Titulación de la relatoría 8.635 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NULIDAD PROCESAL / CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL / NORMATIVA DE LA NULIDAD PROCESAL / TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL / PRINCIPIOS DE LA NULIDAD PROCESAL / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD PROCESAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD PROCESAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL / NULIDAD PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / TRÁNSITO LEGISLATIVO / TRÁMITE DEL PROCESO DIFERENTE AL QUE CORRESPONDE / CONTROL DE LEGALIDAD / CONTROL DE LEGALIDAD DE SANEAMIENTO DE VICIOS PROCESALES / PROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD / SANEAMIENTO DEL PROCESO / PODER DE SANEAMIENTO DEL PROCESO / FACULTAD DE SANEAMIENTO DEL PROCESO / FACULTADES DEL JUEZ / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / PREVALENCIA DE LA NORMA SUSTANCIAL / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO EJECUTIVO / PROCEDENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO / AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO / AUTO QUE DECRETA LA NULIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿Resulta procedente declarar la nulidad del proceso por la inobservancia de la plenitud de las formas del juicio, dada la sustitución íntegra del procedimiento ejecutivo, conforme a las pretensiones de la demanda, cuando se observa que la causal de nulidad alegada no encuadra en las causales taxativas previstas en el artículo 133 CGP, normativa procesal aplicable en razón al tránsito legislativo del caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo relatado por el ente accionante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá que declaró configurada la cosa juzgada, la responsabilidad del médico (....) fue analizada y decidida en el proceso de reparación directa en el que fue declarado patrimonialmente responsable “por el hecho dañoso”, a título de culpa grave. En este contexto, la pretensión formulada consistió en “librar mandamiento de pago” por la suma de dinero pagada en cumplimiento de la sentencia condenatoria. Sin embargo, la demanda se ha tramitado como un proceso de repetición, circunstancia que, a juicio del apelante, genera la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio. (...) El citado reproche remite a las causales de nulidad procesal previstas en el estatuto general aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, normativa que rigió el procedimiento aplicado al presente medio de control. En punto al estatuto procesal aplicable en este caso, la jurisprudencia unificada de la Corporación establece que, “a partir del 1 de enero de 2014, en los eventos de remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que las normas aplicables serán las dispuestas en la nueva legislación procesal” para los recursos interpuestos, la práctica de pruebas, audiencias, diligencias, entre otras actuaciones procesales, que hubieran iniciado a partir de esa fecha. El tránsito legislativo referido tiene relevancia para la decisión de este caso, porque si bien la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue presentada el 13 de abril de 2011, esto es, en vigencia del CPC, el estatuto procesal que rige el recurso de apelación interpuesto por el ente accionante contra la sentencia que declaró la cosa juzgada es el CGP, según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, ya que tal era el régimen vigente al momento de la interposición del recurso (19 de febrero de 2018). (...) Así, el nuevo régimen procesal general suprimió la causal de nulidad generada “cuando la demanda se tramita por proceso diferente al que corresponde”, prevista en el régimen procesal anterior (art. 140 del CPC), precisamente por la implementación del control de legalidad que habilitan al juez para sanear el proceso al culminar cada una de las etapas que lo integran, y de los herramientas procesales que permiten a las partes alegar las irregularidades procesales, mecanismos que sustentaron la restricción del sistema de nulidades para mantener este supuesto, únicamente, como un evento de excepción previa. (…) El control de legalidad del proceso en el procedimiento contencioso administrativo actual (CPACA), que no se aplica a este proceso porque la demanda fue presentada antes de su entrada en vigencia, también se surte en la audiencia inicial; diligencia en la que el funcionario judicial tiene la facultad de “saneamiento” del procedimiento sobre los vicios observados de oficio o a petición de parte “para evitar sentencias inhibitorias” y, además, decide las excepciones previas pendientes de resolver, entre las que se encuentra, por ejemplo, “habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde” prevista en el artículo 100 del CGP, aplicable a los procesos iniciados en vigencia del CPACA por remisión del artículo 306 de esta codificación. Así mismo, el control de legalidad referido está previsto en el artículo 207 del CPACA, como un mecanismo que ejerce el juez después de agotada cada etapa del procedimiento para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales no podrán ser “alegados en etapas siguientes”, salvo que se trate de “hechos nuevos”. (…) El trámite procesal (…) [en el caso sub lite], que se surtió conforme al CCA, lleva a considerar que el sistema restringido de nulidades previsto en el CGP, aplicable en este caso por ser el régimen vigente al momento de la interposición del recurso de apelación, se debe armonizar con la interpretación de las normas procesales en el entendido de que “el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”. Por consiguiente, las dudas que surjan al interpretarlas deben “aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales”. (…) Conforme al derrotero jurisprudencial referido, es válido afirmar en este caso que, aun cuando la causal de nulidad alegada no encuadra en las causales taxativas previstas en el artículo 133 CGP, la irregularidad procesal que ha denotado el ente apelante constituye un desconocimiento de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, por inobservar las formas propias del juicio con consecuencias determinantes en la decisión final, porque la declaración de cosa juzgada dispuesta en la sentencia recurrida, en el entendido de que el medio de control ejercido fue el de repetición, impide al juez de instancia el análisis de la pretensión encaminada a “librar mandamiento de pago a favor de la ESE […], por la suma principal de cuatrocientos millones ($400.000.000) de pesos”, por causa de la sustitución íntegra del procedimiento ejecutivo que se “ciñ[ó] a un trámite completamente ajeno al pertinente”.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la aplicación de las normas procesales en el tiempo, consultar providencia de 25 de junio de 2014, Exp. 25000-23-36-000-2012-00395-0(49299), C.P. Enrique Gil Botero. Sobre los mecanismos de saneamiento en precedencia en asuntos en los que se haya surtido un proceso diferente al que corresponde, consultar providencias de 13 de febrero de 2020, Exp. 2019-00429-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 50573-31-89-001-2008-00037-01. En relación con los defectos procedimentales generadores de nulidad procesal, de la Corte Constitucional, T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-104 de 2014, T-330 de 2018. Acerca de la primacía del derecho sustancial sobre las formas, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 24 de mayo de 2021, Exp. 2019-00975-00.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 143, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 144, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 140, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 180, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 207, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 100, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 11, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624