que solo se pueden someter a arbitraje asuntos de libre disposición y aquellos que la ley autorice . NOTA DE RELATORÍA: Sobre la función jurisdiccional de los arbitros, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de marzo de 2012 exp. 76001-23-31-000-1997-04862-01(18013) C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la voluntariedad o habilitación, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2012. Expediente: D -8677. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 3 RECURSO JUDICIAL EXTRAORDINARIO / RECURSO DE ANULACIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ARBITRAL / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ERROR IN PROCEDENDO / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DISPOSITIVO Problema jurídico: ¿El recurso extraordinario de anulación no es una instancia para debatir el fondo del litigio, protege el debido proceso de las partes por lo que debe tratarse de errores in procedendo, la facultad del juez del recurso se limita al objeto que el recurrente formule dentro de las causales taxativas que la ley consagra y la causal alegada será la que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé? Respuesta al problema jurídico: Si Naturaleza y características del recurso de anulación La Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado la naturaleza y características del recurso de anulación, destacando de manera pacífica y uniforme, lo siguiente: i) El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario y, por lo tanto, no puede ser utilizado como una segunda instancia a través de la cual se pretenda reabrir el debate sobre el fondo del litigio. ii) La finalidad del recurso consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, razón por la cual debe orientarse a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo y no por errores in iudicando, por lo cual el juez de la anulación está instituido para analizar vicios de carácter procesal, no sustancial. Así, la decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los razonamientos realizados por los árbitros en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria , tal y como está previsto en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, el cual determina que “[l]a autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”. iii) Las facultades del juez del recurso de anulación están limitadas por el llamado “principio dispositivo”, según el cual el recurrente, al formular y sustentar su recurso, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra, delimita el objeto que persigue con su interposición. En consecuencia, al juez de la anulación no le está permitido suponer lo manifestado por el impugnante para tratar de establecer la causal que invoca y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del recurso, por lo que deberá rechazar de plano el recurso cuando las causales que se aduzcan no correspondan a las señaladas en la ley. Además, dado el carácter restrictivo que caracteriza este recurso, su sustentación no consiste en la sola indicación del texto legal que establece una determinada causal, así como tampoco en que, al amparo de la mención de alguna de las causales consagradas en la ley, se expongan argumentaciones que en realidad no configuran ninguna de las previstas por el legislador. iv) De la carga de sustentación del recurso de anulación se desprende que el recurrente debe indicar las razones con apoyo en las cuales acusa el laudo de incurrir en la causal o causales que invoca, las cuales deben configurar la causal que aduce, de tal modo que la causal alegada será la que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza y características del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, ver: Se reitera lo sostenido por esta Subsección en sentencia del 18 de enero de 2019, exp.11001-03-26-000-2018-00160-00(62476), 23 de abril de 2018, exp. 11001-03-26-000-2017-00106-00(59731), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 19 de julio de 2017, exp.11001-03-26-000-2017-00043-00(59067), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; 31 de agosto de 2015, exp. 11001-03-26-000-2015-00060-00(53585), C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, entre otras. Sobre la finalidad del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de abril de 2018, exp. 59270, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Sobre la sustentación del recurso, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias del 28 de junio de 2019, Rad.: 63494; del 31 de agosto de 2015, exp. 53585, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; y del 31 de octubre de 2016, exp. 11001-03-26-000-2016-00099-00 (57422)A, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la carga de argumentación en el recurso, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencias del 31 de octubre de 2016, exp.11001-03-26-000-2016-00099-00(57422)A C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y del 18 de diciembre de 2020, exp. 11001-03-26-000-2018-00178-00(62573), C.P. Nicolás Yepes Corrales, entre otras. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42 CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / INDEBIDA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO / ÁRBITRO Problema jurídico: ¿Para que se configure la causal de anulación de laudo arbitral, sobre la indebida integración del tribunal, debe tratarse de las condiciones personales del árbitro o del procedimiento para su designación, o sobre el número de integrantes? Respuesta al problema jurídico: Si Consideraciones sobre la causal 3ª de anulación De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, es causal de anulación del laudo arbitral “no haberse constituido el tribunal en forma legal”. La referida causal procede cuando se invoque que se han contravenido las reglas de integración del Tribunal, definidas en el pacto arbitral y en la ley, relativas a la designación de los árbitros y del secretario; el procedimiento para la integración del Tribunal; la observancia de los deberes de información y el régimen de conflicto de intereses, impedimentos y recusaciones y su trámite -. La Sala ha sostenido que la indebida integración del Tribunal tiene que ver con las condiciones personales del árbitro, con el procedimiento para su designación, o con el número de sus integrantes. Se configura, por ejemplo, cuando los árbitros incumplen los requisitos exigidos por la ley o el pacto de las partes; cuando su nombramiento no se hace con arreglo a lo establecido en la cláusula arbitral; cuando no se hace el sorteo si la designación se deja a un centro de arbitraje y conciliación. Como esta causal solo permite controvertir exclusivamente la integración del Tribunal Arbitral, no puede hacerse extensiva a situaciones que no se refieran a dicha circunstancia. La Sección Tercera de ésta Corporación también ha señalado que ésta causal no se configura cuando no se cumplen los trámites o procedimientos previos a la convocatoria del tribunal acordados por las partes en el pacto arbitral, es decir, cuando no se agota la negociación directa, la conciliación o la amigable composición con anterioridad a la integración del tribunal respectivo, pues se estima que su incumplimiento no limita o impide el derecho de acceso a la administración de justicia, ni se constituye en un motivo suficiente para anular el laudo