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Consejo de Estado Providencia

Conflicto de competencia administrativa: Auto interlocutorio

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Fecha
2025-04-30
Radicado
11001030600020250000500
Número interno
5
Ponente
JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
Actor
PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION DE PEREIRA, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Demandado
COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE RISARALDA PEREIRA CLAC

Síntesis de la providencia

Conflicto de competencia administrativa: Auto interlocutorio

Lo que dijo la Sala

IUS-E-2022-689348; IUC-D-2022- 2731103 adelantada en contra del señor [J.J.Z], profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia. De otro lado, como el actuar del señor Zapata también podría implicar el posible incumplimiento del objeto contractual suscrito con dicho municipio, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se expedirán copias de la presente actuación al alcalde municipal de La Virginia (Risaralda), para que, advirtiendo del respeto por su autonomía, evalúe y verifique el cumplimiento de los objetos contractuales en los mencionados contratos de prestación de servicios y adopte las medidas a que hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria radicada bajo el núm. IUSE-2022-689348; IUC-D-2022-2731103 adelantada en contra del señor [J.J.Z], profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1123 de 2007, art. 19
  • Ley 80 de 1993, art. 14

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

RESUELVE CONFLICTO

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Prestación de servicios y contrato realidad

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Titulación de la relatoría 13.618 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONFLICTO DE COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN OBITER DICTUM [E]s dable concluir que son sujetos disciplinables por el régimen contenido en el Código General Disciplinario, los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria. (...) [D]e conformidad con el Código General Disciplinario, la competencia para investigar y sancionar a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria recae en la Procuraduría General de la Nación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar a particulares que ejercen funciones públicas, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 22 de abril de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00042-00 FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 69, 70,, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 91, 92, MUNICIPIO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PERSONA NATURAL / CONTRATISTA OBITER DICTUM El contrato de prestación de servicios es uno de los contratos estatales que define la Ley 80 de 1993 en el artículo 32, numeral 3 (...) [E]stos contratos pueden celebrarse con personas naturales solo si i) no es suficiente el personal de planta o ii) se trata de conocimientos especializados. Ambas exigencias suponen que la contratación de este tipo de servicios busca complementar y apoyar la actividad de una dependencia y de los servidores públicos a ella adscritos, en aras de la realización de los fines estatales y los principios que rigen la función pública (...) [S]e encuentra que el contrato de prestación de servicios tiene como finalidad colaborar con las entidades estatales en el cumplimiento de tareas relacionadas con la administración o funcionamiento de las mismas, sin que ello implique necesariamente el ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares contratados, pues de lo que se trata es de suplir las necesidades de personal, bien porque no es suficiente o bien porque se requieren especiales conocimientos con los cuales no cuenta la entidad (...) [E]xcepcionalmente estos contratos de prestación de servicios constituyen una forma autorizada por la ley de atribuir funciones públicas a un particular; y ello puede acontecer, eventualmente, (cuando la labor del contratista no se traduce y se agota con la simple ejecución material de una labor o prestación específica, sino en el desarrollo de cometidos estatales que comportan la asunción de prerrogativas propias del poder público, como ocurre en los casos en que adquiere el carácter de concesionario, o administrador delegado o se le encomienda la prestación de un servicio público a cargo del Estado, o el recaudo de caudales o el manejo de bienes públicos, etc.) NOTA DE RELATORÍA: Sobre los contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas, ver: Decisión del 22 de abril de 2024, radicado núm. 11001-03-06-000-2024- 00042-00; Decisión del 22 de marzo de 2017, radicado núm. 11001-03-06-000-2016-00191-00; Concepto 2198 del 19 de noviembre de 2015, radicado núm. 11001-03-06-000-2014-00011-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia Rad. No. 11001-03-26-000-2011- 00039-00(41719) 2 de diciembre de 2013. // Sobre el ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares contratados, ver: Sobre estas precisiones ver las Sentencias C- 563 de 1998; Corte Constitucional, Sentencia C-563 de 1998. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz. Ver también las sentencias C-543 de 2001 y C-233 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3 COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL OBITER DICTUM Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con lo cual se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial. (...) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales sustituyeron a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales en el ejercicio de la función disciplinaria sobre los funcionarios judiciales y los abogados en ejercicio de su profesión. • Se asignó al nuevo órgano la función jurisdiccional disciplinaria respecto de los empleados de la Rama Judicial, quienes antes eran disciplinables por sus respectivos superiores jerárquicos, conforme al artículo 115 de la Ley 270 de 1996. • La Constitución le atribuyó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las seccionales la competencia para continuar con todos los procesos disciplinarios iniciados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales. Sumado a ello, la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, reconoció competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para conocer procesos en contra de (funcionarios y empleados de la Rama Judicial, salvo aquellos que gocen de fuero especial, según la Constitución Política, igualmente contra los jueces de paz y de reconsideración, abogados y aquellas personas que ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional). Esta disposición fue declarada exequible mediante la Sentencia C-134 de 2023. De otro lado, el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 ([p]or la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado), establece que son destinatarios de ese Código los (abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público) y