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PRINCIPIO DE JUSTICIA

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Consejo de Estado Providencia

Sobre la materia existe una jurisprudencial según, cuando se persigue la indemnización de perjuicios por el incumplimiento contractual debe declararse la ineptitud de la demanda cuando no se demanda el acto de liquidación unilateral.

Sentencia — Sentencia 2023-04-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020190013801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Si se persigue la nulidad del acto que declaró el incumplimiento del contrato y, como consecuencia la indemnización de perjuicios, debe igualmente demandarse el acto de liquidación unilateral, de lo contrario deberá declararse la ineptitud de la demanda y proferirse fallo inhibitorio? Sí
El demandante que pretende la declaratoria judicial de nulidad de los distintos actos administrativos declaratorios de incumplimiento contractual dictados formalmente durante la ejecución de una obra pública tiene la estricta y rigurosa carga procesal de demandar conjuntamente el respectivo acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, por tratarse de un acto principal y autónomo que no sigue la regla o la suerte de lo accesorio, cuja omisión procesal configura una evidente, insubsanable e indiscutible ineptitud sustantiva de la demanda que impide de manera absoluta y definitiva al juez de lo contencioso administrativo emitir un pronunciamiento de fondo de oficio debido a los postulados y principios constitucionales fundamentales de separación de poderes y estricta justicia rogada.síntesis automática
También resuelve: ¿Al ser el acto de liquidación un acto principal, al igual que el acto de incumplimiento del contrato, debe demandarse la nulidad de ambos y no puede el juez declararla de oficio? ¿Conforme al criterio objetivo, es procedente la condena en costas en lo contencioso administrativo cuando no prosperan las pretensiones de la entidad demandante?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2025-12-18 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020240056302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)? Sí
El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del Código General del Proceso y 213 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (Ley 1564 de 2012), ya que esta facultad busca garantizar la efectividad de los derechos de las personas y la veracidad de los hechos enjuiciados. El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un deber legal que implica adoptar medidas necesarias para fallar con suficiente conocimiento de causa y un material probatorio completo, en la búsqueda de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad. Sin embargo, esta potestad no debe utilizarse para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes, sino para aclarar oscuridades en la controversia y evitar que la falta de actividad judicial comprometa la justicia material. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que el juez debe decretar pruebas de oficio solo cuando surja la necesidad de aclarar hechos relevantes y existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005…
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

Liquidación bilateral del contrato estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020160068401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, el estudio de las pretensiones de la acción contractual está hilado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, sin las cuales no es posible desatender el contenido obligacional incorporado en el documento, en virtud de la fuerza obligatoria de los contratos, la aplicación del principio según el cual nadie puede alegar su propia culpa para fundar una pretensión, la teoría del acto propio y el principio de la buena fe, que deben inspirar el comportamiento de los contratantes? Sí
En los casos de liquidación bilateral de contratos estatales, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que el estudio de las pretensiones de la acción contractual está intrínsecamente ligado a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, excluyendo cualquier pretensión que no se base en estos elementos. Esta regla implica que, en la liquidación bilateral, solo pueden ser controvertidos aspectos que hayan sido objeto de salvedad expresa o que puedan probarse un vicio del consentimiento, como errores, fuerza mayor o dolo. La fuerza obligatoria de los contratos, el principio de que nadie puede alegar su propia culpa, la teoría del acto propio y el principio de buena fe, son fundamentales para respaldar esta posición, ya que garantizan la integridad del proceso y la confianza entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación del contrato, más que una convención es un pacto jurídico, por cuanto su propósito o finalidad está encaminado a extinguir ¿Con los fundamentos invocados en la ¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Consejo de Estado Providencia

No es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 68001233100020100002501 ACCION CONTRACTUAL
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020190005503 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve: ¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio? ¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado… ¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El recurso extraordinario de revisión fue presentado de forma oportuna

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020210017500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de revisión en contra del laudo arbitral y el auto aclaratorio proferidos los días 6 y 16 de agosto de 2019, se presentó a tiempo? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado, en segunda instancia, conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra un laudo arbitral y su auto aclaratorio cuando en el proceso arbitral intervino una entidad pública. Esta competencia se apoya en el artículo 45 de la Ley 1563 de 2012, que somete los laudos a la revisión por las causales y el trámite del Código General del Proceso, en el artículo 46 de la misma ley, que asigna el conocimiento a la Sección Tercera, y en el numeral 7 del artículo 104 del CPACA. La intervención de la entidad pública en el trámite arbitral es el criterio que activa la competencia. Como el recurso se presentó en tiempo, la discusión de fondo se centró en si se configuró la causal de revisión por nulidad originada en el laudo y su auto aclaratorio, y la pretensión fue declarada infundada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la revisión de laudos con intervención pública corresponde a la Sección Tercera y no al tribunal de arbitramento.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los Bancos de Bogotá SA, AV Villas SA… ¿El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada… ¿Para la configuración de la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia que pone fin al proceso debe se deben tener en cuenta: La existencia de una sentencia que ponga fin al proceso…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad?

