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¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
¿La declaración del Río Subachoque y Pantano de Arce como un DMI, a través del Acuerdo 17 de 1997 dictado por la CAR, es suficiente para impedir el desarrollo de actividad minera en la zona, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 34 del Código de Minas? Sí
Un distrito de manejo integrado declarado por la autoridad ambiental queda excluido de la minería a priori, en los términos del artículo 34 del Código de Minas, sin que se requiera plan de manejo ni declaración expresa de exclusión, de modo que la superposición con un área concesionada produce nulidad absoluta por objeto ilícito. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los distritos de manejo integrado son zonas excluibles de minería, y la excepción para zonas de producción solo opera en el plan de manejo y por métodos que no afecten los objetivos de la zona. Segunda, el distrito declarado mediante acuerdo de 1997 es una zona de protección de los recursos naturales renovables, por lo que está excluido. Tercera, la superposición acreditada hace que el contrato adolezca de nulidad absoluta en la porción traslapada. La providencia confirma la decisión. La consecuencia práctica es que la concesión minera otorgada sobre un área traslapada con un distrito de manejo integrado es nula en esa porción, aun sin declaración expresa de exclusión.síntesis automática
También resuelve:¿La superposición existente, al momento de suscribir el contrato de concesión minera GC8-09F de 2006, entre una porción del área entregada y el DMI Río Subachoque y Pantano de Arce trae como…¿La parte demandada acreditó en el presente proceso que se hubiera expedido una licencia previa para adelantar las actividades de minería o que la autoridad minera hubiera dado su aval para ello en…¿Es procedente declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la cláusula 2ª del Contrato de concesión GC8-09F, parcialmente…
¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera? Sí
La Subsección observa que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera, especialmente, si este se superpone con áreas de especial protección ambiental ubicadas en el área de su competencia territorial.
También resuelve:¿En virtud del deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica, el Estado se encuentra facultado para excluir las actividades de exploración y explotación minera en las áreas de…¿Las disposiciones generales sobre contratos estatales son aplicables a la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, su suscripción, perfeccionamiento, validez…¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con la reservas forestales de la Laguna…
¿A las acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera les son inaplicables las normas de caducidad por tratar de bienes del Estado que son imprescriptible e inalienables? Sí
El contratista no está sujeto a las normas de caducidad en acciones de controversias contractuales sobre contratos de concesión minera, ya que estos tratan de bienes del Estado que son imprescriptibles e inalienables, según el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Además, el contrato de concesión minera puede ser nulo parcialmente cuando parte de la zona de aplicación incurre en áreas protegidas, como distritos de manejo integrado, prohibiendo actividades mineras conforme al artículo 34 del Código de Minas. La anulación de un contrato de tracto sucesivo no permite el control jurisdiccional sobre las obligaciones ya extinguidas por la renuncia del contratista, y en caso de terminación anticipada del contrato de concesión minera, el concesionario debe restituir los bienes e instalaciones conforme al artículo 108 del Código de Minas. Estas reglas reiteran y matizan precedentes, estableciendo criterios claros para la protección del patrimonio público y el cumplimiento de obligaciones ambientales en contratos mineros.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la nulidad parcial del contrato de concesión minera cuando parte de la zona de aplicación de este tiene el carácter de área protegida?¿Procede el control jurisdiccional sobre las obligaciones del contrato que dejó de producir efectos legales por la aceptación de la renuncia del contratista a la ejecución del mismo?¿Ante la extinción anticipada del contrato de concesión minera procede la restitución de todos los bienes e instalaciones que el contratista hubiere instalado o construido para la ejecución de este?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-30Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020240027201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad es obligatorio cuando ambas partes son entidades públicas? Sí
El operador judicial examina si el agotamiento de la conciliación extrajudicial constituye un requisito de procedibilidad indispensable dentro de los trámites judiciales cuando tanto el accionante como el demandado ostentan la calidad de entidades públicas. En este proceso de controversias contractuales, la Subsección del Consejo de Estado confirma el auto apelado que rechaza la demanda de la Secretaría Distrital de Ambiente debido a la falta de acreditación de dicho requisito ante el Ministerio Público, conforme a lo dispuesto expresamente en el artículo 72 de la Ley 2220 de 2022.síntesis automática
También resuelve:¿La mediación sirve para tener por satisfecho el requisito de procedibilidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?
