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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se configura incumplimiento del contrato cuando el contratante paga el precio según una modificación

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Fecha
2021-11-22
Radicado
05001233100019960175501
Número interno
34411
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
EGAL LTDA
Demandado
EPM

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se configura incumplimiento del contrato cuando el contratante paga el precio según una modificación

Lo que dijo la Sala

El 16 de enero de 1995, Empresas Públicas de Medellín-EPM y Egal Ltda. celebraron contrato de obra n.° 4-DJV-1281/2, para instalar redes de abonado urbanas y rurales. Solicita el pago de los mayores costos asumidos por el suministro de madera y el reajuste del anticipo de la prórroga.… Al proceso se aportó la oferta presentada por Egal Ltda. el 19 de diciembre de 1994 al proceso de selección CD-3553. Según el contenido de su oferta, el suministro, transporte y colocación de 1200 postes de madera «mangle» de 7 metros en zona rural tenía un valor unitario de $67.275 y a un valor total de $286.260.318. Presentó una propuesta alternativa para el suministro, transporte y colocación de 1200 postes de madera «pino» de 7 metros a un valor unitario de $61.525 y un valor total de $279.360.318 (f. 101-108 c. 1).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Se configura incumplimiento del contrato cuando el contratante paga el precio según una modificación que el contratista no aceptó expresamente, pero que ejecutó como si lo hubiera hecho, es decir, hubo una modificación tácita al contrato?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Se configura incumplimiento del contrato cuando el contratante reconoce el ajuste del anticipo de la prórroga desde que esta se anuncia y no desde que se cierra el proceso de selección?
  • ¿La prórroga del contrato implica continuarlo por tiempo determinado y la renovación trae consigo hacer algo de nuevo, modificar o sustituir, especialmente lo relacionado con el valor del anticipo?
  • ¿Cuáles son los presupuestos para la valoración probatoria del testigo sospechoso?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Titulación de la relatoría 26.398 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MUTUO DISENSO TÁCITO / ACTO ADMINISTRATIVO TÁCITO / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / PAGO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Se configura incumplimiento del contrato cuando el contratante paga el precio según una modificación que el contratista no aceptó expresamente, pero que ejecutó como si lo hubiera hecho, es decir, hubo una modificación tácita al contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El 16 de enero de 1995, Empresas Públicas de Medellín-EPM y Egal Ltda. celebraron contrato de obra n.° 4-DJV-1281/2, para instalar redes de abonado urbanas y rurales. Solicita el pago de los mayores costos asumidos por el suministro de madera y el reajuste del anticipo de la prórroga. (...) Al proceso se aportó la oferta presentada por Egal Ltda. el 19 de diciembre de 1994 al proceso de selección CD-3553. Según el contenido de su oferta, el suministro, transporte y colocación de 1200 postes de madera «mangle» de 7 metros en zona rural tenía un valor unitario de $67.275 y a un valor total de $286.260.318. Presentó una propuesta alternativa para el suministro, transporte y colocación de 1200 postes de madera «pino» de 7 metros a un valor unitario de $61.525 y un valor total de $279.360.318 (f. 101-108 c. 1). También se aportó la modificación bilateral n°. 1 al contrato 4-DJV-1281/2 que envió EPM al contratista para firma. Según ese documento, era necesario una modificación al contrato, pues había restricciones en el uso de la madera «mangle», que podrían imposibilitar el cumplimiento del contrato. Por ello, se permitiría el uso de madera tipo «mangle» y «pino» para los postes y el valor unitario de cada una sería el dispuesto en la oferta principal y alternativa. La modificación no fue firmada por el contratista (f. 58-59 c. 1). (...) la demandante solicitó la modificación del contrato, pues las restricciones ambientales dificultaban el suministro de la madera solicitada. EPM accedió a permitir el suministro de madera «pino» para no entorpecer el cumplimiento del contrato. Las partes, entonces, acordaron la modificación del contrato para aprobar la madera «pino». (...) La Sala procede a verificar si se presentó una aceptación tácita de la modificación del contrato –respecto al precio de la madera «pino»–, derivada del comportamiento de las partes durante su ejecución. (...) De manera que, aunque no se firmó la modificación propuesta por la entidad, lo cierto es que el contratista aceptó tácitamente las nuevas condiciones propuestas, originadas en la solicitud que le hiciera a EPM para cambiar la madera. Ejecutó de manera inequívoca el contrato y estuvo de acuerdo con las actas parciales de obra. La ejecución de la obra con la madera «pino» y la elaboración y pago de actas durante siete meses son prueba de esa aceptación. (...) De manera que, aunque no se firmó la modificación propuesta por la entidad, lo cierto es que el contratista aceptó tácitamente las nuevas condiciones propuestas, originadas en la solicitud que le hiciera a EPM para cambiar la madera. Ejecutó de manera inequívoca el contrato y estuvo de acuerdo con las actas parciales de obra. La ejecución de la obra con la madera «pino» y la elaboración y pago de actas durante siete meses son prueba de esa aceptación. 