Titulación de la relatoría 15.038 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / ESTATUTO DE ARBITRAJE / ACTO ADMINISTRATIVO / REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / MECANISMOS DE COMPENSACIÓN / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / COMPENSACIÓN / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTENIDO ECONÓMICO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los árbitros pueden conocer de las consecuencias económicas que generan los actos administrativos contractuales expedidos en ejercicio de facultades excepcionales?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dicho en la providencia mediante la cual la Sección Tercera avocó conocimiento de este asunto con fines de unificación, la tarea que asumió la Sala fue, precisamente, establecer “el real alcance de la competencia atribuida a los árbitros en el artículo 1º del estatuto de arbitraje, en relación con los actos administrativos en los que se ejerce una facultad excepcional por parte de la entidad contratante”. […] Mi disenso se relaciona con dos aspectos particulares que fueron incluidos en la regla de unificación: de un lado, la consideración de que son materias inescindibles del ejercicio de las potestades excepcionales no solamente las medidas de compensación sino también “la aplicación de los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales”; y, del otro, el señalamiento de que “cualquier controversia” que surja en torno a esos temas queda excluida del conocimiento arbitral. A mi juicio, la inclusión de estos asuntos terminó vaciando de contenido la regla de competencia prevista en el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012, pues, a pesar de que por expresa disposición del legislador los árbitros sí pueden conocer de las consecuencias económicas que generan los actos administrativos contractuales expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, la sentencia de la cual me aparto adoptó como criterio que la justicia arbitral no puede conocer de las controversias respecto de la aplicación de las medidas de compensación previstas en este tipo de actos, afirmando categóricamente que “cualquier controversia” relacionada con tales medidas solo puede ser llevada a la jurisdicción contencioso administrativa. Como lo exprese a lo largo del debate de este asunto, tal criterio parte de la confusión de dos conceptos cuyo planteamiento y diferenciación hubieran podido servir como punto de partida para la determinación del verdadero alcance de la competencia prevista en el artículo 1 del Estatuto Arbitral, la definición de sus linderos y el ofrecimiento de herramientas concretas que permitieran a los operadores jurídicos dar aplicación a la misma. Se trata, específicamente, de diferenciar entre el contenido económico del acto contractual y los efectos económicos que este genera. […] Bajo tal distinción, es claro que cuando el legislador habilitó a los árbitros para conocer de “las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales”, en los términos del artículo 1 de la Ley 1563 de 2012, se refería a la posibilidad de someter a su conocimiento las controversias respecto de los efectos económicos que resultaran de su aplicación y no al contenido económico de los mismos, el cual, insisto, en mi criterio sí hace parte inescindible del ejercicio de la potestad extraordinaria. Sin embargo, como quiera que estos aspectos no fueron debidamente delimitados al momento de definir la regla de unificación, se terminó estableciendo un criterio de interpretación que niega la posibilidad de que la justicia arbitral conozca tanto de la validez de las medidas de restablecimiento previstas por la administración en el acto administrativo contractual, lo que se ajusta a la previsión legal contenida en el referido artículo 1 del Estatuto Arbitral, como de las consecuencias económicas de las mismas, aspecto este último que sí la desconoce. […] Tales consideraciones me llevan a apartarme de la regla de unificación que quedó fijada en la sentencia a que se refiere este asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de competencia de los tribunales arbitrales para decidir sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales, cita: Corte Constitucional, sentencia del 25 de octubre de 2000, C-1436/00, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14
CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALTA DE JURISDICCIÓN / CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO CONTRACTUAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / FALSA MOTIVACIÓN / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LAUDO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCIÓN / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA / FALLO EN EQUIDAD / FALLO EN DERECHO
Problema jurídico:
¿El Tribunal Arbitral actuó con falta de jurisdicción y por fuera del ámbito de sus competencias?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]demás, mi disenso se relaciona también con las conclusiones a las que llegó la Sala al momento de decidir el caso concreto, específicamente, al analizar la materialización de la causal de anulación de falta de jurisdicción. Lo anterior en tanto, en mi criterio, cuando los árbitros convocados para definir la controversia contractual existente entre la empresa SI 99 S.A. y Transmilenio S.A. se pronunciaron sobre las pretensiones cuarta, decimocuarta y subsidiarias de la demanda, limitaron su análisis a la revisión de los efectos económicos que había generado la decisión de modificación unilateral del contrato, determinando que la aplicación de la fórmula de remuneración establecida por la entidad en el acto contractual -no su expedición ni su estructuración-, se había traducido en un rompimiento del equilibrio económico del contrato que, por tanto, debía ser restablecido. Así, partiendo de la legalidad de la modificación unilateral del contrato en los dos componentes que, de acuerdo con la ponencia, hacen parte del ejercicio mismo de la potestad extraordinaria ꟷesto es, tanto de la decisión de modificación como de la determinación de los conceptos incluidos en la fórmula como relevantes para lograr el restablecimiento del equilibrio económico del contratoꟷ, el panel arbitral se ocupó únicamente del análisis de las consecuencias económicas del acto. De ahí que, sin controvertir o estudiar la corrección de los conceptos incluidos en la fórmula establecida por la administración, el Tribunal estudió los valores que, posteriormente, fueron asignados a ella, valores que, debe resaltarse, ni siquiera se encontraban en los actos demandados sino que fueron planteados en mesas de trabajo adelantadas entre la entidad y el concesionario, teniendo en cuenta que ya no se trataba de recuperar la inversión de la concesión, sino solo de asegurar que se le pagara correctamente por el servicio que iba a prestar. […] Por esta razón, me aparto de la consideración que se plantea en la sentencia en el sentido de que, a pesar de que los árbitros manifestaron que las decisiones