¿La nulidad absoluta por objeto ilícito del acto jurídico afecta su validez desde el mismo momento de su nacimiento y, por consiguiente, no es posible aceptar que sobrevenga el vicio con posterioridad? Sí
El contratista no puede invocar la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato estatal si el vicio surge después de su perfeccionamiento, ya que la nulidad absoluta afecta la validez del acto desde su nacimiento y no puede sobrevinir posteriormente; sin embargo, la Sala establece que en casos donde una norma prohibitiva se expide después del perfeccionamiento del contrato, las partes tienen la autonomía para determinar los efectos de dicha norma en el negocio jurídico, evitando la aplicación retroactiva de la norma y permitiendo que las partes adecuen las obligaciones y prestaciones para garantizar la continuidad del contrato, lo que implica que la nulidad absoluta por objeto ilícito no es aplicable en estos casos y las partes deben resolver la situación conforme a la autonomía de la voluntad.síntesis automática
También resuelve:¿Operó la nulidad absoluta sobreviniente por objeto ilícito del contrato de explotación minera, como consecuencia de la posterior expedición de la Resolución 0138 de 31 de enero de 2014 del…
¿En los casos en los que el medio de control de controversias contractuales versa sobre un contrato de tracto sucesivo, el término de caducidad debe contabilizarse desde su terminación o liquidación, sin que esta regla pueda inaplicarse cuando el término del contrato objeto de la demanda no haya vencido? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales sobre un contrato de tracto sucesivo fuera del término de dos años contados desde la terminación o liquidación del contrato, independientemente de si el plazo del contrato objeto de la demanda aún no ha vencido. La entidad estatal debe considerar que la caducidad del medio de control se computa desde la liquidación o terminación del contrato, no desde la fecha de vencimiento del plazo pactado, lo que implica que las demandas presentadas fuera de este plazo serán improcedentes. La Sala reitera esta posición, lo que tiene implicaciones significativas para el cómputo del término de caducidad en contratos de tracto sucesivo.síntesis automática
También resuelve:¿La Agencia Nacional de Minería incumplió el contrato de concesión minera al reducir el área de explotación como consecuencia de la delimitación del páramo del altiplano cundiboyacense mediante el…¿Debe confirmarse la decisión de negar las pretensiones de terminación y liquidación del contrato de concesión minera, dado que en el recurso de apelación no se formularon reproches concretos contra…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-12-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 47001233300020240027901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede suspender cautelarmente un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión? Sí
El contratista puede solicitar la suspensión cautelar de un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión, siempre y cuando la medida cautelar permita proteger intereses superiores como el medio ambiente o el patrimonio público. La Sala reitera que la medida cautelar de suspensión guarda relación directa con la pretensión de la demanda que busca la nulidad del contrato y que la afectación de vigencias futuras sin cumplir los requisitos legales puede generar serias dudas sobre su ejecución, lo que convierte en relevante la suspensión del contrato en este momento. Esta decisión matiza la interpretación de la medida cautelar de suspensión, permitiendo su aplicación en casos que involucran la protección de intereses públicos superiores y la regularidad presupuestal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe decretarse la suspensión del Contrato de Concesión para proteger la legalidad y el patrimonio público, cuando existen serios indicios de ilegalidad por comprometer ingresos corrientes del…
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
¿Respecto de las controversias relativas a los contratos de concesión minera opera la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
En los contratos de concesión minera no procede la caducidad del medio de control de controversias contractuales, pues su objeto es la exploración y explotación de un recurso natural no renovable, y en consecuencia el juez resuelve el fondo de la litis. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la competencia de la Subsección para resolver el fondo se fija por los artículos 150 del CPACA y 293 del Código de Minas. Segundo, el artículo 6 y el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, este último aplicable a la controversia según la jurisprudencia reiterada de la Corporación, excluyen la caducidad en estos casos. La providencia resuelve el fondo de la controversia y reitera la jurisprudencia citada en la nota de relatoría sobre la caducidad en contratos de concesión minera; en la práctica, la excepción de caducidad no puede sustentarse en el término bienal frente a controversias sobre concesiones mineras, por lo que el juez debe examinar el fondo de la litis.síntesis automática
También resuelve:¿El Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guarguar y Laguna Verde, cuya declaración como tal se realizó mediante el Acuerdo 022 de 2009 expedido por la CAR…¿En asuntos mineros, las normas expedidas por la autoridad ambiental con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión, tienen la posibilidad de modificarlo?¿En el presente caso se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito alegada en la demanda?