24. Según el numeral 4.16 del pliego de condiciones, cuando fuera necesario modificar el plazo o el valor convenido se suscribiría un convenio adicional, que no podía exceder la mitad de la cuantía inicialmente pactada más los reajustes. Las modificaciones quedarían autorizadas con la firma del funcionario competente y del contratista. La ejecución de obras extras y adicionales debía ser pactada previamente. Las obras adicionales eran aquellas que estaban en la lista de ítems, cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas excedían las allí previstas. Obras extras eran las que no figuraban en esa lista, pero que como eran de la naturaleza de la obra contratada se requerían (f. 1-70 c. 3). La intención de la demandada de ejecutar el contrato con la modificación propuesta por EPM no puede ser desconocida por la aplicación del numeral 4.16 del pliego de condiciones. Esa solemnidad que las partes pactaron para las modificaciones era un elemento accidental [núm. 12]. En tal sentido, las partes podían prescindir de ella de mutuo acuerdo –expreso o tácito– (art. 1602 CC), como en efecto ocurrió cuando ejecutaron el contrato con la modificación, aunque esta no contaba con la firma de ambas partes. También debe descartarse que la modificación del contrato era en realidad una «obra extra», pues en el pliego de condiciones estaban definidas como aquellas no incluidas en la lista de ítems, pero que según la naturaleza de la obra contratada se requerían para su funcionamiento. La modificación del tipo de madera fue simplemente un cambio en las características de un ítem que ya estaba reconocido en el contrato. El valor unitario que debía reconocer EPM por el suministro de madera «pino» correspondía al dispuesto en la propuesta alternativa presentada por el contratista, pues las partes así lo pactaron en la modificación al contrato, modificación que, se reitera, fue aceptada tácitamente. Como no se acreditó que la demandada incumplió el contrato al no pagar un mayor valor por el suministro de la madera «pino», la Sala confirmará la sentencia apelada en este punto. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Se configura incumplimiento del contrato cuando el contratante reconoce el ajuste del anticipo de la prórroga desde que esta se anuncia y no desde que se cierra el proceso de selección? Respuesta al problema jurídico: Si Según la demanda, como el contrato se prorrogó en los mismos términos dispuestos en el pliego de condiciones, el reajuste del anticipo por la «prórroga» debía ajustarse desde el cierre de la contratación directa hasta el día del pago del anticipo. Está acreditado que EPM informó a Egal Ltda. que prorrogaría el contrato en las mismas condiciones técnicas, económicas y contractuales inicialmente pactadas [hecho probado 9.5]. Egal Ltda. solicitó a EPM que hiciera el reajuste del anticipo de la prórroga desde el cierre de la contratación pública, esto es, desde el 19 de diciembre de 1994 [hecho probado 9.7]. EPM negó la solicitud porque se renovaron las condiciones como si fuera un contrato nuevo y, por ello, el reajuste se debía hacer desde que se anunció la renovación [hecho probado 9.9]. 28. Según el numeral 1.08 del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato era de 210 días calendario, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación otorgada por la contratante. Ese plazo podía ser prorrogado por igual término y en las mismas condiciones señaladas en el pliego de condiciones. Respecto del anticipo, el numeral 1.10 dispuso que EPM, dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro y previo a la aceptación de la garantía única, entregaría en calidad de anticipo, una suma equivalente al 20% del valor del contrato más un reajuste igual al 1.8% de esa suma por cada mes transcurrido entre el día de cierre de la contratación directa y el día de pago del anticipo y proporcionalmente por fracción de mes. Las partes difieren respecto del momento desde el cual se debe hacer el reajuste del anticipo cuando se prorrogó el contrato. La prórroga mantiene idéntico el contrato y lo continúa en las condiciones iniciales por un período igual. Cuando EPM decidió prorrogar el contrato después del vencimiento del plazo inicial, surgió nuevamente la obligación de pago del anticipo y del ajuste. El numeral 1.10 del pliego previó que se pagaría por el anticipo, una suma equivalente al 20% del valor del contrato y que se haría un reajuste igual al 1.8% de esa suma por cada mes transcurrido entre el día de «cierre de la contratación directa» y «el día de pago del anticipo». La interpretación del contrato implica auscultar, desentrañar y precisar el sentido del negocio jurídico, el alcance de su contenido y los fines que causaron su celebración . Sin embargo, solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1602 CC), es posible recurrir a la definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil . El juez en ningún caso puede suplantar ni modificar la autonomía de la voluntad, su labor está orientada a buscar la finalidad perseguida por las partes con