Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: la competencia del juez de anulación se encuentra restringida a las causales invocadas en el recurso extraordinario

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2024-08-01
Radicado
11001032600020230011300
Número interno
70145
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
Actor
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS S. A .E.S.P.- DOÑA JUANA S.A. E.S.P.
Demandado
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: la competencia del juez de anulación se encuentra restringida a las causales invocadas en el recurso extraordinario

Lo que dijo la Sala

No estoy de acuerdo con la decisión adoptada por Sala que declaró fundado el recurso extraordinario de anulación con fundamento en que los árbitros carecían de competencia para adoptar el laudo. Las consideraciones que se exponen en la sentencia para sustentar esta decisión se refieren al contenido de la decisión; por esta razón, solo podrían haber sido estudiadas si en el recurso se hubiese alegado la causal séptima del artículo 41 de la ley 1563 de 2012. Lo que se cuestiona en la sentencia de la que me aparto es el desconocimiento por parte del tribunal de normas regulatorias que se estiman imperativas. La Sala no podía abordar esta discusión porque el recurso de anulación es extraordinario y solo le permite al Consejo de Estado pronunciarse sobre las causales invocadas por el recurrente.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿La competencia del juez de anulación se encuentra restringida a las causales invocadas en el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral, razón por la cual la Sala no podía abordar la discusión relacionada con la carencia de competencia de los árbitros para adoptar el laudo, porque esta causal no fue alegada por el recurrente?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿El laudo incurrió en la causal de anulación prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y la Sala tenía competencia para pronunciarse…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-03-14 Sección Tercera (Subsección A)
Es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo
Consejo de Estado 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B)
No se presenta la contradicción alegada toda vez que para el tribunal de arbitramiento una cosa es el incumplimiento contractual
Consejo de Estado 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B)
La causal invocada como fundamento del recurso esgrimido es la contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012
Consejo de Estado 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A)
El cargo analizado resulta infundado y así también será declarado.
Consejo de Estado 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B)
El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia
Consejo de Estado 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B)
No se acreditó que los árbitros se pronunciaron sobre cuestiones no sujetas al arbitramento o dejaron de hacerlo
Titulación de la relatoría 10.910 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO DE VOTO / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA / NORMA IMPERATIVA / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO Problema jurídico: ¿La competencia del juez de anulación se encuentra restringida a las causales invocadas en el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral, razón por la cual la Sala no podía abordar la discusión relacionada con la carencia de competencia de los árbitros para adoptar el laudo, porque esta causal no fue alegada por el recurrente? Respuesta al problema jurídico: Si No estoy de acuerdo con la decisión adoptada por Sala que declaró fundado el recurso extraordinario de anulación con fundamento en que los árbitros carecían de competencia para adoptar el laudo. Las consideraciones que se exponen en la sentencia para sustentar esta decisión se refieren al contenido de la decisión; por esta razón, solo podrían haber sido estudiadas si en el recurso se hubiese alegado la causal séptima del artículo 41 de la ley 1563 de 2012. Lo que se cuestiona en la sentencia de la que me aparto es el desconocimiento por parte del tribunal de normas regulatorias que se estiman imperativas. La Sala no podía abordar esta discusión porque el recurso de anulación es extraordinario y solo le permite al Consejo de Estado pronunciarse sobre las causales invocadas por el recurrente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia restringida del juez de anulación de laudo arbitral, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 14 de marzo de 2024, rad. 68994, C. P. María Adriana Marín. En relación con el control de legalidad de los actos administrativos, facultad exclusiva del Estado en cabeza del Consejo de Estado, cita: Corte Constitucional, sentencia SU-174 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sobre las controversias originadas en obligaciones impuestas por la ley, en las que va envuelto el orden público, como las atinentes al uso de los bienes públicos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, rad. 41064, C. P. Stella Conto Díaz Del Castillo. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7 SALVAMENTO DE VOTO / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FALLO EN DERECHO / CONTROL JUDICIAL / FIJACIÓN DE TARIFAS / LEGALIDAD DE LA TARIFA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO / INTERÉS PÚBLICO Problema jurídico: ¿El laudo incurrió en la causal de anulación prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y la Sala tenía competencia para pronunciarse, a pesar de que este cargo no fue formulado en el recurso? Respuesta al problema jurídico: No El cargo de falta de competencia de los árbitros debió declararse infundado. Considero que la Sala debió declarar infundado el recurso por este cargo, porque el tribunal de arbitramento sí tenía competencia para resolver las pretensiones formuladas por el Concesionario. El artículo 1 de la Ley 1563 de 2012 autoriza a los árbitros a resolver las controversias, surgidas “por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales”. La violación de proferir el laudo en derecho que impone el deber de no desconocer las disposiciones de orden público puede ser controlada por el juez de la anulación cuando se invoque la causal séptima del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012: pero esa causal no fue invocada en el recurso interpuesto por la UAESP, lo que impedía