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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el conocimiento del presente asunto corresponde a esta Corporación

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Fecha
2023-02-17
Radicado
11001032600020220014200
Número interno
68593
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
Actor
CONSORCIO CANALES DE CORDOBA
Demandado
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ, CORPORACIÓN DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE (CVS)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el conocimiento del presente asunto corresponde a esta Corporación

Lo que dijo la Sala

Le asiste competencia a esta Subsección para conocer del recurso extraordinario de anulación conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 que dispone: “Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”. En este caso, como la parte convocada es el municipio de Cereté, el conocimiento del presente asunto corresponde a esta Corporación, concretamente a esta Sección, conforme a la naturaleza de dicha entidad.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública, como un municipio. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 asigna esa competencia a la Sección Tercera cuando la parte convocada es una entidad pública. Segunda, el municipio es una entidad pública, y por ello el conocimiento del asunto corresponde a esta Corporación. Tercera, el documento precisa que no toda irregularidad del proceso arbitral es causal de anulación, y que la causal sexta exige haber alegado la falta de competencia del tribunal ante el propio tribunal de arbitramento, según el inciso final del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. En consecuencia, la Subsección asumió el conocimiento del recurso y resolvió la anulación en lo pertinente. El documento no indica si reitera o cambia precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente la sección tercera del Consejo de Estado para conocer de los recursos extraordinarios de anulación en los que intervenga una entidad pública?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1563 de 2012, art. 46

También resuelve

  • ¿La ley impone al interesado en alegar la causal 6 de anulación haberla hecho valer ante el tribunal de arbitramento?
  • ¿Cualquier irregularidad en el curso del proceso arbitral puede ser considerada como causal de anulación?
  • ¿La existencia de irregularidades en la ejecutoria de la decisión mediante la cual se notificó la fecha de la audiencia de laudo configura causal de anulación?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

