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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Cesión de créditos: el embargo es muestra elocuente del poder coercitivo del Estado
El embargo, en el ámbito del proceso civil, es muestra elocuente del poder coercitivo del Estado, que monopoliza legítimamente la fuerza a fin de imponer la aplicación del derecho objetivo al caso concreto, que en su nombre la autoridad judicial dilucida y decide. Dentro de las medidas cautelares, dirigidas en general a asegurar el cumplimiento de la decisión judicial que luego se adopte, el embargo cumple esa función restringiendo siempre el poder dispositivo del titular del derecho embargado, el cual pasa temporalmente a manos del juez (G.J, t.Lll, pag. 817), en procura de protección, las más de las veces, de los acreedores.
También resuelve:
Cláusula de competencia: Ley 1107 de 2006
Legitimación en la causa: clases, decisión de mérito, cesionario de los derechos económicos
Cesión de créditos: Artículo 1959 del Código Civil
Consejo de Estado
Providencia
El despacho negará el incidente de nulidad procesal propuesto por Empreaco EAT
¿El incidente de nulidad procesal propuesto por la demandante, relacionado con las causales establecidas en los numerales 2 y 5 del artículo 133 del CGP, es procedente? No
El contratista no puede interponer un incidente de nulidad procesal basado en las causales establecidas en los numerales 2 y 5 del artículo 133 del Código General del Procedimiento Administrativo, ya que dichas causales no se configuran en el caso presente. La causal del numeral 2 requiere la pretermisión integral de una instancia, lo cual no ocurre cuando el juez considera pruebas presentadas en una instancia previa, mientras que la causal del numeral 5 se refiere a la omisión de una oportunidad probatoria, lo cual no se da en este caso. Además, la nulidad procesal propuesta por el contratista estaría originada en una sentencia contra la cual no procede recurso, por lo que debería ser ventilada mediante el recurso de revisión y no por medio de un incidente. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo que el incidente de nulidad procesal no es procedente cuando no se cumplen las condiciones específicas de las causales del artículo 133 del CGP.síntesis automática
NIEGA NULIDAD
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contrato estatal: (2018 00394 00, 2018 00416 00 y 2018 00419 00)_null
INHABILIDADES PARA SER ALCALDE,JURISPRUDENCIA,PRECEDENTE VINCULANTE,INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA,EJECUCIÓN DEL CONTRATO,ELEMENTO TERRITORIAL,CONTRATO ESTATAL,OTROSÍ,PRECEDENTE JUDICIAL – Ley 136 de 1994,Artículo 95,Finalidad,Numeral 3 del artículo 95,Aplicación,Alcance,Elementos,Cómputo,Concepto,Perfeccionamiento,Ocurrencia,Modificación del contrato,Evolución jurisprudencial,Características,Inexistencia – Mes: mayo – Año: 2019…
También resuelve:
Inhabilidades para ser alcalde: Ley 136 de 1994, Artículo 95, finalidad, numeral 3 del artículo 95
Contrato: concepto
Contrato estatal: concepto, perfeccionamiento
Consejo de Estado
Providencia
Debe ser atribuido en primera instancia a un tribunal administrativo.
¿El Tribunal Administrativo del Tolima es a quien corresponde la competencia para conocer del presente asunto y proveer sobre su admisibilidad en primera instancia, teniendo en cuenta el lugar donde se ejecutó el convenio interadministrativo, debido a que el objeto de la pretensión de nulidad de la demanda de controversias contractuales versa sobre un otrosí del cual se estima con claridad que el litigio carece de cuantía y, considerando, que en el caso concreto se involucra una entidad del orden nacional? Sí
Las controversias contractuales que carecen de cuantía y en las que interviene una entidad del orden nacional se atribuyen en primera instancia a los tribunales administrativos, por la cláusula residual de competencia del numeral 26 del artículo 152 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, cuando ninguna otra regla especial determina el juez competente. Cuando la pretensión de nulidad recae sobre un otrosí que solo modifica el plazo de un convenio interadministrativo y las garantías que lo amparan, el litigio carece de cuantía. En cuanto a la competencia territorial, esta se define por el lugar donde se ejecutó el convenio, que en el caso concreto fue el municipio demandado. La demanda de nulidad de un otrosí celebrado dentro de un convenio es, por su objeto, una demanda de controversias contractuales conforme al artículo 141 del CPACA. En el caso concreto, el auto declaró la falta de competencia del juzgado y remitió el expediente al tribunal administrativo del departamento donde se ejecutó el convenio. Como consecuencia práctica, la demanda de controversias contractuales sin cuantía que involucre una entidad nacional debe presentarse ante el tribunal del lugar donde se ejecutó el contrato.síntesis automática
REMITE POR COMPETENCIA
Consejo de Estado
Providencia
Procede confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada de oficio la caducidad del medio de control
