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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia

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Fecha
2022-07-13
Radicado
05001233300020160034101
Número interno
60947
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
NACION- RAMA JUDICIAL
Demandado
MARIA DEL ROSARIO QUINTERO CORREA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia

Lo que dijo la Sala

Están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó oportunamente, puesto que, la sentencia que ordenó la condena quedó ejecutoriada el 22 de mayo de 2013, el pago se hizo el 28 de abril de 2015, es decir, por fuera del término establecido en el artículo 177 del CCA, por lo cual se tendrá como fecha de inicio del término de caducidad de la acción el 22 de noviembre de 2014 y la demanda se interpuso el 17 de noviembre de 2015.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si el pago de la condena por parte de la entidad estatal se realiza fuera del plazo de 18 meses establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, y en tal caso, el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe iniciarse a partir del vencimiento de dicho plazo. La entidad estatal debe cumplir con la carga de identificar claramente la presunción legal aplicable y garantizar el derecho de defensa del demandado, y si no lo hace, no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001. Además, la entidad debe acreditar la existencia de dolo o culpa grave para que se configure la responsabilidad patrimonial del agente estatal, y si no lo hace, no se configura la responsabilidad. Esto implica que el contratista debe actuar con diligencia en el plazo establecido y la entidad debe cumplir con sus obligaciones procesales para evitar la caducidad del medio de control de repetición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿En el evento donde el pago de la condena por parte de la entidad del Estado se hace por fuera del plazo de 18 meses, el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe contarse a partir del vencimiento de dicho plazo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 177