adoptadas no se relacionaban con la validez de la decisión de la entidad, “la realidad permite evidenciar que el cálculo del monto indemnizatorio se fundó en una nulidad virtual de la Resolución 589, la cual, según se concluyó, implementó unas variables que no eran veraces o correctas”, de forma que cuando estudió el asunto “de manera implícita, coligieron que el acto adolecía de falsa motivación”. […] En ese sentido, estimo que para arribar a la conclusión de que, en este caso, el tribunal arbitral realmente había adelantado un juicio de legalidad del acto contractual, resultaba necesario verificar si la argumentación planteada en el laudo se había encaminado a cuestionarlo directamente por alguno de los aspectos a que se refiere el artículo 137 del CPACA; sin embargo, respetuosamente debo indicarlo, en la sentencia no se planteó o desarrolló con suficiencia ese asunto. Además, a lo largo del trámite arbitral fue claro que estaban excluidos del debate procesal todos los aspectos relativos a la legalidad de los actos administrativos contractuales en los que Transmilenio ejerció la facultad de modificación unilateral. […] Por todo lo anterior, estimo que en este caso el Tribunal Arbitral no actuó con falta de jurisdicción ni por fuera del ámbito de sus competencias, pues, en realidad, el asunto sometido a su consideración y la decisión adoptada estuvieron enmarcadas dentro de las materias que el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012 prevé que puedan llevarse a conocimiento de la justicia arbitral. De ahí que, a mi juicio, el cargo de anulación propuesto por falta de jurisdicción debió haber sido negado. Por lo demás, y como lo anuncié al inicio de este escrito, comparto tanto las consideraciones como la decisión adoptada en relación con el estudio de la causal séptima del artículo 41 del Estatuto Arbitral, relativa a haberse fallado en conciencia o en equidad debiendo ser en derecho, la cual, a mi juicio, no se configuró en este caso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5
ARBITRAJE / CONCEPTO DE ARBITRAJE / ACUERDO DE VOLUNTADES / ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PARTICULARES / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
Problema jurídico:
¿El arbitraje surge de un acuerdo de voluntades por virtud del cual las partes de una controversia deciden someterla al conocimiento de unos particulares que transitoriamente administran justicia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n nuestro ordenamiento, el arbitraje surge de un acuerdo de voluntades por virtud del cual las partes de una controversia deciden someterla al conocimiento de unos particulares que transitoriamente administran justicia, con la limitación de que, como expresamente se indicó en el Estatuto Arbitral, debe tratarse de “asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice”.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, LEY 1285 DE 2009, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 13
ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTENIDO ECONÓMICO / ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El contenido económico del acto contractual se refiere a las decisiones que la administración adopta en el acto administrativo con el objeto de restablecer la economía del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El […] [contenido económico del acto contractual] se refiere a las decisiones que la administración adopta en el acto administrativo con el objeto de restablecer la economía del contrato, decisiones que, como atrás se indicó, constituyen una clara expresión del ejercicio de la potestad extraordinaria y que, por tanto, no pueden ser sometidas al conocimiento de la justicia arbitral; [los efectos económicos que genera el acto contractual], se [relacionan] con los efectos o con las consecuencias que genera la aplicación práctica de tales decisiones, es decir, en palabras de la Corte Constitucional, con las cargas o prestaciones correlativas entre las partes que se generan después de la expedición del acto […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los efectos económicos del acto contractual que determinan si existe una deuda contractual, y cómo se ha de cuantificar, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación del 14 de marzo de 2007, SU-174/07, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PATRIMONIO PÚBLICO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El análisis de los efectos económicos del acto, busca establecer si las condiciones económicas que las partes pactaron al momento de la celebración del contrato se alteraron durante su ejecución?
Respuesta al problema jurídico: Si
A partir de la sentencia C-1436 de 2000, mediante la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, y del entendimiento que de dicho fallo ha tenido el Consejo de Estado, se ha establecido una clara distinción entre el estudio de la legalidad de los actos contractuales en los que se ejercen potestades excepcionales y el análisis de las repercusiones económicas de los mismos. Así, en sentencia de 31 de octubre de 2016, el Consejo de Estado indicó que mientras el juicio de legalidad implica un ejercicio de subsunción entre el contenido del acto administrativo objeto de revisión y las normas que se reputan vulneradas o desconocidas, cuando se analizan las consecuencias económicas de esos actos administrativos contractuales lo que se hace es revisar “las cargas o prestaciones correlativas entre las partes con ocasión de la celebración de un contrato estatal, así como también la verificación de que las sumas contenidas en éste no resulten lesivas al patrimonio público y se encuentren suficientemente respaldadas en las pruebas arrimadas para ello”. […] [E]l análisis de los efectos económicos del acto lo que busca establecer es si las condiciones económicas que las partes pactaron al momento de la celebración del contrato se alteraron durante su ejecución y, específicamente en el caso del desequilibrio económico, si ello ocurrió por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a quien resulta afectado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la exequibilidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993 relativos a la cláusula compromisoria y el compromiso, cita: Corte Constitucional, sentencia del 25 de octubre de 2000, C-1436/00, M. P. Alfredo Beltrán Sierra. Sobre la diferencia entre el juicio de legalidad y el análisis de las consecuencias económicas de los actos administrativos contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2016, rad. 57422, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la posibilidad que, para la resolución de las controversias exclusivamente económicas, los tribunales arbitrales no examinen la legalidad ni cuestionen la validez de los actos administrativos, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación del 14 de marzo de 2007, SU-174/07, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 70, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 71