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CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA

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Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-06-10 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 44001234000020180006602 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas de carácter financiero cuando estos correspondan al giro ordinario de sus negocios? Sí
La jurisdicción ordinaria conoce las controversias relativas a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de sus negocios, conforme al numeral 1 del artículo 105 del CPACA. La regla se apoya en que esa norma excluye de la jurisdicción contenciosa administrativa los contratos de esa naturaleza cuando se celebran en desarrollo del giro ordinario de la entidad, incluidos los procesos ejecutivos. Por ello, la ausencia de jurisdicción debe declararse aun cuando el contrato sea estatal en su origen. En el caso, la entidad pública financiera celebró el contrato en el giro ordinario de sus negocios, y el despacho declaró la falta de competencia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso administrativo declara la falta de competencia y remite el expediente al juez ordinario competente.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato que da origen a la controversia forma parte del giro ordinario de los negocios de Fonade por cuanto su objeto consiste en la revisión… ¿Cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula y el proceso se enviará de inmediato al…
FALTA DE COMPETENCIA
Consejo de Estado Providencia

¿El contrato de interventoría no. 20110798 de 2011 suscrito con Fonade, es regido por el derecho privado?

Sentencia — Sentencia 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020160105601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de interventoría no. 20110798 de 2011 suscrito con Fonade, es regido por el derecho privado? Sí
El contratista no puede declarar nula la acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría suscrito con Fonade, ya que la forma de pago estipulada en el contrato dependía del avance del contrato de consultoría objeto del contrato de interventoría, y no se demostró que el consultor hubiera cumplido con el 100% de las obligaciones encomendadas. La cláusula de pago variable fue conocida y aceptada por el contratista desde el inicio del proceso de selección, por lo que su fuerza jurídica vinculante no puede ser cuestionada. Además, el reconocimiento de costos variables dependía directamente del seguimiento y verificación del avance del contrato de consultoría por parte del interventor, lo que no fue cumplido en su totalidad. Por lo tanto, la negativa de Fonade a reconocer y pagar el valor total del contrato no constituye un abuso de derecho, y la sentencia que confirma la acta de liquidación bilateral se mantiene.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente declarar la nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría no. 2110798 de 2013, porque según la contratista… ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue resuelto desfavorablemente?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El régimen jurídico que gobierna el contrato de obra celebrado entre Fonade y la unión temporal Antiguo Idema 2010, es del Estatuto General de la Administración Pública, Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2026-08-24 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 68001233300020140010401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El régimen jurídico que gobierna el contrato de obra celebrado entre Fonade y la unión temporal Antiguo Idema 2010, es del Estatuto General de la Administración Pública, Ley 80 de 1993? Sí
El régimen de contratación aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero se rige por normas especiales que excluyen la aplicación del Estatuto General de Contratación a partir de las modificaciones legales pertinentes. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo se sometió temporalmente al Estatuto General de Contratación bajo la vigencia del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dicha disposición fue derogada expresamente por la Ley 1450 de 2011, estableciendo que la contratación de entidades financieras estatales como Fonade queda exceptuada de la referida normativa pública. En consecuencia, para contratos celebrados con anterioridad a dicha modificación normativa, rigen las reglas vigentes al momento de su perfeccionamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve: ¿El ejercicio de la potestad excepcional de la caducidad solo puede ser ejercida por la administración pública mientras esté vigente el plazo general del contrato? ¿La entidad estatal ejerció dentro del término legal su competencia para declarar la caducidad del contrato estatal? ¿Resultaba procedente ordenar la liquidación judicial del contrato y establecer un saldo a favor del contratista, pese a la existencia de una liquidación unilateral en firme no controvertida…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020190050102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve: ¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad? ¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato? ¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
CONFIRMA
Consejo de Estado Concepto

¿La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) puede dar y recibir en donación hacia y desde entidades públicas, bienes «públicos», muebles e inmuebles?

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2023-05-18 Sala Consulta y Servicio Civil EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ Rad. 11001030600020220012800 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) puede dar y recibir en donación hacia y desde entidades públicas, bienes «públicos», muebles e inmuebles? Sí
La entidad estatal se sujeta a las disposiciones del estatuto general de contratación de la administración pública y a las normas de la Ley 80 de 1993, considerando como entidades sujetas a su aplicación a las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga una participación superior al cincuenta por ciento del capital social y a las empresas industriales y comerciales del Estado. Sin embargo, algunas sociedades de economía mixta en las cuales el capital estatal es superior al noventa por ciento se encuentran sometidas al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado y expresamente excluidas del estatuto contractual público por disposición del artículo 16 de la Ley 1150 de 2007, encontrándose habilitadas para celebrar la generalidad de los contratos propios del derecho privado y disposiciones especiales derivados de la autonomía de la voluntad, así como los contratos especiales reglamentados por dicho estatuto en cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿La CIAC S.A. puede enajenar a título gratuito a entidades estatales, bienes muebles que no utiliza, sin transgredir la norma que la excluye de la aplicación del estatuto general de contratación de…
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020160228001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve: ¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado? ¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo… ¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
Consejo de Estado Providencia

