CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., siete (07) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Número interno: 74562
Radicación: 11001-03-26-000-2026-00113-00
Convocante: Consorcio Nuevo Hospital de Usme
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Asunto: Anulación de laudo arbitral
ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL NACIONAL-Admisión LEY 1563 DE 2012.- SUSPENSIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE LAUDO ARBITRAL- Inciso 3 del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012
Corresponde al Despacho decidir sobre la admisión del recurso de anulación interpuesto
por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. contra el laudo arbitral expedido
el 12 de febrero de 2026 1, con el fin de dirimir la controversia entre el recurrente y el
Consorcio Nuevo Hospital de Usme, con ocasión del Contrato de Obra Llave en Mano
No. 3843 de 2020.
I. ANTECEDENTES
El 20 de mayo de 20262, la doctora María Rugeles Martínez, en su calidad de secretaria
del Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir la controversia surgida entre el Consorcio
Nuevo Hospital de Usme y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., remitió
a esta Corporación el expediente del recurso extraordinario de anulación interpuesto por
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. contra el laudo arbitral que puso fin
al proceso.
La controversia referida surgió por la ejecución del contrato de obra Llave en Mano 3843,
suscrito el 25 de febrero de 2020 entre el Consorcio Nuevo Hospital de Usme y la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. , el cual tenía por objeto «Diseño,
Construcción, Dotación y Alistamiento del Hospital de Usme».
Durante la ejecución del contrato se suscribieron varios documentos modificatorios,
aclaratorios, de suspensión, reinicio y prórroga. Entre ellos se destacan el Otrosí de
cesión de derechos económicos-7 de abril de 2021-, el documento aclaratorio de la cesión
—30 de junio de 2021—, la prórroga No. 1 —2 de marzo de 2023—, el otrosí No. 3 —29
1 SAMAI. Expediente digital. Archivo 193_Laudo_20260212.pdf
2 SAMAI. Expediente digital. Archivo 2_EXPEDIENTEDIGI_RegistradoRadicacion_0_20260520153155331.pdf
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Convocante: Consorcio Nuevo Hospital de Usme
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de agosto de 2023 —, la suspensión no. 1 y el reinicio No. 1 y prórroga No. 3, el otrosí
No. 4 —27 de diciembre de 2023 —, así como los otrosíes modificatorios Nos. 5 a 9,
acompañados de las respectivas prórrogas, y la suspensión No. 2, del 31 de octubre de
2024.
En este punto resulta relevante destacar el otrosí No. 2, suscrito el 2 de marzo de 2021,
mediante el cual se modificaron, entre otros aspectos, el Apéndice Técnico 1, el mes de
referencia para el cálculo de los valores constantes —diciembre de 2018—, el lugar de
ejecución de la obra y el capítulo d e aspectos económicos. En este último se incorporó
la fórmula de indexación del contrato, posteriormente identificada como numeral 4.8,
según la cual Vn = Vr × (IPC n-1 / IPC r).
El alcance de esta última estipulación originó la principal controversia económica, pues
el Consorcio y el Panel de Amigable Composición consideraron que la fórmula modificaba
el régimen económico general del contrato, incluida la retribución mensual, mientras que
la Subred Sur sostuvo que únicamente estaba destinada a actualizar el valor de las
garantías contractuales.