¿Procede confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada de oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la liquidación de un convenio interadministrativo, incluso cuando inicialmente no fue parte de este, siempre y cuando sea vinculado mediante un otrosí al contrato que incorpora sus compromisos, como en el caso de Aguas del Magdalena, que fue incluida como encargada de la dirección y ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005 – 2015”. La entidad estatal no puede desconocer esta legitimación, ya que la vinculación mediante otrosí confiere a la empresa de servicios públicos la capacidad para reclamar el incumplimiento del convenio. La Sala confirma que el término de caducidad para reclamar las obligaciones derivadas del incumplimiento del convenio interadministrativo se inicia a partir de la terminación del acuerdo, lo que en este caso ocurrió el 7 de junio de 2016, y no se interrumpe mientras persista el incumplimiento, lo que implica que la demanda presentada el 24 de agosto de 2020 fue extemporánea. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad en convenios interadministrativos sujetos a liquidación, estableciendo que el plazo para la liquidación bilateral del convenio comienza desde la fecha de terminación del acuerdo, independientemente del incumplimiento subsiguiente.síntesis automática
También resuelve:
¿La empresa de servicios públicos está legitimada en la causa por activa al ser vinculada al convenio interadministrativo objeto de controversia, mediante el otrosí al contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Debe elevarse a escrito, como solemnidad ad substantiam actus, todo contrato estatal celebrado por una entidad regida por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
¿Debe elevarse a escrito, como solemnidad ad substantiam actus, todo contrato estatal celebrado por una entidad regida por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista debe elevar a escrito todo contrato estatal celebrado por una entidad regida por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, que establecen la solemnidad ad substantiam actus para tales contratos. La falta de suscripción de documentos modificatorios impide su perfeccionamiento y, por ende, su validez jurídica, lo que puede llevar a la caducidad del medio de control judicial si no se cumplen los plazos establecidos. La Sala reitera la importancia de cumplir con las formalidades legales para el perfeccionamiento del contrato estatal y la consecuencia práctica es que la entidad demandante no puede revivir el contrato con la sola voluntad de las partes, lo que implica la caducidad del medio de control judicial. Además, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el juez se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Impide la falta de suscripción de documentos modificatorios de un contrato estatal su perfeccionamiento y, en consecuencia, su validez jurídica?
¿Puede el juez abstenerse de condenar en costas en segunda instancia cuando prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Está obligado el juez a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda
¿Está obligado el juez a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda, aunque no se hubieren consignado salvedades contractuales durante la ejecución del contrato? Sí
El juez está obligado a valorar el fondo de las pretensiones formuladas en la demanda, incluso cuando no se hayan consignado salvedades contractuales durante la ejecución del contrato, ya que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha unificado la posición de que es necesario analizar las pretensiones presentadas, independientemente de la existencia de salvedades en los negocios jurídicos celebrados entre las partes. Esta nueva interpretación implica que el juez debe determinar el alcance de los acuerdos celebrados durante la ejecución del contrato para evaluar su relación con lo reclamado judicialmente, lo que modifica la obligación previa de consignar salvedades en otrosíes, prórrogas o adicionales.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta aplicable una sentencia de unificación jurisprudencial proferida con posterioridad a la sentencia de primera instancia y a la interposición del recurso de apelación?
¿Tiene validez jurídica la renuncia de derechos realizada por un contratista en el marco de un contrato estatal, cuando dicha renuncia no ha sido impuesta ni condicionada?
¿Tienen validez los acuerdos celebrados en el marco de un contrato estatal que establece la renuncia del contratista a la reclamación judicial?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Procede complementar la sentencia, de aceptar la tacha de falsedad formulada por la Terminal
¿Procede complementar la sentencia, en el sentido de aceptar la tacha de falsedad formulada por la Terminal de Transportes del Socorro S.A., respecto del otrosí No. 3 al contrato de prestación de servicios No. 1 de 2010, aspecto frente al cual el Tribunal no realizó pronunciamiento alguno? Sí
El contratista puede solicitar la adición de la sentencia para aceptar una tacha de falsedad en un otrosí del contrato, siempre y cuando la falsedad esté debidamente acreditada mediante pruebas como el cotejo grafológico, tal como lo permite el artículo 287 del Código General del Proceso. Sin embargo, la terminación unilateral del contrato no produce efectos si el contrato ya se encuentra terminado en el momento de la decisión unilateral, y no se acredita un incumplimiento contractual que justifique la liquidación judicial del contrato. Por tanto, la condena en costas contra la parte vencida en el proceso es procedente conforme al artículo 188 del Código Procesal Administrativo y el artículo 365 del Código General del Proceso, y se fijan agencias en derecho en base al Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada terminó unilateralmente el contrato de prestación de servicios?
