Titulación de la relatoría 17.873 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL / MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -sin la modificación de la Ley 2080 de 2021 -, la Sala tiene competencia para resolver la presente controversia en única instancia, ya que esta Corporación conoce de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional, y en la demanda de repetición se reprocha la conducta de los señores Á. P. C., J. E. M. de la O., C. M. S., S. A. Q. P. y J. A. H. R. mientras se desempeñaron como miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. En cuanto a la representación legal de la CNTV, el artículo 14 de la Ley 182 de 1995 precisa que esta corresponde al director de la Junta Directiva de la entidad. De este modo, como el señor Á. P. C. se desempeñaba como representante legal de la CNTV, corresponde al Consejo de Estado conocer en única instancia el presente asunto, en aplicación de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 , concordado con en el artículo 149 # 13 del CPACA -en su redacción original-. Es importante aclarar que, si bien los señores J. E. M. de la O., C. M. S., S. A. Q. P. y J. A. H. R. no eran representantes legales de la CNTV, la competencia para conocer del presente asunto recae en esta Corporación, a efectos de que exista unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad que pueda caber contra los funcionarios que desplegaron una misma conducta al actuar como órgano colegiado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 182 DE 1995 - ARTÍCULO 14, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 PARÁGRAFO 2
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los 18 meses previstos en el artículo 177 C.C.A Contencioso Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el literal L del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, el término de caducidad para la pretensión de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 192 ibidem. La Subsección ha dejado claro que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación -18 meses, artículo 177 del CCA- si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. La Sala pone de presente que las condenas por las que ahora se repite se profirieron en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo trámite se rigió por el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por lo que la condena debía ser acatada en los términos de los artículos 177 y 178 de esa misma codificación. Específicamente, la sentencia del 30 de julio de 2015 -exp. 25296- quedó ejecutoriada el 14 de agosto de 2015 (fl. 302 c. ppal.), de manera que el plazo de 18 meses para pagar fenecía el 15 de febrero de 2017, período dentro del cual se cumplió con la condena, el 17 de junio de 2016. A su vez, la sentencia del 3 de septiembre de 2015 -exp. 31754- quedó ejecutoriada el 29 de octubre de 2015 (fl. 218 c. ppal.), de manera que el término inicial para pagar corría hasta el 30 de abril de 2017, período dentro del cual se efectuó el pago correspondiente, el 6 de diciembre de 2016 (fl. 15 c. ppal.). Como en ambos casos el pago se hizo antes de los 18 meses, el hito para el cómputo de la caducidad es dicho pago. De este modo, para las pretensiones relacionadas con la sentencia del 30 de julio de 2015 -exp. 25296- la oportunidad para demandar corría hasta el 18 de junio de 2018 y para aquellas alusivas al fallo del 3 de septiembre de 2015 -exp. 31754- la caducidad operaba el 7 de diciembre de 2018. Y como la demanda fue presentada el 25 de julio de 2017, se entiende que el derecho de acción fue ejercido oportunamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, consultar auto de 5 de abril de 2017, Exp. 58762, C.P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 178, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192, LEY 1437 DE 2012 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / HEREDERO / HEREDERO INDETERMINADO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Los herederos carecen de legitimación en la causa por pasiva, en los eventos en que la muerte del exfuncionario es anterior a la imposición de la condena patrimonial al Estado o a la fecha en que se radica la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la legitimación por pasiva, debe precisarse que esta Corporación ha señalado que, en materia de acción de repetición, los herederos carecen de legitimación en los eventos en que la muerte del exfuncionario es anterior a la imposición de la condena patrimonial al Estado o a la fecha en que se radica la demanda. De este modo, como se encuentra acreditado que los demandados C. M. S., S. A. Q. P. y J. A. H. R. fallecieron antes de presentarse la demanda de repetición, se declara oficiosamente la falta de legitimación en la causa por pasiva de los herederos indeterminados que han sido llamados a este proceso. De este modo, la decisión de fondo únicamente se adoptará en relación con la conducta de los señores Á. P. C. y J. E. M. de la O., quienes en su condición de miembros de la junta directiva de la extinta CNTV adoptaron la decisión de expedir la Resolución 970 del 5 de noviembre de 1998 (fls. 71 y 105 vto. c. ppal.). En relación con el señor M. de la O. se precisa que falleció con posterioridad a la presentación de la demanda, de modo que sus herederos indeterminados se encuentran legitimados en la causa por activa , de acuerdo con los fundamentos jurisprudenciales anotados previamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la legitimación en la causa por pasiva de herederos en el medio de control de repetición, consultar sentencia de 13 de agosto de 2021, Exp. 53008, C.P. José Roberto Sáchica Mendez; sentencia de 18 de noviembre de 2021, Exp. 52710, C.P. Alberto Montaña Plata y sentencia del 19 de octubre de 2022, Exp. 65762, C.P. Alberto Montaña Plata.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESTITUCIÓN DE DINERO / DEVOLUCIÓN DE DINERO
Problema jurídico:
¿Toda condena impuesta a una entidad corresponde a una de aquellas en virtud de la cual pueda repetir?