la celebración del negocio jurídico de acuerdo con su contenido y utilidad práctica. Para ello, la ley previó una serie de herramientas que permiten desentrañar el verdadero contenido y alcance de las cláusulas contractuales (arts. 1618 a 1624 CC). Interpretar el contrato no es modificarlo. El juez del contrato no es sucedáneo de las partes, sino el intérprete fiel y discreto de su genuina voluntad. El juez dirime el conflicto, no suple o sustituye la libertad contractual. El juez vela por su garantía efectiva. Nada más. Para establecer el alcance de esa cláusula –numeral 1.10– en relación con la prórroga del contrato, no es suficiente identificar el sentido literal o textual de las palabras contenidas en ella, sino que supone reconstruir, precisar e indagar la intención de las partes en consideración con la función que tenía esa cláusula en el negocio jurídico celebrado (art. 1618 CC). La cláusula de actualización incluida en el numeral 1.10 del pliego de condiciones, buscaba preservar la equivalencia o representación monetaria del anticipo pactado en el contrato con el valor representativo real al momento del pago, es decir, pretendía actualizar la obligación entre la fecha en que se hizo exigible y la del pago efectivo. Una interpretación textual de la cláusula en virtud de la cual se actualice el anticipo de la prórroga del contrato desde el día de «cierre de la contratación directa» sería contraria a la función que las partes le dieron a esa cláusula en el contrato, pues «actualizaría» el anticipo antes de que esa obligación naciera y fuera exigible. La cláusula debe interpretarse según la función que las partes dieron al «reajuste del anticipo», de manera que, debe entenderse que el reajuste debió reconocerse desde el momento en que se anunció la prórroga del contrato, pues sólo desde ese momento nació la obligación del pago del anticipo. Como EPM reconoció el reajuste desde que anunció la prórroga del contrato a Egal Ltda., no incumplió el numeral 1.10 del pliego de condiciones y, por ello, la Sala revocará la sentencia apelada. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1624 PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE COSTOS / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE PRECIO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La prórroga del contrato implica continuarlo por tiempo determinado y la renovación trae consigo hacer algo de nuevo, modificar o sustituir, especialmente lo relacionado con el valor del anticipo? Respuesta al problema jurídico: Si Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden acordar la prórroga del contrato, excluirla o condicionarla. La prórroga implica continuar algo por tiempo determinado y la renovación trae consigo hacer algo de nuevo, modificar o sustituir. No pueden confundirse la renovación del contrato con su prórroga, pues la primera implica una relación jurídica nueva, mientras que la segunda continuar la misma. La prórroga mantiene idéntico el contrato, se presenta por acuerdo anterior al vencimiento del plazo y lo continúa en las condiciones iniciales por un período igual o por el previsto por las partes. El efecto fundamental de la prórroga excluye la conversión o transformación del contrato, pues este subsiste sin perder su naturaleza por un período adicional . 26. El anticipo es una cláusula accidental (art. 1501 CC) en virtud de la cual se entrega una suma de dinero al contratista cuando aún no se ha prestado el servicio convenido, con el fin de financiarlo . Por su parte, las cláusulas de actualización o indexación monetaria buscan preservar la equivalencia o representación monetaria de las sumas del contrato con el valor representativo real al momento del pago . Por regla general, estas cláusulas incluyen fórmulas para actualizar las obligaciones entre la fecha en que se hizo exigible la obligación y la del pago efectivo. La actualización compensa, mediante la corrección, el efecto inflacionario de la moneda. No constituye un mecanismo de sanción o indemnizatorio y comporta exclusivamente la observancia de criterios técnicos encaminados a mantener constante el poder adquisitivo. TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la valoración probatoria del testigo sospechoso? Respuesta al problema jurídico: Si Como los testigos fueron dependientes de las partes, son sospechosos en los términos del artículo 217 CPC. El artículo 218 CPC dispone que el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad . Aunque los testigos son sospechosos, su dicho sobre las razones que llevaron al cambio de madera «mangle» por «pino» es claro, completo y verosímil. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 218 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO / CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO CONSENSUAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es concepto de contrato y cuándo un contrato es consensual? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 1495 CC, el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El contrato, entendido como un acuerdo de voluntades destinado a crear una o más obligaciones o para constituir regular o extinguir entre las partes una relación jurídica patrimonial, conforme al artículo 864 C.Co, puede ser real, consensual o solemne (art. 1500 CC). Por regla general, los contratos son consensuales y solo excepcionalmente reales o solemnes (art. 824 C. Co). Los contratos son consensuales cuando se perfeccionan por el solo consentimiento, son reales cuando para que sean perfectos es necesario la entrega de la cosa a que se refiere, como ocurre en los contratos de mutuo y depósito (art. 2222 y 2237 CC) y son solemnes cuando están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales, de modo que sin ellas no producen ningún efecto civil. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 824, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 864, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1495, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1500, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2222, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2227 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / ELEMENTOS DEL CONTRATO / FORMALIDADES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO SOLEMNE / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son las formalidades especiales a las que están sujetas la formación del contrato solemne? Respuesta al problema jurídico: Si Las formalidades especiales a las que están sujetas la formación del contrato solemne pueden ser: (i) impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto; (ii) impuestas por las mismas partes y (iii) exigidas en atención a la calidad o el estado de las partes que celebraron el contrato. Las solemnidades impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto son comunes en los contratos en los que hay una modificación en el titular o se imponen limitaciones al derecho de propiedad (arts. 1857,1966 y 2434 CC). La ley, además, autoriza a los contratantes a subordinar los efectos de sus manifestaciones a formalidades voluntarias o a condiciones lícitas y posibles (arts. 1530 CC y ss.). Al margen de la aplicación general de la precitada regla, además, el código reconoce esta posibilidad, de manera implícita, en los artículos 1858 y 1979, al establecer que, en los contratos de compraventa de bienes muebles y arrendamiento, si los contratantes pactan que dichos contratos no se reputan perfectos hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida o arrendada. Las partes de un contrato, pues, están habilitadas para someter el perfeccionamiento de contratos a solemnidades o condiciones que en principio no se requerirían, mediante la estipulación de una cláusula especial (accidental, según el art. 1501 CC), siempre que no contraríen el orden público ni tengan objeto ilícito (arts. 6, 16, 1502,1519, 1741 y 1523 CC) . Los contratos, como instrumentos para satisfacer necesidades, que celebren las entidades que se rigen por la Ley 80 de 1993 –debido a sus elementos singulares como la calidad de una de las partes, posición jurídica de la Administración (art. 2), sus fines que se confunden con los del Estado (art. 3) y al manejo de recursos públicos–, están sujetos a una formalidad especial para que se perfeccionen o nazcan a la vida jurídica. El artículo 39 de la Ley 80 de 1993, prescribe que los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, salvo aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con esa formalidad. En concordancia, el artículo 41 dispuso que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Los contratos celebrados por la Administración –bajo las reglas del estatuto general de contratación– son de carácter solemne, es decir, que para que existan se requiere que se eleve a escrito la manifestación de voluntad . La ausencia de esta solemnidad ad substantiam actus implica la inexistencia del negocio jurídico e impide el nacimiento de los efectos jurídicos pretendidos por las partes (art. 1501 CC y 898 C. Co). El artículo 41 de la Ley 80 prevé que, en las situaciones de urgencia manifiesta previstas en el artículo 42, se permite la celebración del contrato sin un escrito, pero se exige dejar constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. En efecto, el evento de «urgencia manifiesta» no solo justifica excepción a los procedimientos reglados de selección, sino que permite expresamente el contrato consensual para enfrentar situaciones de crisis (art. 42 de la Ley 80 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150). Figura diferente de la contratación de urgencia . El parágrafo del artículo 39, derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, disponía que no habría lugar a la celebración de contratos con «formalidades plenas» cuando el valor del contrato fuera igual o inferior a las cuantías dispuestas en ese artículo. En esos contratos, aunque no se requería que se elevaran a escrito para su perfeccionamiento, las obras, trabajos, bienes o servicios objeto del contrato debían ser ordenados previamente y por escrito por el jefe o representante legal de la entidad o por el funcionario en quien se hubiese delegado la contratación y debían contener cuando menos el objeto del contrato y la contraprestación, así como los demás elementos para proceder al registro presupuestal (art. 25 Decreto 679 de 1994). 13. En los eventos en que una norma especial (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3 de la Ley 153 de 1887), como en el caso de los prestadores de servicios públicos domiciliarios (arts. 