¿Se acreditó que la entidad demandada incumplió el contrato de prestación de servicios al terminarlo anticipadamente, lo cual produjo efectos?
¿Procede revocar la decisión de condenar a la TTS a cancelar el valor pendiente por pagar, por el supuesto incumplimiento contractual…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Através del medio de control de controversias contractuales regulado en el artículo 141 del CPACA las partes de un contrato estatal pueden solicitar, entre otros asuntos, que se declare su existencia o su nulidad.
¿El medio de control de controversias contractuales que pretende la nulidad absoluta de los otrosíes celebrados por las partes, fue interpuesto oportunamente? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad absoluta del contrato y sus otrosíes mediante el medio de control de controversias contractuales, siempre que la demanda se presente dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente a su perfeccionamiento, y mientras el contrato se encuentre vigente. La Sala determina que la oportunidad del medio de control se mantiene incluso si el contrato y los otrosíes adicionales y modificativos se encuentran vigentes al momento de presentar la demanda, lo que implica que la caducidad del medio de control no opera si el contrato aún está en vigor. Esta decisión reitera la importancia de considerar la vigencia del contrato para determinar la oportunidad del medio de control, lo que garantiza el acceso a la administración de justicia y protege los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación del auto que rechaza la demanda por caducidad?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando se pretende la nulidad absoluta del contrato…
¿El acuerdo al que llegaron los contratantes sobre el mecanismo de arreglo directo en el Contrato de Operación, da lugar a posibles modificaciones de negocio jurídico…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El incumplimiento contractual surge del desconocimiento del débito prestacional, diferenciándose del rompimiento del equilibrio económico.
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:
¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?
¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?
¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se acreditó que los diseños fueron adecuadamente elaborados y el IDU permitió injustificadamente que fueran modificados
¿Se acreditó que los diseños fueron adecuadamente elaborados y el IDU permitió injustificadamente que fueran modificados por el constructor de la obra? Sí
Cuando la entidad permite injustificadamente que el constructor modifique los diseños que fueron adecuadamente elaborados, no puede imputar al diseñador ni al interventor los defectos derivados de esa modificación, y que la acción de controversias contractuales contra la liquidación bilateral debe presentarse dentro de los dos años siguientes a ella, según el literal c del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Una razón es que en el expediente quedó acreditado que los diseños se elaboraron de manera adecuada y que la entidad permitió su modificación por parte del constructor sin justificación. Otra razón es que las demandas se presentaron dentro de los dos años siguientes a la liquidación de los contratos de diseño e interventoría, y los actos de efectividad de la póliza, por lo que la caducidad no operó. En el caso, la Sala confirmó la condena a favor de los contratistas de diseño e interventoría y modificó la sentencia en lo relativo a las demás pretensiones. Su consecuencia práctica es que la entidad que modifica o autoriza cambios en los diseños asume la responsabilidad por sus efectos, y no puede trasladarla al diseñador.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro del término establecido por la ley?
¿Los consorcios diseñador e interventor cumplieron con las obligaciones a su cargo?
¿Se acreditó que existieran mayores costos asociados a una mayor permanencia en el contrato?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Debe consignarse la nota de traspaso del derecho personal entre un sujeto y otro.
¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve:
¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente?
¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido?
¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
¿Prospera el cargo de apelación según el cual los otrosíes y adicionales al contrato no contemplaron el pago de cifra alguna de dinero al contratista en compensación por los problemas e imprevistos sufridos? No
Resulta claro que la estipulación de una contraprestación monetaria en favor de alguna de las partes de un litigio presente o futuro no es uno de los elementos o requisitos de la transacción. En consecuencia, no prospera el cargo del recurso de apelación según el cual los otrosíes y adicionales al contrato No. 5214792 de 2014 no “contempl[aron] [el] pago de cifra alguna de dinero al contratista en compensación por los problemas e imprevistos sufridos.”
También resuelve:
¿Se probó la excepción de mérito de transacción por todos los valores causados antes del 14 de octubre y el 14 de noviembre de 2014?
