Síntesis de la providencia
Tribunal Administrativo: se trata de un requisito que es de responsabilidad exclusiva de la entidad contratante
Regla de decisión
La situación descrita, sobre la ausencia del registro presupuestal comporta un defecto endilgable a la entidad contratante y no al contratista, en atención a que corresponde a un instrumento que certifica la apropiación del presupuesto para respaldar las obligaciones patrimoniales del contrato, y prevenir que los recursos destinados a la financiación de un determinado compromiso se desvíen a otro fin.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista puede exigir el pago de la comisión de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su generación, independientemente de la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal. En este caso, la Sala determinó que la entidad estatal incumplió al no cancelar la prima de éxito al contratista, a pesar de que se configuró la condición de éxito en uno de los procesos judiciales objeto del contrato. La falta de disponibilidad presupuestal no anula el contrato ni impide el pago de la comisión de éxito causada por el resultado obtenido en el proceso contractual, pues este requisito es de responsabilidad exclusiva de la entidad contratante y su omisión no afecta la existencia o validez del negocio jurídico, sino la regularidad de su ejecución. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la importancia de la disponibilidad presupuestal en la ejecución del contrato, pero no en su validez, permitiendo al contratista reclamar el pago de la comisión de éxito cuando se cumplan las condiciones pactadas.
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Problema jurídico
“¿La Nación-Ministerio de Transporte incumplió la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. 02.0019-03 de febrero de 2003, al no cancelar a favor del demandante la prima de éxito o, no se causó por no haberse cumplido la condición de disminución de las pretensiones de la demanda promovida contra Ferrovías, ni la condición de ingreso de dinero al patrimonio de la accionada?”
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto 111 de 1996, art. 71
- Ley 734 de 2002, arts. 22, 31 y 48
- Ley 80 de 1993, arts. 25, 41 y 44
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Lo que dijo la Sala
… La tesis de la Sala es que prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda, toda vez que se configuró el incumplimiento parcial del contrato de prestación de servicios cuyo objeto consistía en ejercer la representación en dos (2) procesos judiciales, a saber, a) contractual ordinario 2000-00082; y b) ejecutivo de mayor cuantía 2000-1231, por falta del pago de honorarios por parte de la Nación-Ministerio de Transporte respecto del abogado Pablo Mora, que se pactó con comisión de éxito, en atención a que se configuró su condición en el proceso ordinario contractual objeto de representación judicial para reconocer el pago al advertir que se generó la condición de éxito, no así respecto del proceso ejecutivo de mayor cuantía, porque en éste último no se cumplió la condición pactada.… De lo anterior se extrae que: (i) el contrato es perfecto cuando en él convergen los elementos esenciales que determinan su existencia…
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Titulación de la relatoría 8.161 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / HONORARIOS / CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO / CONDICIÓN SUSPENSIVA / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Problema jurídico:
“¿La Nación-Ministerio de Transporte incumplió la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. 02.0019-03 de febrero de 2003, al no cancelar a favor del demandante la prima de éxito o, no se causó por no haberse cumplido la condición de disminución de las pretensiones de la demanda promovida contra Ferrovías, ni la condición de ingreso de dinero al patrimonio de la accionada?”