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 y 8 y 76 de la Ley 143 de 1994) , excluya la aplicación del Estatuto General de la Contratación, toda la actividad contractual –en sentido amplio–, es decir, desde la formación del negocio jurídico hasta la etapa postcontractual, se rige por el derecho privado. De modo que, en los regímenes exceptuados, el perfeccionamiento del contrato no estará sujeto a la solemnidad ad substantiam actus prevista en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, sino únicamente a las solemnidades propias del negocio jurídico celebrado reguladas en el derecho privado y a las impuestas por las partes. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1530, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1857, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1966, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2434 RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / NORMATIVA DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Al contrato celebrado por EPM en vigencia de la Ley 142 de 1994 se le aplica el régimen de derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si La Constitución Política de 1991, al regular los servicios públicos domiciliarios, como un apartado especial de la Constitución Económica introdujo un cambio sustancial: el nuevo ordenamiento constitucional dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a una proyección de la ‘función pública’ y optó por un ‘nuevo servicio público’ basado en el modelo competitivo, a la vez, libre e intervenido por el Estado en su condición de director general de la economía (arts. 365 y 370 CN). Con esta regulación se superó la teoría clásica de los servicios públicos, que los asimilaba a una función administrativa, para reformularla como una actividad económica inherente a las finalidades sociales de nuestro Estado de Derecho. Transformación fundamental hacia un derecho administrativo de la libertad . Con la alteración drástica de esa noción clave del derecho administrativo, es apenas natural que los instrumentos jurídicos que la regulaban también hayan sufrido una significativa transformación. La perspectiva estatista, propia del régimen jurídico anterior a la expedición de las leyes 142 y 143, concebía a los servicios públicos como una actividad monopólica del Estado. Cuando un particular se encargaba de su prestación y al efecto usaba la infraestructura pública lo hacía forzosamente bajo la modalidad de concesión del servicio. Dentro de los múltiples preceptos de promoción de la competencia, contenidos en la Ley 142, ocupan especial lugar las reglas en materia de contratación, las cuales sometieron a un mismo marco jurídico a todos los operadores con independencia de su naturaleza jurídica. Con sujeción a esos postulados, en especial, los de libre iniciativa, competencia y eficiencia económica, los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, por regla general, se regirían por el derecho privado. La remisión al derecho privado excluye la aplicación del derecho público, salvo en aquellos casos puntuales previstos en la ley en los que se entiende pueden proferirse actos administrativos . Así ocurre en las hipótesis reguladas por el artículo 33 de la Ley 142 –desarrollado por los artículos 56, 57, 116 y siguientes–. También lo hizo en los contratos para la concesión de Áreas de Servicio Exclusivo (art. 40). Además, la regulación del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1993 –antes de la modificación del artículo 3 de la Ley 689 de 2001– facultó a las Comisiones de Regulación para hacer obligatoria, por vía general, la inclusión de cláusulas exorbitantes en cierto tipo de contratos de cualquier empresa de servicios públicos y también autorizó a las comisiones para facultar, previa consulta expresa por parte de los operadores, que se incluyeran en los demás. Esas cláusulas se regían, en lo pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. El artículo 1° del Acuerdo n°. 58 de 1955 creó el establecimiento público denominado EPM. Para la fecha de celebración del contrato –16 de enero de 1995– EPM era un establecimiento público, pues solo hasta la expedición del acuerdo n°. 69 del 23 de diciembre de 1997 se transformó en empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal. Como el contrato se celebró en vigencia de la Ley 142 de 1994, su régimen corresponde, en esencia, al derecho privado. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda isntancia? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe. FUENTE FORMAL: LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55 CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda el no pago de mayores costos asumidos por el suministro elementos para la ejecución del contrato y el reajuste del anticipo de la prórroga? Respuesta al problema jurídico: Si El término para formular pretensiones, en controversias contractuales, según el artículo 136 CCA, es de dos años, que se cuentan desde que ocurren los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento (art. 40 Ley 153 de 1887). Según la demanda, al contratista no se le reconoció los mayores costos asumidos por el suministro de madera y el reajuste del anticipo de la prórroga. La demanda se interpuso en tiempo –26 de septiembre de 1996–, pues el 10 de abril de 1996 venció el plazo del contrato (f. 62-65 c. 1). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199601755011100103