Síntesis de la providencia
Tribunal Administrativo: permite establecer que el participante cumple con lo mínimo que se requiere para ejecutar el contrato sin poner en riesgo
Regla de decisión
Permite establecer que el participante cumple con lo mínimo que se requiere para ejecutar el contrato sin poner en riesgo a la entidad.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista puede solicitar la nulidad del acto de adjudicación de un contrato estatal si la entidad estatal vulnera el principio de selección objetiva al aplicar indebidamente la falsa motivación, especialmente cuando confunde los requisitos habilitantes con los ponderables, lo que afecta la igualdad de condiciones en la competencia. En este caso, la entidad estatal, al negar injustificadamente la asignación de puntaje a un proponente que cumplió con los requisitos habilitantes y presentó contratos válidos para la experiencia ponderable, incurrió en una falsa motivación que vulneró el principio de selección objetiva. La Sala declaró nulas las resoluciones de adjudicación del concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, lo que implica que en la práctica, la entidad estatal debe motivar adecuadamente sus decisiones y no confundir los requisitos habilitantes con los ponderables para garantizar la igualdad de condiciones entre los proponentes.
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Problema jurídico
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 20237030004035 del 4 de abril de 2023 y No. 20237090004165 del 13 de abril de 2023, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y por las cuales se adjudicó el concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, conforme a los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones?
Respuesta: Si
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Titulación de la relatoría 12.226 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTRATACIÓN ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / CONCURSO DE MÉRITOS / INTERVENTORÍA / ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CANAL DEL DIQUE / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / PRUEBA DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE / OFERTA MÁS FAVORABLE / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / FALSA MOTIVACIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 20237030004035 del 4 de abril de 2023 y No. 20237090004165 del 13 de abril de 2023, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y por las cuales se adjudicó el concurso de méritos VGCON-CM-009-2022, conforme a los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
"(...) Para la Sala las pretensiones de la demanda se debe acceder a las pretensiones de la demanda en razón a que se acreditó la causal de falsa motivación por lo que se vulneró el principio de selección objetiva e igualdad, previstos en los pliegos de condiciones del concurso de méritos VGCON-CM-009-2022. (...) aunque sobre los actos administrativos recae presunción de legalidad por imperativo legal, ello no suple ni relega la obligación de la administración para motivar debidamente sus decisiones, salvo los casos que la misma ley exceptúa (actos administrativos discrecionales), pues ello hace parte del buen actuar del Estado, que se erige desde la constitución misma al momento de plasmar como base del mismo la dignidad humana y la protección de las personas que residen en el territorio nacional. Por ello, en la fase precontractual, contractual y poscontractual, cada decisión que adopte el Estado debe conservar en su esencia las verdaderas circunstancias fácticas y categorización jurídica que la Constitución, la ley o el reglamento le haya dado, entre otras cosas porque tal proceder se enmarca dentro de la buena fe que se predica del actuar de los proponentes y la entidad que lleva a cabo el proceso de selección, principio que no es ajeno a la contratación estatal (...) la falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos, ha sido consagrada por nuestro ordenamiento jurídico como fundamento para desvirtuar en sede judicial la presunción de legalidad que sobre los mismos recae, tornándose en este punto un elemento de vital importancia para controvertir el sustento argumentativo que la administración ha dispuesto para adoptar determinada decisión. (...) tratándose de actos administrativos en lo referente a la motivación que el mismo debe contener, esta debe comportar elementos fácticos acordes a la realidad, y del mismo modo, que tales circunstancias de hecho, deben ser correctamente valoradas en el plano jurídico, pues de no ser así, se evidenciaría una falsa motivación del acto administrativo. (..:) vale la pena precisar que los requisitos habilitantes son relativos a los sujetos y no a la propuesta, ya que se pretende es lograr el conocimiento de la idoneidad de la persona oferente. Según las condiciones mínimas que se tienen que acreditar por los oferentes, Es decir. Que este requerimiento de requisitos habilitantes. Permite establecer que el participante cumple con lo mínimo que se requiere para ejecutar el contrato sin poner en riesgo a la entidad. Como quiera que estos requisitos no hacen parte de la selección, sino que se limita al cumplimiento por regla. De la experiencia, capacidad financiera, capacidad jurídica y organizacional. En efecto, también se tiene que los consorcios que se presentan. En los diferentes contratos deben de cumplir cada 1 con los requisitos mínimos de la capacidad de cada 1 de los integrantes, la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. En consecuencia, se puede afirmar que estas figuras asociativas tratan es de sumar experiencia y capacidades para el cumplimiento del contrato. (...) la subsanación relativa a la aclaración del líder (requisito habilitante) no impedía que se otorgara puntaje por los cinco contratos válidamente presentados con la oferta, pues estos nunca fueron modificados ni sustituidos y la propia ANI reconoció que cumplían las condiciones del pliego para ser valorados. Lo que correspondía, una vez habilitada la oferta, era proceder a la valoración de esos cinco contratos. En este sentido, no es aceptable que la ANI pretenda justificar la asignación de cero puntos mediante una aplicación extensiva y errada de la Nota A1 del numeral 6.1.1. del Pliego de Condiciones. Dicha cláusula establece que después del cierre no es posible acreditar experiencia requerida para efectos de asignación de puntaje; si ello ocurre, no es susceptible de ponderación y el proponente obtiene cero puntos. Sin embargo, esta disposición se refiere únicamente a