Titulación de la relatoría 13.420 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
NORMATIVA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / REMISIÓN DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ADICIÓN DE LA SENTENCIA / SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA / REQUISITOS DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / SENTENCIA CITRA PETITA / SENTENCIA COMPLEMENTARIA / PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA COMPLEMENTARIA / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD
Problema jurídico:
¿Habrá lugar a proferir una sentencia complementaria cuando el juez del recurso deja de decidir alguno de estos asuntos que en virtud del escrito de impugnación o de la ley le corresponde resolver?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que el Código Contencioso Administrativo no contempla la figura de la adición de la sentencia en los procesos de esta jurisdicción, en virtud de la remisión que hace su artículo 267 a las normas del Código de Procedimiento Civil, resulta aplicable el artículo 311 de este último. (...) Según la primera parte de la norma, cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria. Esto es aplicable tanto para la sentencia de primera instancia, como para la proferida por el ad-quem. En el caso de la sentencia de primera instancia, su adición o complementación es procedente cuando se profiere un fallo citra petita, es decir, cuando en ella se dejó de resolver o se omitió la decisión sobre alguno de los extremos de la litis, que en este caso están dados por las pretensiones de la demanda inicial y/o de la demanda de reconvención, la contestación de la demanda y las excepciones propuestas, y aquellos puntos que el juez debía resolver aún de oficio. No es igual el caso de la sentencia proferida por el superior jerárquico para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del a-quo, ya que, en este caso, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia, la competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los asuntos que expresamente fueron sometidos a su decisión a través del recurso de alzada y por aquellas cuestiones que, a pesar de no estar contenidas en el recurso, le corresponde resolver aún de oficio. Por lo tanto, si el juez del recurso deja de decidir alguno de estos asuntos que en virtud del escrito de impugnación o de la ley le corresponde resolver, habrá lugar a proferir una sentencia complementaria en la que se asuma el estudio y resolución de los puntos faltantes. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 311 del C.P.C., si fue el a-quo el que dejó de resolver en su sentencia de primera instancia algún punto de la controversia, el juez de la apelación también deberá proceder a complementar la sentencia del aquo. Debe recordarse que la adición o complementación de la sentencia constituye un medio dispuesto por el legislador para permitir la inclusión de las disposiciones faltantes en aquellas sentencias que quedaron incompletas, al no resolver todo lo que les correspondía, y no de un mecanismo que permita modificar la decisión; por lo tanto, mediante la petición de que se adicione o complemente el fallo, no se puede desconocer el principio de intangibilidad de las sentencias por parte del juez que las profirió y, en consecuencia, no puede tocarse ni variarse lo ya decidido en ellas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 311, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267
SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA / FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL / FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / RECHAZO DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Hay lugar a adicionar la parte resolutiva de la providencia frente a la alegada falta de competencia funcional de la entidad demandada para proferir el acto administrativo en el que se declaró un incumplimiento y la ocurrencia de un siniestro?
Respuesta al problema jurídico: No
En la sentencia objeto de la solicitud de adición no se hizo pronunciamiento alguno sobre este cargo; sin embargo, considera la Sala que, si bien procede su análisis, no hay lugar a adicionar la parte resolutiva de la providencia, toda vez que aquel no está llamado a prosperar y subsiste, entonces, la denegatoria de las pretensiones de la demanda en él fundadas. En efecto, en relación con la alegada falta de competencia funcional de la entidad demandada para proferir el acto administrativo en el que se declaró un incumplimiento y la ocurrencia de un siniestro, considera la Sala que no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que tal decisión configura el ejercicio de un poder exorbitante que no es procedente en los contratos de consultoría, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las facultades excepcionales en materia de contratación estatal corresponden únicamente a la declaratoria de caducidad, la modificación, interpretación y terminación unilaterales, el sometimiento a las leyes nacionales y el derecho de reversión. Son estas las únicas facultades excepcionales respecto de las cuales se puede pregonar que los contratos de consultoría no quedaron sometidos a su estipulación, por cuanto fue en ese artículo 14 que, al enunciar los negocios jurídicos en los que resultaba obligatoria o discrecional su inclusión, aquellos no fueron mencionados. En tales condiciones, se comparte el análisis llevado a cabo por el a-quo, en cuanto consideró que las resoluciones demandadas no involucraban el ejercicio de una facultad excepcional, ya que no se declaró la caducidad del contrato sino su incumplimiento una vez vencido el término de ejecución, para hacer efectiva la garantía constituida a favor de la administración y que, por lo tanto, la entidad sí tenía competencia para expedir los actos demandados. En consecuencia, con fundamento en este cargo, no hay lugar a efectuar adición alguna a la parte resolutiva de la sentencia del 5 de febrero de 2024, en la que se negaron todas las pretensiones, puesto que dicha denegatoria subsiste.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14
SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA / VIOLACIÓN DE NORMA DE ORDEN PÚBLICO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Hay lugar a adicionar la parte resolutiva de la providencia por falta de pronunciamiento frente a los cargos de violación de los artículos 1602, 1603 y 1622 del Código Civil?
