Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: no se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
Lo que dijo la Sala
En lo atinente al desconocimiento del precedente, la Sala considera que este defecto, en efecto, no supera el requisito de relevancia constitucional porque no se cumple con la carga argumentativa mínima, ya que el actor se limitó a enlistar las sentencia que supuestamente fueron desconocidas sin exponer cuáles eran las reglas jurisprudenciales que presuntamente resultaron desatendidas. Sin embargo, en relación con los defectos fáctico y sustantivo, la Sala no comparte la decisión de primera instancia porque se observa que el actor cumplió con la carga argumentativa mínima, en tanto que precisó las razones por las que se incurrió en dichas causales de procedibilidad. INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES…
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Síntesis síntesis automática
El desconocimiento del precedente como defecto de la acción de tutela contra providencia judicial no supera el requisito de relevancia constitucional cuando el actor se limita a enlistar las sentencias presuntamente desconocidas, sin identificar las reglas y subreglas jurisprudenciales, los supuestos fácticos y los problemas jurídicos análogos. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que no basta citar las providencias: la parte debe demostrar que las reglas fijadas en ellas son aplicables a un caso análogo, según el criterio de la Sección de 19 de abril de 2021. La segunda es que, en este caso, el actor no cumplió esa carga argumentativa mínima. Por el contrario, en lo relativo a los defectos fáctico y sustantivo, la Sala concluye que no se configuran, pues la cláusula penal del acuerdo marco fija una suma equivalente al diez por ciento del valor de las órdenes de compra y su valoración no fue irrazonable. En consecuencia, la Sala no comparte la decisión de primera instancia en cuanto a esos defectos, aunque concluye que no se configuran. La providencia reitera el criterio de la Sección de 2021, y el documento no indica que modifique un precedente.
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Problema jurídico
¿Se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, respecto del defecto por desconocimiento del precedente?
Respuesta: No
También resuelve
- ¿Se configura el defecto fáctico por la incorrecta valoración de la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios número CCE-134-1-AMP-2014…
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Titulación de la relatoría 6.364 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PRESUPUESTOS DEL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / REGLA JURÍDICA / ASPECTOS FÁCTICOS / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN
Problema jurídico:
¿Se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, respecto del defecto por desconocimiento del precedente?
Respuesta al problema jurídico: No
En lo atinente al desconocimiento del precedente, la Sala considera que este defecto, en efecto, no supera el requisito de relevancia constitucional porque no se cumple con la carga argumentativa mínima, ya que el actor se limitó a enlistar las sentencia que supuestamente fueron desconocidas sin exponer cuáles eran las reglas jurisprudenciales que presuntamente resultaron desatendidas. Cabe destacar que esta Sección en la sentencia de 19 de abril de 2021, precisó que en aquellos eventos en los que se alega el desconocimiento del precedente no basta con citar o referenciar las sentencias que se alegan desconocidas, sino que es necesario que la parte actora identifique con claridad: i) las reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que se aducen desatendidas; ii) las situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o similares; argumentación que en el sub examine no se satisface. Sin embargo, en relación con los defectos fáctico y sustantivo, la Sala no comparte la decisión de primera instancia porque se observa que el actor cumplió con la carga argumentativa mínima, en tanto que precisó las razones por las que se incurrió en dichas causales de procedibilidad.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / INTERPRETACIÓN LITERAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE PRECIOS / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Problema jurídico:
¿Se configura el defecto fáctico por la incorrecta valoración de la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios número CCE-134-1-AMP-2014, a través de la cual se regula lo atinente a la cláusula penal y el defecto sustantivo por la aplicación indebida del artículo 1.599 del Código Civil, y falta de aplicación de los artículos 1.596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, normas que regulan la proporcionalidad de la sanción por la cláusula penal?
Respuesta al problema jurídico: No
En el sub examine, se advierte que el planteamiento medular del accionante radica en señalar que la autoridad judicial valoró incorrectamente la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios número CCE-134-1-AMP-2014, a través de la cual se regula lo atinente a la cláusula penal. (…) la Sala no advierte que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado hubiese incurrido en una valoración probatoria irrazonable de la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios número CCE- 134-1- AMP-2014. En efecto, el tenor literal de dicha cláusula establece que en caso de declaratoria de caducidad; incumplimiento parcial, o incumplimiento total del acuerdo, la parte morosa deberá a título de cláusula penal la suma consistente en el 10% del valor total de las órdenes de compra. Como se puede apreciar, la cláusula pactada por las partes estipula el mismo monto de la cláusula penal para los supuestos de declaratoria de caducidad, incumplimiento parcial o incumplimiento total. Así las cosas, la decisión judicial objeto de tutela dio aplicación a lo expresado en el tenor literal del contrato por las partes, por lo que, a juicio de esta Sala, no es posible advertir un defecto en la valoración de dicha cláusula, máxime cuando el juez contencioso se limitó a aplicar el tenor literal de lo convenido. Por otra parte, y en lo relacionado con la supuesta aplicación indebida del artículo 1.599 del Código Civil, y la falta de aplicación de los artículos 1.596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, la Sala tampoco advierte la existencia del defecto anunciado (…) la referencia al artículo 1.599 del Código Civil en la sentencia tutelada se hizo a modo ilustrativo y con el objeto de exponer algunas de las características de la cláusula penal. En ese sentido, el hecho de que el accionante hubiese omitido plantear, como motivo para eximirse del pago de la cláusula penal, que la DIAN no sufrió perjuicios con ocasión del incumplimiento, no significa que la autoridad judicial estuviese imposibilitada para referir en su decisión algunas de las características de la cláusula penal, máxime cuando el objeto del litigio versaba sobre este asunto. En este contexto, lo que se advierte es que la sentencia objeto de tutela concluyó que no era posible reducir el valor económico de la cláusula penal pecuniaria liquidada en las Resoluciones número 675 y 677 de 2015, porque se ajustaba a lo pactado en la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios número CCE-134-1-AMP-2014. Por último, tampoco se aprecia que la autoridad judicial hubiese incurrido en un defecto sustantivo por la falta de aplicación de los artículos 1.596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, normas que regulan o atinente a la proporcionalidad de la cláusula penal. Cabe destacar que el motivo por el cual se fijó el monto de la cláusula penal pecuniaria en suma equivalente al 10% del valor de la orden de compra, está asociado a que el texto literal de la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios número CCE-134-1-AMP-2014, así lo dispuso. En ese orden de ideas, lo que se aprecia en esta oportunidad es que la autoridad judicial válidamente se limitó en su decisión a aplicar lo convenido por las partes en el contrato estatal. Aunado a lo anterior, resulta pertinente destacar que cuando la decisión judicial que se aduce como transgresora de derechos fundamentales es proferida por un órgano jurisdiccional de cierre, -como lo son la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado-; la Corte Constitucional, ha señalado que su procedencia es más restrictiva
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1599