El contrato incluyó la siguiente cláusula compromisoria:
«19.2 Arbitraje Nacional Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasión de la
celebración, ejecución, o liquidación de este contrato (excepto las relacionadas con cláusulas
excepcionales al derecho común), que no deba ser conocida por el Amiga ble Componedor de
conformidad con la Sección 19.1 anterior, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento Nacional
de conformidad con la Ley 1563 de 2012, en armonía con las normas de procedimiento aplicables
a la controversia, o en las normas que los modi fiquen, complementen o sustituyan y las reglas
que a continuación se establecen. El Tribunal de Arbitramento también conocerá de las
controversias sobre la validez de las decisiones del Amigable Componedor. El Tribunal de
Arbitramento sólo tendrá competenc ia para decidir sobre la nulidad o no de la decisión del
Amigable Componedor, en el marco de la Ley Aplicable. En consecuencia, para estas decisiones,
el Tribunal de Arbitramento no tendrá las competencias de un juez de instancia. No obstante, las
Partes, de mutuo acuerdo, podrán también decidir someter cualquier controversia directamente
al conocimiento del Tribunal de Arbitramento sustrayéndola por lo tanto del conocimiento del
Amigable Componedor. El Arbitramento tendrá sede en el Centro de Arbitraje y C onciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Este Centro ejercerá las funciones delegadas por las
Partes respecto de sorteos y recusaciones de los árbitros. El Tribunal estará compuesto [por] tres
(3) árbitros los cuales serán designados de común ac uerdo por las Partes. Para ello, las Partes
elaborarán listas de candidatos con idoneidad en el objeto y las características del Contrato. En
caso de no llegarse a un acuerdo, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados desde
el día en que la P arte convocada tuvo noticia de la convocatoria, las Partes delegan al Centro
para que designen los árbitros por sorteo de acuerdo con su reglamento, previa solicitud de
cualquiera de las Partes. Los árbitros decidirán en derecho. El inicio del procedimiento arbitral no
inhibirá el ejercicio de facultades excepcionales al derecho común de que disponga la Subred
conforme al Contrato y la Ley Aplicable. Los actos administrativos, fruto del ejercicio de tales
facultades no podrán ser sometidos a arbitramento po r ser competencia de la jurisdicción
contenciosa administrativa. Los árbitros designados harán una declaración de independencia e
imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, situación que deberá
mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningún miembro del panel
podrá ser empleado, socio o contratista del Contratista, de los miembros o socios del Contratista,
de la Subred, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser accionistas
del Interventor o del Contratista o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni
podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único
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civil con los empleados de nivel directivo de la Subred, del Contratista, del Interventor, de los
accionistas del Contratista, del interventor o de los apoderados de las Partes. Igualmente, no
podrá ser árbitro quien al momento de la designación sea coárbi tro en los procesos que los
apoderados de la Partes sean a su vez coárbitros o apoderados en aquellos procesos. El término
del proceso arbitral así como las suspensiones del proceso se regirán por lo establecido en los
artículos 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. En todo caso , las Partes de común acuerdo y previo a la audiencia de instalación,
podrán conceder al Tribunal un término mayor al señalado en la Ley, para lo cual bastará la
suscripción de un memorial conjunto que así lo informe a los árbitros designados. Los honorarios
de los árbitros se determinarán según el valor de las pretensiones expresadas en salarios
mínimos mensuales vigentes, conforme se establece en la tabla incluida a continuación y en todo
caso, no superarán en máximo de quinientos (500) SMLV, más IVA, por cada árbitro. Las Partes,
podrán de común acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los árbitros a sugerencia del
tribunal o del Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso,
tales como la existencia o no de una demanda de reconvención».
Según expuso el recurrente3, la controversia se dio con motivo de la renuencia de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. al cumplimiento y la adopción de los
efectos de las decisiones No. 03 y 044 del Panel de Amigable Composición al considerar
que están viciadas de nulidad. En consecuencia, solicitó la integración de un tribunal de
arbitramento ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de que se declarara el
incumplimiento del contrato y se condenara a la entidad a pagar el valor de los ajustes
calculados con el índice IPCc-1 correspondientes al recálculo de las actas de retribución
No. 1 a 51 que correspondían a $25.576.754.619, junto con los intereses comerciales
moratorios correspondientes.
El 29 de enero de 2025 5, se celebró audiencia de instalación. En ella, se estableció que
el Tribunal estaría integrado por los árbitros Adriana Polanía Polanía, como presidente,
Samuel Yong Serrano y William Zambrano Cetina.
El 12 de febrero de 20266, se celebró audiencia de lectura del laudo. El Tribunal declaró
fundadas las pretensiones de la demanda al determinar que el otrosí 2 modificó de
manera transversal todos los aspectos económicos del contrato y que las decisiones del
amigable componedor eran plenamente vinculantes. En consecuencia, se despacharon
desfavorablemente las excepciones de la entidad y se condenó al pago de
$18.556.967.462 por concepto de recálculo de las actas de retribución, junto con la suma
de $1.290.386.688 por intereses de mora.
3 SAMAI. Expediente digital. Archivo 209_Memorial_Convocada_recurso_anulacion_laudo_20260415.pdf
4 En la Decisión del Trámite No. 03, del 21 de marzo de 2024, el Panel declaró vigente y en ejecución el Contrato de
Obra Llave en Mano No. 3843 de 2020, celebrado el 25 de febrero de 2020, y se inhibió de pronunciarse de fondo
sobre la fórmula de ajust
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