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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia

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Fecha
2022-07-29
Radicado
25000232600020030015102
Número interno
68036
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
GERMAN RODRIGUEZ POLANIA, LUIS ERNESTO CASTRO AVILA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia

Lo que dijo la Sala

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y los pronunciamientos de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los procesos de repetición regidos por el Código Contencioso Administrativo se tramitan por el criterio de conexidad ante el juez o Tribunal que haya conocido del proceso antecedente, con independencia de la cuantía y, en segunda instancia, ante su superior jerárquico.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe acudir ante el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado para presentar un proceso de repetición, en virtud del criterio de conexidad establecido en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y reiterado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, lo que implica que la competencia en segunda instancia recae en el superior jerárquico del juez o tribunal que conoció del proceso antecedente. Además, la figura de caducidad garantiza la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción, y la Corte Constitucional declaró exequible condicionada la disposición que establece el término de caducidad de la acción de repetición, determinando que éste comienza a correr desde la fecha en que se realiza el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley, lo que tiene efectos erga omnes y debe ser aplicado por todos los jueces y tribunales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿En virtud del criterio de conexidad, la competencia para conocer de los procesos de repetición recae sobre el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 678 de 2002, art. 7 inc. 2

También resuelve

  • ¿La figura de caducidad tiene como fin garantizar la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción?
  • ¿El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley?
  • ¿Las sentencias de la Corte Constitucionalidad que declaran la exequibilidad condicionada de una norma tienen efectos erga omnes?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA POR CONEXIDAD CONEXIDAD CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO PERENTORIEDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL PERENTORIEDAD DEL TÉRMINO PROCESAL PLAZO PERENTORIO TÉRMINO PERENTORIO IMPRORROGABILIDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL ORDEN PÚBLICO APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EFECTOS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LA NORMA TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL DERECHO EFECTO ERGA OMNES EFECTO ERGA OMNES DE LA SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD COSA JUZGADA ALCANCE DE LA COSA JUZGADA EFECTOS DE LA COSA JUZGADA EFECTOS DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONDENA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA SENTENCIA DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