que la Sala se pronunciara sobre este asunto. Nadie discute que al contrato se le aplicó la Resolución 720 de 2005 expedida por la CRA, la cual contiene una regulación tarifaria imperativa, razón por la cual la Uaesp no podía realizar ningún tipo de acuerdo para dejar de aplicarla: dicha resolución contiene una regulación de orden púbico que no puede ser objeto de disposición por las partes en el contrato de concesión. Y también es claro que la citada resolución fue modificada por la Resolución CRA 843 de 2018 en la cual se ajustó la tarifa y se estableció claramente que dicha modificación no tenía efectos retroactivos. Para definir si era procedente acceder a las pretensiones, los árbitros debían establecer si la pretensión del Concesionario dirigida a que se le reconocieran los perjuicios por la insuficiencia tarifaria durante el lapso antes indicado desconocía las disposiciones de las resoluciones anteriormente citadas. Sin embargo, el tribunal no definió este punto: consideró que el presupuesto esencial de su decisión consistía en determinar si la tarifa era contractual o regulatoria; decidió que era contractual y concluyó que la Uaesp había incumplido el contrato al aplicar la Resolución 720 de 2015. Al hacer este desarrollo argumentativo, que no resultaba concordante con la posición del Concesionario —este no discutió el carácter imperativo de la resolución ni pidió que se declarara el incumplimiento del contrato por haberla aplicado—, el tribunal no se pronunció sobre el carácter imperativo de las resoluciones de la CRA, ni sobre su vigencia, ni sobre su efecto en relación con las reclamaciones sobre insuficiencia de la tarifa. (…) En la demanda arbitral no se solicitaba modificar la regulación tarifaria determinada por las resoluciones de la CRA, ni se pedía adoptar alguna decisión que desconociera lo dispuesto en esas resoluciones. Ello no quiere decir que tales resoluciones no debieran ser consideradas para decidir sobre la reclamación de perjuicios del Concesionario. Sin embargo, el punto a decidir conforme con el cargo formulado en el recurso (…), la causal invocada fue la del numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 que es la falta de jurisdicción o de competencia (…), si los árbitros estaban autorizados para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda; y, en mi concepto, sí podían hacerlo teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política y en el artículo 1 de la Ley 1563 (…). De acuerdo con esta disposición, que rige el arbitramento objeto del recurso, el legislador colombiano autoriza a los árbitros, de manera expresa, para pronunciase en las controversias que surjan durante la ejecución de los contratos estales bajo la condición de que el laudo se profiera en derecho. (…) Si bien es cierto que el artículo 1 de la Ley 1563 antes citado dispone que solo son arbitrables los asuntos de libre disposición, no queda duda de que esta limitación no es aplicable a resolución de las controversias derivadas de la ejecución de los contratos estatales. Este no es un asunto excluido por la ley del juzgamiento de los árbitros, sino incluido expresamente por ella. Este punto fue explicado con bastante claridad por la Corte Constitucional cuando declaró exequible la limitación legislativa introducida al arbitramento por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 (…). [L]a jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en relación con la decisión de fondo del proceso arbitral, la causal de anulación prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 le impone al juez de la anulación la obligación de analizar el contenido de la decisión para determinar si en ella se desconoció ordenamiento jurídico que los árbitros debían aplicar. Y la jurisprudencia ha precisado que tal análisis no implica hacer un pronunciamiento sobre el fondo de la decisión, el cual está prohibido por el artículo 42 del Estatuto Arbitral (…). El problema que planteó recurso interpuesto por la Uaesp se refiere a la competencia del tribunal de arbitramento para pronunciarse sobre un conflicto surgido en desarrollo de un contrato estatal, cuya solución implicaba pronunciarse sobre la aplicación de una resolución de fijación de tarifas expedida por el regulador a un contrato estatal, la cual se considera como una regla de orden público sobre la que no pueden disponer las partes. Y el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012 explícitamente les otorga competencia a los árbitros para hacer tal pronunciamiento. (…) Se agrega que dentro de dicha competencia se incluye la de pronunciarse sobre “las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales”. Sin embargo, la presente decisión no se refiere a este punto, porque la discusión en este caso no versa sobre la expedición de alguno de dichos actos. Adicionalmente, en la sentencia de la que me aparto se reconoce expresamente esta circunstancia: la limitación legal se refiere a los actos administrativos contractuales, y la resolución de la CRA no tiene tal naturaleza porque es un acto administrativo general. (…) La condición de que los árbitros profieran el laudo se profiera en derecho conlleva la obligación de aplicar las normas imperativas dirigidas a proteger el interés público; y si se desconoce este deber de proferir el laudo en derecho, dicha circunstancia puede ser alegada como causal de nulidad. Lo que ocurre en tal caso no es que los árbitros carezcan de competencia para conocer la controversia: lo que puede pasar, a partir del estudio del caso concreto, es que violen el deber de proferir el laudo en derecho y que el laudo incurra en la causal de anulación prevista en el numeral 7 del artículo 43, sobre la cual la Sala no podía pronunciarse porque este cargo no fue formulado en el recurso. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la competencia de la autoridad judicial para pronunciarse sobre la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de abril de 2017, rad. 55852, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 9 de agosto de 2001, rad. 19273, C. P. María Elena Giraldo Gómez; Subsección A, sentencia de 10 de noviembre de 2017, rad. 58875, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 35564, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 3 de abril de 2020, rad. 63513, C. P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, LEY 1536 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 111

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202300113001100103