arbitral proferido, en armonía con lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del el artículo 13 del Código General del Proceso. Por último, respecto a la procedencia de esta causal, así como también de las causales 1ª y 2ª, dispone el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 que el recurrente deberá hacer valer los motivos constitutivos de la causal mediante el recurso de reposición contra el auto en el que Tribunal Arbitral asumió competencia, pues de lo contrario no podrán alegarse en sede de anulación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la integración del tribunal de arbitramento, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 3 de agosto de 2020, exp. 63973, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009, exp. 35288, C.P. Ruth Stella Correa Palacio FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 13 DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS EN EL LAUDO ARBITRAL / LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CORRECCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / ERROR / ERROR ARITMÉTICO / ERROR ARITMÉTICO EN EL LAUDO / ERROR EN EL LAUDO ARBITRAL / ERROR MECANOGRÁFICO / OMISIÓN DEL TRIBUNAL Problema jurídico: ¿La causal de anulación del laudo arbitral referida a contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, no conduce a la invalidez del laudo sino a su corrección? Respuesta al problema jurídico: Si Consideraciones en torno a la causal 8ª de anulación De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, es causal de anulación del laudo arbitral “[C]ontener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral”. Al tenor de esta disposición, la causal que se analiza se configura cuando en la parte resolutiva del laudo se encuentren disposiciones contradictorias o errores aritméticos o por omisión, cambio de palabras o alteración de éstas; o que, encontrándose en la parte motiva, influyan en la resolutiva. Además, como requisito de procedibilidad, es menester que el recurrente, dentro del término para solicitar aclaraciones, correcciones o complementaciones al laudo arbitral, haya alegado ante el Tribunal Arbitral las contradicciones o errores contenidos en la providencia que se impugna, con el fin de permitir que los árbitros tengan oportunidad de enmendar los posibles errores en que pudieren haber incurrido o de integrar la unidad lógico-jurídica del laudo. De otro lado, es de añadir que la prosperidad de esta causal no conduce a la invalidez del laudo sino a su corrección, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012. (...) Disposiciones contradictorias De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, las disposiciones contradictorias son aquellas que contienen decisiones que se contraponen o excluyen entre sí y, por lo tanto, impiden su cumplimiento o ejecución (...) En este sentido, por regla general, la contradicción debe hallarse en la parte resolutiva de la providencia, salvo que esta remita a la motiva y las dos resulten contradictorias entre sí. Además, a través de este supuesto, el recurrente no puede pretender que se modifique o altere lo decidido por el Tribunal , ni mucho menos controvertir su valoración probatoria. (...) Errores aritméticos El error aritmético como hipótesis que da lugar a la configuración de la causal de anulación sub examine, ha sido entendido como aquel en el que se incurre al realizar alguna de las cuatro operaciones aritméticas, es decir, se trata de un error en el cálculo de la operación. Bajo este entendido, se trata de un yerro cuya corrección no conduce a la modificación o revocatoria de la decisión, toda vez que ello comportaría el examen del caso por errores in iudicando. En virtud de este supuesto, además, no puede pretenderse la aplicación de una tasa de interés diferente a la empleada por los árbitros en la solución del caso , ni pueden cuestionarse los aspectos y elementos en los que se fundó el Panel Arbitral para fijar la condena. En este sentido, la jurisprudencia de esta Subsección ha señalado, en efecto, que los errores aritméticos no abarcan aspectos conceptuales que el juez, con base en la ley y las pruebas del proceso, defina para efectuar los cálculos pues ello implicaría estudiar nuevamente el fondo del asunto y, por otro lado, respecto a la posibilidad contemplada en la Ley 1563 de 2012 en el sentido de poder tratarse de errores contenidos en la parte motiva, ha precisado que en tal caso se configurará la causal solo cuando “…en la parte motiva se incurra en errores aritméticos o de cálculo que impidan cumplir la decisión, se requieran para entender el contenido de la parte resolutiva o resulten incongruentes y hubiera remisión de esta a aquella” (...) Errores por omisión, cambio de palabras o la alteración de éstas El error por omisión, cambio o alteración de palabras se encuentra referido a inexactitudes o imprecisiones en la transcripción o digitación y su corrección y, al igual que ocurre con el error aritmético, tampoco genera o conduce a una modificación o revocación de la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento, razón por la cual, a partir de este supuesto, tampoco se puede pretender un examen sobre el fondo del asunto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el requisito de procedibilidad, de la causal 8 de anulación de laudo arbitral, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2017, exp. 59913, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre las disposiciones contradictorias en el laudo arbitral, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. 51304, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sentencia de esta misma Subsección, del 13 de abril de 2015, exp. 52556, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2009, exp. 36427, C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de noviembre de 2011, exp. 39496, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de agosto de 2014, exp. 41064, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Sobre los errores aritméticos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011, exp. 38484, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 3 de mayo de 2013, exp. 45007, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de junio de 2017, exp. 58109, Guillermo Sánchez Luque. Sobre errores de omisión, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2017, exp. 59913, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 8, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43 PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO CITRA PETITA / FALLO ULTRA PETITA / FALLO EXTRA PETITA / EXCEPCIONES PROCESALES / PRESUPUESTO PROCESAL / ORDEN PÚBLICO / NULIDAD DEL CONTRATO / RESTITUCIONES MUTUAS Problema jurídico: ¿El examen del principio de congruencia es relativo, puesto que existen eventos en los cuales los árbitros deben entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, incluso cuando las partes no lo hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones que se alegan, sin que ello implique la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral 9° de la Ley 1563 de 2012? Respuesta al problema jurídico: Si Consideraciones sobre la causal 9ª de anulación De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, es causal de anulación del laudo arbitral “[h]aber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”. El análisis de esta causal responde a un estudio objetivo de la acepción externa del principio de congruencia -artículo 281 del C.G.P. -, consistente en la consonancia o coherencia correlativa que debe existir entre la providencia judicial y las pretensiones y hechos que se aducen en la demanda, así como las excepciones propuestas, sin entrar a evaluar los motivos de la decisión. De este modo, si se resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando un fallo extra petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una providencia ultra petita; y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión sería infra o citra petita -. