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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe aplicarse el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuando la demanda

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Fecha
2022-06-15
Radicado
05001233300020130029501
Número interno
52804
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MUNICIPIO DE OLAYA
Demandado
PROMOTORA OLAYA S.A.S.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe aplicarse el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuando la demanda

Lo que dijo la Sala

El Despacho aplicará las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dado que la demanda que dio origen al proceso fue presentada el 19 de diciembre de 2013, esto es, después del 2 de julio de 2012, fecha en la que dicho estatuto empezó a regir de conformidad con lo establecido en su artículo 308. De igual forma, dado que la solicitud de medida cautelares fue presentada el 15 de octubre de 2014, se le aplican las disposiciones del Código General del Proceso, en aquellas materias que no estén reguladas expresamente en el CPACA en virtud de lo establecido en el artículo 306.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) cuando la demanda que origina el proceso se presenta después de la entrada en vigor del estatuto, es decir, después del 2 de julio de 2012, conforme a su artículo 308. Además, el Código General del Proceso se aplica para decidir sobre las medidas cautelares cuando estas no están reguladas expresamente en el CPACA, según lo dispuesto en su artículo 306. La Sala establece que la medida cautelar de inscripción de la demanda respecto a bienes sujetos a registro es improcedente si el bien ya no pertenece al demandado, ya que el registrador se abstendrá de realizar la inscripción si el bien no está en cabeza del demandado, conforme al artículo 591 del Código General del Proceso. Esto implica que la medida cautelar no puede ser decretada si no es realizable, lo que la hace ineficaz y potencialmente lesiva para los derechos de terceros no vinculados al proceso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe aplicarse el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) cuando la demanda que da origen al proceso se presenta después de la fecha en que dicho estatuto empezó a regir, así como el Código General del Proceso se debe aplicar para decidir de las medidas cautelares por remisión del CPACA y la vigencia de dicho código?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 306 y 308

También resuelve

  • ¿Resulta improcedente la medida cautelar de inscripción de la demanda respecto de bienes sujetos a registro cuando el bien ya no pertenece al demandado?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