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Titulación de la relatoría 9.765 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA POR CONEXIDAD / CONEXIDAD Problema jurídico: ¿En virtud del criterio de conexidad, la competencia para conocer de los procesos de repetición recae sobre el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia (...) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y los pronunciamientos de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los procesos de repetición regidos por el Código Contencioso Administrativo se tramitan por el criterio de conexidad ante el juez o Tribunal que haya conocido del proceso antecedente, con independencia de la cuantía y, en segunda instancia, ante su superior jerárquico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el factor de conexidad para determinar la competencia, ver auto del 21 de abril de 2009, Exp. 25000-23-26-000-2001-02061-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, auto del 11 de diciembre de 2007, Exp. 11001-03-15-000-2007-00433-00, C.P. Mauricio Torres Cuervo y sentencia del 13 de agosto de 2021, Exp. 66411, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2002 - ARTÍCULO 7 INCISO 2 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO / PERENTORIEDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL / PERENTORIEDAD DEL TÉRMINO PROCESAL / PLAZO PERENTORIO / TÉRMINO PERENTORIO / IMPRORROGABILIDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL / ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La figura de caducidad tiene como fin garantizar la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción? Respuesta al problema jurídico: Si Como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, término que, en caso de vencerse, tiene como consecuencia la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos. Se trata de una figura de orden público que no admite renuncia ni suspensión y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez, sin que ello implique una vulneración al principio de congruencia de la sentencia, dado que con ella se garantiza la seguridad jurídica y el interés general. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la figura de caducidad, ver auto del 6 de agosto de 2009, Exp. 36834. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 26 de febrero de 2014, Exp. 27588, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, auto del 12 de mayo de 2016, Exp. 56601, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 30 de agosto de 2017, Exp. 39435, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico(E). CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / EFECTOS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LA NORMA / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA Problema jurídico: ¿El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l término de caducidad comenzó a correr en vigencia del CCA, por lo que la disposición normativa aplicable para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda corresponde al numeral 9 del artículo 136 del CCA (…). De la lectura de la norma se desprende que, en principio, las demandas de repetición deben instaurarse dentro de los dos años, contados a partir del día siguiente de la fecha de pago; no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001 declaró la exequibilidad condicionada de ese numeral bajo la consideración de que el término de caducidad empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA, lo primero que ocurra. (…) [D]icha providencia produjo plenos efectos (…), de ahí que, si la Policía Nacional pretendía demandar en repetición por la condena impuesta en la sentencia (…) y todavía no lo había hecho, debió tener en cuenta que el término de caducidad comenzó a correr desde el día siguiente a la fecha en que realizó el pago o, a más tardar, desde el vencimiento de los 18 meses que tenía para pagar, dado que esa era la única interpretación constitucionalmente válida de esa norma y no otra. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la exequibilidad condicionada del numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, ver sentencia de la Corte Constitucional, sentencia C 832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En relación con la caducidad de la acción de repetición, ver sentencia del 27 de agosto de 2021, Exp. 54215, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA / PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL DERECHO / SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / EFECTOS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / EFECTO ERGA OMNES / EFECTO ERGA OMNES DE LA SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD / COSA JUZGADA / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Problema jurídico: ¿Las sentencias de la Corte Constitucionalidad que declaran la exequibilidad condicionada de una norma tienen efectos erga omnes? Respuesta al problema jurídico: Si Como lo ha señalado el órgano máximo de la jurisdicción constitucional, la declaratoria de constitucionalidad condicionada de una norma consiste en delimitar el contenido de la disposición acusada para, en desarrollo del principio de conservación del derecho, poder preservarla en el ordenamiento jurídico, estableciendo cuáles sentidos de aquella resultan acordes a la Constitución Política y cuáles no. Los efectos de dichas decisiones son erga omnes, esto es, de carácter obligatorio general y oponibles a todas las personas y a las autoridades públicas, por regla general, desde el día siguiente de aquel en que se resolvió sobre la exequibilidad o no de la norma objeto de control, razón por la cual ninguna autoridad o particular puede reproducir un contenido normativo declarado inexequible o una interpretación contraria a la Constitución, así como tampoco el juez constitucional puede volver a conocer y decidir un asunto ya resuelto, respecto del cual pueda predicarse la existencia de cosa juzgada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la constitucionalidad condicionada, ver sentencia de la Corte Constitucional C 1022 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, sentencia C 113 de 1993, sentencia C 131 de 1993, sentencia C 145 de 1994, sentencia C 226 de 1994, sentencia C 037 de 1996, sentencia C 089 de 1997, sentencia C 641 de 2002, sentencia C 1060 de 2008. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONDENA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SENTENCIA DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA / PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA Problema jurídico: ¿Se configuró la caducidad de la acción de repetición por haberse interpuesto pasados dos años contados desde el vencimiento del plazo de 18 meses dispuesto en la ley como término máximo para realizar el pago de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a condena que se le impuso a la Policía Nacional se profirió en un proceso de reparación directa tramitado en vigencia del CCA, cuyo cumplimiento, de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia (…), debía realizarse en el plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA. La sentencia (…) cobró ejecutoria (…); además, según se desprende del paz y salvo firmado por la apoderada del señor (…), el pago de la condena se realizó (…), después de que se cumpliera el plazo de 18 meses que la referida entidad tenía para pagar. En ese sentido, toda vez que el término de caducidad corrió a partir del día siguiente de aquel en que se venció el plazo para pagar -en vigencia del CCA-, (…) y la demanda se presentó (…), se impone concluir, al igual que el Tribunal a quo, que el derecho de acción no se ejerció de manera oportuna. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177
Texto extraído del PDF oficial 34.819 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022) Radicación: 25000-23-26-000-2003-00151-02 (68.036) Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: LUIS ERNESTO CASTRO ÁVILA Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN (CCA) Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – DETERMINACIÓN DE LA NORMA APLICABLE – los términos que hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior deb en computarse según lo dispuesto en dicha norma -TÉRMINO DE CADUCIDAD - dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realizó el pago o, a más tardar, desde el vencimiento de los 18 meses que la entidad tenía para pagar – EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA – a partir del día siguiente de la promulgación de la sentencia, salvo que se modulen sus efectos. La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 6 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró probada de oficio la caducidad de la acción. I. SÍNTESIS DEL CASO Se demandó en repetición a los señores Luis Ernesto Castro Ávila y Germán Rodríguez Polanía, quienes, en su condición de agentes de la Policía Nacional, registraron el vehículo en el que se transportaba el señor Juan Crisóstomo Trujillo Martínez y hurtaron un maletín que contenía 8.000 USD y $300.000. El robo del maletín provocó la reacción del señor Trujillo Martínez, quien recibió un disparo por parte del agente Castro Ávila. Por lo ocurrido se demandó a la Policía Nacional, entidad que fue d eclarada responsable y tuvo que pagar la respectiva indemnización. Radicación: 25000-23-26-000-2003-00151 02 (68.036) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Luis Ernesto Castro Ávila y otro Referencia: Repetición 2 II. ANTECEDENTES 1. La demanda En escrito presentado el 18 de diciembre de 2002 1, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de apoderado judicial, demandó en repetición a los señores Luis Ernesto Castro Ávila y Germán Rodríguez Polanía, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la condena impuesta a dicha entidad en un proceso de reparación directa promovido por el señor Ju an Crisóstomo Trujillo Martínez, quien resultó lesionado el 29 de mayo de 1996, en la ciudad de Bogotá, al tratar de impedir el hurto de su maletín por parte de los referidos señores. En concreto, solicitó lo siguiente (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): 1. Que los señores Germán Rodríguez Polanía y Luis Ernesto Castro Ávila (…) son responsables por su actuar en los hechos que dieron lugar a la sentencia de fecha 15 de octubre de 1998, dentro del proceso 94D -9901, cuyo actor era el señor Juan Crisóstomo Trujillo en contra de la Nación – Policía Nacional proferida por el honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a los señores Germán Rodríguez Polanía y Luis Ernesto Castro Ávila al pago total o parcial de la suma que la Nación – Policía Nacional fue condenada a pagar a los beneficiarios de los perjuicios o del monto pagado que le correspondiere, según lo estime la jurisdicción de lo Contencioso Administrati vo, pago que deberá realizar a favor de la Nación – Policía Nacional en la tesorería de esta institución. 