Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: no se configura el defecto fáctico invocado
Lo que dijo la Sala
La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico porque no se valoró el acta de cierre y balance mutuo acuerdo, en su criterio no se analizó el alcance respecto de las reclamaciones posteriores, circunstancia relevante para determinar si la reclamación posterior por cláusula penal podía prosperar respecto de hechos ya conocidos al cierre.
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede impugnar la providencia judicial que resuelve controversias contractuales basándose en defectos fácticos o sustantivos, ya que la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado valoró adecuadamente el acta de cierre y balance mutuo acuerdo y consideró las salvedades y declaraciones de las partes, sin omitir pruebas relevantes ni desconocer disposiciones legales como los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio. La Sala establece que no se configura un defecto fáctico cuando el juez ordinario examina y valora pruebas de manera razonable, y que no se evidencia un defecto sustantivo cuando la interpretación de la cláusula penal es coherente con la ejecución del contrato. Esta decisión reitera la autonomía judicial y limita la intervención del juez constitucional en la valoración de pruebas y la interpretación de normas en procesos contractuales, protegiendo así la integridad del proceso judicial y el debido proceso.
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Problema jurídico
¿Determinar si la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la providencia del 27 de febrero de 2026, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en los defectos fáctico y sustantivo, dentro del proceso de controversias contractuales?
Respuesta: No
Fundamentos
- Decreto 410 de 1971, art. 867
- Ley 57 de 1887, art. 1596
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Titulación de la relatoría 5.360 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Problema jurídico:
¿Determinar si la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la providencia del 27 de febrero de 2026, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en los defectos fáctico y sustantivo, dentro del proceso de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico porque no se valoró el acta de cierre y balance mutuo acuerdo, en su criterio no se analizó el alcance respecto de las reclamaciones posteriores, circunstancia relevante para determinar si la reclamación posterior por cláusula penal podía prosperar respecto de hechos ya conocidos al cierre. Así como también, la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo por inaplicación de lo preceptuado en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, disposiciones normativas que permitían moderar el monto de la sanción, en la medida que el contrato tuvo una ejecución significativa. (…) La Sala anticipa que los reparos no están llamados a prosperar, toda vez que de la lectura integral de la providencia objeto de cuestionamiento no se advierte que la autoridad judicial accionada hubiera omitido la valoración del acta de cierre y balance de mutuo acuerdo ni que hubiese dejado de examinar la incidencia de la ejecución parcial del contrato para efectos de determinar la procedencia de la cláusula penal. Al respecto, la Sala observa que la Sección Tercera de esta corporación dedicó un acápite específico al estudio del alcance del documento denominado «acta de cierre y balance mutuo acuerdo», precisamente con el propósito de establecer si este constituía un cruce definitivo de cuentas que impidiera formular reclamaciones económicas posteriores para lo cual, examinó la cláusula vigésima cuarta del contrato, en la que se reguló el balance final del negocio, así como las declaraciones y salvedades consignadas por las partes al momento de su suscripción. En ese contexto, la autoridad judicial accionada verificó que en el acta se reconoció un saldo a favor del contratista sin aplicar el descuento correspondiente a las multas y que Ecopetrol manifestó expresamente que no efectuaría dicho descuento en ese momento, entre otras razones, por la existencia de acreencias pendientes a favor de proveedores y subcontratistas. Asimismo, tuvo en cuenta que, aunque el contratista manifestó su conformidad con las sumas reconocidas en el balance y declaró que Ecopetrol no le adeudaba cantidades adicionales con ocasión del contrato, las partes formularon salvedades expresas respecto de determinados aspectos del negocio jurídico. De esta manera, contrario a lo sostenido en la solicitud de amparo, no se advierte una omisión en la valoración del acta de cierre y balance, pues dicho documento constituyó uno de los elementos centrales de la argumentación desarrollada en la sentencia. (…) Así las cosas, la circunstancia de que la parte actora proponga una lectura diferente de dicho material probatorio, dicha circunstancia no evidencia, por sí misma, la configuración de un defecto fáctico, en la medida que supone controvertir la conclusión interpretativa alcanzada por el juez ordinario a partir de una prueba que fue expresamente examinada, cuestión que no habilita al juez constitucional para sustituir la valoración efectuada por la autoridad judicial accionada, toda vez que afectaría el principio de autonomía judicial. En ese orden de ideas, no se configura el defecto fáctico invocado, pues no se advierte la omisión de una prueba determinante, una valoración contraevidente ni una conclusión probatoria manifiestamente irrazonable, pues, por el contrario, la providencia identificó el documento, examinó sus estipulaciones y salvedades y explicó las razones por las cuales consideró que este no impedía resolver judicialmente las controversias sometidas a su conocimiento. De otra parte, en cuanto al defecto sustantivo, la accionante sostiene que la Sección Tercera desconoció los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, porque no redujo proporcionalmente la cláusula penal pese a que el contrato había tenido una ejecución significativa. (…) La parte actora pretende, en realidad, que el juez constitucional adopte una interpretación diferente respecto de la proporcionalidad de la cláusula penal, sin demostrar que la solución acogida por la autoridad accionada resulte manifiestamente irrazonable o contraria al ordenamiento jurídico. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión reprochada adolece de algún defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1596