¿El acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión minera por incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario es nulo por violación del debido proceso? No
La declaratoria de caducidad de un contrato de concesión minera, precedida de requerimientos para cumplir las obligaciones del concesionario, no vulnera el debido proceso cuando el concesionario omite atender esos requerimientos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los requerimientos consistieron en aportar la póliza minero ambiental y pagar el canon superficiario del segundo año de exploración, y el concesionario no los atendió antes de la caducidad. Segunda, el concesionario conocía desde la solicitud que el área presentaba superposición con la reserva forestal, por lo que no puede alegar desconocimiento de la situación que motivó la actuación. Tercera, la resolución del ministerio que suspendió trámites de sustracción no suspendió las obligaciones propias del contrato. La providencia confirma la sentencia apelada. La consecuencia práctica es que la suspensión de trámites administrativos ajenos no exime al concesionario de cumplir sus obligaciones contractuales, y la caducidad puede declararse tras el requerimiento previo.síntesis automática
También resuelve:¿La expedición de la resolución conducía a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones por la demandante en virtud del contrato de concesión?¿El acto administrativo con el que fue declarada la caducidad del contrato de concesión minera por el incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario, es nulo, debido a que…¿Los contratos de concesión se entienden perfeccionados a partir de su inscripción en el registro minero nacional?
¿Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación? Sí
Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial porque son áreas de manejo especial reservadas para conservar valores sobresalientes de fauna, flora y paisajes, de modo que en ellas solo pueden realizarse actividades de conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura. La regla se apoya en tres razones. Primera, el Decreto ley 2811 de 1974 considera el ambiente patrimonio común y crea las áreas de manejo especial, dentro de las cuales se encuentra el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Segunda, el artículo 63 de la Constitución atribuye a los parques naturales las prerrogativas de los bienes de uso público, es decir, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Tercera, el artículo 34 del Código de Minas impide ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas delimitadas como de protección, entre ellas los parques nacionales naturales. En el caso se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El acto administrativo mediante el cual se declara, reserva, delimita y alindera un Parque Nacional Natural goza de ejecutividad y ejecutoriedad desde su publicación en el Diario Oficial?¿El contrato de concesión minera otorga a favor del concesionario un derecho real de dominio sobre el área otorgada o sobre los minerales que se encuentran en ella?¿Ante la nulidad absoluta del contrato de concesión minera, se hace viable la restitución que normalmente conlleva esta declaratoria de anulación?
