Titulación de la relatoría 16.148 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / PRESUNCIÓN DE CULPA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD
Problema jurídico:
¿John Mauricio Acuña Aldana quien se desempeñó como Teniente Coronel de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, incurrió en una conducta gravemente culposa por las lesiones que le causó a Jonathan Miguel Hernández Arias al accionar un arma de fuego?
Respuesta al problema jurídico: Si
"(...) La Sala comparte la decisión adoptada en primera instancia de confirmar las pretensiones de la demanda, porque se demostró la conducta gravemente culposa, pero se reduce la condena en virtud del criterio de proporcionalidad. (...) En relación con los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, el Consejo de Estado de forma reiterada ha indicado los siguiente:11 1) Que se produzca una sentencia judicial o una conciliación o cualquier otra forma de terminación del litigio, de las que se derive una obligación indemnizatoria a cargo de la entidad estatal; 2) Que la entidad haya pagado la indemnización de perjuicios derivada de la sentencia o conciliación; 3) Que el daño que dio lugar al pago de la indemnización, haya sido resultado, en todo o en parte, de la actuación de un funcionario o ex funcionario de la entidad, en ejercicio de sus funciones; 4) Que la conducta de esa persona, haya sido dolosa o gravemente culposa. (...) 62. El primer elemento objetivo de la acción de repetición es la existencia de una condena previa en contra de la entidad estatal, un acuerdo conciliatorio o cualquier otro medio alternativo, el cual ha sido considerado por la jurisprudencia del Consejo de Estado como un presupuesto necesario para la procedencia y prosperidad de la demanda12, conforme lo señala el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, en concordancia con el artículo 2º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 142 del CPACA. 63. El pago de la condena constituye el segundo requisito objetivo esencial para la prosperidad de la acción de repetición, por cuanto legitima a la entidad estatal para instaurar la acción que tiene como finalidad salvaguardar el erario, dada la obligación de resarcir como consecuencia del actuar de los servidores o ex servidores del Estado, siendo también necesario demostrar la cancelación efectiva de la totalidad de la suma, señalado en la jurisprudencia que su prueba la constituye, generalmente, el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y el recibo de pago, de transacción o de consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por él13 14; Así como el CPACA ha permitido autónomamente el certificado del pagador , tesorero o servidor público de la entidad que cumple tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago. 64. El tercer requisito es la demostración de la calidad de servidor o ex servidor público de quien es demandado en ejercicio del medio de control de repetición, pues de no ser, o no haberse desempeñado, el extremo pasivo del litigio como servidor público no hay forma de continuar con el estudio del elemento subjetivo, atinente al análisis de la conducta de aquél. 11.2.2. Subjetivo 65. El elemento subjetivo de la acción de repetición corresponde a la conducta culposa o gravemente dolosa del servidor o ex servidor público. (...) el juez no puede limitarse a las definiciones contenidas en el Código Civil sobre el dolo y la culpa grave sino que debe armonizar la norma con los dispuesto en los artículo 61 y 91 de la Constitución Política de 1991 sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como la asignación de funciones consignadas en los reglamentos o manuales respectivos, y los artículos 5º y 6º de la Ley 678 del 2001 que serán analizados más adelante, en especial los presupuestos que constituyen presunción de dolo o culpa grave. (...) 69. Dado que los hechos ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, tal norma resulta aplicable. (...) 72. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso18, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 73. Por lo tanto, la parte demandante debe cumplir con la carga probatoria de acreditar la responsabilidad del agente o ex agente del Estado, pues la conducta que se le endilga a este debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el respectivo proceso de repetición. (...) 80. Sea lo primero indicar que de conformidad con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, se presume que existe dolo del agente cuando ha sido declarado penalmente responsable bajo esa conducta, “por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado”. 81. En el presente caso, aunque consta que el demandado fue declarado responsable por el delito de lesiones personales culposas, es decir, sin la intención de causar un daño, es importante destacar lo que el Juzgado Segundo Penal Militar División, señaló frente a la conducta dolosa (expediente digital, índice 00041, archivo 3, f. 35): Es ostensiblemente claro, como lo expresaron las partes, con excepción de la Defensa, que no existe en la conducta del entonces Teniente Acuña el más mínimo asomo de intención, de consciencia y voluntad para producir el resultado lesivo. Sin duda el comportamiento es totalmente ajeno al ámbito doloso. 