También resuelve

  • ¿La Ley 678 de 2001 es aplicable solamente a hechos ocurridos después de su entrada en vigor?
  • ¿Se configura la responsabilidad patrimonial del agente ante la falta de acreditación del dolo o culpa grave en su conducta?
  • ¿Cuál es el criteriode procedencia de la condena en costas y agencias para asuntos tramitrados con el CCA?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN SEGUNDA INSTANCIA ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO DOLO CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE AUSENCIA DEL DOLO INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CALIFICACIÓN DE SERVICIOS DEL EMPLEADO JUDICIAL DESVIACIÓN DE PODER DERECHO DE DEFENSA EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA ACTO DE CALIFICACIÓN DE SERVICIOS ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 9.066 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿En el evento donde el pago de la condena por parte de la entidad del Estado se hace por fuera del plazo de 18 meses, el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe contarse a partir del vencimiento de dicho plazo? Respuesta al problema jurídico: Si [E]stán reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó oportunamente, puesto que, la sentencia que ordenó la condena quedó ejecutoriada el 22 de mayo de 2013, el pago se hizo el 28 de abril de 2015, es decir, por fuera del término establecido en el artículo 177 del CCA, por lo cual se tendrá como fecha de inicio del término de caducidad de la acción el 22 de noviembre de 2014 y la demanda se interpuso el 17 de noviembre de 2015. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿La Ley 678 de 2001 es aplicable solamente a hechos ocurridos después de su entrada en vigor? Respuesta al problema jurídico: Si [C]omo el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso se aplican las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron con posterioridad a su vigencia; sin embargo, la entidad no cumplió con la carga que identificar el evento de la norma que resultaba aplicable al caso concreto, para que el demandado pudiera ejercer su derecho defensa y contradicción frente a esa presunción concreta y, aunque hizo referencia a la desviación de poder, lo cierto es que no estructuró de manera clara cómo se desarrolló esa desviación, por lo que, en todo caso el hecho base de la presunción no se configuró. Así, la Sala analizará el elemento subjetivo por fuera de las presunciones. (…) En primera instancia se demostró la existencia de la sentencia judicial, así como la calidad de agente estatal del demandado y el pago (aspectos que no fueron discutidos en la apelación), por lo cual la Sala centrará su análisis en la conducta de la demandada. Así, confirmará la decisión apelada de negar las pretensiones, porque no se acreditó que la (demandada) hubiera actuado con dolo o culpa grave. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CALIFICACIÓN DE SERVICIOS DEL EMPLEADO JUDICIAL / DESVIACIÓN DE PODER / DERECHO DE DEFENSA / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / ACTO DE CALIFICACIÓN DE SERVICIOS / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Se configura la responsabilidad patrimonial del agente ante la falta de acreditación del dolo o culpa grave en su conducta? Respuesta al problema jurídico: Si [S]i bien el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y, en este caso, deberían aplicarse las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron con posterioridad a su vigencia, la entidad demandante no cumplió con la carga de identificar la presunción como lo ha establecido esta Sala. Al respecto, la demanda se limitó a hacer referencia a unos artículos de la Ley 678 de 2001. Así, en la demanda no se refiere a ninguna de las presunciones que la norma contempla. Lo que lleva a inferir que no solo no se alegó ninguna de las presunciones, sino que, en general se hizo referencia a la Ley 678 de 2001 para afirmar que era el régimen aplicable, sin más; así, existe falta de determinación absoluta en relación con las presunciones que resultaban, en principio, aplicables. Por lo anterior, no es posible aplicar las presunciones de la Ley 678 de 2001, toda vez que, es deber de la parte demandante identificar y argumentar la presunción que consideró configurada, con el fin de garantizar al demandado el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción. (…) [L]a entidad demandante no acreditó la culpa grave ni el dolo, toda vez que, si bien las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho establecieron que se configuró la desviación de poder, lo cierto es que las demás pruebas que reposan en el expediente demuestran que no era cierto, como se afirmó en el recurso único de apelación, que el [demandante en el proceso que terminó con sentencia condenatoria] siempre tuvo una buena calificación y buen desempeño (…) Ello permite concluir que la demandada logró desvirtuar que hubiera obrado con culpa grave o dolo al calificarlo de manera insuficiente. En relación con las consideraciones de las sentencias de nulidad y restablecimiento, se destaca que no pueden ser prueba suficiente del elemento subjetivo, porque no aplican las presunciones pero además porque no son oponibles a la demandada, quien no fue parte en ese proceso y, en esa medida, no pudo ejercer su derecho de defensa. Además, de las mismas se desprende que, aunque el acto administrativo se anuló por desviación de poder, lo cierto es que, en la decisión de la nulidad y restablecimiento del derecho, se reconoció que “el actor poseía algunas falencias en el manejo de términos y de algunos elementos jurídicos”. Lo anterior, permite entender que la demandada tenía razones para efectuar una calificación insatisfactoria y que no obró de manera arbitraria o caprichosa. En consecuencia, su actuación no puede calificarse como gravemente culposa o dolosa. (…) inclusive, si se aceptara que la demandante argumentó la presunción de dolo, debido a la desviación de poder, lo cierto es que de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, no se entiende en qué consistió esa supuesta desviación, además, como ya se explicó, en esa decisión se reconoció las “falencias en el manejo de términos y de algunos elementos jurídicos” del demandante en ese proceso; además, es claro que, de conformidad con las pruebas aportadas al expediente, la [demandante] desvirtuó la presunción de dolo. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la carga de la prueba en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2021, rad. 58724. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Cuál es el criteriode procedencia de la condena en costas y agencias para asuntos tramitrados con el CCA? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del CPACA estableció que salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. De acuerdo con el numeral primero del artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de prestación de la demanda. Respecto de su valor, el numeral 3.1.3 del artículo 6 estableció que, para la segunda instancia de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser fijadas en “Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negada en la sentencia”. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, DECRETO 1400 DE 1970, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 28.839 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 13 de julio de 2022 Radicado: 05001-23-33-000-2016-00341-01 (60947) Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: María del Rosario Quintero Correa Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011 Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – ausencia de determinación de presunciones – ausencia de dolo y/o culpa grave – la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho no acredita la culpa grave o dolo. Síntesis del caso: la demandada calificó de manera insatisfactoria a un funcionario, con fundamento en esa calificación fue retirado de la Rama Judicial, por lo cual demandó en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se condenó a la entidad a pagar una indemnización. Por lo anterior, la Nación – Rama Judicial demandó en repetición a la funcionaria que realizó la calificación. Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, contra la Sentencia de 26 de octubre de 2017, proferida por la Sala 3 de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y los artículos 152 y 157 de la Ley 1437 de 20111. Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión. 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Audiencia inicial y de pruebas; 1.4.Concepto del Ministerio Público; 1.5. Sentencia de primera instancia; 1.6. Recurso de apelación. 1.1 Posición de la parte demandante 1. El 17 de noviembre de 2015, el apoderado de la Nación – Rama Judicial interpuso acción de repetición2 contra la señora María del Rosario Quintero Correa. Fueron sus pretensiones (se trascribe): “1.1. Solicito que se condene al doctor FRANCISCO ANTONIO CORREA EUSSE, a pagar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la suma de QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($526.815.054,oo), correspondiente a lo reconocido y cancelado al señor ABELARDO DE JESUS RODRÍGUEZ VALDES, con ocasión al cumplimiento de la sentencia condenatoria impuesta por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión, proferida el veinticuatro (24) de abril de 2013, dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral, con radicado 050012331000 2005-01099 01, por las actuaciones desplegadas por la Doctora MARIA DEL ROSARIO QUINTERO CORREA, quien se desempeñaba como Juez Sexta (06) Civil Municipal de Medellín – Antioquia, para el momento de los hechos, los cuales se encuadran 1 La cuantía de la demanda es superior a 500 smlmv, exigidos por el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 (folios 12 C.1.) 2 Folios 1 – 5 del cuaderno 1. Radicado: 05001-23-33-000-2016-00341-01 (60947) Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: María del Rosario Quintero Correa Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011 Decisión: Confirma decisión de negar las pretensiones ______________________________________________________________________________________________________________ 2 de 9 en la causal contenida en el Artículo 90 de la Constitución Nacional y los Artículos 71 y 72 de la Ley 270de 1996, pues le asiste responsabilidad a dicho funcionario.” 2. Posteriormente, el apoderado de la entidad demandante corrigió las pretensiones de la demanda3, así (se trascribe): “1.1. Solicito que se condene a la Doctora MARIA DEL ROSARIO QUINTERO CORREA, a pagar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la suma de QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($526.815.054,oo), correspondiente a lo reconocido y cancelado al señor ABELARDO DE JESUS RODRÍGUEZ VALDES, con ocasión al cumpl imiento de la sentencia condenatoria impuesta por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión, proferida el veinticuatro (24) de abril de 2013, dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral, con radicado 050012331000 2005-01099 01, por las actuaciones desplegadas por la Doctora MARIA DEL ROSARIO QUINTERO CORREA, quien se desempeñaba como Juez Sexta (06) Civil Municipal de Medellín – Antioquia, para el momento de los hechos, los cuales se encuadran en la causal contenida en el Artículo 90 de la Constitución Nacional y los Artículos 71 y 72 de la Ley 270de 1996, pues le asiste responsabilidad a dicho funcionario.” 3. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así: el señor Abelardo de Jesús Rodríguez era funcionario de carrera de la Rama Judicial, concretamente, era secretario del Juzgado 6 Civil Municipal de Medellín y, el 29 de julio de 2004 fue declarado insubsistente con fundamento en la calificación insatisfactoria de sus servicios, realizada por la señora María del Rosario Quintero, en su calidad de Juez 6 Civil Municipal de Medellín. Por lo anterior, el señor Rodríguez inició una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó (se trascribe) “que se declarara la nulidad del acto administrativo que lo desvinculó y como consecuencia de lo anterior se ordene su reintegro”, en el proceso se declaró la “nulidad del acto administrativo atacado” y se ordenó el pago de todos los salarios, primas, bonificaciones y prestaciones sociales dejados de percibir. La entidad demandante canceló al señor Abelardo Rodríguez $558.654.694. 4. Como fundamentos de la demanda , la entidad sostuvo que , de conformidad con la fecha de la calificación realizada por la demandada, esto es, 29 de julio de 2004, el régimen aplicable es la Ley 678 de 2001, concretamente, los establecido en los artículos 5 y 6 sobre dolo y culpa grave. Además, destacó que el señor Rodríguez siempre obtuvo una calificación satisfactoria y nunca recibió llamados de atención y afirmó, de manera genérica, que el dolo se presume cuando el acto ha sido expedido con desviación de poder. 1.2 . Posición de la parte demandada 5. La parte demandada contestó la demanda4 y se opuso a todas las pretensiones, para lo cual propuso las excepciones que denominó “ilicitud de la condena – error judicial”, “no haberse demandado el acto definitivo de retiro”, “por caducidad de la acción”, “p orque no hubo daño antijurídico”, “inculpabilidad”, “no existió desviación de poder”, “falta de 3 Folio 97 del cuaderno 1. 4 Folios 149 - 189 del C.1. Radicado: 05001-23-33-000-2016-00341-01 (60947) Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: María del Rosario Quintero Correa Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011 Decisión: Confirma decisión de negar las pretensiones ______________________________________________________________________________________________________________ 3 de 9 defensa técnica” y “pluspetición”. Además, solicitó que se condenara en costas a la demandante. 1.3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas 6. El Tribunal realizó la audiencia inicial el 23 de mayo de 20175, en la cual resolvió que no debía declarar ninguna excepción, ordenó tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, decretó la práctica de unos testimonios solicitados por la parte demandada y, fijó el litigio, así: “[…] consistirá en determinar, si resulta procedente condenar a la Doctora MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO CORREA a pagar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a (sic) la suma de $526.815.054,oo correspondiente a lo reconocido y cancelado al señor ABELARDO DE JESUS RODRÍGUEZ VALDES, con ocasión al cumplimiento de la sentencia condenatoria impuesta por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión, proferida el 24 de abril del año 2003 , dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral, cuyo radicado es el número 0500123331000 2005-01099 01, por las actuaciones desplegadas por la doctora QUINTERO CORREA, quien se desempeñaba como Juez Sexta (06) Civil Municipal de Medellín – Antioquia, o si por el contrario, habrá de declararse probadas las excepciones propuestas por la parte accionada.” 7. El 2 de septiembre de 2014 se realizó la audiencia de pruebas6, en la cual se practicaron algunos de los testimonios decretados y se desistió de los demás porque el a quo consideró que “con la prueba recibida, es suficiente para decidir”, por lo que consideró que no era necesario la práctica de los demás testimonios. 1.4. Concepto del Ministerio Público 8. El Ministerio Público7, en pronunciamiento hecho en la primera instancia, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se acreditó la culpa grave o dolo de la demandada, ya que, del análisis de las pruebas, concluyó que la calificación insatisfactoria del señor Rodríguez fue consecuencia de su “deficiente desempeño laboral”. 1.5. Sentencia de primera instancia 9. En Sentencia de 26 de octubre de 20178, proferida por la Sala 3 de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, se negaron las pretensiones de la demanda. Para el efecto, analizó la conducta de la demandada de acuerdo con el artículo 63 del C.C. y, sostuvo que, aunque se demostraron los elementos objetivos de la acción de repetición, no se configuró la culpa grave o dolo en la actuación de la demandada, puesto que, de las pruebas concluyó que “el ejercicio del cargo de secret

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201600341011100103