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¿Las entidades públicas en el escrito de citación a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, debe (sic) dedicar un acápite sobre el grado de culpabilidad del contratista en cuanto a los incumplimientos endilgados, es decir, debe calificar la conducta atribuida al contratista a título de dolo o culpa?
Con fundamento en las consideraciones anteriores, se responderán las preguntas planteadas por la peticionaria, respondiendo de forma conjunta las 3 primeras preguntas por estar relacionadas todas ellas con el contenido de la citación a audiencia.
También resuelve:Caducidad del contrato: consecuencias, presupuestos, requisitos, consecuencias / caducidad del contratoCláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateralCláusulas penales y multas: imposición unilateral, proporcionalidad, régimen jurídico, derecho privado
Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020130110201LEY 1437 REPETICION
¿Debe intervenir la Jurisdicción Especial para la Paz en asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado relacionados con conductas punibles de miembros de la Fuerza Pública, en el marco del medio de control de repetición? Sí
El contratista debe solicitar la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz en asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado relacionados con conductas punibles de miembros de la Fuerza Pública, en el marco del medio de control de repetición, en virtud de que la Sala considera necesario realizar una audiencia pública para determinar la competencia de la JEP en estos casos, en armonía con los artículos 12 y 42.1 del Código General del Proceso. Esta decisión implica que la JEP debe definir cuándo y cómo se aplican sus beneficios a las personas que se acogen a esta jurisdicción, particularmente en relación con el medio de control judicial de repetición, lo que tiene implicaciones significativas para la determinación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos relacionados con el conflicto armado.síntesis automática
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de…¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas…¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
¿Los requisitos de la citación a audiencia de declaración de incumplimiento e imposición de multas pueden ser obviados? No
La citación a la audiencia de declaración de incumplimiento e imposición de multas no puede omitir los requisitos del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, pues debe contener la mención expresa y detallada de los hechos y las normas o cláusulas posiblemente violadas con sus consecuencias para el contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la comunicación de citación no contenía esos elementos. La segunda es que tales requisitos no pueden obviarse, de modo que su omisión vulnera el debido proceso y lleva a declarar la nulidad de los actos sancionatorios. En el caso concreto la Sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de las resoluciones que declararon el incumplimiento e impusieron las multas. Como segunda cuestión, la utilidad dejada de percibir no se reconoce cuando dependía de las cantidades de obra ejecutadas, y la caducidad se declaró el último día del plazo de ejecución, por lo que no pudo haber una ejecución posterior que diera lugar a su pago. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la indemnización de perjuicios por concepto de utilidad dejada de percibir cuando esta dependía de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista y no existió una ejecución de obra que…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-18Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020180198001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento para el trámite de la conciliación judicial puede consistir en una audiencia con el objeto de escuchar a las partes y estructurar fórmulas de acercamiento entre ellas? Sí
El juez puede establecer un procedimiento para la conciliación judicial en ausencia de normas específicas, consistente en una audiencia para escuchar a las partes y estructurar fórmulas de acercamiento, siempre y cuando se respeten los principios de la Ley 2213 de 2022 y la intervención del Ministerio Público. Sin embargo, para que un acuerdo de conciliación judicial sea válido, debe contar con la participación de un tercero neutral y calificado, como el juez o el procurador, y no solo ser una manifestación de interés en conciliar, como lo fue el documento denominado “ACUERDO PRELIMINAR BASE DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL”. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para la aprobación de un acuerdo de conciliación judicial, lo que implica que la mera intención de conciliar no es suficiente para que el acuerdo sea válido y obligatorio para las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Del documento suscrito se desprende que las partes únicamente consignaron una manifestación de interés en conciliar judicialmente las diferencias en el marco del proceso judicial de la referencia?
Sentencia — Sentencia2024-02-05Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170138301LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Incumplió el consorcio con sus obligaciones contractuales y no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados? Sí
Considerando que las… obligaciones que se le imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente,… por cuanto el demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los actos acusados.
También resuelve:¿El demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que efectivamente se le estaba imputando?¿Los argumentos del demandante en relación con el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento fáctico y jurídico?¿La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula penal pecuniaria pactada en vista del retraso en la ejecución de la obra informado por la interventoría?
