Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: el mandamiento de pago dentro de un proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial
Lo que dijo la Sala
El artículo 101 del CPACA, de manera clara y expresa, prevé que en el marco de procesos de cobro coactivo solo son susceptibles de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo… . En concordancia con la norma transcrita, el artículo 835 del Estatuto Tributario preceptúa que los actos administrativos proferidos en el curso del proceso de cobro coactivo demandables… . De conformidad con lo previsto en las normas transcritas, respecto de los procesos de cobro coactivo solo son demandables los siguientes actos administrativos: i) los que resuelven las excepciones; ii) los que ordenan seguir adelante la ejecución; iii) los que liquidan el crédito y, iv) el que constituye título ejecutivo.
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Síntesis síntesis automática
El mandamiento de pago dentro de un proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial, ya que es un acto de trámite no incluido en los artículos 101 del Código Procesal Administrativo y 835 del Estatuto Tributario, ni en las excepciones reconocidas por la jurisprudencia. Los actos administrativos proferidos en el proceso de cobro coactivo que crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular, como la liquidación del crédito, la liquidación de costas y el acto que aprueba el remate, sí son demandables mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta decisión reitera la posición de la corporación sobre la naturaleza del mandamiento de pago como acto de trámite no susceptible de control judicial, mientras que mantiene el control sobre actos que resuelven situaciones de fondo en el proceso de cobro coactivo.
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Problema jurídico
¿El mandamiento de pago dentro de un proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial, por tratarse de un acto de trámite que no está incluido entre los actos demandables según los artículos 101 del CPACA y 835 del Estatuto Tributario, ni en las excepciones reconocidas por la jurisprudencia?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto 624 de 1989, art. 835
- Ley 1437 de 2011, art. 101
También resuelve
- ¿Los actos administrativos proferidos en un proceso de cobro coactivo que sean susceptibles de control judicial deben demandarse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del…
- ¿Aunque la jurisprudencia ha ampliado el control judicial a ciertos actos del cobro coactivo que resuelven situaciones de fondo…
- ¿Frente a la Resolución 0226 del 9 de marzo de 2023 operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho —al haber sido notificada el 9 de marzo de 2023 y presentarse la…
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Titulación de la relatoría 14.402 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PROCESO DE COBRO COACTIVO / CONTROL JUDICIAL / ACTOS DEMANDABLES EN EL COBRO COACTIVO / ACTOS DEMANDABLES EN COBRO COACTIVO ADMINISTRATIVO / MANDAMIENTO EJECUTIVO / EXCEPCIONES EN PROCESO DE COBRO COACTIVO / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS EN EL COBRO COACTIVO / VALIDEZ DEL REMATE DEL BIEN / ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDABLE
Problema jurídico:
¿El mandamiento de pago dentro de un proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial, por tratarse de un acto de trámite que no está incluido entre los actos demandables según los artículos 101 del CPACA y 835 del Estatuto Tributario, ni en las excepciones reconocidas por la jurisprudencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 101 del CPACA, de manera clara y expresa, prevé que en el marco de procesos de cobro coactivo solo son susceptibles de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…). En concordancia con la norma transcrita, el artículo 835 del Estatuto Tributario preceptúa que los actos administrativos proferidos en el curso del proceso de cobro coactivo demandables (…). De conformidad con lo previsto en las normas transcritas, respecto de los procesos de cobro coactivo solo son demandables los siguientes actos administrativos: i) los que resuelven las excepciones; ii) los que ordenan seguir adelante la ejecución; iii) los que liquidan el crédito y, iv) el que constituye título ejecutivo. No obstante, aunque no hay una posición jurisprudencial unificada sobre el particular, sí existen decisiones de esta Corporación en las que de manera reiterada se ha señalado que aquellos actos administrativos dictados en el curso del proceso administrativo de cobro coactivo que resuelven situaciones de fondo y que crean, modifican o extinguen una circunstancia jurídica particular son susceptibles de control, concretamente, los siguientes: i) el acto que liquida el crédito; ii) el acto que liquida las costas y, iii) el acto que aprueba el remate; (...) En ese contexto, se concluye entonces que el mandamiento de pago proferido en el trámite del proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial toda vez que, en primer lugar, es un acto administrativo de trámite a través del cual inicia al procedimiento del cobro coactivo y, en segundo término, no está expresamente enlistado en los artículos 101 del CPACA y 835 del Estatuto Tributario ni en los señalados excepcionalmente en la jurisprudencia del Consejo de Estado.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 835, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 101