82. Por lo tanto, en el asunto sub examine no opera la presunción legal de que John Mauricio Acuña Aldana actuó de forma dolosa. 83. Pues bien, la Sala advierte que el recurrente a fin de desvirtuar los argumentos del a quo transcribió, confrontó y trajo a colación apartes de las declaraciones tanto del demandado, como de los cadetes que presenciaron el hecho, con la finalidad de que en esta instancia se hiciera una valoración probatoria que conduzca a un resultado diferente al que ya adoptó el juez natural sobre la ocurrencia de los hechos, por lo cual no es de competencia de esta jurisdicción realizar un juicio de valor de la argumentación jurídica del Juzgado Segundo Penal Militar Revisión y del Tribunal Superior Milita, sobre la interpretación normativa y fáctica que conllevó a determinar la responsabilidad de John Mauricio Acuña Aldana y condenarlo por el delito de lesiones personales culposas. 84. Dicho de otra manera, si bien es cierto en virtud del principio de autonomía judicial resulta válido y procedente la valoración de la prueba del expediente penal No. 11001333103331036-2006-00006, no significa que el juez administrativo so pretexto del análisis de la conducta para fines de la repetición, cuestione el análisis del Juzgado Segundo Penal Militar Revisión y del Tribunal Superior Militar, para determinar si el suceso ocurrió o no como se dijo en las declaraciones respecto de quienes presenciaron el hecho, la acción ejecutada por el demandado frente al arma y el resultado dañoso, cuando además las pruebas fueron decretadas y practicadas dentro del procedimiento penal militar, en el que las partes tuvieron la oportunidad legal para ejercer el derecho de contradicción y defensa, así como el juez de conocimiento desde el punto de vista de la teoría del delito, realizó el análisis normativo y fáctico para adoptar la decisión condenatoria contra el aquí demandado. (...) 86. Situación distinta es que la Sala a partir de la valoración íntegra del acervo probatorio, como lo solicitó el apelante, aunque ACUÑA ALDANA fue condenado penalmente en el marco de un procedimiento distinto al de la responsabilidad del agente, a partir del análisis documental del proceso penal No. 11001333103331036-2006-00006, verifique la existencia o no de la conducta en la producción del daño que conllevó a la reparación estatal, pero en todo caso, sin apartarse de las pruebas válidamente aportadas y controvertidas tanto en este proceso, como en el de la Jurisdicción Penal Militar. 87. Entonces, la Sala encuentra que la declaración rendida por el demandado y los Cadetes en el procedimiento penal militar, no conduce a una decisión diferente frente a la responsabilidad del agente (...) 106. Por las razones expuestas, la Sala considera que John Mauricio Acuña Aldana sí es responsable a título de culpa grave, también porque las sumas que el demandante pretende recuperar se originan a un fallo de declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado, donde consta que: a. El Cadete Jonathan Miguel Hernández Arias, sufrió un daño consistente en la pérdida de la capacidad laboral del 36,75%, por las lesiones ocasionadas al ser impactado por un proyectil de arma de fuego. b. El arma de fuego fue accionada por el demandado. c. Los hechos se presentaron dentro de la Escuela General José María Córdova (...)"
NOTA DE RELATORÍA:
Respeto De la caducidad cita, COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA, SUBSECCIÓN B. Sentencia 25000-23-42-000-2017-00602-01 (3, 6, 2021). C.P.: CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Sobre prosperidad de la acción de repetición Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. sentencia de 28 de febrero de 2011. C.P:. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. No. 11001-03-26-000-2007-00074-00(34816); sentencia de 30 de marzo de 2011, C.P:. Olga Mélida Valle de De la Hoz. Rad. No. 25000-23-26-000-2001- 00975-01(36549); sentencia de 23 de mayo de 2012. C.P:. Olga Mélida Valle de De la Hoz. Rad. No. 25000-23- 26-000-2002-11030-01(41225); sentencia de 28 de febrero de 2013. C.P:. Stella Conto Díaz del Castillo. Rad. No. 13001-03-26-000-2002-00051-01(23670); sentencia del 30 de marzo de 2017. C.P:. Rad. 15001-23-31-000- 1999-02107-01(41230), CP: Danilo Rojas Betancourth. Acerca del presupuesto necesario para la procedencia y prosperidad de la demanda Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 13 de noviembre de 2008. C.P:. Enrique Gil Botero. Rad. No. 25000-23-26-000-1998-01148 01(16335); Sentencia de 28 de febrero de 2011. C.P:. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. No. 11001-03-26-000-2007-00074- 00(34816). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 08 de marzo de 2007. C.P:. Ramiro Saavedra Becerra, Bogotá. Rad. No. 05001-23-31-000-1997-00999-01(25749). Sobre el requisito de la acción de repetición del pago efectivo de la obligación ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C. Sentencia de 09 de mayo de 2009. C.P:. