Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: el contrato demandado adolece de nulidad porque su objeto o sus obligaciones constituyen delegación
Regla de decisión
El contrato demandado adolece de nulidad porque su objeto o sus obligaciones constituyen delegación de funciones tributarias indelegables en particulares.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
Un contrato estatal no adolece de nulidad por delegación de funciones tributarias cuando sus obligaciones se limitan a elaborar insumos y no implican gestionar ni cobrar tributos a los contribuyentes, pues esa función permanece en la Administración. La regla se apoya en que el objeto del contrato no prevé que el contratista liquide o cobre tributos, y en que la elaboración de la liquidación sirve de base a la gestión que realiza la entidad, sin trasladarle la gestión frente a los contribuyentes. Por ello, la nulidad no se configura por la sola naturaleza tributaria del objeto. En el asunto, la Sala revocó la sentencia de primera instancia que había declarado de oficio la nulidad del contrato, y liquidó el contrato sin reconocimiento a favor del contratista por no demostrar el cumplimiento de los requisitos para su pago. En la práctica, la liquidación de un contrato sin reconocimiento de pagos depende de que el contratista acredite el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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Problema jurídico
¿El contrato demandado adolece de nulidad porque su objeto o sus obligaciones constituyen delegación de funciones tributarias indelegables en particulares?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 489 de 1998, art. 111
- Ley 80 de 1993, art. 14
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Lo que dijo la Sala
Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró de oficio la nulidad del contrato. El contrato no adolece de nulidad, pues ni su objeto ni sus obligaciones constituyen delegación de funciones tributarias indelegables en particulares. Se liquida el contrato sin reconocimiento a favor del contratista porque no demostró que hubiera cumplido con los requisitos contractuales para el reconocimiento y pago por parte de la entidad.… Contrario a lo concluido por el tribunal, del objeto del contrato no se desprende que la Administración haya delegado el ejercicio de funciones tributarias en el Contratista. La estipulación contractual no prevé que el Contratista liquidara o cobrara tributos.
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Titulación de la relatoría 8.905 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / IMPROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Problema jurídico:
¿El contrato demandado adolece de nulidad porque su objeto o sus obligaciones constituyen delegación de funciones tributarias indelegables en particulares?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró de oficio la nulidad del contrato. El contrato no adolece de nulidad, pues ni su objeto ni sus obligaciones constituyen delegación de funciones tributarias indelegables en particulares. Se liquida el contrato sin reconocimiento a favor del contratista porque no demostró que hubiera cumplido con los requisitos contractuales para el reconocimiento y pago por parte de la entidad. (...) Contrario a lo concluido por el tribunal, del objeto del contrato no se desprende que la Administración haya delegado el ejercicio de funciones tributarias en el Contratista. La estipulación contractual no prevé que el Contratista liquidara o cobrara tributos. Conforme a lo acordado, a este le correspondía la elaboración de la liquidación, sin que se pueda considerar que ello implicaba la gestión de la misma frente a los contribuyentes. Ninguna de las obligaciones a cargo del Contratista implicaban la delegación de la gestión tributaria; al contrario, se encuentra que los documentos y gestiones eran la base para los requerimientos que estaban a cargo de la tesorería del Municipio, por lo cual es claro que no existió la delegación que llevó al tribunal a anular el contrato. Se trataba de la preparación de documentos técnicos, de asesoría y de trabajo coordinado para que la administración municipal pudiera lograr los resultados esperados con el contrato. Adicionalmente, la cláusula tercera del contrato establecía que al Municipio le correspondía "Adelantar las diligencias de tipo jurídico o administrativo que no puedan legalmente ser adelantadas por el CONTRATISTA", en virtud de lo cual la entidad territorial debía realizar las gestiones tributarias indelegables. Teniendo en cuenta que el contrato no tenía por objeto la delegación de funciones administrativas al Contratista, tampoco puede considerarse que el mismo debiera cumplir los requisitos del artículo 111 de la Ley 489 de 1998 ni que se debiera someter a selección mediante licitación. Por último, no es posible considerar que la no inclusión de las cláusulas excepcionales previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 constituya nulidad de los contratos, especialmente cuando la norma prevé que las mismas "se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente".