documentos que acreditan o modifican experiencia ponderable. La Sala advierte que la ANI confunde los conceptos habilitante y ponderable mientras la subsanación del acuerdo consorcial únicamente corregía un aspecto habilitante, la experiencia ponderable permaneció intacta desde la presentación de la oferta, sin alteración alguna. Nada tenía que ver, entonces, la subsanación del nombre del líder con la valoración de los contratos aportados para la experiencia ponderable. El Formato No. 04 —que indicaba que el ejecutor de la experiencia era AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. nunca fue modificado y reflejaba correctamente la estructura del consorcio. No se subsanó documento alguno relacionado con los contratos objeto de puntuación y, por tanto, no puede sostenerse que la experiencia ponderable fue acreditada extemporáneamente. Lo único que se aclaró fue el documento de conformación del consorcio, no la experiencia misma. (...) La actuación de la ANI vulneró el principio de selección objetiva, al negar injustificadamente la asignación de puntaje a un proponente que cumplió los requisitos habilitantes y que aportó cinco contratos válidos que debieron ser evaluados. La confusión en la interpretación de las cláusulas del pliego, al equiparar indebidamente una subsanación habilitante con una afectación de la experiencia ponderable, llevó a excluir cláusulas y condiciones que resultaban aplicables y, en consecuencia, a afectar el derecho del demandante a competir en igualdad de condiciones dentro del proceso de adjudicación. En suma, la ANI incurrió en un error interpretativo al aplicar la Nota A1 del numeral 6.1.1. para justificar la asignación de cero (0) puntos. La subsanación realizada por el proponente se limitó exclusivamente a aclarar un requisito habilitante, ello fue la correcta designación del líder del consorcio y no tuvo incidencia alguna sobre la experiencia ponderable, la cual fue aportada completa, válida y sin cambios desde la presentación inicial de la oferta. Así las cosas, la entidad no podía considerar esta subsanación como una acreditación extemporánea de experiencia ponderable, pues los cinco contratos que cumplían los requisitos del pliego siempre estuvieron disponibles para ser evaluados. Al haber reconocido que dichos contratos satisfacían las exigencias para la asignación de puntaje, la ANI estaba obligada a valorarlos. La decisión de otorgar cero (0) puntos desconoce las reglas del proceso, tergiversa el alcance de la Nota A1 y vulnera el principio de selección objetiva, dado que priva injustificadamente a un proponente de la ponderación a la cual tenía derecho con base en los documentos presentados oportunamente. Por ello, la conclusión correcta es que una vez subsanado el aspecto habilitante, correspondía a la entidad asignar el puntaje derivado de los cinco contratos válidamente aportados y no desestimarlos bajo una interpretación extensiva y contraria al pliego. Con relación a la subsanabilidad de la oferta se reitera que conforme a todo lo mencionado ella debe entenderse como la posibilidad del oferente de corregir los errores de su oferta siempre que no afecten las disposiciones legales y del pliego de condiciones por lo que no se puede mejorar la postura inicial lo que vulneraría el principio de igualdad con los demás oferentes. En conclusión, se acreditó la causal de falsa motivación por lo que habrá lugar a declarar la nulidad de la RESOLUCIÓN (...), por medio de la que se adjudicó el concurso de la que se adjudicó el Concurso de Méritos (...), cuyo objeto era realizar la interventoría integral que incluye, pero no se limita a: la interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, social, predial, ambiental, redes, administrativa, de seguros, riesgos, operativa, mantenimiento y de gestión de calidad al contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa pública cuyo objeto es el diseño, construcción, financiación, operación, mantenimiento y reversión de bienes a la nación, para la restauración Canal del Dique. (...)"
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falsa motivación, se cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de febrero de 2009, Radicación número: 85001-23-31-000-1997-00374-01(15797), C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / OFERTA MÁS FAVORABLE / PRUEBA DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Problema jurídico:
¿Hay lugar a condenar a la Agencia Nacional de Infraestructura a reconocer y pagar en favor del demandante el valor de la utilidad esperada, tazada en un valor de $9.899.212.945, o lo que resulte probado en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
"(...) Ahora bien, una vez establecido que el demandante se debió efectuar la respectiva calificación ponderable de los contratos que presentó, la Sala pone de presente que, además debe acreditar que si era la oferta más favorable y que le correspondía ser adjudicatario del concurso de méritos. En el anexo de los pliegos de condiciones del concurso de méritos el numeral 6.1.1 fijó los criterios de evaluación, bajo los siguientes pasos: 1) validación de los contratos, 2) obtención de un promedio de experiencia mínima calculados en SMLMV, 3) redondeos 4) selección del método de evaluación, la ANI selecciona 1 de los 4 posibles utilizando la parte decimal de la TRM del segundo d hábil posterior al cierre. Adicional previo alternativas de evaluación en la que estableció 4 metodologías y en cada caso aplicando una serie de formulaciones matemáticas. Así las cosas, se evidencia para la aplicación de esta formulación a la propuesta del demandante debe contar con conocimiento técnico específico para evaluar tanto los criterios de evaluación como la alternativa de evaluación que se utilizó, con el fin de poder determinar cuál era la puntuación según la evaluación de la experiencia habilitada y ponderable. No obra en el proceso prueba técnica que permita evidenciar la modalidad de aplicación de este tipo de metodología ni tampoco es clara la forma en que la realiza el demandante en su escrito de la demanda, es decir la Sala no tienen la certeza que el demandante sería el que ocuparía el primer lugar de las ofertas según los parámetros de calificación. Al no poder corroborar la metodología empleada por la ANI y la indicada por el demandante, no es posible acreditar los perjuicios reclamados, ya que como se indicó no es posible establecer en que posición hubiera quedado el demandante luego de la evaluación. En consecuencia al no probarse el hecho perseguido no hay lugar a reconocer las pretensiones económicas. (...)"