¿Puede la entidad contratante iniciar un procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento contractual con fundamento en elementos probatorios distintos al informe de interventoría, sin transgredir el derecho al debido proceso del contratista? Sí
El contratante puede iniciar un procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento contractual basándose en elementos probatorios distintos al informe de interventoría, sin vulnerar el derecho al debido proceso del contratista, ya que la entidad contratante tiene la facultad y el deber de vigilar y controlar el contrato, incluyendo la imposición de sanciones, independientemente del medio o instrumento que origine el conocimiento del incumplimiento. Además, la citación a audiencia en un procedimiento sancionatorio puede dirigirse exclusivamente al representante legal del consorcio, sin implicar una violación al debido proceso, dado que la ley otorga al representante la capacidad para actuar en nombre del consorcio en todas las actuaciones contractuales y administrativas. Esta decisión reitera y refuerza la autonomía del contratante en el ejercicio de sus facultades contractuales y administrativas, garantizando la efectividad del contrato estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse válida la citación a una audiencia dentro de un procedimiento sancionatorio contractual cuando se dirige exclusivamente al representante del consorcio…¿En el procedimiento administrativo sancionatorio contractual existió una violación al debido proceso?¿Vulnera la entidad contratante el derecho al debido proceso si, tras analizar un dictamen pericial y confrontarlo con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente…
¿El recurso de apelación es la oportunidad procesal para adicionar cargos de anulación? No
El recurso de apelación no es la oportunidad procesal para adicionar cargos de nulidad que no se formularon en la primera instancia, porque hacerlo vulneraría el derecho de defensa del demandado, que no pudo controvertirlos ni aportar pruebas sobre ellos. Una razón es que los nuevos reproches de falsa motivación por dos porcentajes de ejecución, de falta de autorización de un plazo adicional y de uso de documentos precontractuales de otro contrato no se debatieron en el proceso de primera instancia. Otra razón es que la entidad contratante citó al contratista a una audiencia por ausencia de personal, falta de informes mensuales y no amortización del anticipo, pero en la audiencia varió los hechos del posible incumplimiento y declaró los siniestros por otros motivos, lo que desconoció el debido proceso del contratista. En el caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y los siniestros. Su consecuencia práctica es que el demandante debe formular todos los cargos de nulidad en la demanda, y la entidad debe sustentar el incumplimiento con los mismos hechos que notificó al contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque los actos acusados son nulos por cuanto la entidad demandada varió los hechos constitutivos del posible incumplimiento endilgados, y por ende…¿Procede la condena en costas contra la parte demandada por cuanto resultó vencida en el proceso?
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020240004500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo? Sí
El contratista puede anular un laudo arbitral cuando la decisión carece de fundamentación jurídica y los árbitros resuelven la controversia invocando principios generales del derecho sin relacionarlos con el caso concreto ni con la normativa contractual. En este caso, los árbitros declararon que el contrato era exigible y que el municipio había violado principios de buena fe y confianza legítima, pero no explicaron cómo estas violaciones afectaban la vigencia del contrato ni cómo se relacionaban con las disposiciones legales aplicables. Además, los árbitros no revocaron una medida cautelar que suspendía el procedimiento administrativo, a pesar de que la convocante había solicitado su suspensión. La Sala anuló el laudo por falta de motivación, ordenando que los árbitros reembolsen la segunda mitad de los honorarios recibidos, en conformidad con el artículo 48 del Estatuto Arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El laudo carece de fundamentación jurídica, razón por la cual se declarará la nulidad de la decisión arbitral?¿El laudo permite ver que carece de motivación jurídica y por ende incurre en la causal de fallo en conciencia?¿Los árbitros invadieron la órbita de la Administración Pública, se pronunciaron y adoptaron disposiciones sobre un procedimiento administrativo en curso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-01-23Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020210026602LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El objeto de la prueba testimonial solicitada fue expresado debidamente? No
El contratista no puede solicitar pruebas testimoniales sin enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba, ya que esto vulnera el derecho de defensa de la contraparte y el principio de lealtad procesal, al no permitir que la otra parte ejerza su derecho de defensa de forma efectiva. La Sala reitera que la enunciación del objeto de la prueba debe ser clara, expresa y suficiente para que la contraparte pueda prepararse adecuadamente, y que la identificación del testigo y la especificación de los hechos a declarar son requisitos indispensables para el decreto de la prueba. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la necesidad de una solicitud de prueba testimonial precisa y completa para su admisión en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Al Despacho le asiste competencia funcional para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones dictadas por los tribunales administrativos?¿En los eventos en los que se soliciten testimonios deberá identificarse al testigo y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba?¿´Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
25000233600020180018001 de 20252026-03-02Sección TerceraRad. 25000233600020180018001
