Síntesis del concepto
Empresas de servicios públicos domiciliarios: dentro de la Ley 715 de 2001 las únicas referencias expresas al régimen se encuentran en el artículo 13
En resumen
Con fundamento en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, se expidió la Ley 715 de 2001, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros." Esta norma se refiere al Sistema General de Participaciones, correspondiente a los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de ciertos servicios a su cargo.
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Síntesis síntesis automática
El contratista que ejecuta proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico se rige por el régimen contractual propio de su naturaleza jurídica, salvo disposición expresa que lo someta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a la interpretación sistemática de las leyes 142 de 1994 y 715 de 2001. Esta regla matiza la aplicación general del EGCAP, permitiendo que las empresas de servicios públicos domiciliarios continúen sujetas al derecho privado en la celebración de contratos, a menos que exista una norma específica que disponga lo contrario, lo que implica que cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual en cada caso concreto.
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Pregunta que resuelve
¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993
- Ley 142 de 1994, arts. 31 y 32
- Ley 715 de 2001
Puntos que trata
- Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídico
- Empresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial
- Sistema general de participaciones: Ley 715 de 2001, agua potable y saneamiento básico, régimen de contratación
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Texto del documento 4.280 caracteres
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Régimen jurídico
En relación con el régimen de contratación de las empresas de servicios públicos, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, dispone que los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos domiciliarios
“no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa”
. Por su parte, el artículo 32 de la Ley 142 consagra el régimen de derecho privado para las empresas de servicios públicos domiciliarios, indicando que sus actos se rigen por los principios y reglas aplicables a los particulares.
Así, en la actividad contractual las empresas de servicios públicos se sujetan a las disposiciones del derecho privado, salvo en aquellos casos en que la normativa (Constitución Política, Ley 142 de 1994 u otras normas especiales) someta dicha actuación al al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS – Naturaleza – Régimen especial
Las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos tienen la naturaleza jurídica de empresas que pertenecen a la rama ejecutiva del poder público. El literal d) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 señala que las Empresas Sociales del Estado y las Empresas Oficiales de Servicios Públicos Domiciliarios pertenecen a las entidades de la Rama Ejecutiva del sector descentralizado por servicios. Además de confirmar que las Empresas de Servicios Públicos pertenecen a la rama ejecutiva, la Corte Constitucional sostuvo que tienen el carácter de entidades descentralizadas por servicios.
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – Ley 715 de 2001 – Agua potable y saneamiento básico – Régimen de contratación
Con fundamento en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, se expidió la Ley 715 de 2001, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.» Esta norma se refiere al Sistema General de Participaciones, correspondiente a los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de ciertos servicios a su cargo.
En concordancia con lo anterior, la Ley 1176 del 2007 incorporó aspectos específicos sobre los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico. En particular, dicha ley se refiere a la competencia de los departamentos relacionadas con la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico -artículo 3-; la evaluación al uso y ejecución a los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico – artículo 4-; los planes de gestión de agua potable y saneamiento básico -artículo 4A-; la distribución territorial de los recursos -artículo 6-; los criterios de distribución de los recursos para los distritos y municipios -artículo 7-; los criterios de distribución de los recursos para los departamentos – artículo 8; el régimen de transición – artículo 9-; la destinación de los recursos para los departamentos.- art. 10-; la destinación de los recursos de la participación de agua potable y saneamiento básico en los distritos y municipios – artículo 11-; la constitución de patrimonios autónomos – artículo 12-; el giro de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico – artículo 13.
A partir del analisis de estas normas, es posible concluir que no se identifica una disposición específica que establezca de manera expresa una sujeción a la Ley 80 de 1993 en relación con contratos para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. En efecto, dentro de la Ley 715 de 2001 las únicas referencias expresas al régimen previsto en la Ley 80 de 1993 se encuentran en el artículo 13, relativo al procedimiento de contratación de los Fondos de Servicios Educativos, y en el artículo 112, en lo concerniente a los topes o límites de contratación.