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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: los instrumentos expedidos por el Fondo de Adaptación no tienen la connotación de actos administrativos

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Fecha
2025-12-03
Radicado
08001233300020190080101
Número interno
73187
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN AIDCON Ltda.
Demandado
FONDO DE ADAPTACION

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: los instrumentos expedidos por el Fondo de Adaptación no tienen la connotación de actos administrativos

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

La Sala advierte que el negocio jurídico en cuestión, celebrado para la vigilancia de las obras que recayeron sobre la infraestructura afectada por el fenómeno de La Niña ocurrido entre 2010 y 2011, estuvo gobernado por el derecho privado. Por ende, los instrumentos expedidos por la contratante en ese marco no tienen la connotación de actos administrativos, incluidos los proferidos en los procedimientos sancionatorios que promueve la entidad contratante, como las resoluciones n° 303 y 344 de 2019, por medio de las cuales el Fondo declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones de la interventoría, por la no realización de batimetrías de seguimiento y control en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016; y febrero y marzo de 2017.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede cuestionar en sede judicial las resoluciones emitidas por el Fondo de Adaptación que declaran el incumplimiento parcial del contrato, dado que estos instrumentos no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado, por lo que cualquier controversia debe fundamentarse en el marco obligacional del acuerdo de voluntades celebrado y no en la inexistencia de un acto administrativo. La Sala confirma que las renuncias expresas a las reclamaciones económicas dentro de un contrato estatal, acordadas por las partes, son vinculantes y obligatorias, en virtud de los principios de buena fe y rectitud contractual, y que la demandante no cumplió con justificar adecuadamente por qué las resoluciones en cuestión violan el marco legal del contrato, lo que implica que los reclamos del contratista son improcedentes. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la obligatoriedad de las renuncias expresas en contratos estatales y establece que la ausencia de fundamentos específicos en la demanda impide al juez pronunciarse sobre la legalidad de los actos contractuales en cuestión.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Los instrumentos expedidos por el Fondo de Adaptación no tienen la connotación de actos administrativos, dado que el contrato se rige por el derecho privado?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿El tribunal se equivocó al afirmar que las renuncias económicas estipuladas en las actas de suspensión del contrato debatido impedían al contratista reclamar el pago de perjuicios asociados al…
  • ¿El juzgador de primera instancia desacertó al no pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones n° 303 y 334 de 2019, afirmando que la demandante no esgrimió cargos en su contra?
  • ¿La corporación judicial de primer grado transgredió el principio de imparcialidad al abstenerse de acceder a la pretensión de liquidación en el sub lite…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Suspensión del contrato Régimen del contrato: ¿Ley 80 o derecho privado? Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 11.504 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ACTO CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Los instrumentos expedidos por el Fondo de Adaptación no tienen la connotación de actos administrativos, dado que el contrato se rige por el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala advierte que el negocio jurídico en cuestión, celebrado para la vigilancia de las obras que recayeron sobre la infraestructura afectada por el fenómeno de La Niña ocurrido entre 2010 y 2011, estuvo gobernado por el derecho privado. Por ende, los instrumentos expedidos por la contratante en ese marco no tienen la connotación de actos administrativos, incluidos los proferidos en los procedimientos sancionatorios que promueve la entidad contratante, como las resoluciones n° 303 y 344 de 2019, por medio de las cuales el Fondo declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones de la interventoría, por la no realización de “batimetrías de seguimiento y control en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016; y febrero y marzo de 2017. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿El tribunal se equivocó al afirmar que las renuncias económicas estipuladas en las actas de suspensión del contrato debatido impedían al contratista reclamar el pago de perjuicios asociados al incumplimiento o desequilibrio? Respuesta al problema jurídico: No [L]a jurisprudencia de la Sección Tercera ha sostenido, de manera pacífica, que las renuncias expresas -cuando son en concreto- a las reclamaciones elevadas en el marco de un contrato estatal, por las extensiones del plazo y la afectación económica que ello pudiera desencadenar, constituyen manifestaciones de la autonomía de la voluntad y, por tal virtud, resultan vinculantes y obligatorias. Esa premisa, que se afinca en los principios de la buena fe y rectitud contractual, encuentra su fundamento en el artículo 15 del Código Civil. (...) De las circunstancias anotadas emana la fuerza vinculante de la renuncia expresa a las reclamaciones o reconocimientos pecuniarios derivados de la extensión del plazo, en las que se traslada al particular la carga de asumir las consecuencias económicas que eventualmente se habrían de presentar durante ese período. (...) a la luz de los lineamientos normativos y la regla jurisprudencial explicada previamente, la Sala concluye que AIDCON aceptó, de forma expresa, que las suspensiones al plazo de ejecución, acordadas con su contraparte, no causarían derecho a reconocimiento económico alguno. Adicionalmente, el contratista no cuestionó en su demanda la validez de tales estipulaciones, ni invocó que la suscripción de los dispositivos contractuales a los que atribuyó el incumplimiento o el desequilibrio hubiera estado mediada por vicios del consentimiento que erosionaran su legalidad y pusieran en tela de juicio el carácter vinculante y obligatorio de lo que allí se consignó. Así, considerando que los efectos de ese acuerdo se proyectan tanto al escenario de desequilibrio como al de incumplimiento, los reclamos que al efecto formuló la demandante, insistidos en el primer cargo de la alzada, resultan improcedentes, pues el tribunal acertó al concluir su improcedencia, lo que permite dar respuesta negativa al primer problema jurídico propuesto. NOTA DE RELATORÍA: Referente a las renuncias expresas a las reclamaciones dentro de un contrato estatal, consultar sentencia de 29 de octubre de 2012, Exp. 21429, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E) y sentencia de 23 de septiembre de 2022, Exp. 68443, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE NULIDAD / ACTO CONTRACTUAL / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ Problema jurídico: ¿El juzgador de primera instancia desacertó al no pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones n° 303 y 334 de 2019, afirmando que la demandante no esgrimió cargos en su contra? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, la acción contencioso-administrativa con pretensiones relacionadas con las controversias contractuales puede ejercitarse, también, para pedir “que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales”. Debido a esa naturaleza y de lo dispuesto en el artículo 137 ibidem, la anulación procederá cuando tales instrumentos infrinjan las normas en que debían fundarse, sean expedidos con falta de competencia, de forma irregular, mediante falsa motivación o desviación de poder, y cuando desconozcan el derecho de audiencia y defensa. No obstante, como quedó establecido previamente, las resoluciones 303 y 344 de 2019, por medio de las cuales el Fondo declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones de la interventoría, no revisten la naturaleza de actos administrativos, de manera que su cuestionamiento en sede judicial exige al demandante justificar en qué medida tales instrumentos quebrantan el marco obligacional del acuerdo de voluntades celebrado -y, por vía de ello, el ordenamiento que lo regula-, verbigracia, constituyendo un incumplimiento al débito negocial o haciendo excesivamente onerosa su ejecución. Ahora, en los términos del artículo 162-4 de la Ley 1437 de 2011, toda demanda que se promueva en esta jurisdicción debe contener “los fundamentos de derecho de las pretensiones”. En ese contexto, se aprecia que AIDCON, de un lado, pretendió que se declarara la “nulidad” de las resoluciones de incumplimiento, como si de actos administrativos se tratase; y, del otro, no efectuó cuestionamiento alguno al contenido de dichos actos jurídicos, no expresó los motivos por los cuales solicita su “invalidación”, ni indicó qué disposiciones -legales o convencionales- fueron desconocidas y por qué lo fueron; esa misma omisión se observa en el resto de los apartados de la demanda. Adicionalmente, en el cuerpo del recurso, el extremo apelante también afirmó que “en el escrito de contestación a las excepciones propuestas por el Fondo de Adaptación, las cuales tienen fecha de 30 de abril de 2021 se manifestó en su acápite segundo, que las resoluciones 0344 y 0303 de 2019 padecen de falsa motivación por lo siguiente”. Al respecto, conforme las disposiciones traídas a colación en precedencia, era en el escrito inicial y no en el traslado de las excepciones formuladas por la demandada, que debían señalarse y sustentarse, con toda claridad, los cargos que soportaban la pretensión anulatoria de los instrumentos bajo estudio. En el sub lite, el deber procesal que le asistía al extremo censor no fue atendido, lo que derrota el tercer cargo de la apelación y conduce a concluir que el problema jurídico que le corresponde debe ser respondido negativamente, pues el a quo acertó al abstenerse de juzgar los actos sancionatorios demandados - aun cuando las razones empleadas para el efecto se soportaran en su concepción de que las resoluciones en comento comportaban actos administrativos-. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162 NUMERAL 4 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La corporación judicial de primer grado transgredió el principio de imparcialidad al abstenerse de acceder a la pretensión de liquidación en el sub lite, contrario a lo decidido en el proceso judicial radicado bajo el número 08001233300020200061900, promovido por el Fondo contra AIDCON para obtener la liquidación del mismo contrato que aquí se discute? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala da respuesta negativa el cuarto problema jurídico propuesto al inicio de estas consideraciones, puesto que no están dadas las condiciones para concluir que la otra causa judicial -o lo decidido en ella incide en el sub examine; que, en razón de ello, el tribunal debiera decidir de forma diferente la pretensión de liquidación del contrato; ni que el hecho de que la misma Sala hubiese conocido de uno y otro proceso lesione el principio de imparcialidad. En esa medida, el último punto de la alzada resulta -igualmente impróspero. (...) No están dados los presupuestos para concluir que el proceso 08001233300020200061900 -o lo decidido en él- incide en el sub examine, que el tribunal debiera decidir de forma diferente la pretensión de liquidación del contrato o que el hecho de que la misma Sala hubiese conocido de uno y otro proceso lesione el principio de imparcialidad. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante porque el recurso de apelación que interpuso, fue resuelto desfavorablemente? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA , y según lo establecido en el artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen . Así, la Subsección condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, pues, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales 3 y 8 del CGP, los argumentos de la alzada resultaron imprósperos. Las costas de segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen, según lo previsto en el artículo 366 del CGP. Respecto de las agencias en derecho, en la medida que la parte demandada ejerció su defensa a través de la designación de apoderada judicial, que debió vigilar el proceso en sede de apelación, y quien allegó pronunciamiento frente a la alzada, se considera que dicha situación es suficiente para entenderlas causadas. Así, por ese concepto, en los términos del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, se fijará la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta sentencia en favor del Fondo Adaptación. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201900801011100103