Respuesta al problema jurídico: No
No toda condena impuesta a una entidad corresponde a una de aquellas en virtud de la cual pueda repetir, puesto que hay eventos en que, como se indicó, la condena patrimonial corresponde a una mera orden de restitución o devolución del valor que se pagó al Estado por cualquier concepto. Una condena de esa naturaleza no representa un detrimento para la Administración, puesto que ese dinero nunca debió ingresar a su haber patrimonial. Además, aunque haya una erogación a favor del particular, el referido detrimento no puede construirse a partir de una simple aminoración contable, sino desde la visión de que el juez de la legalidad removió del escenario jurídico el título que autorizó al Estado a recibir un pago que, dada su ilegalidad, debió ser restituido al particular. Lo anterior no quiere significar una limitación al alcance de la cláusula general de responsabilidad del Estado en sede de repetición, sino que se busca dejar claro que solamente aquellos eventos en los que causalmente pueda establecerse una obligación de resarcimiento de un perjuicio derivado de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal, que no un mero o simple restablecimiento del derecho, será procedente la acción de regreso en comento. Así, corresponde al juez administrativo verificar que la decisión judicial base de la repetición comporte objetivamente un detrimento patrimonial a la entidad pública, por manera que las órdenes que se escapen de dicha declaración, como son las que imponen un mero restablecimiento del derecho sin afectación económica, una devolución y/o restitución, no constituyen supuestos que la habiliten para interponer el medio de control de repetición, puesto que se generaría un enriquecimiento sin justa causa a favor del Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA A LA NACIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / DEVOLUCIÓN DE DINERO / RESTITUCIÓN DE DINERO / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se incumplió parcialmente con el presupuesto para la procedencia de la pretensión de repetición, alusivo a la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta contra el Estado, por cuanto el dinero pagado a la sociedad Inversiones América del Sur Ltda corresponde a una mera restitución?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n la sentencia del 3 de septiembre de 2015 -exp. 31754- se estuvo a lo resuelto en el fallo anterior, pero se condenó al pago de un daño emergente que consistió en ordenar la devolución de lo que la sociedad Inversiones América del Sur Ltda. había cancelado a la CNTV por presentar el pliego -$67.507.119-, así como al pago del valor de la prima con que se constituyó la garantía de seriedad de la oferta -$53.075-. En este contexto, la Sala precisa que se incumplió parcialmente con el presupuesto para la procedencia de la pretensión de repetición, alusivo a la existencia de una condena en virtud de la cual el Estado hubiere tenido que efectuar un reconocimiento indemnizatorio por un daño antijurídico causado. Esto, por cuanto el dinero pagado a la sociedad Inversiones América del Sur Ltda. como devolución de lo cancelado para participar en el proceso de selección no corresponde al resarcimiento de perjuicios al que aluden los artículos 90 Constitucional y 2° de la Ley 678 de 2001, sino a una mera restitución. (...) En ese orden de ideas, se negarán las pretensiones de la demanda respecto al monto que se refiere a la devolución de lo pagado por presentar la oferta, incluyendo los valores correspondientes a la indexación del dinero restituido, los cuales, al ser un factor ajeno a la voluntad del funcionario público, tampoco pueden ser asumidos como fruto de su conducta. Sin embargo, se continuará con el análisis de fondo correspondiente a los demás rubros pagados en cumplimiento de las sentencias varias veces referidas.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la improcedencia de reclamar por la vía de la repetición los pagos efectuados por las entidades a título de mera restitución o devolución de dineros, consultar sentencia de 30 de julio de 2021, Exp. 56622, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 4 de marzo de 2022, Exp. 64853, C.P. María Adriana Marín y sentencia del 8 de mayo de 2023, Exp. 68250, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / FALLO DE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Los exmiembros de la Junta Directiva de la CNTV actuaron con culpa grave en la apertura defectuosa, modificación y declaratoria de desierta de la Licitación Pública No. 001 de 1998, y si esto fue determinante para la imposición de las condenas dictadas por el Consejo de Estado en los expedientes 25296 y 31754?