PROCESO DE COBRO COACTIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL / REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL / NORMA ESPECIAL / TÍTULO EJECUTIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDABLE / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTROL JUDICIAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE / MANDAMIENTO EJECUTIVO / EXCEPCIONES EN EL COBRO COACTIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los actos administrativos proferidos en un proceso de cobro coactivo que sean susceptibles de control judicial deben demandarse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que el mandamiento de pago no puede ser objeto de dicho control por tratarse de un acto no demandable?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 100 del CPACA preceptúa que los procesos de cobro coactivo deberán regirse por las reglas especiales y a falta de estas por lo previsto en el Estatuto Tributario, (...). En concordancia con la norma citada, el artículo 823 del Estatuto Tributario consagra que para el cobro coactivo de sanciones deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se establece en los artículos siguientes de dicho compendio normativo, (…). Con base en las normas antes referidas se concluye que el proceso de cobro coactivo: i) es un procedimiento administrativo especial a través del cual la ley (Estatuto Tributario) faculta a la administración para exigir las obligaciones creadas en su favor que consten en documentos que presten mérito ejecutivo en cumplimiento de lo previsto en el artículo 98 del CPACA; ii) es autónomo e independiente que tiene unas características especiales, por cuanto, de un lado, está regulado por normatividad especial como lo es el Estatuto Tributario y, de otro lado, su finalidad es la cobrar las obligaciones que la administración tiene en su favor sin la necesidad ante la acudir ante la administración de justicia y, iii) por lo anterior, las decisiones adoptadas en desarrollo de su trámite deben ser controvertidas a través del medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho, porque se trata de actos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular y determinada. Sobre el medio judicial procedente para demandar los actos administrativos dictados en el trámite del proceso de cobro coactivo, esta Corporación de manera reiterada ha sostenido que el medio de control jurisdiccional procedente para controvertir tales actos es el de nulidad y restablecimiento del derecho; (…). En ese orden de ideas, el medio de control jurisdiccional procedente para controvertir la legalidad de un acto administrativo proferido en el proceso de cobro coactivo susceptible de control judicial es el de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto, en primer lugar, se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto dictados por la administración dentro de un procedimiento administrativo autónomo e independiente que tiene regulación especial y, en segundo término, su objeto es el de ejecutar una obligación contenida en un acto administrativo derivado de un contrato que sirve de título ejecutivo, sin embargo, el hecho de que el proceso de cobro coactivo tenga origen en un contrato no convierte el asunto en una controversia contractual. De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial antes expuesto se concluye lo siguiente: i) el acto administrativo mediante el cual se dicta mandamiento de pago en el proceso de cobro coactivo no es susceptible de control judicial y, ii) el acto administrativo que resuelve las excepciones propuestas en el proceso de cobro coactivo es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 823, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 100, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 98
COBRO COACTIVO / CONTROL JUDICIAL / CONTROL JUDICIAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / MANDAMIENTO EJECUTIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE / ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / REMATE DE BIEN / VALIDEZ DEL REMATE DEL BIEN / JURISPRUDENCIA / COBRO PERSUASIVO
Problema jurídico:
¿Aunque la jurisprudencia ha ampliado el control judicial a ciertos actos del cobro coactivo que resuelven situaciones de fondo, el mandamiento de pago sigue sin ser susceptible de control judicial por ser un acto de trámite, mientras que el acto que aprueba el remate sí lo es por su carácter definitivo, y que los manuales internos no pueden definir la demandabilidad de actos al ser esta una competencia del legislador?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre el particular se consideran los siguientes aspectos, según los reparos formulados en el recurso de apelación: Efectivamente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha ampliado la posibilidad de ejercer control judicial a ciertos actos administrativos expedidos en el proceso coactivo que no están expresamente señalados en los artículos 101 del CPACA y 835 del Estatuto Tributario, siempre que a través de ellos se resuelvan situaciones de fondo; no obstante, ha aclarado y reiterado que el mandamiento de pago no es susceptible de control judicial porque no es un acto administrativo definitivo, sino de trámite; por consiguiente, la Resolución no. 0046 de 24 de enero de 2023 que libró mandamiento de pago no es susceptible de control judicial. En ese sentido, debe aclararse que la decisión judicial invocada por la parte recurrente, esto es, el auto