¿Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que…
¿El juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No hay lugar al restablecimiento del equilibrio de la ecuación prestacional
¿Hay lugar al restablecimiento del equilibrio de la ecuación prestacional en el contrato celebrado entre Ecopetrol y la CCE S.A.S., con sustento en la teoría de la imprevisión, aun cuando su objeto contractual ya se hubiera cumplido y, en consecuencia, no quedaran prestaciones futuras por ejecutar? No
El contratista no puede solicitar el restablecimiento del equilibrio de la ecuación prestacional en un contrato estatal celebrado con Ecopetrol, basándose en la teoría de la imprevisión, cuando el objeto contractual ya se ha cumplido y no quedan prestaciones futuras por ejecutar. Esta regla se sostiene en que la teoría de la imprevisión requiere que el contrato aún esté vigente y que existan prestaciones futuras por cumplir, lo cual no se cumple en este caso dado que la demanda fue presentada después del cumplimiento del contrato y la suscripción de la acta de liquidación bilateral. Además, el contrato no se ajusta a los supuestos que permiten la excepción de aplicar la teoría de la imprevisión, ya que no es un contrato directamente relacionado con el interés general. Esta decisión confirma que no es procedente el reajuste del equilibrio prestacional en estas circunstancias, lo que implica que el contratista no podrá obtener una revisión judicial del contrato una vez cumplido su objeto.síntesis automática
También resuelve:
¿El régimen jurídico aplicable al negocio jurídico cuyo reajuste de prestaciones se pretende es el derecho privado, régimen contractual al que no resulta aplicable la figura del “desequilibrio…
¿Los otrosíes y suspensiones pactados de mutuo acuerdo, pueden considerarse como cláusulas abusivas?
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los litigios originados en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales, conforme al artículo 104 del CPACA, por tratarse de partes de naturaleza pública. La regla se apoya en que el convenio, cuyo incumplimiento se alega, fue celebrado por un departamento, un distrito y varios municipios, cuyas actuaciones son de naturaleza pública. Además, la apelación de la sentencia del tribunal corresponde al Consejo de Estado conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, por la vocación de doble instancia del proceso. En el caso, el municipio demandado integra el grupo de entidades territoriales que suscribieron el convenio, y el Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los convenios de apoyo financiero entre entidades territoriales que den lugar a incumplimiento quedan sometidos a la jurisdicción contenciosa administrativa, y su conocimiento se distribuye por la instancia que corresponda.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para conocer una demanda presentada por una sociedad vinculada a un convenio interadministrativo mediante otrosí?
¿Conserva la naturaleza de convenio interadministrativo un acuerdo suscrito entre entidades públicas con contenido patrimonial, siempre que no exista conmutatividad ni remuneración entre las partes?
¿Se rigen los convenios interadministrativos por las estipulaciones acordadas entre las partes, en virtud de su autonomía de la voluntad?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Cabe rememorar que la etapa para formular alegatos de conclusión no es la oportunidad procesal para formular pretensiones
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión? Sí
El juez de segunda instancia resuelve la apelación únicamente sobre los reparos concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de pronunciarse de oficio sobre las cuestiones necesarias para decidir el mérito, como la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la indebida escogencia de la acción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable en segunda instancia por remisión del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, limita el objeto del recurso a los reparos concretos del apelante. Segunda, el artículo 328 del mismo código restringe la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones oficiosas que la ley prevé. Tercera, los alegatos de conclusión no son la oportunidad para formular pretensiones ni plantear o reformular cargos del recurso, de modo que el cargo propuesto en esa etapa no se estudia. La providencia confirma la decisión y no analiza el cargo introducido en los alegatos. La consecuencia práctica es que los argumentos nuevos, incluidos los que se presentan en los alegatos de conclusión, no sustituyen los reparos del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro de la oportunidad prevista por la Ley?
¿Los incumplimientos de las obligaciones contractuales que condujeron a la imposición de la multa desaparecieron debido a las modificaciones contractuales realizadas por las partes?
¿El Tribunal se equivocó al valorar los testimonios practicados, o por valorar documentos que no fueron mencionados durante el procedimiento administrativo de imposición de la multa?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Y es que la asociación de esfuerzos que se instrumentaliza a través de un convenio no solamente puede ser administrativa y/o técnica también puede ser económica.