Respuesta al problema jurídico: No
Como lo afirmó el demandante, en el libelo introductorio se alegó como causal de nulidad de los actos acusados la violación de los referidos artículos del Código Civil, conforme a los cuales el contrato es ley para las partes, deben ejecutarse de buena fe y, en su interpretación, debe tenerse en cuenta la aplicación práctica que las partes hayan hecho de sus estipulaciones. (...) Al respecto, se observa que, efectivamente, en la sentencia de primera instancia no se hizo una manifestación expresa en torno a este cargo. Sin embargo, en la decisión de segunda instancia la Sala sí hizo alusión a los hechos aducidos por la parte actora como sustento del mismo. En efecto, se explicó que el amparo que se hizo efectivo a través del acto administrativo demandado fue el de calidad, el cual sólo empieza a surtir efectos a partir de la terminación del contrato y cuando ya se ha entregado y recibido el objeto contractual, dado que su finalidad es, precisamente, cubrir a la entidad contratante frente a aquellas deficiencias advertidas con posterioridad a tal entrega, por lo que el hecho de que esta se hubiera producido y de que la entidad haya recibido y pagado los bienes o productos, no implica en modo alguno que no se puedan presentar, con posterioridad a esas circunstancias, deficiencias en cuanto a su calidad. (...) Como se observa, la providencia objeto de la presente solicitud de adición sí tuvo en cuenta los argumentos que sustentaron este cargo de violación de la ley en la demanda, los cuales hicieron parte del estudio y el análisis que se llevó a cabo para llegar a la decisión finalmente tomada de revocar la decisión anulatoria de primera instancia, razón por la cual la Sala considera improcedente la referida solicitud.
SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO / PARTE RESOLUTIVA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El juez de segunda instancia omitió resolver el cargo referente a la violación de los artículos 31 y 58 de la Ley 80 de 1993 alusivos a la publicación de los actos sancionatorios?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la demanda que dio origen al presente proceso, la parte actora adujo que el artículo 31 de la Ley 80 de 1993 ordena publicar la parte resolutiva de los actos sancionatorios una vez ejecutoriados, disposición con fundamento en la cual la entidad demandada dispuso, en la Resolución No. 105 de 2009, la publicación de los actos administrativos demandados. Sin embargo, consideró que a través de los actos acusados no se le impuso sanción alguna al contratista, pues no se trató de la declaratoria de caducidad del contrato, o de la imposición de multas o de la sanción por no suscripción del contrato adjudicado -numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993- ni una declaratoria de responsabilidad contractual, porque para esto último, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 58 de la Ley 80, para que una declaratoria de responsabilidad civil por incumplimiento y la consecuente condena al pago de perjuicios pueda tener la calidad de “sanción”, es indispensable que la misma sea proferida por una autoridad judicial. Al respecto, se observa que el a-quo, en su providencia, al encontrar configurado el cargo de falta de competencia temporal y decidir la nulidad del acto administrativo demandado, no se refirió a este otro cargo de violación de la ley, por lo que, en esta instancia, al haber sido revocada la sentencia impugnada, ha debido ser estudiado y resuelto, lo cual no sucedió. En consecuencia, resulta procedente un pronunciamiento sobre el mismo y, por ende, la adición de la sentencia del 5 de febrero de 2024, en el sentido de incorporar el análisis y resolución del cargo en cuestión.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 31, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 58 NUMERAL 1
ADICIÓN DE LA SENTENCIA / PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / SENTENCIA COMPLEMENTARIA / PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA COMPLEMENTARIA / CONCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PUBLICIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿No resultaba procedente la orden impartida en la Resolución 105 de 2009, en el sentido de dar publicidad a tales actos administrativos, en la forma prescrita por el artículo 31 de la Ley 80 de 1993 por cuanto no constituían una sanción al contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]quellos actos mediante los cuales se declara la ocurrencia de un siniestro, como el que fue objeto de impugnación en el presente caso -en el que se declaró respecto del amparo de calidad-, no constituyen una sanción al contratista, sino que corresponden al mecanismo que se ha establecido a favor de las entidades estatales con miras a lograr la efectividad de las garantías de cumplimiento de sus contratos y, con ello, la indemnización de perjuicios derivada de la cristalización o materialización de los riesgos cubiertos con ellas. En consecuencia, resulta evidente que esta clase de actos administrativos no puede catalogarse, como lo hizo la entidad demandada en la Resolución No. 105 de 2009, como actos sancionatorios, puesto que su finalidad no coincide ni se corresponde con la que persiguen las facultades administrativas que se ejercen en virtud del ius puniendi. De acuerdo con lo anterior, no resultaba procedente la orden impartida en la Resolución 105 de 2009, en el sentido de dar publicidad a tales actos administrativos, en la forma prescrita por el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, circunstancia que conduce a declarar la nulidad parcial de la referida resolución así como de aquella mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra, Resolución No. 273 de 2009, como en efecto lo hará la Sala a través de la presente sentencia complementaria.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 31