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado No. 25000-23-26-000-2003-00629-01 (30.040). Sobre el alcance de la definición de dolo y culpa grave consagrados en el Código Civil, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 20 de septiembre de 2007, C.P:. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. No. 25000-23-26-000-1999-00847-01(26708). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 10 de julio de 2013. C.P:. Hernán Andrade Rincón. Rad. No. 25000-23-26-000-2000-01543-01(27761). Sobre las presunciones de culpa grave ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021. Rad. 25000-23-36-000-2017-00941-01(66590), C.P:. María Adriana Marín. Sobre proceso de repetición ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021. Rad. 11001-03-26-000-2013-00085-00(47535), C.P:. María Adriana Marín. En aplicación del principio de congruencia Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 23 de mayo de 2013, Rad. 13001233100020100071901(AP), C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 23 Idem
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA, ACUERDO 2222 DE 2003, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2011, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1407 DE 2010 - ARTÍCULO 585, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, 142, 153, 167, 188, 192, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, 365, 366, LEY 2195 DE 2022, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, 5, 6, 11, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA
Problema jurídico:
¿Existen circunstancias ajenas al demandado en la causación del daño, que conlleven a la reducción de la condena de forma proporcional?
Respuesta al problema jurídico: Si
"(...) 107. La argumentación jurídica descrita previamente no significa que John Mauricio Acuña Aldana deba asumir la totalidad del valor que pretende la parte demandante, porque tal como lo adujo el apelante, existieron una serie de errores concomitantes al hecho dañoso, cuyo desconocimiento para efectos de este medio de control, que tiene “(i) una naturaleza subsidiaria, subjetiva y sujeta a criterios de proporcionalidad, y (ii) una triple funcionalidad, a saber: resarcitoria, preventiva, y retributiva”,24 constituirían una violación flagrante al derecho de defensa y debido proceso de John Mauricio Acuña Aldana, así como al equilibrio de las cargas públicas, que si bien no fueron valoradas en el proceso de reparación directa por principio de congruencia, inciden en la fijación del monto de la condena que él debe asumir (...) 108. Así, la valoración probatoria realizada en esta providencia, demostró que: - Hubo falta de control y seguridad por parte de la guarda de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. - Se permitió, bien sea por acción u omisión, el ingreso irregular a la escuela de un arma de uso no oficial. - La escuela no advirtió oportunamente la custodia y guarda de un arma dentro de las instalaciones de la escuela por parte de cadetes en formación. 109. Esas situaciones primigenias no pueden pasar desapercibidas, ya que a John Mauricio Acuña Aldana no le corresponde asumir tales fallas institucionales por la falta de control y vigilancia, pero que causalmente contribuyeron al daño antijurídico y son relevantes en la tasación de la condena que él debe asumir. 110. De hecho, consta que por el ingreso del arma a la escuela se inició una investigación penal contra el Cadete Ramiro Hernández Tarache por el delito de porte ilegal de armas, pues él manifestó que era de su propiedad y la había recibido de un alférez como parte de pago de una deuda, pero se desconoce el resultado (expediente digital, índice 00042, archivo 3, f. 45). 111. Además, el Ministerio de Defensa Nacional no llamó en garantía con fines de repetición al demandado como lo prevé el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, ni la defensa técnica en el proceso de reparación directa contribuyó a dilucidar lo ocurrido, sino que en el escrito de contestación de la demanda manifestó estarse a lo probado en el proceso, al punto que la Jueza Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, en la sentencia del 8 de septiembre de 2009 respecto de los alegatos de conclusión señaló que “la entidad no hace manifestaciones sustanciales frente al caso en concreto” (expediente digital, índice 00042, archivo 3, f. 81). 112. A lo demás se agrega que la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova no contestó la demanda de reparación directa. 113. De acuerdo con lo anterior, la sala considera que John Mauricio Acuña Aldana no está obligado a asumir la totalidad del valor que pretende el demandante, sino el 50%, monto que pasará a determinarse, ya que también fue sustentado en el recurso de apelación. (...)"
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la proporcionalidad de la condena en el medio de control de repetición, se cita: Corte Constitucional, Sentencia SU-354/20, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.