CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 25000-23-26-000-2003-00151-02 (68.036)
Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Demandado: LUIS ERNESTO CASTRO ÁVILA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN (CCA)
Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – DETERMINACIÓN DE LA
NORMA APLICABLE – los términos que hubiesen empezado a correr en vigencia de una
ley anterior deb en computarse según lo dispuesto en dicha norma -TÉRMINO DE
CADUCIDAD - dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realizó el
pago o, a más tardar, desde el vencimiento de los 18 meses que la entidad tenía para pagar
– EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA – a partir del
día siguiente de la promulgación de la sentencia, salvo que se modulen sus efectos.
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 6 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante la cual se declaró probada de oficio la caducidad de la
acción.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se demandó en repetición a los señores Luis Ernesto Castro Ávila y Germán
Rodríguez Polanía, quienes, en su condición de agentes de la Policía Nacional,
registraron el vehículo en el que se transportaba el señor Juan Crisóstomo Trujillo
Martínez y hurtaron un maletín que contenía 8.000 USD y $300.000. El robo del
maletín provocó la reacción del señor Trujillo Martínez, quien recibió un disparo por
parte del agente Castro Ávila. Por lo ocurrido se demandó a la Policía Nacional,
entidad que fue d eclarada responsable y tuvo que pagar la respectiva
indemnización.
Radicación: 25000-23-26-000-2003-00151 02 (68.036)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional
Demandado: Luis Ernesto Castro Ávila y otro
Referencia: Repetición
2
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 18 de diciembre de 2002 1, la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, a través de apoderado judicial, demandó en repetición
a los señores Luis Ernesto Castro Ávila y Germán Rodríguez Polanía, con el fin de
que se les declarara patrimonialmente responsables por la condena impuesta a
dicha entidad en un proceso de reparación directa promovido por el señor Ju an
Crisóstomo Trujillo Martínez, quien resultó lesionado el 29 de mayo de 1996, en la
ciudad de Bogotá, al tratar de impedir el hurto de su maletín por parte de los
referidos señores. En concreto, solicitó lo siguiente (se transcribe de forma literal,
con posibles errores incluidos):
1. Que los señores Germán Rodríguez Polanía y Luis Ernesto Castro Ávila (…)
son responsables por su actuar en los hechos que dieron lugar a la sentencia
de fecha 15 de octubre de 1998, dentro del proceso 94D -9901, cuyo actor era
el señor Juan Crisóstomo Trujillo en contra de la Nación – Policía Nacional
proferida por el honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a los
señores Germán Rodríguez Polanía y Luis Ernesto Castro Ávila al pago total o
parcial de la suma que la Nación – Policía Nacional fue condenada a pagar a
los beneficiarios de los perjuicios o del monto pagado que le correspondiere,
según lo estime la jurisdicción de lo Contencioso Administrati vo, pago que
deberá realizar a favor de la Nación – Policía Nacional en la tesorería de esta
institución.
3. Que la sentencia que ponga fin a este proceso sea de aquellas que reúnan
los requisitos exigidos en los artículos 68 del CCA y 488 del CPC.
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:
El 29 de mayo de 1996, cuando el señor Juan Crisóstomo Trujillo Martínez se
movilizaba en su vehículo por la calle 26 de Bogotá fue abordado por los agentes
de policía Luis Ernesto Castro Ávila y Germán Rodríguez Polanía, quienes lo
amenazaron con sus arma s de dotación oficial y le ordenaron que se bajara del
carro para registrarlo.
Durante el registro los agentes sacaron del vehículo un maletín que contenía 8.000
USD y $300.000 y huyeron por separado, ante lo cual el señor Trujillo Martínez
comenzó una p ersecución contra el agente Castro Ávila, quien le disparó en
repetidas ocasiones y, momentos después, fue capturado.
1 Folios 1 a 13 del cuaderno de primera instancia.
Radicación: 25000-23-26-000-2003-00151 02 (68.036)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional
Demandado: Luis Ernesto Castro Ávila y otro
Referencia: Repetición
3
Por esos hechos, los agentes de la policía Luis Ernesto Castro Ávila y Germán
Rodríguez Polanía fueron separados del cargo y condenados a 40 y 42 meses de
prisión, respectivamente. A su vez, el señor Juan Crisóstomo Trujillo Martínez
demandó a la Policía Nacional para obtener la reparación de los perjuicios
ocasionados.
