Titulación de la relatoría 16.986 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIOS DE PRUEBA / REQUISITOS DE LA PRUEBA / TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA / OPORTUNIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE PRUEBA / OPORTUNIDAD PARA EL APORTE DE LA PRUEBA / TÉRMINO PARA SOLICITAR PRUEBAS / TÉRMINO PARA APORTAR PRUEBA / PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE IGUALDAD / DERECHO A LA IGUALDAD / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE LA PRUEBA / PRINCIPIOS DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Para que un medio de convicción sea la base de una decisión judicial, debe ser objeto de contradicción por la parte contra quien se aduce, en igualdad de condiciones, de ahí que se imponga la necesidad de que las pruebas sean allegadas por las partes en los precisos términos y oportunidades definidos por la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
"Todo convencimiento al que llegue el juez debe construirse necesariamente a partir de la prueba judicial que se edifica a través de los medios de convicción autorizados por la ley y que se allegan para comunicar, dar noticia de un hecho o una condición fáctica justificante del derecho que se reclama, o de la excepción que se antepone. En consecuencia, para que un medio de convicción sea la base de una decisión judicial, debe haber sido objeto de contradicción de la parte contra quien se aduce en igualdad de condiciones, de ahí que los principios de contradicción, igualdad y oportunidad probatoria, impongan la necesidad de que las pruebas sean allegadas por las partes en los precisos términos y oportunidades definidos por la ley. (...) El régimen probatorio de los procesos que se surten en esta jurisdicción se encuentra contenido en el artículo 212 del CPACA, conforme al cual, para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deben solicitarse, practicarse e incorporarse en primera instancia (...). Si bien el artículo 218 del CGP contempla la posibilidad de que al dictarse sentencia se tenga en cuenta “cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio”, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, ello no libera al interesado y potencial beneficiado de la carga de su acreditación a partir de las oportunidades anteriormente descritas. (...) La preclusividad de estos términos son la base de la seguridad jurídica que debe regir los procesos judiciales, e impone a las partes plantear y exhibir de manera clara y dentro de las oportunidades dispuestas por la ley los medios de convencimiento que se aducen, de modo que los sujetos procesales no sean sorprendidos con documentos, dictámenes, informes, etc., ni mucho menos con argumentos o excepciones nuevas o extemporáneas que no hayan sido sometidos a contradicción previa y en legal forma (...)."
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la preclusividad de las oportunidades para aportar o solicitar pruebas, consultar providencias de 16 de julio de dos 2024, Exp. 70967, C.P. María Adriana Marín; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 4 de abril de 2017, Exp. 2017-00264; y de 26 de octubre de 2020, Exp. 2020-02565, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Montalvo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 212, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 218, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / MEDIOS DE PRUEBA / OPORTUNIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / OMISIÓN DE LA PRUEBA / OMISIÓN DE APORTAR LA PRUEBA / OPORTUNIDAD PARA EL APORTE DE LA PRUEBA / OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD DE PRUEBA / PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Debe otorgársele valor probatorio a los documentos invocados en el recurso de apelación presentado por el Municipio para probar su cumplimiento del convenio interadministrativo, por lo que, resulta válido afirmar que fueron indebidamente desconocidos o valorados por el tribunal de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
"En este caso, la realidad probatoria da cuenta de que el Municipio no contestó la demanda, no presentó demanda de reconvención y, como consecuencia de ello, no aportó algún medio de convicción ni solicitó su recaudo o práctica. Durante la primera instancia guardó silencio durante el término de traslado de la demanda y sólo intervino formulando sus descargos de defensa en la oportunidad para alegar de conclusión, momento en el que aportó los documentos en los que funda el recurso de apelación, esto es, cuando la oportunidad legal para ello ya había precluido. Además, en el transcurso de la segunda instancia y en el término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación, el Municipio tampoco solicitó decretar como prueba esas piezas documentales. (...) Lo anterior muestra que: (i) los documentos en los que la parte demandada funda sus reproches de indebida y falta de valoración