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que el examen del principio de congruencia es relativo, puesto que existen eventos en los cuales los árbitros deben entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, incluso cuando las partes no lo hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones que se alegan, sin que ello implique la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral 9° de la Ley 1563 de 2012, a saber: i) cuando se hallen probados los hechos que constituyen una excepción, caso en cual el árbitro deberá reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, pues estas excepciones deben ser propuestas en el debate procesal por el interesado; ii) en lo atinente a los presupuestos procesales, por cuanto tocan con la validez formal del proceso; iii) en aquellos casos relacionados con cuestiones que atañen al orden público, como sucede con la nulidad absoluta del acto o contrato, siempre y cuando aparezca de modo manifiesto; y iv) en los pronunciamientos sobre restituciones mutuas en los eventos de nulidad del contrato. Finalmente, cabe señalar que con la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012 y teniendo en cuenta que en el numeral 2º del artículo 41 de dicho estatuto la falta de jurisdicción y competencia se incorporó de modo específico como causal de anulación, ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que al amparo de lo establecido en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no pueden alegarse las circunstancias de falta de jurisdicción y competencia por haberse pronunciado los árbitros sobre asuntos que no se encontraban sujetos a su decisión por voluntad de las partes o que por mandato legal no eran susceptibles de ser resueltos por esta vía, puesto que en el numeral 2º del artículo 41 ibídem se prevé una causal de anulación específica para cuestionar estos aspectos . NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de congruencia en el laudo arbitral, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 31 de octubre de 2016, exp. 56949, C.P. Guillermo Sánchez Luque y del 27 de noviembre de 2017, exp. 59913, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de marzo de 2020, 64627A, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de marzo de 2006, exp.15898, C.P. María Elena Giraldo Gomez ; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 6 de junio de 2002, exp. 20634, C.P. Ricardo Hoyos Duque FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS EN EL LAUDO ARBITRAL / ERROR ARITMÉTICO / ERROR ARITMÉTICO EN EL LAUDO / INEXISTENCIA DEL ERROR ARITMÉTICO EN EL LAUDO / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / ERROR EN EL LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / LAUDO ARBITRAL / DESCUENTO TRIBUTARIO / ERROR IN IUDICANDO / FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Las circunstancias expuestas por la convocante, acerca del valor a ser reconocido a la Unión Temporal por concepto de descuentos no tributarios improcedentes, como fundamento de la causal 8 de anulación del laudo arbitral configuran decisiones contradictorias y errores aritméticos? Respuesta al problema jurídico: No Análisis sobre los cargos expuestos por la Unión Temporal como fundamento la causal 8ª de anulación invocada por la convocante En lo que respecta a la causal 8ª de anulación, la convocante afirmó que el laudo arbitral presenta decisiones contradictorias y errores aritméticos (...) Al respecto, en primer lugar, la Sala observa que en la oportunidad procesal pertinente la Unión Temporal solicitó la corrección, aclaración y complementación del laudo arbitral (...) Así las cosas, se colige que la convocante cumplió con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que solicitó la aclaración, corrección y complementación del laudo dentro del término establecido en la ley, solicitud que, además, sustentó, entre otras razones, en los mismos motivos en los que fundamenta la causal 8ª de anulación que invoca en su recurso, razón por la cual a continuación la Sala procederá a su examen. En este orden de ideas, descendiendo al caso concreto, la Sala observa que las circunstancias expuestas por el recurrente no configuran la causal de anulación referida, pues, sin duda, controvierten los motivos de la decisión con fundamento en aspectos sustanciales de la controversia relativos al valor estipulado en el contrato en contraste con lo facturado por la Unión Temporal ante la existencia, a juicio del recurrente, de recursos remanentes con los que se alcanzaría suficientemente a cubrir el monto facturado por encima del valor contratado, así como al análisis y valoración de la experticia en punto a la suma a ser reconocida por concepto de descuentos no tributarios efectuados por el Municipio que no eran procedentes, aspectos que implican entrar a revisar y calificar los criterios, valoraciones o interpretaciones del colegio arbitral sobre la materia tratada, todo lo cual escapa al resorte de la competencia del juez de la anulación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 (...) En efecto, tras analizar las consideraciones expuestas por el Tribunal y las declaraciones y condenas contenidas en la parte resolutiva del laudo arbitral, la Sala advierte que el panel arbitral acogió las conclusiones del dictamen pericial rendido por el perito (...) al determinar que la Unión Temporal facturó una suma total que superaba el valor del convenio en $269.077.410. A su vez, en punto al monto de los descuentos no tributarios efectuados por el Municipio, el panel arbitral tomó la totalidad de los descuentos no tributarios realizados por el Municipio en cada acta de pago, procediendo a restar el valor correspondiente a los reintegros efectuados, sin que sobre el particular se advierta en el laudo arbitral la existencia de errores en las operaciones aritméticas o disposiciones que se contrapongan o excluyan entre sí y que, por tanto, impidan su cumplimiento o ejecución o que no puedan conciliarse razonablemente y que se encuentren en su parte resolutiva o que, hallándose en la parte motiva, influyan en aquella. De lo argüido por el Municipio, lo que se observa es la existencia de inconformidades por parte de la convocante respecto al análisis de la experticia (...) y su discrepancia frente a las conclusiones del panel arbitral acerca del valor a ser reconocido a la Unión Temporal por concepto de descuentos no tributarios improcedentes, pretendiendo que el juez de la anulación entre a examinar el fondo de la decisión, puntualmente aquellos aspectos relacionados con el valor total de la condena y el análisis de las pruebas, frente a lo cual es menester reiterar que esta Sala, al amparo del examen del recurso extraordinario de anulación, no puede estudiar el fondo de la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento -errores in iudicando-, pues aquello excede el marco del recurso y ciertamente escapa al ámbito de su competencia. En consecuencia, la Sala encuentra infundada la causal 8ª de anulación invocada por la convocante en su recurso. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FALLO CITRA PETITA / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA / DESCUENTO TRIBUTARIO / TRIBUTO / RETENCIÓN DEL TRIBUTO / COSTAS PROCESALES / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Incurrió el tribunal de arbitramento en un fallo citrapetita al no pronunciarse sobre las pretensiones relacionadas con retenciones o descuentos tributarios, asi como de las costas del proceso? Respuesta al problema jurídico: No Análisis sobre los cargos expuestos por la Unión Temporal en torno a la causal 9ª de anulación (...) Al respecto la Sala, tras la revisión formal del laudo arbitral acusado, los hechos y pretensiones de la demanda principal, las excepciones alegadas en la contestación y de la parte motiva y resolutiva de la providencia, concluye que la causal invocada no tiene vocación de prosperar, conforme pasa a exponerse. Sobre el particular, comenzando por el estudio de los tres primeros cargos presentados por la convocante, la Sala observa que todos ellos se encuentran relacionados con la decisión adoptada por el panel arbitral al declarar su falta de competencia para decidir sobre las pretensiones relacionadas retenciones o descuentos de carácter tributario, al considerar el recurrente que los aspectos debatidos no versaban sobre tema tributario alguno y que el panel arbitral en la primera audiencia de tramite se declaró competente para conocer y decidir la controversia sometida a su conocimiento, a pesar de lo cual en el laudo arbitral estimó que no era competente para resolver las pretensiones de la demanda relacionadas con dichos descuentos, con lo que dejó de pronunciarse sobre la totalidad de los asuntos materia de debate y profió, por tanto, un fallo infra petita. Al respecto, dentro de los límites del análisis de la configuración de la causal invocada por el recurrente, es pertinente anotar que en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra consagrado el denominado principio de kompetenz-kompetenz, como se desprende claramente del artículo 29 de la Ley 1563 de 2012, de acuerdo con el cual el Tribunal de Arbitramento es competente para resolver sobre su propia competencia. A su vez, con relación a la oportunidad para pronunciarse sobre su propia competencia para decidir de fondo la controversia, asunto controvertido a lo largo del recurso por parte de la demandante, es de señalar que el Tribunal de Arbitramento en la primera audiencia de trámite profiere una decisión preliminar a partir del análisis de factores subjetivos y objetivos que debe revisar en ese estadio del proceso, de tal suerte que otro tipo de análisis, que implique un estudio sobre el contenido y alcance de las pretensiones o que requiera una valoración integral de las pruebas o un análisis jurídico acerca de la materia objeto del proceso, es realizado por el panel arbitral al momento de proferir el laudo arbitral, pudiendo suceder que, pese a la decisión inicial adoptada en la primera audiencia de trámite, en el laudo arbitral el Tribunal encuentre que no es competente para pronunciarse sobre todas o algunas de las pretensiones. Lo anterior, tal como lo ha señalado esta Subsección, se explica en las características propias de la definición de la competencia arbitral, la cual se basa en parámetros diferentes a los establecidos en el Código General del Proceso, motivo por el cual han señalado la jurisprudencia y la doctrina que si asuntos relacionados con la competencia no aparecen de plano claros en la primera audiencia de trámite, serán objeto de pronunciamiento en el laudo mismo. Ahora bien, descendiendo al caso concreto, (...)estima la Sala que el cargo analizado no configura la causal de anulación prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que en el laudo arbitral del 14 de octubre de 2022, aclarado de oficio mediante providencias el 19 y 21 de octubre de 2022, el Tribunal de Arbitramento: (i) se pronunció respecto de su competencia para resolver sobre las pretensiones de la demanda, declarando su falta de competencia para abordar reclamaciones de carácter tributario, asunto que podía ser decidido al momento de proferir el laudo y no exclusivamente al surtirse la primera audiencia de trámite; (ii) resolvió de fondo aquellas pretensiones frente a las cuales consideró ser competente; y (iii) se pronunció y resolvió sobre cada una de las excepciones propuestas. Una cosa es omitir pronunciarse frente a una pretensión de la demanda y otra completamente diferente, como ocurrió en el presente caso, resulta ser la de pronunciarse respecto de una pretensión para concluir que no existe competencia para resolverla; en este último evento en estricto sentido sí existe un pronunciamiento acerca de la pretensión y, por tanto, no se vulnera el principio de congruencia. Es de reiterar que la decisión adoptada en el laudo arbitral en punto a la competencia para resolver las pretensiones de la demanda relacionada con los descuentos tributarios, se llevó a cabo por el panel arbitral al realizar el necesario estudio de los presupuestos procesales y las excepciones formuladas por el Municipio, como resultado de lo cual, al considerar que carecía de competencia respecto de dichas peticiones del libelo introductorio, consecuencia obligada era la de abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo frente a las mismas, no siendo óbice para ello la circunstancia de que, en forma preliminar, se hubiere declarado competente para conocer de la controversia en el curso de la primera audiencia de trámite, tal como se ha expuesto en precedencia. Finalmente, en cuanto a la omisión relativa a la condena en costas, (...) salta a la vista que el Tribunal Arbitral se pronunció sobre las expensas y agencias en derecho y adoptó las decisiones correspondientes, de conformidad con las consideraciones que sobre el particular expuso en torno a los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, la Ley 1563 del 2012 y el artículo 2 del acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura y teniendo en cuenta a la prosperidad parcial de las pretensiones, razón por la cual emerge con claridad que el cargo alegado no tiene vocación de prosperar. En este punto, la Sala observa que la convocante pretende que el juez del recurso de anulación estudie aspectos relacionados con la aplicación e interpretación de normas y, puntualmente, que se incremente el monto de la condena impuesta por concepto de costas y agencias en derecho, pues a su juicio no guardó una adecuada proporción o correlación respecto a las pretensiones de la demanda que resultaron prósperas, frente a lo cual no se advierte, en modo alguno, que el Tribunal hubiere dejado de resolver sobre las costas y expensas del proceso, siendo menester reiterar que el análisis realizado por el Tribunal no puede ser objeto de examen por esta Sala, dado que le está vedado al juez de la anulación pronunciarse sobre el fondo de la controversia, así como tampoco le está dado calificar o modificar las