El contratista no está obligado a amortizar el anticipo del contrato estatal si acredita correctamente su utilización para los fines contratados, ya que la no amortización no necesariamente implica apropiación indebida de los recursos. La compañía de seguros, aunque no sea parte del contrato estatal, tiene legitimación en la causa por activa para controvertir la validez de actos administrativos que afecten su situación jurídica, en virtud de su vinculación con el contrato de obra a través del contrato de seguro. La Sala modifica la sentencia del tribunal administrativo, declarando parcialmente nulas las resoluciones que ordenaban hacer efectivo el amparo de cumplimiento y anticipo contra la compañía aseguradora, y condena al Fondo de Desarrollo Local de Usme a reintegrarle la suma pagada en ocasión de dichas decisiones, lo que implica que las compañías de seguros pueden ejercer acciones legales para proteger sus intereses en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:Legitimación en la causa por activa: compañía de seguros, actos administrativos referidos a efectividad de la garantía de contrato, legitimación cuando actúa como aseguradora del cumplimiento del contrato estatal, cpaca artículo 141Legitimación en la causa: compañía de seguros, ausencia de legitimidad para exigir derechos del contratista, ausencia de legitimidad para discutir la legalidad del acta de liquidación unilateral, excepciónAmparo de cumplimiento: agotamiento, asegurador, riesgos precisos y determinados, suficiencia –cpaca artículo 88
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-23Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 66001233300020230002301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pólizas de seguros fueron contratadas para cubrir las resultas de procesos judiciales en los que fuera parte el asegurado? No
El contratista no puede invocar una póliza de seguro para cubrir las consecuencias de procesos judiciales en los que sea parte, ya que las pólizas de manejo global para entidades estatales no incluyen esa cobertura. La entidad estatal debe aportar fundamentos serios y justificados para vincular a las aseguradoras en un proceso, y en este caso, la relación contractual no justifica la intervención de las compañías de seguros. La Sala confirmó la decisión del Tribunal que rechazó el llamamiento en garantía, estableciendo que la mera existencia de una póliza durante el periodo del contrato no es suficiente para vincular a las aseguradoras en un proceso judicial. Esto implica que las entidades estatales deben revisar cuidadosamente los términos de las pólizas antes de intentar su aplicación en procesos judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado conoce de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿La solicitud de llamamiento en garantía requiere acompañar la prueba del vínculo legal o contractual?
¿Mediaron razones para considerar que a la parte actora no le era exigible demandar el acto de liquidación unilateral del contrato, por no serle oponible, ante la indebida notificación del mismo y posterior incorporación al proceso? No
El contratista no puede desconocer la liquidación unilateral del contrato por una notificación indebida, ya que la entidad estatal intentó notificarlo personalmente y, ante la falta de comparecencia, lo notificó por edicto en cumplimiento del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, lo que garantiza la efectividad de la notificación. La Sala establece que el medio de notificación personal no está limitado al correo certificado, sino que la administración puede emplear el que considere más eficaz, siempre y cuando se acredite su efectividad. Además, la parte actora no desconoció que recibía notificaciones en la dirección a la que fue enviada la citación, y el acto de liquidación y las documentales que acreditan su notificación fueron aportados al proceso sin protesta de la actora. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de solicitar la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato cuando éste ha sido expedido y notificado con anterioridad a la demanda, y confirma la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Debe condenarse en costas a la parte demandante debido a que su recurso de apelación le fue desfavorable?
¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Sí
Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del…¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019?¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-15Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020190021302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala concluye la pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad, de la prueba testimonial solicitada por las partes? Sí
La prueba testimonial debe decretarse cuando cumple los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad del artículo 168 del Código General del Proceso, y no puede negarse por no haberse fijado en el litigio los hechos sobre los cuales versaría. Esta regla se apoya en que el criterio de pertinencia se cumple cuando el testimonio guarda conexidad con los hechos del proceso, aunque la decisión inicial de denegarlo se basara en la falta de precisión del objeto. Por ello, la negativa a decretar la prueba debe fundarse en la ausencia de esos requisitos y no en aspectos del objeto del contrato que no fueron fijados como controversia. En el caso concreto ambas partes solicitaron oportunamente la prueba testimonial, el tribunal la denegó por inutilidad, y la sala la revocó y la decretó porque cumplía los requisitos del artículo 168. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la denegación de un testimonio pedido en tiempo debe motivarse en la falta de pertinencia, conducencia, utilidad o necesidad.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado conoce, entre otros, de los recursos de apelación interpuestos contra los autos dictados por los Tribunales Administrativos?¿Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen?¿El testimonio tiene por objeto que se declare sobre los hechos objeto de prueba y, para ese efecto, debe dar cuenta de las circunstancias de tiempo…
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos? No
El contratista no puede ejercer unilateralmente la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado basándose en disposiciones de la Ley 1474 de 2011, si las partes no incorporaron expresamente dicha ley en el acuerdo de voluntades. En este caso, la entidad estatal pretendió aplicar la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, sin que las partes hubieran acordado su inclusión en el contrato. La Sala estableció que la atribución de potestades unilaterales en contratos de derecho privado requiere un pacto claro y expreso, y no basta con la vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP. La regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, matizando que la incorporación de normas del EGCAP debe ser explícita y no puede ser asumida por la mera vigencia de la ley. Esto implica que las partes deben ser cuidadosas al definir las facultades y procedimientos que regirán el contrato, evitando asumir que las disposiciones del EGCAP se aplican automáticamente.síntesis automática
También resuelve:¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las…¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación…¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?