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Titulación de la relatoría 6.364 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY PROCESAL / MEDIDA CAUTELAR / NORMATIVIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: ¿Debe aplicarse el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) cuando la demanda que da origen al proceso se presenta después de la fecha en que dicho estatuto empezó a regir, así como el Código General del Proceso se debe aplicar para decidir de las medidas cautelares por remisión del CPACA y la vigencia de dicho código? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l Despacho aplicará las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dado que la demanda que dio origen al proceso fue presentada el 19 de diciembre de 2013, esto es, después del 2 de julio de 2012, fecha en la que dicho estatuto empezó a regir de conformidad con lo establecido en su artículo 308. De igual forma, dado que la solicitud de medida cautelares fue presentada el 15 de octubre de 2014, se le aplican las disposiciones del Código General del Proceso, en aquellas materias que no estén reguladas expresamente en el CPACA en virtud de lo establecido en el artículo 306. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tránsito de legislación procesal, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Exp. 49.299. C.P: Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308 MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR / FALTA DE REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR / INSCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MODALIDADES DE LA MEDIDA CAUTELAR / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS / INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA / BIEN SUJETO A REGISTRO Problema jurídico: ¿Resulta improcedente la medida cautelar de inscripción de la demanda respecto de bienes sujetos a registro cuando el bien ya no pertenece al demandado? Respuesta al problema jurídico: Si El decreto de medidas cautelares en el CPACA – La inscripción de la demanda respecto de bienes sujetos a registro (...) Cabe señalar que, si bien la inscripción de la demanda no se encuentra enlistada en el artículo 230 del CPACA, ello no impide que pueda ser decretada como parte de las medidas cautelares dentro del procedimiento contencioso administrativo —siempre que cumplan con los requisitos para ello— pues este artículo no establece un listado cerrado o taxativo, aserto que se refrenda a partir de lo establecido en el artículo 229 ibidem (...) La inscripción de la demanda —medida cautelar que se encuentre expresamente consagrada en los artículos 590 y 591 del CGP— recae únicamente sobre bienes que están sujetos a registro y tiene por objeto dar publicidad a terceros sobre la existencia del proceso de modo que todos los actos jurídicos que se celebren con posterioridad a dicha inscripción puedan verse comprometidos por lo resuelto en la sentencia que ponga fin al proceso. Se trata de una medida que, aunque no sustrae del comercio los bienes sobre los que recae —como sí ocurre con el embargo—, está encaminada a garantizar la efectividad de lo resuelto en la sentencia porque todo acto que se celebre con posterioridad a la inscripción se presume conocido por los terceros, lo que habilita que produzca efectos respecto de ellos. (...). En consecuencia, es claro que los efectos de esa medida cautelar se predican de aquellas situaciones jurídicas que se presenten con posterioridad al decreto de dicha medida cautelar, pues, de lo contrario, no resultan oponibles a terceros dado que no es posible afirmar su conocimiento sobre el proceso. De hecho, el artículo 47 de la Ley 1579 de 2012 —por medio de la cual se expidió el estatuto de registro de instrumentos públicos— establece perentoriamente que “[p]or regla general, ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de su inscripción o registro”. (...) Ahora bien, en el caso de la inscripción de la demanda, además de los requisitos de procedencia previstos en el artículo 231 del CPACA y de los contemplados en el artículo 590 del CGP, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 591 del CGP —que señala el trámite de la inscripción de la demanda—, el registrador no puede, por imperativo legal, hacer tal registro si el bien no pertenece al demandado (...) Caso concreto (...) se evidencia que el derecho de dominio que estaba en cabeza de la demandada se transmitió a la sociedad (...). Por ende, a partir de la inscripción de la referida escritura pública en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sopetrán, departamento de Antioquia, el demandado dejó de ser propietario del inmueble. (...) En ese contexto, la Sala concluye que en este caso no resulta procedente decretar la medida cautelar de inscripción de la demanda, en tanto el derecho de dominio sobre la finca (...) ya no está en cabeza de la demandada; por tanto por imperativo legal, ese acto ya no es realizable en la medida en que, tal y como lo establece el artículo 591 del CGP “[…] El registrador se abstendrá de inscribir la demanda si el bien no pertenece al demandado”. Por ende, aun si se admitiera que la medida fuera necesaria y eficaz para proteger el derecho materia de controversia — que versa sobre la legalidad el negocio jurídico por medio del cual el Municipio enajenó ese bien a (...) —, esta no sería realizable, por lo que deviene en inocua; además de que proceder en un sentido contrario no solo vulneraría la ley, sino también los derechos de terceros que no han sido vinculados a este proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de julio de 2019, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Exp. 61.051. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 590, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 591, LEY 579 DE 2012 - ARTÍCULO 47
Texto extraído del PDF oficial 21.461 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022) Expediente: 050012333000201300295 01 (52.804) Demandante: Municipio de Olaya Demandado: Promotora Olaya S.A.S Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia Estando el proceso a Despacho para fallo, se advierte que, al presentar su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el municipio de Olaya solicitó que se decretara una medida cautelar consistente en la inscripción de la demanda de conformidad con el artículo 590 del Código General del Proceso, sobre la cual no se ha emitido aún un pronunciamiento. Por lo anterior, se procede a resolver dicha solicitud. I. ANTECEDENTES La solicitud de medida cautelar1 1. El municipio de Olaya (en adelante, el Municipio o el demandante) interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia a través del cual se decretó la nulidad de los contratos por medio de los que se enajenó el inmueble El Oasis y se enajenaron 95 acciones que el Municipio tenía de Promotora Olaya S.A.S. y se ordenaron las restituciones mutuas. El recurso del Municipio tiene por el objeto que se revoquen estas últimas. 