valoraciones e interpretaciones realizadas por el Panel Arbitral o el análisis del acervo probatorio. Como atrás se advirtió, el recurso extraordinario de anulación se encuentra sujeto a las causales taxativas que la ley ha previsto con el fin de corregir los errores in procedendo en los cuales hubiese podido incurrir el respectivo Tribunal de Arbitramento. No es posible, entonces, disentir del criterio y de las consideraciones asumidas por el Tribunal al expedir el laudo, teniendo en cuenta que el mismo resulta de la apreciación de los hechos sometidos a su competencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, en conclusión, el recurso de anulación interpuesto por la Unión Temporal Dadle Vosotros de Comer no está llamado a prosperar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del Tribunal de Arbitramento, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 7 de octubre de 2020, exp. 61704 C.P. Nicolás Yepes Corrales FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 29 CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / ARREGLO DIRECTO / ETAPA DE ARREGLO DIRECTO / TRÁMITE DE ARREGLO DIRECTO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONSTITUCIÓN INDEBIDA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / VALIDEZ DEL LAUDO ARBITRAL / LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿El laudo incurrió en causal de anulación del laudo arbitral por integrarse de forma indebida el Tribunal de Arbitramento, ya que no se cumplieron los procedimientos previos de negociación directa? Respuesta al problema jurídico: No Análisis sobre los cargos expuestos por el Municipio en torno a la causal 3ª de anulación (...) comoquiera que el Municipio cumplió con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por cuanto hizo valer en su oportunidad los motivos que hoy considera dan lugar a la configuración de la causal mediante la interposición del recurso de reposición contra el auto en el que el Tribunal de Arbitramento asumió la competencia, la Sala entrará a examinar los cargos formulados por el recurrente en punto de la causal 3ª de anulación. Al respecto, frente al omisión de la etapa de arreglo directo contenida en la cláusula compromisoria, la Sala pone de presente que el artículo 229 de la Constitución Política garantiza a toda persona su acceso a la justicia, en concordancia con lo cual el artículo 13 de Código General del Proceso prescribe que “[…] Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia.” (...) Así las cosas, en el presente asunto se tiene que, si bien en el pacto arbitral contenido en el convenio celebrado entre las partes éstas acordaron adelantar la etapa de arreglo directo en forma previa a la instancia arbitral, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del el artículo 13 del Código General del Proceso y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sección Tercera de ésta Corporación, no haberse cumplido los trámites o procedimientos previos a la convocatoria del tribunal acordados en el pacto arbitral no configura la causal 3ª de anulación alegada por el Municipio, pues, tal como ha quedado expuesto, no agotar la negociación directa, la conciliación o la amigable composición con anterioridad a la integración del tribunal respectivo no limita o impide el derecho de acceso a la administración de justicia, ni se constituye en un motivo suficiente para anular el laudo arbitral proferido NOTA DE RELATORÍA: Sobre la integración del tribunal de arbitramento con el agotamiento de etapas previas, ver: Corte Constitucional, sentencia C-602 de 2019 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 21 de julio de 2016, exp. 55477, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 229, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 13 PAGO DE HONORARIOS / TÉRMINO DEL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONSTITUCIÓN INDEBIDA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / INDEBIDA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / FALTA DE COMPETENCIA / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Problema jurídico: ¿El cargo planteado en torno al pago de honorarios y gastos del tribunal de arbitramento de manera extemporanea debe analizarse según los argumentos del Municipio como causal de anulación por caducidad de la acción y falta de jurisdicción y competencia y no como indebida conformación del tribunal? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n cuanto al cargo planteado en torno al pago de honorarios y gastos de manera extemporánea, una vez revisada la impugnación del recurrente se observa que la cadena argumentativa esbozada por el Municipio estructura en realidad la causal consagrada en el numeral 2º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, de acuerdo con el cual es causal de anulación la caducidad de la acción y falta de jurisdicción o competencia. En efecto, si bien el recurrente invocó la causal 3ª relativa a la indebida constitución o integración del Tribunal, como sustento de la misma en su recurso afirmó que el pago de los honorarios y gastos del proceso fue realizado por fuera del término legal y en forma distinta a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 (...) A partir de la argumentación expuesta por el recurrente, se observa que las razones alegadas como apoyo o sustento de la causal que aduce enmarcan en la causal 2ª de anulación y, concretamente, en la hipótesis de falta de competencia, pues el pago extemporáneo de los honorarios y gastos del Tribunal alegado por el Municipio en su recurso no guarda relación con la constitución del Tribunal, ni con la calidad de los árbitros o su designación. Por el contrario, según las voces del inciso final del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 en concordancia con el artículo 35 de la Ley ejusdem, y tal como ciertamente lo señaló el Municipio en la sustentación de su recurso de anulación, aquel produce como consecuencia la extinción de los efectos del pacto arbitral respecto del caso concreto, circunstancia que, como pasa a exponerse, corresponde propiamente a uno de los supuestos de falta de competencia, puntualmente a aquel que se deriva del carácter transitorio de la facultad de administrar justicia por parte de los árbitros en virtud de la habilitación que emerge del pacto arbitral y la cual se extingue y queda sin efecto alguno respecto al caso concreto, entre otros casos, cuando las partes no atienden la carga de cancelar las expensas del proceso arbitral. En este sentido, conviene recordar que la jurisdicción es la función pública que tiene como finalidad la administración de justicia, ejercida por el Estado mediante los órganos que la ley dispone para ello, incluidos los árbitros mientras desempeñan sus funciones. Por su parte, la competencia hace referencia a la distribución que se realiza para el ejercicio de la función pública de administrar justicia, fundamentalmente debido a la complejidad y extensión de los asuntos, distribución a partir de la cual se determina, según distintos factores como la cuantía, la calidad de las partes, el domicilio, entre otros, cuál funcionario que tiene jurisdicción ha de conocer en particular un determinado asunto. Es así como, de vieja data se reconoce que mientras la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia es la facultad de administrar justicia en determinados