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contratista?¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
¿Está probado que la mayor permanencia del contratista en obra por las suspensiones del contrato, hubiera generado un rompimiento del equilibrio económico del contrato por sobrecostos? No
El contratista que reclame sobrecostos por una mayor permanencia en obra debido a las suspensiones del contrato debe acreditar costos adicionales a los previstos en el contrato que efectivamente afecten su patrimonio, pues la sola presencia de personal, equipos y maquinaria en la obra no demuestra por sí misma el desequilibrio. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando el contratista renuncia a los costos por el tiempo adicionado, solo pueden revisarse los sobrecostos causados después de agotado el plazo original y durante los periodos de suspensión. Segundo, los gastos que el contratista afronta por actividades connaturales a sus obligaciones no constituyen sobrecostos reclamables. Tercero, cuando las suspensiones tienen origen, en parte, en riesgos asignados al contratista según la matriz de riesgos del contrato, como la demora en el trámite de licencias ambientales, el reclamo no prospera. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista debe demostrar costos efectivamente incurridos y ajenos a los riesgos que le fueron asignados.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio de una de las partes, frente a las modificaciones o adiciones del contrato, constituye una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones en un proceso…¿Conforme al principio de buena fe contractual, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre las estipulaciones acordadas por las partes en relación con las prórrogas del contrato…¿Para que la mayor permanencia en obra configure una ruptura del equilibrio financiero del contrato, es necesario acreditar un incumplimiento del contratante o la ocurrencia de un riesgo imprevisible…
¿El proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda cuando esta norma aún se encontraba vigente? Sí
El proceso de controversias contractuales debe regirse bajo el Código Contencioso Administrativo al haberse presentado la demanda cuando esta norma aún se encontraba vigente. La Ley 1437 de 2011 (CPACA), conforme a su artículo 308, entró en vigor el 2 de julio de 2012, y en virtud del inciso tercero de la misma disposición, los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural?¿La liquidación del contrato de obra debe someterse a lo estipulado en el Estatuto General de Contratación contenido en la Ley 80 de 1993?¿Cuál es el alcance de la liquidación bilateral del contrato y sus efectos sobre las partes del contrato?
¿Procede la nulidad absoluta del contrato de concesión minera AIT-147 de 2002, por ilicitud del objeto frente a la declaratoria de Distrito de Manejo Integrado -DMI- del Páramo de Guargua y Laguna Verde dispuesta por la CAR a través del Acuerdo 022 de agosto de 2009, por configurar un área excluible de la minería? No
El contratista no puede obtener la nulidad absoluta del contrato de concesión minera por ilicitud del objeto frente a la declaratoria posterior de un Distrito de Manejo Integrado que excluye áreas para la minería, ya que la ley ambiental permite la aplicación retrospectiva de disposiciones que prohíben la actividad minera en áreas específicas, lo que no invalida el contrato en su totalidad sino que limita su ejecución en las áreas afectadas, dejando a las partes la responsabilidad de determinar la viabilidad técnica, administrativa y financiera de la concesión en las áreas no excluidas. La Sala revoca la sentencia que declaró la nulidad parcial del contrato y niega las pretensiones de la demanda, reiterando que los contratos de concesión que involucran bienes públicos como el subsuelo o recursos naturales no renovables son imprescriptibles e inenajenables, permitiendo que la acción de controversias contractuales se presente en cualquier tiempo.síntesis automática
¿Constituía un requisito legal obligatorio la obtención previa de la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación pública para la construcción del horno crematorio en el Cementerio Sur? No
El contratista no está obligado a obtener la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación para la construcción del horno crematorio, ya que esta no era un requisito legal previo según el pliego de condiciones y el Decreto 1753 de 1994. Sin embargo, una vez que el contratista asume la construcción del horno crematorio en su oferta, la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental recae sobre él, conforme a la cláusula del contrato y las reglas de buena fe y equidad natural del derecho privado. Esto implica que el concesionario debe asumir los costos y riesgos asociados a la obtención de la licencia ambiental, en línea con la naturaleza del contrato de concesión y su marco normativo.síntesis automática
También resuelve:¿Estaba obligada la UESP a gestionar la licencia ambiental para una obra no exigida en el pliego de condiciones antes de la suscripción del contrato?¿Recaía en el concesionario la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental para la construcción del horno crematorio, en virtud del contrato y de las reglas supletorias del derecho privado?¿Corresponde al concesionario, en virtud del contrato de concesión y su marco normativo, asumir la gestión y costos de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del horno…
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Sí
El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.síntesis automática
También resuelve:¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio…¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación…¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…