3. Que la sentencia que ponga fin a este proceso sea de aquellas que reúnan los requisitos exigidos en los artículos 68 del CCA y 488 del CPC. 2. Hechos Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente: El 29 de mayo de 1996, cuando el señor Juan Crisóstomo Trujillo Martínez se movilizaba en su vehículo por la calle 26 de Bogotá fue abordado por los agentes de policía Luis Ernesto Castro Ávila y Germán Rodríguez Polanía, quienes lo amenazaron con sus arma s de dotación oficial y le ordenaron que se bajara del carro para registrarlo. Durante el registro los agentes sacaron del vehículo un maletín que contenía 8.000 USD y $300.000 y huyeron por separado, ante lo cual el señor Trujillo Martínez comenzó una p ersecución contra el agente Castro Ávila, quien le disparó en repetidas ocasiones y, momentos después, fue capturado. 1 Folios 1 a 13 del cuaderno de primera instancia. Radicación: 25000-23-26-000-2003-00151 02 (68.036) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Luis Ernesto Castro Ávila y otro Referencia: Repetición 3 Por esos hechos, los agentes de la policía Luis Ernesto Castro Ávila y Germán Rodríguez Polanía fueron separados del cargo y condenados a 40 y 42 meses de prisión, respectivamente. A su vez, el señor Juan Crisóstomo Trujillo Martínez demandó a la Policía Nacional para obtener la reparación de los perjuicios ocasionados. En sentencia del 15 de octubre de 1998 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad de la Policía Nacional y la condenó a pagar la respectiva indemnización de perjuicios2. De acuerdo con la parte actora, los señores Luis Ernesto Castro Ávila y Germán Rodríguez Polanía debían ser declarados resp onsables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política , sin precisar si la conducta que se les atribuía se calificaba como dolosa o gravemente culposa3. 3. Trámite de primera instancia La demanda fue admitida por el Tr ibunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 20 de febrero de 2003 4, providencia debidamente notificada al Ministerio Público5. Ante la imposibilidad de notificar al señor Luis Ernesto Castro Ávila y a los herederos del señor Germán Rodríguez Polanía -quien falleció el 17 de noviembre de 2001-, se ordenó su emplazamiento6 y, posteriormente, se les designó curador ad litem7. El curador ad litem del señor Castro Ávila contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Señaló que la entidad demandante no aportó prueba del pago de la condena ni de la conducta dolosa o gravemente culposa en que incurrió el demandado8. 2 Se deja constancia de que en los hechos de la demanda no se indicó el radicado del proceso de reparación directa, así como tampoco se mencionó la fecha del pago. 3 Se precisa que en la demanda no se calificó la conducta de los demandados, a título de dolo o de culpa grave. 4 Folio 12 del cuaderno de primera instancia. 5 En virtud de los acuerdos nros. PSAA06 -3321 y PSAA06-3409 del 9 de febrero y del 9 de mayo de 2006, respectivamente, el proceso se remitió al Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, en auto del 12 de septiembre de ese año avocó su conocimiento; sin embargo, en proveído del 18 de octubre de 2011, declaró su falta de competencia para conocer del asunto y devolvió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien asumió el conocimiento del proceso desde el 15 de marzo de 2012. 6 Folio 39 del cuaderno de primera instancia. 7 El curador ad litem del señor Castro Ávila se notificó el 25 de enero de 2015 y el curador ad litem de los herederos del señor Rodríguez Polanía, el 19 de marzo de 2020. 8 Folios 425 a 427 del cuaderno de primera instancia. Radicación: 25000-23-26-000-2003-00151 02 (68.036) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Luis Ernesto Castro Ávila y otro Referencia: Repetición 4 El curador ad litem de los herederos del señor Rodríguez Polanía contestó la demanda y se limitó a señalar que se atenía a lo que result ara probado en el proceso9. Concluido el período probatorio, a través de auto del 21 de junio de 2021, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la que el curador ad litem de los herederos del señor Rodríguez Polanía señaló que para la solución del caso debían tenerse en cuenta las consideraciones de la sentencia SU-354 del 2020 de la Corte Constitucional10. El Ministerio Público solicitó que se accediera a las súplicas de la demanda, por considerar que, además de probar el cumplimiento de los requisitos objetivos, la Policía Nacional demostró que los demandados ocasionaron el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado, toda vez que se valieron de su condición de patrulleros de la Policía Nacional para interceptar al señor Trujillo Martínez y despojarlo de sus pertenencias, así como también para dispararle11. 4. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 6 de octubre de 202112, declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción. Indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 136 del CCA y la interpretación condicionada que de esa norma realizó la Corte Constitucional en sentencia C -832 de 2001, las demandas de repetición debían presentarse en el término de dos años, contados a partir del día siguiente a la fecha del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses que las entidades tenían para pagar. Señaló que dicha interpretación resultaba aplicable a los casos en los que la condena impuesta a las entidades públicas quedó ejecutoriada antes de 2001 - como ocurría en el caso concreto-, porque, como lo sostuvo la Corte Constitucional en la referida providencia y lo ha reiterado el Consejo de Estado, el plazo para pagar las condenas no era indeterminado y, por tanto, el funcionario objeto de la 9 Índice 21 del sistema de gestión judicial SAMAI. 10 Ibid. 11 Índice 25 del sistema de g

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200300151021100103