asuntos, es decir que mientras aquella es el género, ésta la especie, pudiendo ocurrir en la práctica, por tanto, que frente a determinadas materias un juez, aun gozando de jurisdicción, carezca de competencia para determinado negocio . Ahora bien, tal como se expuso atrás, el arbitraje comporta el ejercicio de función jurisdiccional por los árbitros, quienes administran justicia de manera transitoria y para efectos de la disputa sometida a su conocimiento, como resultado de la habilitación que mediante el pacto arbitral han realizado las partes, pues en este caso no es la ley sino las partes las que confieren la competencia a los árbitros para el conocimiento y decisión de determinados asuntos. Así, en virtud del pacto arbitral (compromiso o cláusula compromisoria), las partes de manera consciente y voluntaria acuerdan habilitar la competencia de los árbitros para resolver las diferencias existentes o eventuales entre ellas, a la vez que deciden derogar la jurisdicción y la competencia de los jueces institucionales o permanentes en forma transitoria y con sujeción a lo expresamente acordado por las partes en el pacto. Por ello, al hablar de competencia en materia arbitral es necesario hacer referencia al principio de voluntariedad o libre habilitación, en virtud del cual son las partes quienes en ejercicio de la autonomía dispositiva otorgan la competencia a un juez arbitral para resolver las controversias existentes o que surjan entre ellos . Por su parte, la transitoriedad del arbitraje implica que los árbitros se encuentran investidos de la función de administrar justicia solo temporalmente, de modo que, ante el acaecimiento de alguno de los supuestos que consagra el ordenamiento jurídico en los que el tribunal cesa en sus funciones, finaliza su habilitación para administrar justicia, lo cual, al tenor del artículo 35 de la Ley 1563 de 2012, tiene lugar: (i) por la ejecutoria del laudo o, en su caso, de la providencia que resuelva sobre la aclaración, corrección o adición, sin perjuicio de que las partes interpongan recurso de anulación, caso en el cual la función se extiende durante el trámite de sustentación del recurso extraordinario; (ii) por la finalización del término convencional o legal fijado para el proceso arbitral, sin perjuicio de la adición, de las suspensiones y de las prórrogas que tuvieren lugar; (iii) por voluntad de las partes; (iv) cuando no se efectúa oportunamente el pago de gastos y honorarios previstos en la ley; y (v) cuando el litisconsorte necesario que no suscribió el pacto arbitral no sea notificado o no adhiera oportunamente al pacto arbitral. De todo lo anterior se desprende que la causal de anulación de falta de competencia de los árbitros se configura cuando el laudo ha sido proferido sin la concurrencia de los factores objetivo y subjetivo que conforme a la ley y al pacto respectivo debían habilitar a los árbitros para adelantar el trámite y adoptar la decisión; factores que se concretan en que el litigio recaiga sobre asuntos de libre disposición o aquellos que la ley expresamente consagra, que lo solicitado en la demanda arbitral corresponda a lo previsto por las partes en el pacto arbitral y que éste se encuentre formal y materialmente vigente . A propósito de este último requisito y de cara al cargo formulado por el Municipio, es de señalar que los árbitros carecen de competencia para resolver aquellas discrepancias incluidas en una demanda arbitral, cuandoquiera que cesan los efectos del pacto arbitral, tal como ocurre, entre otros eventos, por no cubrir los honorarios y gastos del Tribunal en el término establecido por el legislador. En efecto, la Ley 1563 de 2012 impone a los árbitros declarar extintos los efectos del pacto arbitral en determinados casos y, entre ellos, el no pago de los honorarios y gastos del Tribunal dentro del plazo legal dispuesto al efecto, hipótesis en el cual la controversia será entonces de conocimiento de la jurisdicción permanente -a menos que las partes celebraren un nuevo pacto arbitral bajo la modalidad del compromiso-, por cuanto, tal como lo ha decantado la jurisprudencia de esta Sección, al abstenerse de cumplir con dicha carga las partes deshacen tácitamente su declaración de voluntad, en la que inicialmente dispusieron llevar a arbitramento el conflicto en cuestión. En otras palabras, la consecuencia que se desprende frente al hecho de desatender la carga que les corresponde a las partes en materia de pago de gastos y honorarios, al tenor literal del inciso final del artículo 27 de la ley ejusdem, consiste en que cesan los efectos del pacto arbitral, lo que equivale a decir que ya no puede materializarse la voluntad declarada por las partes de someter su disputa a la decisión del panel arbitral, pues aquellas deshicieron tal habilitación al abstenerse de cubrir los pagos a su cargo. De conformidad con lo anterior, el vicio consistente en resolver en el laudo asuntos no enmarcados en el pacto arbitral o excluidos de éste por virtud de la ley, como ocurre en el evento en que cesan los efectos del pacto arbitral y por ende la habilitación de los árbitros para administrar justicia, como consecuencia de no haber sufragado en forma completa y oportuna los honorarios y gastos del arbitraje, configura, justamente, la causal de anulación de falta de competencia. En este sentido, la Sala reitera que dicho yerro no se enmarca en los supuestos de otra causal distinta, ni aún la prevista en el numeral 3º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por aludir ésta a las reglas de integración del Tribunal, definidas en el pacto arbitral y en la ley, relativas a la designación de los árbitros y del secretario, el procedimiento para la conformación del Tribunal, la observancia de los deberes de información y el régimen de conflicto de intereses, impedimentos y recusaciones y su trámite, y no a las materias que por disposición legal y/o del propio pacto arbitral puedan ser sometidas a ese mecanismo de solución de conflictos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la delimitación de la competencia de los arbitros en el pacto arbitral, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de agosto de 2006, exp. 32499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de marzo de 2012, exp. 18013, C.P. Mauricio Fajardo Gomez, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 31 de octubre de 2016, exp. 11001-03-26-000-2016-00099-00(57422)A C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre el seguimiento de la cadena argumentativa para determinar la causal alegada, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2023, exp. 69408, C.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 31 de octubre de 2016, exp. 11001-03-26-000-2016-00099-00 (57422)A y del 18 de diciembre de 2020, exp. 11001-03-26-000-2018-00178-00(62573), C.P. Nicolás Yepes Corrales, entre otras. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 27, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2 HONORARIOS / FALTA DE PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / HONORARIOS DEL ÁRBITRO / PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / TÉRMINO DEL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CHEQUE DE GERENCIA / PAGO DEL CHEQUE / ENDOSO DEL TÍTULO VALOR / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿La parte convocante atendió la carga de cubrir los honorarios y gastos del arbitraje al entregar un cheque de gerencia con demasiados endosos? Respuesta al problema jurídico: Si Como se desprende de la norma citada [artículo 27 de la Ley 1563 de 2012], la ley no establece una forma específica y única de realizar el desembolso de los recursos, es decir que bien puede efectuarse a través de cualquier medio de pago contemplado en el ordenamiento jurídico, como justamente lo es la entrega de cheques endosados. En otras palabras, no es forzoso realizar el pago en dinero efectivo o con la entrega de un cheque de gerencia y/o de un cheque girado a nombre del presidente del tribunal, pues en tratándose de títulos a la orden, mediante el endoso y la entrega del instrumento se transfieren los derechos de crédito incorporados en el título, convirtiéndose el endosatario en tenedor legítimo del mismo, de donde resulta que la entrega de un cheque endosado es un medio de pago idóneo con el que las partes pueden atender cabalmente la carga de cubrir los costos del proceso arbitral, siempre que no resulte impagado por cualquiera de las causales bancarias, como por ejemplo la existencia de fondos insuficientes. Ahora bien, el artículo 27 del Estatuto Arbitral establece que para el manejo de los recursos el presidente del Tribunal de Arbitramento debe abrir una cuenta especial e indica que las partes han de efectuar el desembolso de los gastos y honorarios del proceso mediante consignación o depósito en dicha cuenta. Con todo, ante las distintas vicisitudes que en la práctica pueden presentarse en punto a la apertura de la cuenta, como lo es, por ejemplo, el tiempo que ello puede tardar o la circunstancia de que las entidades financieras no den paso a la apertura de aquella sin mediar un depósito inicial, una interpretación lógica, sistemática, razonable y teleológica de la norma permite concluir que, si en el término de 10 y 5 días dispuesto en la citada norma la cuenta especial para el manejo de los recursos aún no se encuentra abierta y, por ende, la partes evidentemente no se encuentran en posibilidad de efectuar un depósito o consignación en la misma, bien puede realizarse el pago válidamente mediante la entrega de los recursos al árbitro que funja como presidente o al secretario si ha sido autorizado por aquel para dichos efectos. Descendiendo al caso concreto, (...) al examinar la actuación concluye la Sala que la parte convocante atendió la carga de cubrir los honorarios y gastos del arbitraje, primero respecto al 50% que le correspondía dentro del término de 10 días concedido para tal fin y, posteriormente, dentro de los cinco días siguientes que establece el artículo 27 de la ley ibidem para cancelar el 50% a cargo del Municipio, haciendo entrega de cheques por los montos correspondientes a los valores fijados por el colegio arbitral, los cuales, si bien no estaban girados a nombre del presidente del Tribunal, se encontraban endosados y contaban con la provisión de fondos disponibles en las respectivas cuentas bancarias. Por lo anterior, si bien en constancia secretarial que reposa en el proceso se indicó que al consignar los cheques entregados por la Unión Temporal en la cuenta bancaria abierta por el presidente del colegio arbitral, el cajero del banco receptor, según manifestó el secretario del panel, indicó que los cheques presentaban una excesiva cadena de endosos, lo cierto es que ello obedeció a políticas internas de la entidad financiera, que escapan al control de la parte convocante y son completamente ajenas a su conducta, observándose, por lo demás, que ante dicha circunstancia y a pesar de la existencia de fondos suficientes en los bancos librados, el 2 de diciembre de 2021 procedió a efectuar el depósito mediante transferencia a la cuenta abierta por el presidente del Tribunal y cheque de gerencia, cubriendo con ello la totalidad de los costos del proceso. En este punto, cabe añadir que la existencia de una cantidad “excesiva” de endosos no es un motivo o causal establecida en la ley para impagar el título valor, pues el estatuto mercantil no limita la cantidad de endosos, exigiendo al efecto tan solo que la cadena de los mismos sea ininterrumpida (artículos 661 y 662 C.Co.), circunstancia que, a la vista de lo que se observa en el expediente, no corresponde a lo acontecido en el presente caso. Por otro lado, la Sala observa que la apertura de la cuenta bancaria a nombre del presidente del colegio arbitral para el manejo de los dineros relacionados con el proceso fue abierta el 30 de noviembre de 2021, como se desprende de la certificación del banco Davivienda que reposa en el plenario, por lo que, como atrás se expuso, mal podría considerarse que el pago no fue realizado en debida forma al no haberse efectuado la consignación en dicha cuenta bancaria antes del vencimiento de los plazos de 10 y 5 días de que trata el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 atrás citado, pues dichos términos corrieron hasta el 22 y 29 de noviembre de 2021, respectivamente, fechas en las cuales aquella aún no se encontraba abierta, pues justamente el presidente del Tribunal abrió la cuenta especial para el manejo de los recursos una vez fueron entregados los cheques tantas veces mencionados. En este sentido, se anota que en la providencia mediante la cual el panel arbitral fijó los honorarios y costos del proceso, autorizó expresamente al secretario para recibirlos en su oficina. De conformidad con lo expuesto, a la vista de la conducta observada por la Unión Temporal en punto al pago de los honorarios y gastos del proceso y en virtud del principio de la buena fe y de prevalencia del derecho sustancial, la Sala encuentra que le asistió razón al Tribunal al entender efectuado el pago en los plazos fijados en el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 a través de la entrega en la oficina del secretario de cheques endosados para el cobro respaldados con fondos suficientes en los bancos librados. En suma, contrario a lo afirmado por el recurrente, la Sala concluye que el pago se efectuó en forma adecuada y en tiempo oportuno, de donde se desprende que no se produjo la extinción de los efectos del pacto arbitral para el caso concreto y que, de contera, los cargos alegados al respecto por parte del Municipio no están llamados a prosperar. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 661, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 662, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 27 FALLO ULTRA PETITA / LAUDO ARBITRAL / INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / TACHA DE TESTIGO / PERITO / TESTIGO PERITO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / CONFLICTO DE INTERESES / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / ERROR IN IUDICANDO / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Debe prosperar la causal 9 de anulación del laudo arbitral en cuestión debido a que constituye un fallo ultrapetita por condenar al Municipio de Cucuta al pago de sumas de dinero sin declarar el incumplimiento del contrato y la prosperidad de la tacha de sospecha de la perito sin haberse formulado dicha tacha? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala evidencia que las acusaciones formuladas por el municipio de San José de Cúcuta con apoyo en la causal 9ª de anulación, se encaminan a controvertir el laudo arbitral proferido el 14 de octubre de 2022, por considerar que constituye un fallo ultra petita al: (i) condenar al Municipio al pago de sumas de dinero sin mediar la declaratoria de incumplimiento del presente contrato y, (ii) declarar la prosperidad de la tacha de sospecha sobre la perito (...), a pesar de que la actora no formuló un tacha de sospecha en los términos previstos en el Código General del Proceso pues lo que presentó fue una recusación. Frente a lo anterior, a partir de la revisión formal realizada por la Sala al laudo arbitral acusado, a la luz de los hechos y pretensiones de la demanda principal, de las excepciones alegadas en la contestación y de la parte motiva y resolutiva de la providencia, la Sala concluye que la causal invocada no tiene vocación de prosperar, como pasa a exponerse. (...) el cargo alegado no tiene vocación de prosperar, toda vez que la Sala encuentra, en suma, que lo resuelto por el colegio arbitral frente a las pretensiones declarativas y de condena correspondió a las pretensiones y excepciones planteadas en el proceso, y específicamente aquellas atinentes a la declaratoria de incumplimiento de la obligación de pago a cargo del Municipio demandado. Las afirmaciones del recurrente en el sentido de indicar que el Tribunal condenó al Municipio al pago de descuentos no tributarios sin tener en cuenta que las actas de pago (...) se encaminan a revivir el debate acerca de los asuntos sometidos a decisión de la justicia arbitral, a la vez que cuestionan o controvierten las consideraciones y el análisis realizado por el Tribunal al resolver el fondo de la controversia sometida a su decisión, todo lo cual escapa al alcance del recurso extraordinario de anulación, tal como lo dispone el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 (...) Para finalizar, en lo que respecta al segundo cargo alegado por la parte convocada, en el que se cuestiona la decisión adoptada por el panel arbitral al declarar la prosperidad de la tacha presentada contra la perito (...), se tiene que el Municipio señala que el apoderado de la convocante formuló recusación en contra de la citada perito, no obstante lo cual en el fallo impugnado lo que dispuso el Tribunal fue declarar próspera una tacha de sospecha de la perito. Sobre el particular, al revisar el expediente se puede observar que, en la audiencia del 24 de agosto de 2022 durante la cual tuvo lugar la contradicción del dictamen pericial, el apoderado de la parte convocante presentó de manera verbal recusación contra la perito (...) luego de que la perito manifestara que su sobrina se encontraba vinculada al Municipio mediante un contrato de prestación de servicios, frente a lo que el Tribunal señaló que dicha solicitud sería resuelta en el laudo arbitral. Posteriormente la parte actora, en escrito del 1 de septiembre de 2022, reiteró sus observaciones frente a la objetividad e imparcialidad de la perito, indicando que incluso se configuraba un conflicto de intereses (...) En este orden, la Sala encuentra que al pronunciarse sobre la eficacia probatoria de la experticia mencionada el Tribunal de Arbitramento analizó y expuso las distintas razones por las cuales consideró que el dictamen pericial carecía de mérito probatorio, sin que corresponda en sede de anulación juzgar o calificar los criterios, motivaciones o valoraciones probatorias efectuadas por el colegio arbitral. Debe recordarse que, dado que son verdaderos jueces en su causa, los árbitros ostentan las mismas potestades y prerrogativas de aquellos que hacen parte de la Rama Judicial, razón por la cual deben ejercerlas en el proceso arbitral siempre que precisen de ello para dilucidar el conflicto, correspondiéndoles resolver incluso sobre todo aquello que, aun no habiendo sido expresamente pedido por las partes, abre paso a las facultades oficiosas que le corresponde ejercer a todo juez NOTA DE RELATORÍA: Sobre las facultades jurisdiccionales de los arbitros, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2023, exp. 69408 C.P. María Adriana Marín FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42 RECHAZO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INFUNDADO / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO / ERROR IN PROCEDENDO Problema jurídico: ¿En sede de anulación tienen cabida peticiones distintas de la pretensión de nulidad fundada en las causales establecidas en la ley 1563 de 2012? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el presente asunto, no prosperando ninguno de los recursos de anulación presentados por las partes, compete a la Sala declararlos infundados y resolver lo atinente a las costas, sin que tenga cabida realizar pronunciaciones o adoptar disposiciones distintas o adicionales (...) Al respecto, baste resaltar que el recurso de anulación de laudos arbitrales es un recurso extraordinario que se encamina a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo, siendo ajeno a la competencia de esta Corporación intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del laudo arbitral o rectificar sus razonamientos o criterios, correspondiéndole única y exclusivamente adoptar la decisión de encontrar fundadas o infundadas las causales invocadas y proferir las decisiones que, en los precisos términos del citado artículo 43 del Estatuto de Arbitraje, resulten de la prosperidad o no del recurso y de la causal invocada. En este orden, en sede de anulación no tienen cabida peticiones distintas de la pretensión de nulidad fundada en las causales establecidas en el artículo 41 ejusdem, en cuyo efecto las facultades del juez del recurso de anulación de laudos arbitrales se circunscriben al examen de las causales taxativas que consagra la ley y las decisiones que establece el artículo 43 ibidem. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43 CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FUNCIÓN DE RETRIBUCIÓN JUSTA Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas cuando los dos recursos de anulación de laudo arbitral se declaran infundados y las agencias en derecho son por el mismo monto y a favor de cada una de las recurrentes? Respuesta al problema jurídico: No Comoquiera que se declararán infundados los recursos de anulación interpuestos por ambas partes, tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 (...) A su turno, el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” dispone que tratándose del recurso de anulación de laudos arbitrales la tarifa de agencias en derecho será de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, comoquiera que no aparecen acreditadas expensas o gastos que se hubieran efectuado con ocasión de los recursos de anulación, solamente habría lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de la Unión Temporal Dadle Vosotros de Comer y el municipio de San José de Cúcuta, que se fijarían en diez (10) SMLMV a la fecha de la presente providencia a favor de cada una de las recurrentes. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las circunstancias especiales del caso, esto es, que ambos recursos se declararán infundados y que solo habría lugar al pago de agencias en derecho por el mismo monto y a cargo y en favor de cada una de ellas, la Sala, sobre la base de la justa retribución, estima innecesario imponer dicha condena. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202300023001100103