los (abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio). Y, el artículo 60 de la misma Ley, establece que le compete a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, hoy Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, el conocimiento de los procesos disciplinarios (contra los abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción). NOTA DE RELATORÍA: Sobre las funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los abogados en ejercicio, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: Decisión del 22 de abril de 2024, radicado núm. 11001-03-06-000-2024- 000042-00; Decisión del 2 de abril de 2025, radicado núm. 11001-03-06-000-2025-00084-00; Corte Constitucional en las Sentencias C-373 de 2016 y C-112 de 2017; Corte Constitucional, Sentencia C-134 de 2023; Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 6 de noviembre de 2024, radicado núm. 11001- 03-06-000-2024-00509-00. FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015, LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 19, LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 60, LEY 2430 DE 2024, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 115 ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / DEBIDO PROCESO OBITER DICTUM La Corte Constitucional en Sentencia C-899 de 2011 señaló que uno de los elementos esenciales de la prohibición del non bis in ídem, conforme al artículo 29 constitucional, era el de no ser juzgado dos veces por un mismo hecho (...) aseguró que ese mismo hecho podía activar la iniciación de diversos procesos en los que se despliegue la actividad sancionatoria estatal con fines diferentes, por lo que estimó que no se vulnera el principio de non bis in ídem, cuando el proceso y la sanción a imponer, tienen una naturaleza y objetivos diversos. Así, señaló que para que se dé la aparente violación de este principio, se requiere que en las actuaciones estatales se de identidad de: i) motivos; ii) juicios; iii) hechos, iv) asunto v) objeto y vi) causa (...) esa Corporación consideró que, aceptar (que un abogado que practique la profesión y lo haga en desarrollo del vínculo subjetivo que tiene con el Estado, pueda ser sujeto pasible de investigaciones tanto por la Procuraduría General de la Nación y del consejo seccional y superior de la Judicatura, [no] desconoce el principio del non bis ídem como lo afirma el actor, por cuanto no hay similitud en la naturaleza, objeto y la autoridad que conoce de las faltas que pueda cometer ese individuo). (...) Esa conclusión llevó a la Corte Constitucional a declarar exequible el aparte demandado del inciso segundo del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, que señala que «[s]e entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio», pues «las sanciones que están llamados a imponer los consejos seccionales y superior de la Judicatura difieren en su naturaleza y objeto de las que debe imponer el Procurador General de la Nación, razón por la que una misma conducta puede dar origen a que se active la competencia de esos dos entes, sin que se desconozca la prohibición de doble juzgamiento que establece el artículo 29 Constitucional». Por tanto, en cada situación puntual deberá evaluarse la naturaleza y especificidad de la falta, para determinar cuál es la autoridad que en uno u otro caso es la competente para la correspondiente investigación disciplinaria, ya que se trata de objetos y faltas diversas, aunque pueda haber ocasiones, en las que ambas autoridades sean competentes para la investigación, según lo enunciado por la Corte, por no existir vulneración al principio del non bis in ídem. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de non bis in ídem, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: Decisión del 22 de abril de 2024, radicado núm. 11001-03-06-000-2024-00042-00; Corte Constitucional, Sentencia C-899 de 2011 FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 19 CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONFLICTO DE COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA / PROFESIÓN DE ABOGADO / EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Problema jurídico: ¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria radicada bajo el núm. IUSE-2022-689348; IUC-D-2022-2731103 adelantada en contra del señor [J.J.Z], profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e encuentra que el señor [J.J.Z] fue vinculado al municipio de La Virginia mediante contrato de prestación de servicios con la finalidad de que apoyara en el cumplimiento de las tareas del área jurídica de la Dirección de Infraestructura y Gestión del Riesgo de dicho municipio, mas no para asumir prerrogativas propias del municipio, es decir, para desempeñar funciones públicas (...) Al revisar los estudios y documentos previos del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión núm. AM 029-CPS de 2020, se observa que los criterios para seleccionar al contratista para el fortalecimiento de la gestión de la dirección de infraestructura en el municipio de La Virginia, es decir, al señor [J.J.Z], correspondían a que fuera un profesional en derecho con experiencia relacionada con el ejercicio de la profesión mínima de tres (3) años (...) Es decir, que el señor [J.J.Z] fue vinculado al municipio de La Virginia para que, en ejercicio de su profesión como abogado con experiencia mínima de 3 años, asesorara a dicho municipio, que entre otros aspectos también contemplaba ([d]ar respuesta oportuna y adecuada a los Derechos de Petición de la Dirección de Infraestructura y Gestión del Riesgo) Entonces, como la presunta omisión en la que incurrió el señor [J.J.Z],, corresponde a no dar respuesta oportuna y adecuada al derecho de petición presentado (en fecha 15 de octubre del 2020), y esto puede implicar el ejercicio inadecuado de la profesión de abogado al poner en riesgo la efectividad del derecho fundamental de petición, conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, esto es, que el Código Disciplinario del Abogado se aplica a los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar a las personas naturales o jurídicas, la Sala declarará que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria radicada bajo el nro. IUS-E-2022-689348; IUC-D-2022- 2731103 adelantada en contra del señor [J.J.Z], profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia. De otro lado, como el actuar del señor Zapata también podría implicar el posible incumplimiento del objeto contractual suscrito con dicho municipio, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se expedirán copias de la presente actuación al alcalde municipal de La Virginia (Risaralda), para que, advirtiendo del respeto por su autonomía, evalúe y verifique el cumplimiento de los objetos contractuales en los mencionados contratos de prestación de servicios y adopte las medidas a que hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes FUENTE FORMAL: LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 19, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202500005001100103