ANULA

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Titulación de la relatoría 15.311 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / MUNICIPIO Problema jurídico: ¿Es competente la sección tercera del Consejo de Estado para conocer de los recursos extraordinarios de anulación en los que intervenga una entidad pública? Respuesta al problema jurídico: Si Le asiste competencia a esta Subsección para conocer del recurso extraordinario de anulación conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 que dispone: “Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”. En este caso, como la parte convocada es el municipio de Cereté, el conocimiento del presente asunto corresponde a esta Corporación, concretamente a esta Sección, conforme a la naturaleza de dicha entidad. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 46 RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Problema jurídico: ¿La ley impone al interesado en alegar la causal 6 de anulación haberla hecho valer ante el tribunal de arbitramento? Respuesta al problema jurídico: Si Esta causal está vinculada directamente al carácter transitorio que la Carta Política atribuyó a los eventos en que la administración de justicia puede ser impartida por particulares; de modo que, entre otros, ese factor temporal define el marco restricto de su competencia. Por fuera de éste, quienes fungieron como árbitros carecen de prerrogativas de poder judicial y sus actuaciones, por ende, se reputan inválidas. Y es que la competencia de un tribunal de arbitramento no solo se define en razón de las materias susceptibles de arbitraje –arbitrabilidad objetiva– o de los sujetos que pueden acudir a ella –arbitrabilidad subjetiva–, sino que también, de forma imperativa, es necesario que se ejerza dentro de un eje temporal demarcado, sea el definido por las partes, o a falta de éste, bajo los límites que impone el ordenamiento jurídico; todo ello derivado de la regla de habilitación, para un caso concreto, en la que se sostiene el carácter transitorio de la función de administrar justicia en cabeza de los particulares. (...) la ley impone al interesado en alegar la causal 6 de anulación haberla hecho valer ante el tribunal de arbitramento, tal como lo prescribe el inciso final del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, disposición que fue introducida por el legislador con el fin de que tal reclamo no dependiera del resultado del proceso, sino que su invocación estuviese fundada exclusivamente en razones asociadas a la lealtad procesal. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 PROCESO ARBITRAL / IRREGULARIDAD PROCESAL / ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD Problema jurídico: ¿Cualquier irregularidad en el curso del proceso arbitral puede ser considerada como causal de anulación? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala habrá de precisar que no toda o cualquier irregularidad que pueda acontecer en el curso del proceso arbitral es considerada por la ley como causal de anulación. Esto, en tanto el legislador definió de manera taxativa, una a una, las hipótesis susceptibles de esta sanción contra el laudo, de modo que sólo aquellos eventos enlistados en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 admiten tal consecuencia. Lo anterior, además, va unido al carácter restrictivo de dichas causales, característica que impide realizar interpretaciones, extensiones o analogías para agregar nuevas o variadas circunstancias como eventos susceptibles de sanción anulatoria, aún de cara a evidentes irregularidades procesales. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / IRREGULARIDAD PROCESAL / PROCESO ARBITRAL / AUDIENCIA / CITACIÓN A AUDIENCIA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Problema jurídico: ¿La existencia de irregularidades en la ejecutoria de la decisión mediante la cual se notificó la fecha de la audiencia de laudo configura causal de anulación? Respuesta al problema jurídico: No En el caso concreto, la causal sexta carece de correspondencia con el evento descrito por el recurrente, pues aunque éste quiso evidenciar que los árbitros obviaron la ejecutoria de la citación a la audiencia de laudo dado el escaso tiempo que restaba del proceso, lo cierto es que un evento ex ante, que no tipifica o materializa las hipótesis a las que se contrae la sanción anulatoria, no puede tenerse como un vicio susceptible de afectar la competencia del panel arbitral para administrar justicia; en este sentido, estando a cargo del censor la debida sustentación del recurso extraordinario impetrado, con la “indicación de las causales invocadas” –como lo prescribe el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012– y debiendo acreditar que el yerro aducido está tipificado en una de las causales, no es posible predicar un efecto anulatorio a la circunstancia manifestada por la Convocante, por carecer de entidad frente al evento descrito en la causal aludida. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 40 CONTRATO DE OBRA / CLÁUSULA COMPROMISORIA / PROCESO ARBITRAL / TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL / DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA / ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA SOCIAL Y ECOLÓGICA / COVID 19 / AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PROCESAL OBITER DICTUM Da cuenta el expediente, que en el contrato suscrito por las partes, en lo que atañe a la cláusula compromisoria, se guardó silencio respecto al término en que transcurriría un eventual proceso arbitral; de manera que, de forma supletiva, tal como lo prevé el artículo 10 de la Ley 1563 de 2011, aquel término correspondería, en principio, a seis (6) meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Hay que precisar que dicha audiencia se llevó a cabo en una sola sesión realizada el 2 de julio de 2021, momento en el cual estaba vigente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por causa del coronavirus COVID-19, declarado mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Bajo este marco de excepción fue expedido el Decreto Legislativo 491 de 2020 (...) el artículo 10 del Decreto Legislativo 491 de 2020, estableció que “el término previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 será de ocho (8) meses” (...) las medidas adoptadas en el artículo 10 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, cobijaban los procesos arbitrales que iniciaran en ese momento, así como aquellos que estaban en curso antes de su entrada en vigencia; medidas que se mantuvieron en vigor hasta 30 de junio de 2022, día en que finalizó la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. Conforme a lo anterior, la norma referida es aplicable al presente asunto, pues el proceso arbitral que se examina inició con la convocatoria del Tribunal de Arbitramento el 26 de abril de 2019 y, estando en curso, fue expedido el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Como la primera audiencia de trámite se realizó el 2 de julio de 2021, en el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria, no cabe duda de que el término del proceso arbitral quedó cobijado por la preceptiva atinente a los ocho (8) meses a que se refirió el artículo 10 ya señalado. Se precisa, en orden a realizar el cómputo de los términos del proceso que se analiza, que no