probatoria, en ningún momento ingresaron al acervo probatorio que se construyó en función de los medios aportados oportunamente por las restantes partes de la controversia, esto es, el Ministerio y la Aseguradora; y (ii) el auto de cierre y archivo de proceso de declaratoria de incumplimiento del 12 de julio de 2019 expedido por el Ministerio, el dictamen de inspección y verificación de cumplimiento de RETIE 57424 del 30 de noviembre de 2018 (...), y el acta de reunión e informe de visita suscrita el 16 de julio de 2019 entre los representantes del Ministerio y del Municipio no fueron valorados por el Tribunal porque no hacían parte del acervo probatorio, como tampoco resulta procedente su valoración como sustento del reproche del Municipio en esta instancia. Además, en el expediente obran suficientes elementos de prueba para tener por demostrado el incumplimiento del Municipio frente a sus obligaciones de entregar el CIC en funcionamiento (...). Adicionalmente, en el acápite relativo a la “SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN”, el Municipio se limitó a manifestar su inconformidad con la decisión recurrida por ser contraria a sus intereses, (...) no indicó el sustento de esa afirmación, ni presentó algún reproche o argumento frente a los elementos que llevaron a tener por acreditado que la obra no fue ejecutada en tiempo, y que lo construido presentaba deterioros, no cumplía las especificaciones técnicas, carecía de una calidad mínima y que algunos ítems no contaban con las certificaciones correspondientes (...). La entidad territorial tan sólo alega un presunto juicio de afectación de sus finanzas, ignorando su propia conducta y que en esta instancia judicial se trata de definir un conflicto a la luz de los principios, instituciones y normativas propias de un debate judicial, para reemplazarlo por un criterio de equidad o de conciencia, que aun aplicándolo a la solución del conflicto no permitiría considerar que para el momento en que se debió ejecutar el convenio y se presentó la demanda, la entidad territorial era contrayente cumplido. Si los contratantes decidieron avanzar en acuerdos posteriores al proceso con miras a solucionar su conflicto, así debieron llevarlo a cabo y presentarlo de manera conjunta al juez para que, con el alcance y bajo las condiciones por ellos convenidas, se adoptara la determinación correspondiente."
CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / ACTIVIDAD ASEGURADORA
Problema jurídico:
¿Las pólizas o contratos de seguros de cumplimiento a favor de entidades públicas son negocios jurídicos bilaterales, onerosos, aleatorios y accesorios, por medio de los cuales los riesgos a los que se exponen los intereses del Estado son trasladados a un tercero que se obliga incondicionalmente a cubrir su pago a cambio de una prima o precio?
Respuesta al problema jurídico: Si
"Las pólizas o contratos de seguros de cumplimiento a favor de entidades públicas son negocios jurídicos bilaterales, onerosos, aleatorios y accesorios, por medio de los cuales los riesgos a los que se exponen los intereses del Estado son trasladados a un tercero que se obliga incondicionalmente a cubrir su pago a cambio de una prima o precio. Si bien el riesgo amparado en esta especial categoría de contrato de seguros refiere a las obligaciones del contrato estatal, por lo que entre esta media una conexión, ello no supone una suerte de composición o conjunción, ya que siguen siendo relaciones jurídicas contractuales autónomas y sustancialmente diferentes que se distinguen tanto en sus partes, como en sus obligaciones, causas y finalidades."
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS / RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR / RESPONSABILIDAD EN EL CONTRATO DE SEGURO / ACTIVIDAD ASEGURADORA / ASEGURADOR / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / COBRO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / LITISCONSORCIO CUASINECESARIO / LITISCONSORCIO NECESARIO / CONCEPTO DE LITISCONSORCIO CUASINECESARIO / CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / VINCULACIÓN DEL LITISCONSORCIO / LITISCONSORCIO NECESARIO PASIVO / INEXISTENCIA DE LITISCONSORCIO NECESARIO / INDEBIDA INTEGRACIÓN DE LITISCONSORCIO / INDEBIDA CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / IMPROCEDENCIA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO / IMPROCEDENCIA DE INTEGRACIÓN DE LITISCONSORCIO / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A LA ASEGURADORA / NEGACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / SUJETOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / NORMATIVA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / CONCEPTO DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿La compañía aseguradora tiene condición de litisconsorte cuasinecesario en razón al contrato de seguro de cumplimiento suscrito con el municipio demandado, por lo que, había lugar a imponer una condena en su contra?