En sentencia del 15 de octubre de 1998 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la responsabilidad de la Policía Nacional y la condenó a
pagar la respectiva indemnización de perjuicios2.
De acuerdo con la parte actora, los señores Luis Ernesto Castro Ávila y Germán
Rodríguez Polanía debían ser declarados resp onsables, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política , sin precisar si la conducta
que se les atribuía se calificaba como dolosa o gravemente culposa3.
3. Trámite de primera instancia
La demanda fue admitida por el Tr ibunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante auto del 20 de febrero de 2003 4, providencia debidamente notificada al
Ministerio Público5.
Ante la imposibilidad de notificar al señor Luis Ernesto Castro Ávila y a los
herederos del señor Germán Rodríguez Polanía -quien falleció el 17 de noviembre
de 2001-, se ordenó su emplazamiento6 y, posteriormente, se les designó curador
ad litem7.
El curador ad litem del señor Castro Ávila contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones. Señaló que la entidad demandante no aportó prueba del pago de la
condena ni de la conducta dolosa o gravemente culposa en que incurrió el
demandado8.
2 Se deja constancia de que en los hechos de la demanda no se indicó el radicado del proceso de
reparación directa, así como tampoco se mencionó la fecha del pago.
3 Se precisa que en la demanda no se calificó la conducta de los demandados, a título de dolo o de
culpa grave.
4 Folio 12 del cuaderno de primera instancia.
5 En virtud de los acuerdos nros. PSAA06 -3321 y PSAA06-3409 del 9 de febrero y del 9 de mayo
de 2006, respectivamente, el proceso se remitió al Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá,
autoridad judicial que, en auto del 12 de septiembre de ese año avocó su conocimiento; sin embargo,
en proveído del 18 de octubre de 2011, declaró su falta de competencia para conocer del asunto y
devolvió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien asumió el conocimiento del
proceso desde el 15 de marzo de 2012.
6 Folio 39 del cuaderno de primera instancia.
7 El curador ad litem del señor Castro Ávila se notificó el 25 de enero de 2015 y el curador ad litem
de los herederos del señor Rodríguez Polanía, el 19 de marzo de 2020.
8 Folios 425 a 427 del cuaderno de primera instancia.
Radicación: 25000-23-26-000-2003-00151 02 (68.036)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional
Demandado: Luis Ernesto Castro Ávila y otro
Referencia: Repetición
4
El curador ad litem de los herederos del señor Rodríguez Polanía contestó la
demanda y se limitó a señalar que se atenía a lo que result ara probado en el
proceso9.
Concluido el período probatorio, a través de auto del 21 de junio de 2021, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si
lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la
que el curador ad litem de los herederos del señor Rodríguez Polanía señaló que
para la solución del caso debían tenerse en cuenta las consideraciones de la
sentencia SU-354 del 2020 de la Corte Constitucional10.
El Ministerio Público solicitó que se accediera a las súplicas de la demanda, por
considerar que, además de probar el cumplimiento de los requisitos objetivos, la
Policía Nacional demostró que los demandados ocasionaron el daño antijurídico
por el cual se condenó al Estado, toda vez que se valieron de su condición de
patrulleros de la Policía Nacional para interceptar al señor Trujillo Martínez y
despojarlo de sus pertenencias, así como también para dispararle11.
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 6 de octubre
de 202112, declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción.
Indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 136 del
CCA y la interpretación condicionada que de esa norma realizó la Corte
Constitucional en sentencia C -832 de 2001, las demandas de repetición debían
presentarse en el término de dos años, contados a partir del día siguiente a la fecha
del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18
meses que las entidades tenían para pagar.
Señaló que dicha interpretación resultaba aplicable a los casos en los que la
condena impuesta a las entidades públicas quedó ejecutoriada antes de 2001 -
como ocurría en el caso concreto-, porque, como lo sostuvo la Corte Constitucional
en la referida providencia y lo ha reiterado el Consejo de Estado, el plazo para
pagar las condenas no era indeterminado y, por tanto, el funcionario objeto de la
9 Índice 21 del sistema de gestión judicial SAMAI.
10 Ibid.
11 Índice 25 del sistema de g
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