se observa en el expediente la presentación de solicitudes de prórroga o suspensiones a dicho término, de modo que éste avanzó sin actuaciones o interrupciones que lo aumentaran, modificaran o suspendieran. FUENTE FORMAL: DECRETO 417 DE 2020, DECRETO LEY 491 DE 2020 - ARTÍCULO 10, LEY 1563 DE 2011 - ARTÍCULO 10 PROCESO ARBITRAL / TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL / LAUDO ARBITRAL / TÉRMINO PARA PROFERIR LAUDO ARBITRAL / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / LECTURA DEL LAUDO / PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA / ACLARACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL / ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Procede la anulación del laudo arbitral por haberse proferido después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala anuncia, desde ahora, que el laudo será anulado por el primero de los eventos aducidos, esto es, por vulneración de la regla que impone a los árbitros proferir y notificar el laudo dentro del término del proceso; de este modo, deviene inconducente abordar el análisis de la segunda hipótesis relacionada con las aclaraciones formuladas frente a aquel, pues el efecto integral que se desprende de la decisión anulatoria del laudo deja vacío de contenido por sustracción de materia, un nuevo pronunciamiento de nulidad respecto del laudo, pues éste ya habría sido objeto de tal sanción. (...) viene bien precisar que, a pesar de la particular oralidad del proceso arbitral, la ley determinó que la decisión contenida en el laudo, a la par que se profiere en audiencia, conserva, a su vez, el carácter formal que le impone constar por escrito –a diferencia de las demás determinaciones a que hay lugar en el arbitraje, que no exigen dicha formalidad, independientemente de que aquellas queden registradas en actas, grabaciones o videograbaciones–. (...) En este contexto, y en perspectiva de garantías fundamentales, si bien la lectura de la parte resolutiva materializa el estadio de proferimiento de la decisión, es necesario precisar que el acto de integración de la voluntad del árbitro frente a las partes, solo se perfecciona con la notificación de la providencia; lo que explica y hace coherente que aun cuando es proferido en audiencia, el laudo deba constar por escrito, de suerte que este requisito cobra sentido y utilidad justamente para que el laudo sea entregado a las partes en dicha audiencia y éstas puedan conocer la integralidad de la decisión, y no solo la fracción que allí es leída. (...) Ocurre que en el sub judice el laudo solo fue entregado a las partes el 4 de marzo de 2022, según fue señalado por el propio secretario del Tribunal quien manifestó expresamente no haber podido remitirlo con anterioridad, por causas que aún dejan motivos de incertidumbre, pero allí se constata que solo en ese momento se estaba haciendo entrega a las partes de la providencia “para su conocimiento” (se resalta); de manera que fue en esta oportunidad, vencido el término del proceso arbitral que, en realidad, las partes pudieron tener acceso a la providencia para conocerla, solo que para ese momento ya no podía completarse el acto de notificación, pues la duración del término del proceso arbitral llegaba hasta el 3 de marzo de 2022, inclusive, de modo que para el 4 de marzo de 2022 ya había expirado dicho término. En esta línea, y más allá de que en el acta de la audiencia de laudo se incorporara el aparte del fallo que expresaba que “las partes quedan notificadas en estrado” (ordinal cuarto), lo cierto es que dicha transcripción, al aludir a un laudo que no fue entregado, tal como se encuentra probado, quedó vacía de contenido; pues la lectura de tal fragmento o su reproducción en el acta sin la entrega real del laudo, no representa, por sí misma, ninguna de las garantías que legal y constitucionalmente deben materializarse en dicha audiencia. Y es que la Sala no puede conformarse con la verificación externa y formal de que en la audiencia de laudo se diera lectura a la parte resolutiva de la decisión, sino que debe constatar, con rigor, si el laudo fue proferido y notificado dentro del término del proceso; para lo cual resulta fundamental insistir en que lo notificado debía ser el laudo y no la parte resolutiva de aquél o el acta, pues ésta última solo obra como registro de lo ocurrido en la diligencia. Si no bastara lo dicho, se advierte que este caso ni siquiera está en controversia que el laudo hubiese sido entregado por medios electrónicos el 4 de marzo de 2022; por manera que no es difícil concluir que en tal momento ya había expirado el término del proceso arbitral sin haberse notificado el laudo –garantía que solo se completa con la entrega material de la providencia, en este caso, con su remisión a través de los respectivos correos electrónicos–; circunstancia que viene a ser suficiente para constatar la configuración del vicio de extemporaneidad de que trata la casual sexta de anulación pues, bajo el régimen arbitral “[d]entro del término de duración del proceso, deberá roferirse y notificarse, incluso, la providencia que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o adición” (se resalta) (art. 10 de la Ley 1563 de 2012). 68. Este escenario impone la anulación del laudo y a la vez, permite a la Sala recabar que la realización de la audiencia de laudo, donde se hace lectura de la parte resolutiva de la decisión y se concreta el acto de notificación, debe leerse en clave de las garantías fundamentales al debido proceso y no de las meras formas (art. 228 de la CP). Por ello, la entrega del laudo a las partes se constituye en una condición sin la cual no es posible admitir la realización de un acto de notificación. Admitir lisa y llanamente lo contrario, es decir, entender proferido y notificado el laudo a partir de la sola lectura de un fragmento de la decisión –ignorando que el mismo secretario expresó no haberlo podido entregar a las partes– sería tanto como aceptar la validez y eficacia de una providencia que no fue entregada o puesta a disposición de las partes, o que permanece oculta a los sujetos procesales. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228 ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL / EFECTOS DE LA ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL OBITER DICTUM Conforme al artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, “cuando se anule el laudo por las causales 3 a 7, el interesado podrá convocar un tribunal arbitral, en el que conservarán validez las pruebas debidamente practicadas, y en lo posible las actuaciones que no hubieren resultado afectadas por la anulación”. Igualmente, como en este caso se declarará la anulación del laudo con sustento en la causal sexta, se ordenará la pérdida y reembolso de los honorarios pagados a los árbitros y al secretario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del precitado estatuto arbitral. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 48 ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas cuando prospera el recurso de anulación de laudo arbitral? Respuesta al problema jurídico: No Por cuanto prospera el recurso de anulación formulado por el consorcio Canales de Córdoba no hay lugar a la condena en costas, conforme al artículo 43 de la Ley 1563 de 2012. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202200142001100103