Respuesta al problema jurídico: Si
“(...) La tesis de la Sala es que prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda, toda vez que se configuró el incumplimiento parcial del contrato de prestación de servicios cuyo objeto consistía en ejercer la representación en dos (2) procesos judiciales, a saber, a) contractual ordinario 2000-00082; y b) ejecutivo de mayor cuantía 2000-1231, por falta del pago de honorarios por parte de la Nación-Ministerio de Transporte respecto del abogado Pablo Mora, que se pactó con comisión de éxito, en atención a que se configuró su condición en el proceso ordinario contractual objeto de representación judicial para reconocer el pago al advertir que se generó la condición de éxito, no así respecto del proceso ejecutivo de mayor cuantía, porque en éste último no se cumplió la condición pactada. (...) De lo anterior se extrae que: (i) el contrato es perfecto cuando en él convergen los elementos esenciales que determinan su existencia; (ii) los requisitos allí advertidos definen que un contrato se ha perfeccionado siempre que exista acuerdo de voluntades, al menos, sobre el objeto del negocio y su contraprestación, y que se eleve a escrito; (iii) entonces, desde el momento en que las partes firman el contrato, éste se reputa existente; (iv) luego de lo anterior, dicho negocio será ejecutable cuando se cumpla con la aprobación de la garantía y la realización del registro presupuestal (...) se tiene que la disponibilidad presupuestal es entendida como el ejercicio de afectación de recursos públicos vinculados a un determinado objetivo con el fin de respaldar los compromisos que adquiere la administración para la satisfacción de las necesidades públicas; este mecanismo materializa en el contrato estatal la regla de planeación presupuestal que define y pone límite al gasto público comprometido tanto preliminarmente, al dar inicio a la selección del contratista, como de forma definitiva al vincular los recursos con que se atenderán las obligaciones contractuales específicas. Por su parte, la constitución de la garantía única de cumplimiento pretende asegurar la indemnidad del patrimonio público ante los eventuales perjuicios que un incumplimiento contractual puede acarrear. 4.2.5.4 Por ende, la ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento se traducen en el desconocimiento de una obligación legal, y ello puede dar lugar al surgimiento de una responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida pero, sin lugar a equívocos, no tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del negocio jurídico sino la regularidad de su ejecución, con la consecuencia contingente del incumplimiento del mismo por parte de la entidad pública y del contratista, según el caso. (...) la disponibilidad presupuestal no genera la nulidad del contrato ni extingue la obligación de remunerar la prestación ejecutada. Lo anterior, en atención a que el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 distingue el perfeccionamiento del contrato estatal de los requisitos exigidos para iniciar su ejecución y establece claramente que el negocio jurídico estatal se perfecciona cuando las partes logran acuerdo sobre su objeto y contraprestación y dicho acuerdo se eleva a escrito. Por el contrario, las exigencias de naturaleza presupuestal cumplen una función diferente: garantizar que las obligaciones económicas contraídas por la administración cuenten con respaldo presupuestal y que la aprobación correspondiente quede afectada a su cumplimiento. (...) Por ende, la ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento se traducen en el desconocimiento de una obligación legal, y ello puede dar lugar al surgimiento de una responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida pero, sin lugar a equívocos, no tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del negocio jurídico sino la regularidad de su ejecución, con la consecuencia contingente del incumplimiento del mismo por parte de la entidad pública y del contratista, según el caso. La situación descrita, sobre la ausencia del registro presupuestal comporta un defecto endilgable a la entidad contratante y no al contratista, en atención a que corresponde a un instrumento que certifica la apropiación del presupuesto para respaldar las obligaciones patrimoniales del contrato, y prevenir que los recursos destinados a la financiación de un determinado compromiso se desvíen a otro fin. De modo que se trata de un requisito que es de responsabilidad exclusiva de la entidad contratante, pues es la que tiene el manejo de su presupuesto, lo que denota que, si éste no se realiza, no hay lugar a que la administración invoque su propia culpa –sustentada en una conducta propia y omisiva- en beneficio propio. (...) Por tanto, la Sala determina que la falta de certificado de disponibilidad presupuestal no configura la nulidad del contrato de prestación de servicios ni constituye impedimento para declarar el incumplimiento de la entidad y ordenar el pago de la comisión de éxitos causada por el resultado obtenido en el proceso contractual. (...) En conclusión, la ausencia de la disponibilidad o registro presupuestal no denota un juicio de invalidez por la constatación de irregularidades o vicios que inciden en el valor del acto o contrato, pues su carencia lo que produce es una afectación a la viabilidad y legalidad del pago y puede comprometer la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios por los perjuicios que se ocasionen con el desconocimiento de las normas presupuestales y contractuales antes citadas. De modo que, es evidente que la falta de dicho requisito de ejecución genera una alteración que puede perjudicar el pago del negocio jurídico, en términos de su determinación presupuestal –lo que además sería imputable exclusivamente a la autoridad pública contratante–, más no da lugar a la declaración de nulidad absoluta del contrato estatal. (...)”
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre los requisitos de perfeccionamiento y los requisitos de ejecución del contrato estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2014, rad. 88001-23-31-000-2002-00125-01 (27263); sentencia de 9 de octubre de 2014, rad. 20001-23-31-000-2002-00525-01 (31382); sentencia de 27 de mayo de 2015, rad. 50001-23-31-000-2008-00031-01 (38600).
Sobre la ausencia de disponibilidad o registro presupuestal como irregularidad que no afecta la existencia o validez del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de julio de 2022, rad. 47001-23-31-000-2011-00037-01 (54711), C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 12 de noviembre de 2014, rad. 73001-23-31-000-2003-00667-01 (34324), C. P. Hernán Andrade Rincón (E).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 71, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 22, 31, 48, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25, 41, 44