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Colombia Compra Eficiente Concepto

Contrato estatal: el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico o subjetivo

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-03-03
Número
C-073 de 2026

Síntesis del concepto

Contrato estatal: el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico o subjetivo

Regla de decisión

En igual sentido debe precisarse que la modalidad de selección aplicable a la celebración de los contratos de arrendamiento depende del régimen aplicable a la entidad estatal.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La postura es que el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico o subjetivo, de modo que basta con que lo celebre una entidad estatal con capacidad legal para hacerlo, independientemente de que sea típico, especial o atípico. El concepto sostiene que esa calificación no se limita a las entidades de la Ley 80 de 1993, pues también pueden suscribir contratos estatales las entidades públicas con regímenes especiales, caso en el cual se trata de un contrato estatal de régimen exceptuado. Bajo ese marco, el contrato de arrendamiento celebrado por una entidad pública es estatal por el criterio orgánico, aun cuando su regulación de fondo se encuentre en el derecho civil, porque el Código Civil define sus elementos característicos: el arrendador concede el uso y goce de un bien a cambio de una renta o canon, sin transferir el dominio. Así, el arrendamiento puede caracterizarse con las definiciones civiles, que son aplicables a figuras no tipificadas en el estatuto. La consecuencia práctica es que el régimen sustancial del arrendamiento proviene del derecho civil, mientras que la calificación de estatal depende de la entidad que lo celebra.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Bajo qué criterio se determina la naturaleza estatal del contrato de arrendamiento celebrado por una entidad pública y, en consecuencia, la jurisdicción competente para conocer de las controversias que se deriven de este?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 2
  • Ley 1150 de 2007, art. 2 núm. 2
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Dando alcance a su consulta, es menester manifestar que de conformidad con el inciso final del artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, competencia ejercida mediante la Ley 80 de 1993. Dicho estatuto es aplicable a las entidades estatales definidas en el artículo 2 de la citada ley, las cuales comprenden tanto aquellas que cuentan con personería jurídica como aquellas autoridades que, aun careciendo de ella, han sido dotadas por el ordenamiento jurídico de capacidad para celebrar contratos. En este contexto, la naturaleza estatal del contrato se determina con fundamento en un criterio orgánico o subjetivo, esto es, por la participación de una entidad estatal en su celebración, con independencia del régimen jurídico que gobierne el contenido obligacional del negocio.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Característica Criterio orgánico Definición

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Texto del documento 2.775 caracteres
CONTRATO ESTATAL – Criterio orgánico El contrato estatal se identifica por el criterio orgánico o subjetivo, de manera que –como explica el Consejo de Estado– el “[…] elemento esencial para calificar de estatal un contrato, es que haya sido celebrado por una entidad estatal, es decir, una entidad pública con capacidad legal para celebrarlo […]”. Por tanto, es el acto jurídico creador de obligaciones a cuya celebración concurra una de entidades estatal, independientemente de que se trate de contratos previstos o tipificados en el derecho privado, en disposiciones especiales o que resulten del ejercicio de la autonomía de la voluntad, como sucede con los que se clasifican como atípicos e innominados. Conforme con lo anterior, el contrato estatal es un acuerdo de voluntades efectuado por las entidades públicas que genera, extingue o modifica obligaciones para quienes lo suscriben, cuya celebración no se encuentra limitada, de forma exclusiva, a las entidades referidas en la Ley 80 de 1993, sino que, puede ser suscrito por entidades públicas con regímenes especiales de contratación, caso en el cual se tratará de un contrato estatal de régimen exceptuado. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – Definición – Características Bajo este marco de integración normativa, resulta procedente acudir a las definiciones contenidas en el derecho civil para la caracterización de aquellas figuras contractuales que, aun no estando expresamente tipificadas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pueden ser utilizadas por las entidades estatales. Así, el artículo 1973 del Código Civil define el contrato de arrendamiento como “[…] un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”. Se trata pues de un acuerdo de voluntades en virtud del cual una de las partes llamada -arrendador o arrendadora– se obliga a concederle a otra -llamada arrendatario o arrendataria– el uso y goce de un bien, a cambio de una renta o canon, diferenciándose del contrato de compraventa en que no opera una transferencia del dominio del bien cuyo uso y goce se entrega. En cuanto a sus características, la doctrina ha indicado que el arrendamiento es un contrato: i) bilateral, pues ambas partes se obligan recíprocamente; ii) consensual, dado que se perfecciona con el consentimiento ; iii) oneroso, ya que ambas partes obtienen utilidades –el arrendatario, el uso y goce del bien, y el arrendador la renta o canon; iv) de ejecución sucesiva, en la medida en que se ejecuta en forma periódica; v) principal, porque existe en forma autónoma; y v) nominado, porque está tipificado y desarrollado en la ley.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-073-de-2026/