Respuesta al problema jurídico: No
"En el caso de análisis y como se indicó, el litigio surgido como consecuencia de la reclamación judicial del Ministerio gravita exclusivamente en torno al incumplimiento del municipio de Pedraza frente a las obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo 172 de 2015. Este negocio jurídico sólo tuvo como parte a los citados entes públicos, por manera que la Aseguradora, con quien la entidad mantenía la relación de beneficiaria de la póliza de seguros 11GU035049, es un tercero ajeno a tal pretensión, no es titular de los derechos y obligaciones pactados en el convenio interadministrativo y tampoco es una persona frente a la cual se predique una “unidad inescindible de la relación de derecho sustancial en debate”. Por ende, no es un sujeto frente al que tenga que decidirse de manera uniforme y sin el cual no sea posible resolver de mérito lo pretendido en el caso concreto, en tanto ninguna de las pretensiones tuvo por objeto el contrato de seguro ni refirió a la responsabilidad de la Aseguradora, luego su vinculación oficiosa al proceso no era procedente, menos aún bajo la figura litisconsorcial en los términos de los artículos 61 y 62 del CGP, la cual se halla reservada para quienes son parte, esto es, titulares del interés jurídico debatido y exigible en el proceso. (...) Distinta es la relación de garantía que mantiene la Aseguradora respecto al Ministerio con base en la póliza 11GU035049, que previa verificación de los supuestos que exige la ley, permitía su vinculación al proceso, pero no de oficio, sino a petición del municipio demandado bajo el llamamiento en garantía previsto en el artículo 64 del CGP, por cuanto podría tener el derecho contractual a exigir la indemnización de los perjuicios ocasionados -o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer- como resultado de la sentencia que se dictara en su contra. En tal caso, era posible que la decisión judicial se ocupara de decidir sobre esa relación jurídico sustancial y “acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía”, pero esto tampoco aconteció en el caso concreto, pues el Ministerio en ningún momento hizo uso de esta prerrogativa procesal de orden facultativo para citarla en esa calidad, por lo que erró el Tribunal al decidir sobre esa relación contractual que no fue traída a juicio, sin que estuviera facultado para hacerlo de manera oficiosa. (...) De acuerdo con lo anterior, son de recibo los llamados que hace la Aseguradora para que se revoque la declaración y condena que se impuso en su contra, en un proceso judicial que no comprendió el debate sobre la efectividad del contrato de seguro. Siendo así, la Sala se abstiene de entrar a estudiar los demás cargos del recurso de apelación propuestos por la compañía de seguros. (...) En consecuencia, la Sala revocará el ordinal segundo de la sentencia que impuso una condena de pago por cobertura a cargo de la Aseguradora por valor $72’000.000, pues tal determinación vulnera la congruencia del fallo al estar soportada en una calidad que la Aseguradora no posee en el proceso conforme al ordenamiento jurídico, así como en una causa no invocada por el Ministerio demandante, menos aún, propuesta por el Municipio demandado y, por ende, ajena al objeto del proceso."
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 61, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 62, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 64
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿La condena en costas en el recurso de apelación se determina en el régimen actual con fundamento en un criterio netamente objetivo, que no requiere la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen, por lo que, resulta procedente en contra de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso?
Respuesta al problema jurídico: Si
"Como en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas en el recurso de apelación no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso, frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. (...) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, éstas se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, el cual dispone que, en las sentencias dictadas en procesos declarativos en segunda instancia, como sucede en el caso concreto, se fijarán entre 1 a 5 SMLMV. (...) En este caso concreto, la Sala acogió los planteamientos de la Aseguradora, resultando próspero su recurso de apelación, por manera que no hay lugar a imponer condena en costas en su contra. En relación con el Municipio, como sus argumentos de alzada fracasaron resultando vencido, será condenado al pago de agencias en derecho en atención a las reglas vigentes en la materia, por lo que en los términos del artículo 2 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 se fijan como agencias en derecho a su cargo la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor del Ministerio demandante, quien designó apoderado en esta instancia para defender sus intereses."
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366