¿Puede considerarse que el acuerdo celebrado entre entidades públicas, orientado a aunar esfuerzos para financiar y ejecutar el “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005–2015”, constituye un convenio interadministrativo en los términos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, aun cuando dicho acuerdo involucre aportes económico y carezca de conmutatividad o remuneración entre las partes? Sí
El contratista puede considerar que un acuerdo celebrado entre entidades públicas para aunar esfuerzos en financiamiento y ejecución de un plan de agua potable y alcantarillado constituye un convenio interadministrativo, incluso si carece de conmutatividad o remuneración, siempre y cuando tenga como finalidad conjugar esfuerzos para cumplir un objetivo común y las partes hayan acordado aportes económicos. La Sala sostiene que los convenios interadministrativos, aunque nominados, son atípicos y no se rigen automáticamente por el régimen de la Ley 80 de 1993, sino por las cláusulas pactadas por las partes en ejercicio de su autonomía de voluntad, lo que implica que deben analizarse específicamente las condiciones acordadas en cada convenio para determinar su régimen legal.síntesis automática
También resuelve:
¿Los convenios interadministrativos deben someterse de manera automática al régimen de la Ley 80 de 1993, sin atender a las cláusulas pactadas por las partes en ejercicio de su autonomía de la…
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales, debido a que el convenio interadministrativo no fue liquidado dentro del plazo de cuatro meses pactado tras su…
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, por resolverse de manera desfavorable el recurso de apelación que impetró y abstenerse de imponer agencias en derecho…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Lo segundo puede desplegar sus efectos en la resolución de fondo del caso al enervar la pretensión sobre un asunto transado entre las partes.
¿Tiene competencia el Tribunal de Arbitramento para conocer sobre la legalidad de las Resoluciones 1956 del 20 de diciembre de 2019 y 20217070000535 de 14 del enero de 2021, en cuanto existe clausula compromisoria, por lo cual, cobija toda diferencia suscitada con ocasión del contrato primigenio? Sí
Cuando una cláusula compromisoria cobija las diferencias surgidas de un contrato de concesión, el tribunal de arbitramento solo es competente para pronunciarse sobre actos posteriores si las partes sometieron esos asuntos al pacto arbitral. La regla se sostiene en tres razones: la competencia de los árbitros tiene origen en el pacto, pero las partes pueden renunciar a reclamar asuntos específicos mediante una transacción, por lo que deben examinarse el contrato, la transacción y sus modificatorios; el recurso de anulación por falta de competencia exige haber interpuesto antes la reposición contra el auto de asunción de competencia, cuando sea congruente con la causal; y la falta de competencia se configura cuando el laudo decide asuntos que las partes no consideraron susceptibles de arbitraje. En el caso, la reposición fue estimada congruente y el análisis de las cláusulas llevó a declarar infundado el recurso. El documento reitera la jurisprudencia sobre falta de competencia arbitral; la consecuencia práctica es que una transacción posterior puede limitar la competencia de los árbitros.síntesis automática
También resuelve:
¿La decisión del laudo arbitral que cuestiono la recurrente constituye un fallo en conciencia o equidad?
¿Prospera el cargo alegado por la recurrente consistente en la existencia de disposiciones contradictorias en el laudo arbitral?
¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, en cuanto se declaró infundado el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral?
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
El proceder de la UT es contrario al deber de no venir contra sus propios actos
¿La Unión Temporal, obligada a reexportar los equipos, demostró el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación? No
El contratista no demuestra el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación cuando está obligado a reexportar los equipos importados temporalmente, lo que implica que no cumple con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en la normativa que rige la importación temporal de corto plazo. En este caso, la Unión Temporal, como contratista, no cumplió con el deber de no venir en contra de sus propios actos, ya que en el otrosí N° 1 del contrato se pactó la obligación de mantener indemne a la entidad contratante respecto de las responsabilidades derivadas de las obligaciones de reexportación. Además, la entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales y la Unión Temporal no realizó las gestiones necesarias para la reexportación de los equipos, lo que llevó a la aprehensión de los camiones compactadores de basura por parte de la DIAN. La regla reitera la importancia de cumplir con los requisitos de la reexportación y las obligaciones contractuales para evitar incumplimientos y responsabilidades adicionales.síntesis automática
También resuelve:
¿Durante el lapso entre la entrega y la aprehensión de los camiones la arrendadora tampoco realizó las gestiones para la reexportación de los equipos?
¿La arrendataria estuvo presta a cumplir la restitución de la cosa arrendada, pero la unión temporal se rehusó a recibir los equipos?
¿El representante legal de la UT se rehusó a recibir los 21 camiones conforme a lo estipulado en el contrato de arrendamiento?
CONFIRMA