¿El Tribunal Administrativo de Risaralda omitió correr traslado a las partes para alegar de conclusión? No
El contratista no puede alegar que el tribunal omitió correr traslado para presentar alegatos de conclusión si ya se había ordenado previamente y las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse, como ocurrió en este caso donde el tribunal ordenó el traslado el 20 de agosto de 2019, y el demandante presentó recurso de reposición sin alegar la falta de traslado, y el tribunal confirmó la decisión. Además, el tribunal no incurrió en defectos de valoración probatoria al analizar integralmente las pruebas que demostraban la legalidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y el demandante no demostró cómo la valoración de las pruebas habría variado la decisión del tribunal, por lo que la apelación no prospera. Este precedente reitera que el tribunal debe cumplir con los trámites procesales y analizar las pruebas de manera integral, pero también establece que el demandante debe utilizar oportunamente los recursos procesales para alegar cualquier irregularidad.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal incurrió en defectos de valoración probatoria que condujeron a negar la pretensión de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato?¿El ad quo realizó un análisis integral de las pruebas que obran en el plenario que demuestran la legalidad del acto acusado?¿El ad quo debía pronunciarse respecto de la pretensión relativa al reconocimiento de $106’328.139,00 por concepto de mayor valor deducido sobre el saldo a su favor con base en la aplicación de la…
Sentencia — Sentencia2023-02-17Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220014200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente la sección tercera del Consejo de Estado para conocer de los recursos extraordinarios de anulación en los que intervenga una entidad pública? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública, como un municipio. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 asigna esa competencia a la Sección Tercera cuando la parte convocada es una entidad pública. Segunda, el municipio es una entidad pública, y por ello el conocimiento del asunto corresponde a esta Corporación. Tercera, el documento precisa que no toda irregularidad del proceso arbitral es causal de anulación, y que la causal sexta exige haber alegado la falta de competencia del tribunal ante el propio tribunal de arbitramento, según el inciso final del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. En consecuencia, la Subsección asumió el conocimiento del recurso y resolvió la anulación en lo pertinente. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La ley impone al interesado en alegar la causal 6 de anulación haberla hecho valer ante el tribunal de arbitramento?¿Cualquier irregularidad en el curso del proceso arbitral puede ser considerada como causal de anulación?¿La existencia de irregularidades en la ejecutoria de la decisión mediante la cual se notificó la fecha de la audiencia de laudo configura causal de anulación?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo en virtud de su cuantía? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para obtener la declaratoria de incumplimiento de un contrato estatal y la nulidad de los actos contractuales, incluido el acto que declara el siniestro por incumplimiento, conforme al artículo 141 del CPACA, y que la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia procede según la cuantía de la pretensión, de acuerdo con los artículos 150 y 152 del mismo código. Una razón es que el artículo 141 permite demandar, en un mismo medio de control, el incumplimiento y la nulidad de los actos contractuales que lo declaran. Otra razón es que la cuantía de la pretensión mayor determina la segunda instancia ante la corporación. En el caso, la demanda se presentó dentro del término legal, contado desde la resolución que resolvió el recurso de reposición contra el acto de declaración del incumplimiento, de modo que no operó la caducidad. Su consecuencia práctica es que la impugnación de la declaratoria del incumplimiento y del siniestro se cuenta desde la decisión sobre la reposición, y puede tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es la procedente para solicitar la declaratoria del incumplimiento contractual y la nulidad de las resoluciones demandadas?¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal?¿El juez incurrió en un defecto procedimental absoluto al declarar próspera la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto debía resolverse o sanearse en la audiencia inicial?