proferido el 9 de noviembre de 2023 (exp. 85001-23-33 000-2023-00048-01), no es atendible en este asunto porque se trató de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de diferente naturaleza como lo es “el acto que aprueba un remate”, respecto al cual se estimó que es susceptible de control judicial precisamente porque es un acto definitivo en la medida en que “modifica el dominio de un bien que se transfiere a un tercero” y “porque genera una situación distinta a la simple ejecución de la obligación tributaria”. Desde otro ángulo de argumentación, según la recurrente el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establece que el mandamiento de pago constituye un “acto administrativo procesal”; sin embargo, lo cierto es que, en primer lugar, una entidad a través de un manual no puede disponer o señalar que asuntos son susceptibles o no de control judicial porque esta es una facultad exclusiva del legislador y, en segundo término, la normatividad especial (artículos 101 del CPACA y 835 del ET) aplicable a este asunto dispone que dicho acto administrativo no es demandable.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 835, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 101
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NOCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Problema jurídico:
¿Frente a la Resolución 0226 del 9 de marzo de 2023 operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho —al haber sido notificada el 9 de marzo de 2023 y presentarse la demanda el 12 de julio de 2024, sin que la conciliación extrajudicial del 22 de febrero de 2024 suspendiera el término por haberse solicitado vencido el plazo— y que, además, la Resolución 0046 del 24 de enero de 2023 (mandamiento de pago) no es susceptible de control judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para determinar si operó o no la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de la Resolución 0226 de 9 de marzo de 2023 deben precisarse los siguientes aspectos, según los reparos esgrimidos por el recurrente: En forma preliminar, debe precisarse que los procesos de cobro coactivo son actuaciones administrativas autónomas e independientes a los otros procesos en los que se profieren los actos administrativos que sirven de título ejecutivo para iniciar la ejecución; es decir, que en este caso la Resolución no. 0226 de 9 de marzo de 2023 por medio de la cual se resolvieron las excepciones no hace parte de proceso contractual y, por consiguiente, tampoco puede cuestionarse su legalidad a través del medio de control de controversias contractuales; por el contrario, por ser un acto proferido dentro de un trámite ulterior como lo es el proceso de cobro coactivo, su legalidad solo se puede discutir a través del medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho, como de manera reiterada lo ha especificado esta Corporación. En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del CPACA, puede demandarse la nulidad de los actos administrativos expedidos en el marco de la ejecución contractual, como el que declara el incumplimiento del contrato y el que lo liquida de manera unilateral; no obstante, los actos administrativos que resuelven las excepciones en el proceso de cobro coactivo originado en un contrato estatal deben demandarse a través del medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho, porque se trata de una decisión administrativa que surge del procedimiento de cobro coactivo. Así las cosas, se concluye que el hecho de que la oportunidad para demandar la legalidad de Resolución 0226 de 9 de marzo de 2023 sea examinada a la luz del medio de control procedente para ello (nulidad y restablecimiento del derecho), en modo alguno desconoce el artículo 141 del CPACA, dado que el proceso de cobro coactivo, se reitera, es autónomo e independiente que tiene regulación especial, pues, el hecho de que el proceso en cuestión tenga origen en un contrato no lo convierte en un asunto de controversias contractuales. (...) Aplicada la norma transcrita al asunto de la referencia se observa que operó la caducidad respecto de la Resolución no. 0226 de 9 de marzo de 2023, toda vez que, consta en el expediente que dicho acto administrativo “fue notificado a través de correo electrónico de fecha 9 de marzo de 2023” (fl. 2, índice 8 SAMAI), lo cual indica que el término de los cuatro (4) meses con los que contaba la parte actora para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho transcurrió entre el 10 de marzo y el 10 de julio de 2023; sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada posteriormente el 22 de febrero de 2024 (fl 33 y 34 índice 1 SAMAI) y la demanda fue radicada el 12 de julio de 2024 (índice 1 SAMAI); es decir, que en este caso concreto no hay lugar a considerar el término de suspensión con ocasión de la solicitud de conciliación extrajudicial debido a que esta fue presentada cuando ya había vencido el plazo para demandar. Por lo tanto, se confirmará la decisión adoptada el 12 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre por medio de la cual se rechazó parcialmente la demanda de la referencia, por cuanto: i) la Resolución no. 0046 de 24 de enero de 2023 no es susceptible de control judicial y, ii) frente a la Resolución no. 0226 de 9 de marzo de 2023 operó la caducidad del medio de control judicial procedente para controvertirla, esto es, el de nulidad y restablecimiento del derecho.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141