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100019980164701 ACCION CONTRACTUAL
¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad? Sí
El contratista debe presentar los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria en la vía gubernativa antes de demandarlos, para que el juez de lo contencioso administrativo pueda estudiar de fondo las pretensiones de nulidad, ya que omitir este paso genera ineptitud sustantiva de la demanda y obliga al juez a inhibirse de pronunciarse sobre ellas. Además, el juez puede declarar oficiosamente la nulidad de algunas cláusulas del pliego de condiciones si estas forman parte integrante del contrato de suministro pactado por las partes, siempre y cuando no se haya perfeccionado un nuevo documento que las sustituya. Estas reglas implican que el accionante debe cumplir con los principios de congruencia y justicia rogada, precisando con claridad los cargos de anulación y las causales de nulidad del acto administrativo, evitando así la ineptitud de la demanda y permitiendo al juez emitir un pronunciamiento fundado sobre los hechos y pretensiones presentados.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria oficiosa de nulidad por parte del juez de algunas de las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones era procedente por ser parte integrante del contrato de suministro a… ¿El principio de justicia rogada y el deber de precisar con toda claridad los cargos de anulación y el concepto de violación… ¿El régimen prevalente que informa la celebración y ejecución de los contratos de las prestadoras de servicios públicos es el derecho privado y no permiten la inclusión de cláusulas que habiliten a…
Consejo de Estado Providencia

A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal.

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000232600020090093302 ACCION CONTRACTUAL
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito… ¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente? ¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Debe declararse fundado el impedimento de una magistrada

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020110058001 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe declararse fundado el impedimento de una magistrada que, con anterioridad a la presentación de la demanda, intervino como apoderada en un trámite arbitral relacionado con el negocio jurídico objeto del proceso? Sí
El contratista no debe proponer la excepción de falta de jurisdicción cuando la demanda se presenta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la jurisprudencia vigente en ese momento admite la renuncia tácita al pacto arbitral, lo que garantiza el acceso a la administración de justicia. La entidad estatal, al no oponerse a la jurisdicción contenciosa administrativa, se somete tácitamente a ella, permitiendo que la controversia sea conocida por la jurisdicción estatal, pese a la existencia de una cláusula compromisoria en el contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior que exigía una renuncia expresa por escrito para derogar la cláusula compromisoria, permitiendo que las controversias presentadas antes de la modificación de la jurisprudencia sean resueltas conforme a la regla de la renuncia tácita.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia, pese a la existencia de una cláusula compromisoria… ¿Resulta procedente el ejercicio de la acción contractual para controvertir actos administrativos de naturaleza contractual y solicitar la liquidación judicial del contrato… ¿Las partes del contrato objeto de la controversia están legitimados en la causa para ser parte en el proceso?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El Jardín Botánico se defendió de esta imputación de incumplimiento al contestar la demanda

Sentencia — Sentencia 2026-05-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210026801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Desconoció el Tribunal el principio de justicia rogada al reconocer la responsabilidad contractual del Jardín Botánico, pese a que el demandante no solicitó expresamente la declaración de incumplimiento? No
La demanda que reclama la responsabilidad contractual por el incumplimiento de una obligación dineraria no requiere pedir expresamente la declaración de incumplimiento para que el juez la reconozca, pues no desconoce el principio de justicia rogada. La regla se sostiene en tres razones: la demanda reclamó la responsabilidad del contratante por no cumplir la obligación a su cargo y, en consecuencia, invocó las normas del derecho común sobre responsabilidad del deudor, como los artículos 1602 y 1613 del Código Civil; el demandado se defendió de esa imputación al contestar la demanda, de modo que el debate sobre el incumplimiento estuvo presente en el proceso; y la excepción previa de ineptitud sustantiva fue resuelta por el tribunal sin que la parte cuestionara ese enfoque. Así, el juez puede declarar la responsabilidad a partir de los hechos y del fundamento jurídico de la demanda. La providencia se modifica en lo relativo a la liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda fue presentada oportunamente? ¿La forma de pago pactada con base en el avance de la obra modifica la modalidad de remuneración previamente convenida como un precio fijo en un contrato de interventoría? ¿El reducido avance de la obra exonera a la entidad estatal de pagar la remuneración pactada al interventor cuando este cumplió las obligaciones propias del contrato de interventoría?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001232600019950118501 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los… ¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley? ¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional.