Respuesta al problema jurídico: No
Para el caso particular, la accionante adujo que los aquí demandados obraron con culpa grave en la apertura defectuosa, modificación y declaratoria de desierta de la licitación pública No. 001 de 1998. Esta imputación no está llamada a prosperar, pues la modificación y cierre del procedimiento de selección no constituyeron el fundamento de la condena patrimonial por la que se repite. Y aunque la apertura defectuosa de ese procedimiento sí fue el fundamento de la condena, la demandante no aportó medios de prueba que ofrezcan grado de convicción alguno acerca de la vinculación subjetiva pretendida (...) Como el fundamento de la condena contra el Estado fue la estructuración de un proceso licitatorio con un pliego de condiciones defectuoso, las imputaciones alusivas a la modificación y declaratoria de desierta de esa licitación no están llamadas a prosperar. Esto, por cuanto se fundan en unas actuaciones que no sirvieron como sustento de la condena por la que se repite, en contravía del artículo 90 Constitucional, que consagra una ineludible exigencia de vinculación causal entre el fundamento de la condena patrimonial y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. De este modo, la determinación de la culpa grave pasa necesariamente por una evaluación de los fundamentos técnicos y jurídicos que empleó la junta directiva de la extinta CNTV para adoptar el pliego de condiciones cuyos defectos dieron lugar a la imposición de la condena patrimonial materia de este litigio. Sin embargo, en el plenario no obran medios de prueba encaminados a demostrar esas situaciones, por lo que no puede establecerse cuál fue la conducta desplegada por los demandados, ni mucho menos su calificación como gravemente culposa. En efecto, junto con la demanda únicamente se aportaron documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos objetivos de la acción de repetición; que demuestran la modificación que tuvo el artículo 2° del acto que abrió la licitación (fls. 46 a 53 c. ppal.); que dan cuenta de dos sesiones de la junta directiva de la CNTV en las que se tomaron decisiones sobre el avance del proceso (fls. 55 y 71 c. ppal.); así como las resoluciones con las que se amplió el plazo para la adjudicación (fl. 68 c. ppal.) y se declaró desierto el proceso licitatorio (fl. 105 vto. c. ppal.), cuestiones estas que no ofrecen grado de convicción alguno en torno a la determinación de la conducta de los demandados en cuanto a la estructuración del pliego de condiciones cuyas deficiencias dieron lugar a la condena patrimonial contra el Estado. Además, debe precisarse que de la lectura de las sentencias condenatorias aportadas con la demanda tampoco puede inferirse la culpa grave de los demandados, pues dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al ejercicio de la acción de repetición, la condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y totalmente diferente al de la referencia no implica automáticamente la responsabilidad del agente o exagente estatal contra el que se repite. (...) la anterior carga no fue debidamente cumplida en el presente asunto, por cuanto la entidad demandante únicamente aportó medios de convicción encaminados a demostrar hechos que no permiten determinar y calificar jurídicamente la conducta de los demandados en la estructuración del pliego de condiciones, cuyas falencias dieron lugar a la imposición de una condena patrimonial al Estado. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INTERÉS PÚBLICO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿El proceso de repetición es uno de aquellos en que se ventila un interés público, por esta razón, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del CPACA establece que en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, salvo en los procesos en que se ventile un interés público. De conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos en que se ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la condena en costas en los procesos de repetición, consultar sentencia de 12 de agosto de 2019, Exp. 63519, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188