Se ha concluido que dichas manifestaciones no pueden analizarse como actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 25000233600020220029201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede afirmarse que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 —modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011— y a la jurisprudencia reiterada de la Sala, el contrato No. 1298 de 2017 celebrado por el Fondecun, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia con el sector privado, se encuentra sometido al régimen de derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las decisiones adoptadas por la entidad en ejercicio de las facultades pactadas contractualmente (como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria) constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos? Sí
Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no quedan sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Por ello, las decisiones que la entidad adopta en ejercicio de las facultades pactadas en el contrato, como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria, constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos. La regla se apoya en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, y en que el objeto misional de la entidad, al efectuar captaciones, prestar asesoría y adelantar operaciones de financiación, la coloca en competencia con el sector privado. La providencia reitera la jurisprudencia de la subsección, según la cual esta clase de entidades no se rige por el estatuto general. Como consecuencia práctica, las controversias sobre esas decisiones deben tramitarse como asuntos contractuales de derecho privado y no como impugnaciones de actos administrativos.síntesis automática
También resuelve: ¿El Tribunal desconoció que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XXI S.A.S. produjo efectos de cara al contrato No. 1298 de 2017? ¿Conforme a lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017 y al procedimiento seguido por el Fondecun, la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento… ¿Se debió reconocer en favor de los demandantes el pago de la suma pretendida por la ejecución de la fase 1 del citado contrato, que habría realizado la Unión Temporal Construir Día?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233100020080031401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve: ¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes? ¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto? ¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración

Sentencia — Sentencia 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020050211702 ACCION CONTRACTUAL
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve: ¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas… ¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados? ¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El contenido del acto demandado es claro

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233100020110072101 ACCION CONTRACTUAL
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado? ¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad? ¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
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Consejo de Estado Providencia

No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-07-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 23001233300020150028501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios? No
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de las controversias contractuales originadas en contratos que una entidad pública con carácter de institución financiera celebra en desarrollo del giro ordinario de sus negocios. La regla se apoya en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que excluye de esa jurisdicción esos asuntos, y en que la competencia se determina por la naturaleza del contrato y de la actividad que lo origina. Cuando el proceso ya está para sentencia de segunda instancia y se advierte esa falta de competencia, el juez la declara conforme al artículo 138 del Código General del Proceso. En el caso, la entidad demandada es una institución financiera pública y el contrato se celebró en desarrollo de su giro ordinario, por lo que el despacho declara falta de jurisdicción. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso declara la falta de jurisdicción, invalida la sentencia de primera instancia y remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa… ¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE… ¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020070292402 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista es competente para ceder su posición contractual en favor de una persona jurídica privada, como una distribuidora de licores, siempre y cuando se notifique y obtenga la aceptación del gobernador del departamento, tal como lo establece la normativa de contratación estatal. Esta regla se fundamenta en que la cesión del contrato no altera el régimen jurídico aplicable, y que la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se mantiene en la entidad estatal y la cesionaria. La Sala modifica precedentes al establecer que la cesión de la posición contractual y los créditos y derechos litigiosos derivados del contrato son válidos cuando se cumplen los requisitos legales, lo que implica que las partes cesionarias deben cumplir con las formalidades establecidas para mantener la validez del contrato y la legitimación en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Ante la ausencia de un pacto para la liquidación del contrato, resulta procedente aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, frente a la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad? ¿La unión temporal contratista cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato, en favor de la distribuidora de licores cesionaria? ¿Al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de la solución del mismo, corresponde mantener invariable la causa petendi?
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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020010223901 ACCION CONTRACTUAL
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? ¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a… ¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
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Consejo de Estado Providencia

Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020010104101 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato? ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación? ¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las normas que imponen sanciones o establecen prohibiciones deben ser expresas y son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, por consiguiente, no cabe su interpretación extensiva, ni su aplicación por vía de analogía y tampoco su derivación por la exigencia de ciertos requisitos previos.

Sentencia — Sentencia 2021-12-15 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 18001233100020020041301 ACCION CONTRACTUAL
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse? No
El contratista no puede ser objeto de terminación unilateral del contrato por nulidad absoluta basada en la falta de registro sanitario, la violación del principio de selección objetiva, la ausencia de inscripción en el registro de proponentes o la falta de capacidad para obligarse, ya que estas circunstancias no constituyen una prohibición expresa legal o constitucional que genere la nulidad del contrato. La falta de motivación detallada y la ausencia de una prohibición expresa en la norma aplicada implica la nulidad del acto administrativo que termina unilateralmente el contrato. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, matizando la interpretación restrictiva de las causales de nulidad en contratos estatales, lo que implica que las entidades estatales deben fundamentar con rigor legal y constitucional cualquier terminación unilateral basada en la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes? ¿La legitimación en la causa es de hecho y material? ¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?
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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100009201 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual? ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? ¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
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Consejo de Estado Providencia

El director de la UNGRD ostenta la competencia exclusiva para reportar al RUP los actos administrativos en firme que declaran incumplimientos y multas derivados de contratos del FNGRD.