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170096201 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de reparación directa para reclamar la reparación de un daño causado por un hecho imputable a la administración de justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional o el Ejército Nacional, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal establecido, lo cual garantiza la seguridad jurídica y protege el interés general. La caducidad del medio de control implica que si el plazo para presentar la demanda vence sin que el interesado la haya elevado, se extingue el derecho de acción, consolidando las situaciones pendientes de solución. En casos de responsabilidad patrimonial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la inoperancia del medio de control por caducidad solo opera si se demuestra que la presentación de la demanda fue defectuosa o tardía, reiterando la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los plazos legales para ejercer el derecho de acción.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia del medio de control de acción de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de… ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a la presunta afectación que sufrió su derecho…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020060097601 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos del Estado, dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos del Estado, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales cuando la cuantía supera 500 salarios mínimos. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad estatal demandada es sujeto de la contratación estatal conforme al artículo 52 del Decreto 2171 de 1992 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, de modo que la jurisdicción es competente para resolver las controversias en que sea parte. Segunda, la vocación de doble instancia se determina con los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo, vigentes al presentarse la demanda. Tercera, la cuantía del proceso para el año 2006 supera los 500 salarios mínimos exigidos. Además, la acción de controversias contractuales es la vía idónea para la nulidad de la liquidación unilateral, el desequilibrio, el incumplimiento, la validez del contrato y la liquidación judicial. En consecuencia, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación, y la providencia modifica la sentencia apelada. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal… ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato? ¿Dado el demandante no señaló ninguna norma violada con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, y que tampoco formuló un cargo concreto o mencionó razón alguna por la que…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: se ha desarrollado la teoría de la imprevisión

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020100049801 ACCION CONTRACTUAL
¿La teoría de la imprevisión, como mecanismo para restaurar el equilibrio contractual perturbado por circunstancias extraordinarias, imprevistas e irresistibles a las partes, constituye un principio general de los contratos que se mantiene en la actualidad? Sí
Durante el proceso de formación y al momento de celebrar un contrato, incluidos los contratos públicos, las partes evalúan los beneficios y asumen riesgos financieros específicos que configuran la ecuación contractual. Aunque se reconoce la importancia del postulado de que los contratos son ley para las partes y, por ello, deben ser cumplidos [pacta sunt servanda], se han atenuado los efectos de la aplicación estricta del contrato debido a la posibilidad de que las condiciones originales del acuerdo se vean alteradas. Esta atenuación se basa en consideraciones de equidad en las relaciones contractuales, en la suposición de que las partes se comprometen en función de las circunstancias existentes en el momento del acuerdo [rebus sic stantibus], y en el entendimiento de que situaciones extraordinarias, imprevistas e irresistibles pueden dificultar en exceso el cumplimiento estricto del contrato.
También resuelve: ¿En caso de la ocurrencia de circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, surgidas después de la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida… ¿La aplicación de la teoría de la imprevisión en contratos estatales regidos por el derecho privado, procede más allá de la regulación del artículo 868 del C.Co., esto es…
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no puede el juez declarar la nulidad de actos administrativos cuya nulidad no fue expresamente pretendida por el demandante

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000232600020200002101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez, en virtud del principio de justicia rogada, declarar la nulidad de actos administrativos cuya nulidad no fue expresamente pretendida por el demandante, aunque su ilegalidad haya sido mencionada en los fundamentos jurídicos de la demanda? No
La nulidad de actos administrativos contractuales o de otro tipo, en un sistema como el nuestro debe ser coherente con nuestra estructura de Estado y, en esa medida, debe ser respetuosa de la división de poderes y, por ello, el juez solamente puede controlar aquello expresamente puesto de presente por los administrados. La justicia rogada en esta materia es una consecuencia de caros valores constitucionales y, por lo mismo, cuando nos enfrentamos a actos administrativos con presunción de legalidad el juez debe analizar las pretensiones y los precisos cargos elevados por el demandante. Señalado lo anterior, pongo de presente que no comparto el análisis realizado por el ponente, punto del cual también se apartó el otro miembro de la Sala, de extraer pretensiones (la de nulidad de actos) de apartes de la demanda que no son las pretensiones, como los fundamentos de derecho.