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 111, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14
PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Es procedente la liquidación del contrato sin reconocimiento a favor del contratista porque no demostró que hubiera cumplido con los requisitos contractuales para el reconocimiento y pago por parte de la entidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
El demandante pretende que se liquide el contrato incluyendo unas sumas de dinero que considera se le adeudan por su gestión. Respecto de la liquidación, la Sala encuentra que la misma es procedente, pues no fue realizada bilateral ni unilateralmente; sin embargo, esta se declarará sin saldo a favor de las partes, por cuanto las sumas reclamadas no cumplen los requisitos contractuales para su pago. La cláusula cuarta del contrato establecía que el contratista tenía derecho a una remuneración correspondiente al quince por ciento (15%) del valor a recaudar o recaudado por concepto de impuesto predial que "esté por encima de lo estimado por el municipio en el 2008 por concepto de impuesto predial en el resguardo indígena y terrenos dedicados a explotaciones minoenergéticas o dejados de recaudar en vigencias anteriores". La anterior forma de remuneración se pactó igualmente para el año 2009. De conformidad con la cláusula cuarta del contrato, para el reconocimiento y pago de la remuneración al Contratista se requería probar, en primer lugar, el mayor valor que por concepto del impuesto predial se fuera a recaudar o fuera recaudado. Ello implica que, contrario a lo afirmado en la demanda, para que se causara la remuneración no bastaba con la facturación del impuesto, porque una vez expedido el cobro mediante la factura, el sujeto pasivo del tributo lo podía debatir. En efecto, en el proceso se probó que esta situación se presentó respecto de las facturas expedidas para los predios de propiedad de El Cerrejón, que perdieron su fuerza porque los actos que incluyeron el avalúo catastral fueron objeto de revocatoria directa por parte del IGAC. Lo anterior demuestra que para considerar que un impuesto era posible de recaudar, la factura del mismo debía estar en firme o efectivamente pagada, de lo cual no hay prueba en el proceso. Adicionalmente, para calcular la remuneración del contratista, la estipulación contractual exigía demostrar cuál era el valor que el Municipio estimaba que iba a recaudar por concepto de impuesto predial en cada año. Respecto de este requisito, al expediente no se allegaron pruebas que lo acrediten; lo único presentado fueron las cuentas del cobro del Contratista, las cuales no fueron reconocidas ni pagadas por la demandada. En consecuencia, no pueden tenerse en cuenta como fundamento de las sumas que se estiman se adeudaban al Contratista. Finalmente, en relación con los valores que fueron pagados por el Ministerio de Hacienda por concepto de impuesto predial no recaudado en el resguardo indígena, no existe prueba de que dichas sumas fueran canceladas en virtud de las gestiones realizadas por el Contratista.
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando el contrato no contiene una estipulación que fije el plazo para liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda se presentó dentro del término de caducidad. El contrato terminó el 15 de noviembre de 2011y por su naturaleza debía ser liquidado. Al no contener una estipulación que fijara el plazo para liquidación, esta debía realizarse de forma bilateral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación; vencido este plazo, el Municipio contaba con dos (2) meses para realizar la liquidación unilateral, término que venció el 17 de mayo de 2012. En virtud de lo anterior, el plazo de dos (2) años para la presentación de la acción de controversias contractuales corrió entre el 18 de mayo de 2012 y el 18 de mayo de 2014. El 21 de marzo de 2014 la parte demandante presentó solicitud de conciliación, la cual se declaró fallida el 4 de junio de 2014; teniendo en cuenta que durante ese periodo el término de caducidad estuvo suspendido, la demanda fue presentada, oportunamente, el 20 de junio de 2014.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el recurso de apelación prosperó parcialmente, pero no se accedió a las pretensiones económicas de la demanda, el apelante debe ser condenado en costas, en la medida de su comprobación, de conformidad con lo ordenado en los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP, y en el artículo 2 del Acuerdo No. PSSAA16-10554 de 2016 del C.S. de la J. "Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho". La Sala condenará al apelante vencido, por concepto de agencias en derecho, a la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia a favor del Municipio de Uribia, de conformidad con los criterios y tarifas establecidos por el numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366