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2025-05-16 Sala Consulta y Servicio Civil JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ Rad. 11001030600020240055900 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El régimen jurídico de todos los contratos celebrados por la Fiduprevisora S.A., con los recursos del Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres es de derecho privado? No
El ordenador del gasto competente reporta al RUP de manera exclusiva los actos administrativos en firme que declaran el incumplimiento, imponen multas, sanciones e inhabilidades derivadas de los contratos celebrados por la sociedad fiduciaria para la administración de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, conforme a lo dispuesto en el artículo 50, parágrafo 3º de la Ley 1523 de 2012. En este concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado se precisa que el fondo opera como un patrimonio autónomo, especial, separado y de afectación dentro del patrimonio de la Nación, cuya representación y manejo corresponden a una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manteniendo una destinación específica legal sin confundirse con los recursos generales estatales ni con los propios de la fiduciaria.síntesis automática
También resuelve: ¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene la competencia para adelantar los procedimientos de selección de los proveedores de obras… ¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene facultad legal para declarar unilateralmente el incumplimiento de los contratos celebrados por la… ¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene la competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento mediante acto jurídico contractual en…
Consejo de Estado Concepto

Concepto: Concepto sin reserva

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2025-05-16 Sala Consulta y Servicio Civil JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ Rad. 11001030600020240055900 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El régimen jurídico de todos los contratos celebrados por la Fiduprevisora S.A., con los recursos del Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres es de derecho privado? No
La principal entidad estatal descentralizada que actúa plenamente como fiduciaria y representante legal de patrimonios autónomos especiales, tales como el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, administra siempre de manera muy rigurosa los recursos con destinación específica regulada por la ley sin confundirse jamás con los demás recursos generales de la Nación ni con los propios de la entidad fiduciaria, estando sometida en la celebración de contratos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en su rigurosa ejecución a los principios rectores de la función administrativa y la gestión fiscal.síntesis automática
También resuelve: ¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene la competencia para adelantar los procedimientos de selección de los proveedores de obras… ¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene facultad legal para declarar unilateralmente el incumplimiento de los contratos celebrados por la… ¿El Director General de la UNGRD, en calidad de ordenadora (sic) del gasto del FNGRD, tiene la competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento mediante acto jurídico contractual en…
Consejo de Estado Providencia

El contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180053802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública resulta aplicable al contrato objeto de controversia, cuando se observa que, FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado? No
El contratista no puede reclamar el pago de costos asociados a la elaboración de diseños adicionales durante la formación del contrato, ya que el alcance del contrato no incluyó la obligación de actualizar diseños previamente elaborados por la entidad, sino que el contratista debía elaborar los diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. Aunque el contrato utilizó la expresión "actualización de diseños", esto no implicaba la actualización de diseños previamente proporcionados por la entidad, sino la elaboración de nuevos diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas. Además, el contratista aceptó en su propuesta que su obligación consistía en elaborar los diseños bajo las condiciones precisadas por la entidad, que excluían la existencia de diseños previos para ser evolucionados. Esta decisión reitera que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que implica que su régimen contractual está determinado por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de diseños, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido la necesidad de elaborar nuevos diseños… ¿La entidad estatal incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes… ¿La parte demandante (contratista) acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el contratista después de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Delimitación de la causa petendi Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las pretensiones de la demanda y la acción -hoy medio de control- a la que se adecua no haya caducado.

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020160013401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En este caso el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para señalar la delimitación de la causapetendi, referida a la nulidad del contrato sin necesidad de estudiar los actos precontractuales y contractuales frente a los que no se formuló cargo alguno? Sí
El juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para delimitar la causa petendi, siempre que no se afecte el derecho de defensa, no se varíen la causa ni las pretensiones y la acción no haya caducado, de modo que el litigio puede limitarse a la validez del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en la demanda se pidió la nulidad del contrato y de los actos relacionados, pero los fundamentos de hecho y de derecho se dirigían a cuestionar la validez del contrato. Segunda, la fijación del litigio en la audiencia inicial se centró en esa temática, sin cargos contra los actos precontractuales o contractuales. Tercera, el régimen de contratación de la empresa de servicios públicos constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 689 de 2001, y se rige de modo preferente por el derecho privado. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que el juez puede delimitar el objeto del proceso a la validez del contrato sin ampliarlo a otros actos.síntesis automática
También resuelve: ¿El régimen de los contratos de las empresa prestadora de servicios públicos que fue constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal en el municipio de El Banco… ¿La sala debe resolver el asunto teniendo en cuenta el principio de congruencia y los reparos expuestos por la recurrente en apelación… ¿Para crear una nueva empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, se requería la autorización del Concejo Municipal, aunque…
REVOCA