2. En dicho escrito, el Municipio formuló, además, la siguiente solicitud: “PRIMERO: Se disponga oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sopetean [sic], para que en la matrícula inmobiliaria 029-16883 se inscriba la existencia del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 590 de la Ley 1564 de 2012, vigente de conformidad con lo expuesto por el artículo 627 No. 4 de la misma ley, de aplicación en esta jurisdicción de conformidad con el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.”2 Hechos en que se funda la solicitud 3. El Municipio afirmó que, al momento de proferirse la sentencia de primera instancia, se solicitó una copia del certificado de libertad y tradición de la finca El Oasis en el que aparecen las siguientes nuevas anotaciones: (i) el 9 de marzo de 1 La Sala anota que esta solicitud es diferente a la solicitud de medidas cautelares presentada por el Municipio en escrito separado a la demanda en la que se pidió la suspensión provisional de los negocios j urídicos demandados, la cual fue resuelta negativamente mediante auto del 24 de mayo de 2013 por el Tribunal ( ver folios 75 a 83, cuaderno 2). 2 Folio 476, cuaderno del Consejo de Estado. Expediente 050012333000201300295 01 (52.804) Demandante: Municipio de Olaya Demandado: Promotora Olaya S.A.S Acción: Controversias contractuales 2 2013, Promotora Olaya transfirió, a título de aporte, el derecho de dominio a la sociedad Puente de Occidente S.A.S por valor de $301’000.000, y (ii) ese mismo día constituyó una hipoteca de cuantía indeterminada sobre dicho bien a favor Proyectar Región S.A.S. 4. Aseveró que Promotora Olaya S.A.S actuó de mala fe porque, a sabiendas de que el Municipio estaba promoviendo un proceso judicial en el que se debate la nulidad absoluta del contrato de aporte y venta del 13 de abril de 2011 sobre el anotado bien inmueble, el cual no había terminado, resolvió enajenar el derecho de dominio sobre dicho bien a un tercero con el objeto de evadir la eficacia de la sentencia. Trámite procesal 5. Mediante auto del 17 de abril de 2015, el Tribunal concedió el recurso de apelación3 y a través de auto del 3 de agosto de 2016 se admitió 4. El 15 de marzo de 2017, el Despacho del Magistrado Ponente profirió auto de pruebas en segunda instancia, en el que decretó como pruebas: (i) la escritura pública No. 1625 del 27 de agosto de 2013 proferida por la Notaría Quinta de Medellín 5, y (ii) copia de la sentencia del 19 de noviembre de 2013 proferida por el Juzgado 27 Administrativo de Medellín6. Las demás pruebas allegadas por las partes fueron negadas7. 6. El 3 de mayo de 2017 8, se les corrió a las partes y al Ministerio Público el traslado por el término de 10 días para alegar de conclusión. En dicho término la parte demandada tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar presentada por el Municipio. El 26 de mayo de 2017, la demandada presentó sus alegatos de conclusión, pero no se refirió a dicha solicitud ni a su sustento fáctico9. II. CONSIDERACIONES Régimen procesal aplicable 7. Para resolver la presente solicitud, el Despacho aplicará las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dado que la demanda que dio origen al proceso fue presentada el 19 de diciembre de 2013 10, esto es, después del 2 de julio de 2012, fecha en la que dicho estatuto empezó a regir de conformidad con lo establecido en su artículo 308. De igual forma, dado que la solicitud de medida cautelar es fue presentada el 15 de octubre de 2014, se le aplican las disposiciones del Código 3 Folio 573, cuaderno del Consejo de Estado. 4 Folio 577, cuaderno del Consejo de Estado. 5 Folios 485 a 488, cuaderno del Consejo de Estado. 6 Folios 498 a 507, cuaderno del Consejo de Estado. 7 Ver folios 478 a 483, 489 a 496 y 520 a 556, cuaderno del Consejo de Estado. 8 Folio 598, cuaderno del Consejo de Estado. 9 Presentados el 26 de mayo de 2017. Folios 607 a 618, cuaderno del Consejo de Estado. 10 De conformidad con el sello de recibido impuesto por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, la demanda fue presentada el 19 de febrero de 2013 (folio 33, cuaderno 1). Expediente 050012333000201300295 01 (52.804) Demandante: Municipio de Olaya Demandado: Promotora Olaya S.A.S Acción: Controversias contractuales 3 General del Proceso11, en aquellas materias que no estén reguladas expresamente en el CPACA en virtud de lo establecido en el artículo 30612. El decreto de medidas cautelares en el CPACA – La inscripción de la demanda respecto de bienes sujetos a registro 8. En los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso-administrativa, el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 preceptúa: “En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada , podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia , de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo” (se destaca). 9. Cabe señalar que, s i bien la inscripción de la demanda no se encuentra enlistada en el artículo 230 del CPACA , ello no impide que pueda ser decretada como parte de las medidas cautelares dentro del procedimiento contencioso administrativo —siempre que cumplan con los requisitos para ello — pues este artículo no establece un listado cerrado o taxativo , aserto que se refrenda a partir de lo establecido en el artículo 229 ibidem que señala que el “Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia” (énfasis agregado)13. 10. La inscripción de la demanda —medida cautelar que se encuentre 11 La referencia a las normas del CPC obedece a la aplicación de la regla de tránsito de legislación prevista en literal c) del numeral 1º del artículo 624 del Código General del Proceso, pues la solicitud de medida c autelar fue presentada el 15 de octubre de 2014, fecha posterior al 1º de enero de 2014 en que, según la posición unificada de la Sección Tercera de esta Corporación, entró a regir el Código General del Proceso en la jurisdicción de lo contencioso administ rativo. Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Exp. 49.299. C.P: Enrique Gil Botero. 12 Artículo 306, CPACA: “ En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 13 “3. Ahora, en cuanto a las diferentes medidas cautelares que puede adoptar el juez administrativo, la Sala advierte que el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 prevé, en principio, 5 posibilidades u opciones de aquellas, las cuales pueden ser decretadas por el funcionario judicial competente según las particularidades del caso. No obstante lo anterior, vale la pena precisar que la anterior previsión legal no implica que exista una enunciación taxativa y excluyente de cualquier otro tipo de medida cautelar tendiente a asegurar la efectividad de la decisión final que se adopte en el proceso. 4. En efecto, si bien e l referido artículo 230 ibídem solamente menciona algunas posibilidades de medida cautelar, no se puede pasar por alto que el artículo 229 de la misma ley abre la posibilidad de que el juez o magistrado ponente decrete “las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”, de ahí que no pueda considerarse que solo son procedentes las estrictamente referidas como opción en el Código de Procedimiento Administrativ o y de lo Contencioso Administrativo. 5. Así las cosas, contrario a lo afirmado por la parte impugnante, no es cierto que las únicas medidas cautelares posibles en

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201300295011100103